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Alrededor de 85.000 toneladas retiradas por el Ministerio de Obras Públicas solo en la primera etapa de la remoción de escombros en la emergencia de los incendios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, se suman a los grandes volúmenes de residuos generados tras las catástrofes, más de 20 millones de toneladas se generaron para generadas para el 27F, sin considerar otras catástrofes ocurridas en Chile. Un protocolo que ponga de acuerdo a las autoridades, coordine a los funcionarios públicos y capacite a la ciudadanía en el adecuado manejo y gestión de dichos residuos aparece como idea fuerte tras esta última emergencia.

Para fines de febrero, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) informaban que se había terminado la primera etapa de remoción de escombros tras los incendios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Fueron un total de 85.000 toneladas las recogidas, de acuerdo a lo señalado en Radio Pauta por el seremi del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Valparaíso, Yanino Riquelme. Esta cifra significaba solo el 70% de la tarea total, según datos del gobierno, y fueron destinados el relleno sanitario El Molle.

Más allá de la respuesta que tuvo el MOP y sus direcciones, cabe analizar que, de acuerdo a lo informado, tal cantidad de toneladas equivale a 56.000 buses vertidos en el relleno sanitario. Por ello, es necesario pensar en la necesidad de contar con un protocolo de manejo de residuos de emergencias, sobre todo considerando que en Chile las emergencias son recurrentes: incendios, terremotos, temporales, etc.

De hecho, en 2021, el Ministerio del Medio Ambiente estimó la generación de residuos ocurrida en el terremoto 27F, “llegando a la conclusión que solo por la afectación a vivienda con la información levantada nacional, se pudieron haber generado más de 20 millones de toneladas de residuos derivados del desastre”, precisa Rubén González, profesional de la Oficina de Economía Circular del MMA.

En 2023, la Oficina de Economía Circular del MMA junto con el Departamento de Gestión Interinstitucional de SENAPRED desarrollaron una propuesta de ficha para levantar información sobre residuos en momentos de desastre y catástrofes, que permita a los servicios locales incorporar estos aspectos en las solicitudes de recursos de forma complementaria al formulario ALFA, y así ayudar a identificar situaciones de riesgo con residuos y solicitar apoyo especializado. 

“Este instrumento se encuentra a nivel de borrador a espera de validaciones internas en los servicios para su pilotaje, mejora y luego su instauración como un procedimiento, cuestión que es necesario coordinar con el Ministerio del Interior”, explica González.

Y en la actualidad, el MMA en conjunto con Fundación Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA postulan un fondo GEF para abordar distintos aspectos de economía circular en el sector construcción, fondo que consultará recursos para apoyar el desarrollo de la guía señalada y para desarrollar contenidos de un curso para sensibilizar y educar en estas materias a funcionarios municipales.

Lucas Bracho, CEO de Reduciclo y asesor de Plataforma Industria Circular, cree que es “crucial implementar un protocolo específico para la gestión de residuos derivados de demolición en situaciones de emergencia, como los recientes incendios en la región de Valparaíso”.

La misma opinión tiene Karen Aguilera, fundadora de Revaloriza, empresa de revalorización de residuos de la construcción de la región de Valparaíso: “Sí, es necesario, no tan sólo a raíz de los incendios en particular, sino que basados en los Planes Locales de Cambio Climático, en donde existen variados tipos de emergencias que podemos sufrir. Cada municipio del país debe contar con planes y protocolos que indiquen las forma de actuar ante situaciones que lamentablemente serán más recurrentes, tales como: remociones en masa, derrumbes, demoliciones, incendios, entre otros”, explica.

Aguilera destaca el actuar de la Municipalidad de Quilpué, cuyos profesionales ejecutaron el acopio temporal de residuos en canchas, “al igual que los otros municipios, pero realizando la diferencia entre lo que debe ir a disposición final directamente y lo que sí es posible de valorizar”. 

