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Miles de trabajos perdidos y suspendidos mantuvieron en vilo a quienes se desempeñan en la industria. Pero, la reciente autorización para que obras privadas de construcción puedan operar en zonas en cuarentena, abrió una luz de esperanza.

Más de seis mil puestos de trabajo perdidos y otros 16 mil suspendidos, solo en Concepción, es el balance que hace la presidenta regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Helen Martin. Por eso, reactivar la industria tomó  carácter de urgencia en las empresas. “Las mujeres también han perdido una posición que había costado mucho ganar. La reactivación permitirá que todas las que perdieron su trabajo puedan recuperar sus empleos y tener una vida más estable desde el punto de vista económico”, señala.

Según la presidenta regional de la CChC, muchas empresas están complicadas desde hace más de un año, tras el estallido social. La productividad, dice, ha caído hasta en 40% y a ese impacto hay que sumar el incremento de los costos debido a la implementación de todos los protocolos COVID-19. “Hoy las empresas están sumamente debilitadas. Por cada empresa que se pierde toma mucho tiempo recuperarla. Así es que entre más rápido se echen a andar los proyectos mejores probabilidades tenemos”, añadió Helen Martin.

 Igual de preocupado se mostró el representante de la CChC en el Consejo Directivo de Construye2025, Enrique Loeser. “Con la Cámara hemos intentado infructuosamente que la construcción fuera declarada actividad esencial, porque es demasiado importante para la actividad económica del país. Eso es lo que ha sucedido en otros países, especialmente europeos, donde se dieron cuenta que parar la construcción es una complicación grave para la cantidad de trabajadores que están involucrados, más las empresas, pequeñas empresas, subcontratistas, es una cadena muy grande”, dijo.

 En este sentido, en la industria aseguran que activar la cadena de la construcción tendrá un gran efecto multiplicador, ya que ayudaría a mejorar los números de desempleo de forma inmediata. “Las medidas son urgentes, porque la construcción es un mundo muy grande con pymes que trabajan como los subcontratistas, cuya capacidad de aguantar no es indefinida, hoy en periodos de cuarentena salen a buscar trabajo en otros lugares porque necesitan llevar el pan a la casa, lo cual es más riesgoso”, apuntó Helen Martin.

La trazabilidad del COVID-19

 Un protocolo muy estricto acordado entre los ministerios de Economía y Hacienda le ha puesto freno a los contagios en obra y las empresas están tomando todas las medidas para garantizar la salud de sus trabajadores. Todos aquellos que tuvieron contacto estrecho con una persona contagiada deben cumplir con la cuarentena preventiva. Asimismo, algunas empresas han dispuesto transporte propio para sus trabajadores, donde existen listas que muestran qué personas viajaron juntas en el mismo bus y, además, llevan un registro de todas las cuadrillas.

En tanto, desde la Dirección General de Obras Públicas, se piden reportes semanales, en los cuales se controlan todos los efectos COVID-19: cantidad de personas enfermas, número de personas que están en cuarentena, si la obra está o no en una zona con restricción, etc. Toda la masa crítica de trabajadores se mantiene controlada, así como el mapa completo de obras paralizadas o en reprogramación.

Según el jefe de la División de Edificación Pública de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Rodolfo Rojas, uno de los primeros indicadores que muestra si sube o baja la economía es el sector construcción. Esto porque es intensiva en mano de obra si se considera toda la cadena, que incluye a proveedores, transportistas y profesionales que prestan servicios, por ejemplo. “El MOP tiene una ley especial que se está tramitando, sobre reactivación económica y también estamos preocupados de ver el avance de las licitaciones, del monitoreo de los contratos, de la mano de obra de cada proyecto”, señaló.

 Sin embargo, aún cuando se hagan todos los ajustes necesarios para reactivar al sector, el economista de la Comisión Nacional de Productividad, Esteban Rojas, cree que la productividad de la construcción está rezagada en comparación al resto de la economía. “Los plazos y costos nos muestran que, en promedio, en Chile hay mayores proyectos con sobre costo, versus el análisis internacional, y que los proyectos con retrasos, si bien son parecidos en cuanto a número, el porcentaje de retraso es mucho más alto en Chile que en la vivencia internacional”, argumentó.

En este ámbito, la investigación que lleva adelante la Comisión Nacional de Productividad, reveló que en más de 27.000 proyectos de infraestructura pública -desde 2009- las grandes obras tardan en promedio más de tres ciclos políticos en materializarse: los hospitales, las obras de riego, los puentes, y las grandes obras viales. Esto abriría un espacio de mejora, al menos, en la trazabilidad de los sistemas de información, para poder impulsar el desarrollo de este tipo de obras. 

Pero también, el economista apunta a aspectos culturales y a que la industria es reacia al cambio, lo que dificulta la adopción de innovación y tecnología. A esto se suma el shock negativo de productividad en las empresas debido a los mayores costos de ajuste, a las nuevas condiciones del funcionamiento, en un régimen en que primará el distanciamiento social, al menos en lo que resta del año, según el economista de la Cámara Chilena de la Construcción, Byron Idrovo. “Esperamos que las expectativas de los empresarios tenderán a ser menos pesimistas, en la medida que se vayan disipando este escenario de incertidumbre”, agregó.

Foto de Zukiman Mohamad en Pexels