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Por Dra. Claudia Muñoz Sanguinetti, directora Proyecto ÁBACO-CHILE.

“Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada para siempre.” Lord Kelvin (1824-1907).

Chile comienza a incorporar en sus políticas de Estado principios de sustentabilidad a nivel sectorial y, en concordancia con compromisos ambientales internacionales, ha llevado a establecer metas concretas para la reducción de las emisiones de GEI, con vistas a alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Sin duda, un desafío importante, que requiere no sólo del esfuerzo y compromiso del sector público y privado, sino que, además, contar con las capacidades de capital humano especializado e información ambiental disponible con características sitio-específicas del país, que permitan integrar en etapa temprana los criterios de sustentabilidad en proyectos de construcción. 

Atendiendo los desafíos ambientales globales y nacionales señalados y ante la carencia de contar con bases de datos públicas de costos e indicadores ambientales y sociales para presupuestos de proyectos de construcción en Chile, un equipo de experimentados investigadores de la Universidad del Bío-Bío, con la colaboración de la Universidad de Sevilla-España, desarrollan la herramienta de ÁBACO-CHILE (Acceso a Bases Ambientales y Costos). El proyecto corresponde a un Bien Público, financiado por Corfo y mandatado por el Ministerio de Obras Públicas (Dirección de Arquitectura) y el Ministerio de Desarrollo Social, buscando atender la disminución de brechas, riesgos e incertidumbre en la evaluación de proyectos de inversión pública en Chile, como asimismo incorporar conceptos de sustentabilidad y ciclo de vida en la inversión pública y privada, para mejorar la productividad y ecoeficiencia de proyectos de construcción en Chile.

ÁBACO-CHILE fue concebida como una herramienta para predecir desde la fase de diseño de un proyecto de construcción los costos económicos, ambientales y sociales. Ésta consiste en un motor de cálculo e incluye tres bases de datos que están asociadas a los ítems necesarios en un presupuesto de obra y las tres dimensiones evaluadas: la base de datos de costos de recursos y actividades, que se vincula con el cálculo de costo social y la base de datos ambientales de recursos y actividades. Esta última contiene la cuantificación de dos categorías de impacto: Energía Contenida (MJ) y Huella de Carbono (CO2eq). Dichas bases de datos son de uso público y de libre acceso, las cuales interactúan entre sí facilitando la forma de presupuestar proyectos de construcción, siguiendo una estructura jerarquizada a través de una codificación lógica alfanumérica.

La principal fortaleza diferenciadora de ÁBACO (www.bancochile.cl), se basa en que la herramienta desarrollada vincula de forma automática costos de construcción con indicadores de sustentabilidad para distintas categorías de impacto ambiental, tal como se ha señalado, en una primera fase las referidas al costo energético y de emisiones de CO₂, y en fases sucesivas cuantificación directa de generación y clasificación de residuos (RCD), huella hídrica y huella ecológica entre las más importantes. Del mismo modo y visualizando un futuro escalamiento de la herramienta, se considera la integración con Building Information Modeling (BIM). Así, el desarrollo y difusión de este bien público proveerá una mejora superlativa en la toma de decisiones para la evaluación de proyectos de construcción de inversión pública y privada, permitiendo alcanzar objetivos diferenciadores y cuantificables respecto a la incorporación de criterios de sustentabilidad ambiental y ecoeficiencia, para el sector construcción en Chile.

Es necesario modificar los paradigmas y los criterios utilizados hoy para el diseño, construcción, uso y fin de los proyectos de construcción. Actualmente, estos se evalúan principalmente en base a criterios económicos, de plazos para su ejecución y aspectos técnicos. Sin embargo, se ha comprobado que es posible la evaluación del perfil ambiental de los proyectos de edificación, a través de su presupuesto y, de esta manera, identificar en forma temprana los impactos que este tendrá durante su ciclo de vida, la generación de huellas ambientales que pudieran generarse y la reducción o anulación de las mismas oportunamente.

Por Ricardo Nicolau del Roure, presidente del Instituto de Ingenieros y miembro del Consejo Directivo de Construye2025.

En la actualidad, en la mayoría de los proyectos de inversión cuando éstos llegan a su fase de materialización, la alternativa contractual más utilizada para la construcción es del tipo confrontacional, situación donde mandantes y contratistas resguardan celosamente sus intereses comerciales y donde, además, procuran protegerse   de los riesgos que, en general, no son correctamente asignados a las partes que intervienen en el contrato. Esta evidente falta de alineamiento entre los intereses de las partes y los objetivos del proyecto traen como resultado incrementos en los costos, alargamiento de los plazos e impactos en la calidad y la seguridad de las obras.

Como consecuencia de este repetido escenario, se ha vuelto evidente que los dueños o mandantes de proyectos debiesen considerar formas alternativas de relacionamiento con sus contratistas, abandonando las prácticas contractuales confrontacionales.  Como una salida a estos escenarios que, por lo general, desembocan en situaciones en que “todos pierden”, se han desarrollado, principalmente en el mundo anglosajón, sistemas contractuales denominados genéricamente “contratos colaborativos”, que involucran conceptos, tales como alianzas o “partnering”, y también, la integración temprana, total o parcial, de los participantes en un proyecto (léase: dueños, proyectistas, contratistas y proveedores principales). 