La fundadora de Revaloriza añade que en 1984 “sufrimos en la región de una remoción en masa producto de residuos de construcción dispuestos de manera ilegal en la zona alta del Estero de Reñaca, situación que sigue repitiéndose en varias quebradas de la región, siendo un riesgo latente”. Sobre todo considerando que los incendios han sido reiterativos en la región de Valparaíso desde 2014, y “lamentablemente, con niveles de crudeza altísimos y a esto hay que sumar que somos un país sísmico, en donde no hay que omitir que debemos contar con infraestructura crítica para hacernos cargo de los residuos post desastre”, opina la profesional. 

A su juicio, este incendio evidencia lo que por años ha sido una dura realidad: “ser expertos en implementar planes reactivos y no preventivos. Es necesario que nuestros planes preventivos sean conociendo lo que existe en el territorio y que los protocolos sean claros en cómo actuar para que el nivel de incertidumbre sea mucho menor”.

El protocolo

Para Rubén González, un aspecto clave a entender en el caso de desastres en los que se generan escombros, es que entre ellos existen materiales que pueden ser peligrosos y que se suman a los riesgos ya existentes en la zona afectada, y a situaciones posibles como derrumbes, presencia de cadáveres, hasta de la lucha con delincuentes. 

En palabras simples, “lo que no debería ocurrir es que las personas, sin debida preparación, sin equipamiento de protección personal adecuado comiencen a retirar escombros, a entregarlos a chatarreros o a acumularlos en las calles para comenzar inmediatamente el proceso de reconstrucción sobre las cenizas o escombros húmedos de su antiguo hogar”, advierte el profesional del MMA. 

Al respecto, efectivamente, cree que se hacen necesarios mejorados protocolos de carácter intersectorial que posibiliten dicha diagnosis y es por ello que los distintos agentes del Estado se encuentran promoviendo dicha interacción. 

“Como comenté antes, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra coordinado con SENAPRED, así también se realizaron gestiones con MOP, para asegurar que el retiro de escombros que esa entidad ejecuta considere aspectos específicos referidos a gestión de residuos de demolición. Cabe señalar que la NCh 3727:2021 Gestión de residuos – Consideraciones para la gestión de residuos en obras de demolición y auditorías previas a obras de demolición, ya es un primer protocolo que permite tener consideraciones sobre la gestión de residuos en momentos de desastre o catástrofe”, argumenta. 

Información a la ciudadanía

Dentro de las múltiples imágenes de los incendios en centros urbanos, es posible ver a los habitantes que han perdido sus viviendas y enseres, levantando con sus propias manos los residuos, lo que abre la pregunta de si se requiere difundir contenidos e información sobre riesgos a la ciudadanía.

Para Rubén González está claro que sí: “mientras más información tenga la ciudadanía sobre los potenciales riesgos referidos a su acción en momentos de desastre y sobre cómo proceder ante el desafío de la remoción de escombros y sobre los efectos de determinado tipo de desastres sobre la habitabilidad de los entornos afectados; es mejor”. 

Esto puede ayudar a evitar situaciones en las que la ciudadanía o incluso el personal público o privado, maneje residuos sin adecuados implementos de protección personal, acordes a la peligrosidad de los mismos, así como que se puedan identificar adecuadamente situaciones de riesgo las que se deben notificar a la autoridad.

Lucas Bracho sostiene que “es esencial que se difunda este protocolo entre la ciudadanía para garantizar una respuesta coordinada y eficiente. Crear material educativo, realizar campañas de concientización y organizar talleres comunitarios pueden ser estrategias efectivas para informar a la población sobre lo crucial que es clasificar y desechar apropiadamente los desechos de demolición, reduciendo al mínimo los impactos ambientales y en la salud.

De hecho, el profesional proveniente de la región de Valparaíso que ha desarrollado una carrera en torno a la gestión y valorización de residuos de la construcción y demolición, entrega algunos tips para una situación de emergencia:

• Separación inmediata: Es esencial clasificar los desechos en distintas categorías como madera, metal, plástico y escombros, inmediatamente después de la emergencia. Esto hará más fácil la gestión y el reciclaje en el futuro.
• Zonas de acopio temporal: Asegurar que las áreas designadas para la disposición temporal de residuos estén ubicadas lejos de fuentes de agua y áreas sensibles.
• Colaboración con recicladores: Promover la colaboración con recicladores locales para aumentar al máximo la recolección de materiales reciclables. Designar lugares concretos para la entrega de los artículos.
• Monitoreo de sustancias peligrosas: Es importante identificar y manejar correctamente los desechos que podrían contener sustancias dañinas, como productos químicos del hogar o materiales de construcción tóxicos.

