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En un seminario online, el programa impulsado por Corfo presentó el estudio realizado por la consultora Moraga y Cía. Abogados, que incentiva el fomento y da orientaciones al sector público para promover la valorización de los RCD. La actividad contó con la participación de una invitada de España, que dio a conocer la experiencia del municipio de Miajadas en gestión de residuos.

En el contexto de la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035 y la Estrategia Economía Circular en Construcción 2025, Construye2025 organizó el webinar “De residuos a nuevos materiales – PROPUESTA PARA UN MARCO REGULATORIO INTEGRADO Y FOMENTO A LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, RCD”, que contó con la participación de la invitada internacional Sara Flores, del Ayuntamiento de Miajadas, España, y de Jorge Canals, socio líder del área de medio ambiente, energía y recursos naturales de Moraga y Cía. Abogados. 

En tanto, Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 y moderadora del encuentro, agradeció “a las asociaciones municipales, a las distintas municipalidades, universidades, empresas, a los representantes de los ministerios, a la Cámara Chilena de la Construcción y, en especial, a la Comisión Regional de Construcción Sustentable de la región de Valparaíso, a todos quienes colaboraron con su experiencia en este estudio, a través de su participación en mesas de trabajo, entrevistas y talleres”.

La arquitecta advirtió la alta demanda de viviendas y recursos, por ser un país en desarrollo, así como los efectos que ha dejado la pandemia en el sector construcción, lo que se ha traducido en alzas de materiales y empresas en crisis financieras. Entonces, “claramente tenemos una problemática de cómo hacer un uso más eficiente de los recursos. En ese sentido, somos un país que tiene una baja productividad, generamos el doble de residuos que Europa, que España particularmente, del orden de 0,26-0,30 m3/m2, frente a España y el resto de Europa, que tiene un estándar de alrededor de 0,14 m3/m2, por lo que nos enfrentamos a un alto nivel de desperdicio de materiales, que afecta en nuestra productividad y, por tanto, al uso eficiente de los recursos”, explicó Tapia.

También, “tenemos un marco regulatorio que es complejo, con muchos vacíos, aún no existe una definición jurídica de qué son los residuos de la construcción, tenemos un reglamento en desarrollo y se necesita esta coordinación pública y también necesitamos liderazgo en distintas escalas, desde las regiones, las comunas, porque ahí es donde cada uno de nosotros tiene un rol fundamental para poder avanzar”, sostuvo.

Si bien existe una problemática, también hay buenas noticias: “hoy somos el primer sector que tiene una hoja de ruta y una estrategia en economía circular, con un gran compromiso de los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y también Corfo, en la implementación de la hoja de ruta. Luego, vino la estrategia liderada por la Cámara Chilena de la Construcción desde el sector privado, junto al Instituto de la Construcción y acompañados también por nuestro programa”, dijo la profesional. 

A ello se suman varios grupos de trabajo funcionando desde varias empresas y el fomento que ha venido desde Corfo, a través de concursos específicos para la economía circular en construcción, que implican financiamiento y acompañamiento para que las empresas generen productos y servicios.

En ese sentido, “queremos promover la economía circular a un nivel institucional, una instancia superior, a largo plazo”, contó Alejandra Tapia.

Contexto internacional 

En su exposición inicial, Jorge Canals hizo una introducción explicando el rol que juega el área de la construcción para el país, su aporte al PIB y el número de empleos que genera. Luego explicó que Chile genera 6,8 millones de toneladas de residuos anuales, 70% de ellos inertes y que es el país de la OCDE con menor nivel de productividad respecto del uso de éstos, utilizando no más del 6%. 

Para el 2023, según un documento del Ministerio de Medio Ambiente, se estiman 7.455.000 toneladas de RCD por construcción de viviendas, sin considerar la construcción de edificios públicos, infraestructura, demoliciones o escombros provocados por desastres naturales. De las 16 regiones de nuestro país, 9 no cuentan con lugares para la disposición de RCD y solo en la Región Metropolitana hay 73 vertederos ilegales de residuos sólidos.