Dentro de estos marcos contractuales colaborativos, existe una variada gama o niveles de colaboración, desde tibios acercamientos tempranos con proveedores y contratistas con el dueño y su equipo de diseño, hasta los denominados Contratos IPD (Integrated Project Delivery), en los cuales los participantes trabajan, desde muy temprano, integrados en un solo contrato. Estos esquemas han probado ser exitosos en los últimos años, en proyectos complejos en países como Australia y USA,  donde las estadísticas muestran mejoras en costos y plazos del orden del 15 al 20%, respecto de esquemas tradicionales.

Sin embargo, a pesar de los éxitos obtenidos a la fecha, la adopción de estos marcos contractuales ha sido lenta, debido a factores tales como: falta de conocimiento y experiencia de los dueños en cómo llevar adelante esquemas de estas características; falta de “socios” dispuestos a aventurarse y sortear los riesgos de algo desconocido. Por otro lado, las instituciones financieras que normalmente concurren a financiar los proyectos, tampoco se sienten cómodas en un ambiente relativamente incierto donde deberán asumir ciertos riesgos, distintos a los que asumen en contratos a suma alzada. Y cuando se trata de mandantes públicos, la dificultad es prácticamente insalvable, pues están obligados a licitar todas las etapas de un proyecto y adjudicarlas al postor con el menor valor, que cumpla técnicamente. Con esto, cualquier tipo de colaboración queda fuera del depurado.

Afortunadamente, tal como lo señalamos, existen muchos matices y niveles de colaboración posibles, por lo que no estamos frente a una situación de “todo o nada”, y hay numerosas buenas prácticas de colaboración que es posible adaptar de los contratos IPD u otros similares, que han sido utilizadas para conseguir alinear los intereses y objetivos de los participantes en un proyecto.

Ahora bien, para ser disruptivos en estas materias y adoptar contratos más colaborativos, es necesario que los dueños o mandantes comiencen por entender cabalmente los elementos que hacen “colaborativo” a un contrato y el amplio rango que esa colaboración puede abarcar. Enseguida, deben evaluar sus propias capacidades y la preparación de su personal y cuadros técnicos para enfrentar el desafío. El paso siguiente, es la cuidadosa y trascendental elección de los “socios” que le acompañaran. Finalmente, una tarea esencial a cumplir muy temprano, es desarrollar una descripción completa y detallada del proyecto, sus objetivos y sus restricciones.

Reflexiones finales:

+ Los contratos colaborativos o del tipo IPD no son aptos para todos los mandantes. No obstante, la adopción de prácticas colaborativas mejorarán los resultados.

+ Transitar desde marcos contractuales confrontacionales a modelos colaborativos no es tarea sencilla y requiere, necesariamente, construir y mantener relaciones de confianza y colaboración para superar las dificultades.

+La llave para abrir la puerta a “Contratos Colaborativos” la tienen los dueños de los proyectos, y será su decisión si estas modernas prácticas contractuales tienen un futuro en el país. 

A través de diversas iniciativas, la entidad busca potenciar las inversiones en sostenibilidad para hacer frente a la reactivación económica tras la actual contingencia.

Corfo anunció la creación del Crédito Verde, un nuevo programa de refinanciamiento que busca potenciar el desarrollo de proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático y/o mejoren la sustentabilidad ambiental de las empresas. Esto, por medio de proyectos de generación o almacenamiento de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), de Eficiencia Energética, y de mejoras ambientales en procesos productivos, como por ejemplo en reutilización de residuos, reciclaje, entre otros.

Este programa cuenta con un presupuesto de US$ 39 millones para este año y tiene como objetivo apoyar la reactivación económica e incrementar la productividad de las empresas chilenas y su uso eficiente de recursos naturales. Con el Crédito Verde, Corfo podrá refinanciar créditos de largo plazo que otorgarán Intermediarios Financieros, bancarios o no bancarios, a las empresas beneficiarias.

”En Corfo estamos convencidos que no es posible pensar en desarrollo, si éste no es sostenible. El Crédito Verde busca potenciar aquellas iniciativas que son un aporte al medioambiente y ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, porque de esta manera contribuiremos a una matriz productiva más limpia y resiliente, y, por ende, a una reactivación económica más sólida. La actual contingencia ha acelerado las acciones de distintos países en este ámbito, y en Chile también estamos avanzando en ese rumbo”, señala Pablo Terrazas, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo.

Las empresas beneficiarias de estos créditos verdes serán todas aquellas que registren ventas anuales de hasta UF 600 mil, pudiendo acceder a un financiamiento de hasta el 70% de la inversión total, por un plazo máximo de 15 años. Según se proyecta, el promedio de los créditos podría bordear cerca de los US$ 250 mil para iniciativas de economía circular, eficiencia energética o autoabastecimiento en base a ERNC (ERA) y cerca de  US$ 7 millones, para proyectos de generación de ERNC.

Corfo, a través de diversas iniciativas, busca potenciar las inversiones en sostenibilidad para hacer frente a la reactivación económica tras la actual contingencia. Este tipo de inversiones incrementan la productividad y permiten a las empresas usar de forma más eficiente los recursos, lo que a su vez les facilita la entrada a nuevos mercados que son más exigentes con la trazabilidad ambiental de los productos, por lo que hace a las empresas chilenas más competitivas en el mercado global.

Se espera que a partir de julio de 2020 ya estén habilitados los primeros intermediarios financieros que operarán con este Crédito Verde.

Fuente: T13