Con todo ello, el consultor de Plataforma Industria Circular, señala que el manejo de desechos se vuelve fundamental para la recuperación y reconstrucción sostenible en este tipo de emergencias. “Es esencial promover una cultura de responsabilidad ambiental en la comunidad, aparte de llevar a cabo medidas prácticas. La clave para enfrentar los desafíos ambientales y sociales derivados de la emergencia será la colaboración entre autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía”, piensa, así como también ve como fundamental “tener una planificación a largo plazo, brindar educación continua y fomentar la participación de la sociedad para construir una comunidad más resiliente y sostenible en el futuro”.

Por último, en cuanto a la educación de la ciudadanía, la coordinadora de sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia, sostiene que una de las acciones claves a implementar en catástrofes en el manejo de residuos, es proveer a los habitantes de información para la identificación de residuos peligrosos y la protección personal para evitar daños a la salud de las personas.

Uno de los materiales peligrosos que se encuentran en general en las demoliciones de construcciones previas al 2001 es el asbesto, que en caso de encontrarse friable, es decir, en condiciones de desmenuzarse, es altamente peligroso debido a que al respirar sus fibras puede producir enfermedades respiratorias, incluso cáncer. Cabe señalar que el asbesto es un material cuyo uso se prohibió en Chile en el año 2001. Este se puede encontrar presente en cañerías, material aislante, pegamento de palmetas de piso vinílico, entre otros, pero lo más común en nuestro país son las planchas de  revestimiento para techumbre. 

La arquitecta recomienda revisar el video que se realizó para el manejo de residuos de la demolición, basado en la NCh3727:2021 donde se explican estos aspectos.

Lanzado el 15 de marzo, el proyecto apoyado por Corfo y el Ministerio del Medio Ambiente, facilitará la construcción circular y baja en carbono. Este 2024 se espera contar con 70 datasets iniciales para ir avanzando en los próximos años. 

Facilitar el cálculo de la huella de carbono para licitaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), determinar reducciones de impacto de fondo con foco sostenible en proyectos Corfo, contar con factores de emisión más precisos y actualizados, son algunos de los beneficios que busca entregar CicloData, proyecto de bienes públicos apoyado por el Ministerio del Medio Ambiente y Corfo, y ejecutado por Ecoed.

Lanzado el pasado viernes 15 de marzo, éste se trata de una plataforma digital de fácil acceso que pondrá a disposición una completa base de datos para la elaboración de análisis de ciclo de vida aplicables a sectores productivos como el comercio, manufactura, construcción, minería, electricidad, gestión de desechos, agropecuaria y silvícola.

De esta forma, se busca contribuir a la sofisticación de las empresas de la región Metropolitana a través del uso de herramientas y metodologías de innovación basadas en información de ciclo de vida confiable y ajustada a la realidad regional, que investigadores, académicos y expertos en el modelamiento de impactos medio ambientales puedan acceder a información adaptada a la realidad nacional y que les permita aplicarla para la elaboración de Análisis de Ciclo de Vida Ecodiseño, además de contribuir al cumplimiento de las acciones definidas en la Hoja de Ruta de Economía Circular de Chile.

El proyecto es ejecutado por Ecoed, empresa dedicada al fortalecimiento de los líderes de la industria para la gestión del triple impacto.

Pía Wiche, gerenta general de Ecoed, explicó que con “CicloData será más fácil conocer los impactos ambientales de la industria de la región Metropolitana para avanzar de forma segura hacia una producción y consumos más sostenibles”. Agrega que “para ser más sustentables, debemos tomar decisiones de calidad. Y para tomar decisiones de calidad, necesitamos datos de calidad”.