“Falta una institucionalidad, regional, local o nacional que se encargue de la gestión de los residuos sólidos, incluyendo los residuos de la construcción y demolición,  en cada una de sus etapas”, señaló Canals comparando el caso de las comunidades autónomas de España con casos exitosos. “No se partiría de cero”, afirmó el abogado, destacando los avances que han significado la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable (2013); la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción (2035); Hoja de Ruta para un Chile Circular (2040) y sistemas de certificación sustentables. Añadió que la tendencia global apunta hacia la aplicación de economía circular en las distintas categorías de residuos, sumados a la incorporación de compromisos climáticos y de medidas fiscales que la incentivan.

Canals explicó el caso de la Unión Europea y cómo ésta gestiona el reciclado de RCD, luego demostró cómo un marco normativo adecuado permite que todos los actores involucrados establezcan planes de gestión de residuos.

El caso español

Luego fue el turno de Sara Flores, encargada de Medio Ambiente de la Municipalidad de Miajadas, a cargo de la gestión de los residuos municipales y los residuos de la construcción y demolición. La profesional presentó una ponencia basada en la experiencia del Ayuntamiento tras entrar en marcha la Ordenanza Municipal Reguladora de los residuos hace varios años. Bajo el paraguas de la directiva de la UE existe un consenso sobre la necesidad de disponer de una normativa autonómica para Extremadura y basándose en la ley de residuos y suelos, crean un Plan Marco, incorporando la jerarquía en la gestión de los residuos, el fortalecimiento de las políticas de prevención, la incorporación de objetivos comunitarios y de sanciones por el abandono de residuos. 

Asimismo, Miajadas incluyó en su plan la recogida separada de los distintos materiales generados por las obras, garantizando la recogida selectiva de los residuos procedentes de RCD y el fomento del uso de materiales naturales excavados en la construcción de obras de tierra, en la restauración de espacios degradados y en obras de relleno, así como el fomento del uso de materiales procedentes de RCD.

En la presentación, Flores mostró las principales diferencias entre la Constitución española y lo que señala el Estatuto de Autonomía de Extremadura en referencia a la gestión de residuos y lo que le compete a la administración autonómica y los ayuntamientos en la materia.

Tras esa diferenciación, la especialista explicó la tipología de residuos y su clasificación, siendo los primeros de construcción, demolición y excavación. Brevemente, se refirió también al procedimiento administrativo que se utiliza en el municipio para gestionar los residuos, las exenciones y sanciones que se aplican de no acogerse. 

En un aspecto especialmente interesante de su presentación, la miajadeña comentó las formas de fomentar la prevención por parte de las administraciones públicas, junto con mostrar imágenes de plantas de transferencia y tratamiento. Concretamente en Miajadas, una empresa privada creó una planta de tratamiento de RCD, la que produce áridos reciclados que se utilizan para construcciones -en cuanto a su aplicación se mostraron imágenes de un estacionamiento y de un camino-.

Propuesta para un marco regulatorio integrado

En su segunda exposición, Jorge Canals presentó la propuesta de Marco regulatorio integrado (MRI) que fomente la valorización de los RCD. Los principios de este MRI incluyen la transparencia y trazabilidad; el principio de quién contamina, paga; la jerarquía en el manejo de residuos; control de residuos peligrosos; entre otros. Como mínimo establece que un MRI debe contener también una definición de tipología de residuos; de los actores, sus requisitos y atribuciones, gobernanza, definición de materiales de segregación y de valorización obligatorias (tierra, hormigón, cerámicas, metales); un régimen de fiscalización y sanción; entre otros.

Para finalizar, detalló cómo sería una Ley General de Residuos o una Ley Marco de Economía Circular para la Construcción.

El público presente en el webinar fue muy participativo e hizo llegar muchas preguntas a la moderadora. A Sara Flores le consultaron por la implementación de la Ordenanza en Miajadas. Comentó que ésta se demoró desde su idea a puesta en marcha por la falta de recursos y porque no estaba la planta. “También porque todo lo nuevo en materia de residuos, es algo que le toma tiempo de acostumbrarse al ciudadano. Requirió un proceso de concienciación bastante lento. No se puede ordenar una implementación en base a una ordenanza y hacerla cumplir de un día para otro sin que ese proceso de concienciación se haya hecho previamente, de información y aprendizaje”, concluyó Flores.

Al cierre del webinar se hizo hincapié en la necesidad de una política de infraestructura nacional, de fomentar la inversión, facilitar terrenos, dar subsidios y considerar que las alianzas público-privada son de gran importancia.