Los Bienes Públicos son programas que buscan resolver la disponibilidad de información e identificar obstáculos en el mercado que dificultan la toma de decisiones productivas en las empresas.

Al respecto, Claudio Valenzuela, gerente de Redes y Territorio de Corfo afirma que “son muchos los programas que desde Corfo se están impulsando para el equilibrio sostenido de los territorios y uno de estos instrumentos son los Bienes Públicos. Creemos en la necesidad de avanzar en materia de transformación productiva y territorial, donde se debe incorporar nuevas tecnologías, más sofisticadas para el mejoramiento de las empresas y sus cadenas de valor”.

Desarrollo e impacto en la construcción

Además de las instituciones ya mencionadas, EcoEd trabajará en conjunto con Ecoinvent, la base de datos para ACV más fiable y transparente a nivel mundial e IBICT, Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, responsables de la creación de la plataforma de base de datos para ACV en Brasil.

CicloData está dirigido a personas del sector público, sector privado, academia y tercer sector que necesitan datos de ciclo de vida para tomar decisiones.

Dentro del sector de la construcción, el público son las constructoras y los productores de materiales para la construcción.

Actualmente, “el MOP ya está pidiendo la huella de carbono en sus licitaciones. Las constructoras podrán encontrar datos más precisos para el cálculo de la huella de sus propuestas en CicloData”, comenta Pía Wiche.

Por otro lado, los productores de materiales pueden agregar su información a la base de datos para que arquitectos, diseñadores y otros tomadores de decisión puedan enterarse de los parámetros de sostenibilidad de sus productos y seleccionarlos para mejorar la sostenibilidad de sus proyectos.

Por lo tanto, “la información de CicloData traerá una gran oportunidad para constructoras y proveedores de la construcción para aumentar sus ventas diferenciándose en el mercado por su sostenibilidad”, especifica la ejecutiva.

Este 2024 se espera contar con una plataforma disponible con 70 datasets iniciales. “Las metas para el 2025 son agregar 40 datasets más y efectuar el traspaso legal de la base de datos a un Centro de Investigación que será responsable por mantenerla pública y actualizada luego del fin del proyecto. Para el 2026, las metas son añadir 40 datasets adicionales a la plataforma y contar con usuarios capacitados gracias a cursos y webinars que impartiremos durante ese año. Por último, nuestra meta a largo plazo es que CicloData siga mejorando y se mantenga como un bien público constante de utilidad para el futuro sostenible y circular de Chile”, precisa Wiche.

La gerenta general de Ecoed sostiene que este proyecto facilitará la construcción circular y baja en carbono, proveyendo datos de confianza para respaldar materiales y proyectos con atributos sostenibles.

“Las constructoras tendrán acceso más fácil a datos de calidad para elegir materiales y productos más sostenibles mientras que los proveedores podrán diferenciarse por demostrar una mejor performance ambiental, así como una menor huella de carbono”, añade.

A su juicio, esto viene a potenciar la información ya proporcionada en Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs), en las que se encuentran información sobre los impactos ambientales de productos de la construcción. “En CicloData se podrán subir estos datos para facilitar su incorporación en el cálculo de los impactos ambientales de obras de la construcción”, especifica.

De esta manera, para aquellas empresas que generan DAPs o ACV para sus productos, esto abre una nueva posibilidad de distinguirse, facilitando el uso de estos datos para que sus clientes puedan determinar el impacto de sus proyectos. A su vez, para las constructoras facilitará el acceso a datos de impacto de materiales de construcción presentes en la región Metropolitana.

Con esto, “se espera un cambio significativo en el mercado, en que las decisiones de compra y construcción sean hechas con base en datos y en que los ganadores sean los que consigan demostrar, con datos, que son más sustentables que las alternativas”, opina Wiche.

Por ahora, Pía Wiche invita a los interesados a contestar una rápida encuesta para conocer sobre cómo usan datos de ciclo de vida: https://ecoed.cl/encuesta_ciclodata/

El objetivo es validar las acciones propuestas para lograr la neutralidad del carbono en el 2050.

El sector de la construcción genera cerca del 40% del total de emisiones de gases de efecto invernadero globales. Por esto, para dar cumplimiento a los desafíos en materia de carbono neutralidad al 2050, es crucial la definición de una estrategia de descarbonización para el sector.

En este escenario, en el año 2019, se formalizó el Comité de Huella de Carbono para el Sector Construcción en el Instituto de la Construcción (IC), al alero de su Convenio de Colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que está conformado por instituciones relacionadas al sector que, de manera voluntaria, ofrecen el conocimiento para redactar y poner en marcha una Estrategia Nacional para la reducción de las emisiones de carbono de todo el sector construcción (edificaciones e infraestructura), a lo largo de todo su ciclo de vida.

Entre los participantes están Certificación Edificio Sustentable, Corporación Chilena de la Madera, Instituto del Cemento y del Hormigón, Cámara Chilena de la Construcción, Volcán, Asociación Chilena del Vidrio y Aluminio, Ministerio de Energía, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile Green Building Council, Pontificia Universidad Católica, Universidad Andrés Bello, Universidad de Chile, WSP Chile, AZA, ECOEd y consultores independientes.

A la fecha, ya se han definido los lineamientos principales de una hoja de ruta y desarrollado un completo estudio de análisis del estado de arte en huella de carbono a nivel nacional e internacional.

En base a estos productos, se desarrolló una consultoría para elaborar la primera propuesta de la “Estrategia Nacional de Huella de Carbono para el Sector Construcción” que establece lineamientos, metas e indicadores de seguimiento para fomentar en el sector construcción un manejo sustentable de sus recursos, a través de la gestión eficiente de la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida, aportando así a los objetivos de carbono neutralidad establecidos para esta industria.

Este documento se encuentra disponible para consulta pública hasta el 6 de julio de 2021, con el objetivo de validar las acciones propuestas para lograr la neutralidad del carbono en el 2050.

Cabe señalar que representantes del sector privado, proveedores de materiales de construcción y gremios profesionales, han planteado compromisos muy importantes para el desarrollo y aplicación de la estrategia, tales como certificados de huella de carbono contenida (cuna a puerta) de materiales de construcción, desarrollo de calculadoras para productos específicos, medición de huella en construcción de edificios, actividades de capacitación y difusión.

Dada la relevancia de estas acciones, es fundamental la participación de todos los actores en este proceso de consulta pública.

Accede al documento aquí https://bit.ly/2THy2yo

El programa estratégico impulsado por Corfo coordinó una mesa de trabajo a la que llegaron representantes del Ministerio de Medio Ambiente, centros tecnológicos y empresas que trabajan por la correcta gestión de estos desechos.

Una decena de entidades relacionadas con los Residuos del a Construcción y Demolición (RCD), se reunieron la tarde del jueves en las oficinas de Construye 2025. La razón para ello es que el programa impulsado por Corfo está colaborando en un estudio sobre los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), encargado por el Ministerio del Medio Ambiente y que está siendo ejecutado por la consultora Gescam.

El estudio ya está en su segunda etapa y, entre otras cosas, busca desarrollar un reglamento específico para los RCD, así como hoy los hay para residuos domiciliarios (RSD), aguas servidas (lodos) y establecimientos de salud (REAS).

Esto luego de las primeras brechas que se encontró en el estudio Escenarios y políticas públicas para los RCD, fue el hecho de que no hay una definición legal de qué engloban este tipo de desechos.

A la mesa de trabajo convocada por Construye2025 llegaron especialistas en el tema de empresas y entidades como Flesan, Río Claro, Fundación Basura, Recylink, Axisdc, Aza, Disal, Idiem, Viconsa, Echevería Izquierdo, Resiter, CDT, CTeC y UC para informarse de los hallazgos que Gescam  hizo al revisar los casos de países como Francia, España y República Checa, además de dar a conocer sus experiencias en la industria.

Ejemplos citados fueron la enorme valorización que pueden conseguir materiales nobles, o incluso elementos como refrigerantes, en demoliciones o el ahorro millonario que puede implicar en transportes el buen trabajo a la hora de reutilizar materiales.