Tags

Por Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable

La necesidad de disminuir el CO2 no es reciente, debido a los efectos de los sistemas de producción y los niveles de consumo de energía, llevamos años alertando a nivel mundial y en Chile para disminuir los consumos energéticos y las emisiones asociadas, más recientemente, avanzar hacia la carbono neutralidad y transformar nuestra economía de una lineal a una circular.

Desde la creación de CES, hemos tendido a la medición de los consumos energéticos de los edificios certificados, lo que nos lleva a representar casi un tercio del consumo total de energía, estimado un promedio nacional de 275 kWh/m2 año (edificios oficinas) por parte del Ministerio de Energía. Con los edificios certificados CES, presentamos cifras de entre 40 a 145 kWh/m2 año, lo que sin duda contribuye directamente a la disminución del CO2 en la atmósfera.

Esto se alinea con la meta de Chile de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, para cumplir con el Acuerdo de París. Desde el sector construcción son diversas las iniciativas que se han llevado a cabo, y entre ellas destacamos el trabajo colaborativo entre el Ministerio de Energía, la Dirección de Arquitectura del MOP, el Instituto de la Construcción y Certificación de Edificio Sustentable (CES), en los que hemos plantado las bases para que la carbono neutralidad tome más fuerza en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios.

Con ello, estamos cubriendo uno de los cuatro ejes para la reducción de gases de efecto invernadero: y la reducción de emisiones en todos los procesos industriales y edificaciones. Los otros restantes corresponden a la diversificación de la matriz energética; el desarrollo de la electromovilidad y el hidrógeno verde.

Así podremos en un futuro cercano diseñar, desarrollar y ejecutar obras más competitivas, más eficientes, que minimicen su impacto y que incluso puedan tener un impacto positivo. Gracias a las políticas de Net Zero Energía y Net Zero Carbono impulsadas con fuerza desde el sector público esperamos contar con la información de carbono incorporado de todas las edificaciones nuevas y existentes al año 2025, en tanto que para 2030, esperamos que el 100% de los edificios logren reportar públicamente su huella de carbono operacional e incorporado, mediante un instrumento obligatorio. Esto forma parte de los lineamientos de la estrategia de huella de carbono del sector edificación que esperamos sea lanzada próximamente.

Estas metas han implicado años de trabajo y esfuerzo de profesionales con una gran colaboración del sector público, privado, academia y gremios que hemos podido aportar desde el Instituto de la Construcción y de CES

Por ello, en el Día Mundial por la Reducción de CO2, hacemos un llamado a seguir trabajando con fuerza y aumentando la velocidad de nuestras acciones, la urgencia está instalada, depende de nosotros estar a la altura con nuestra respuesta.

Conformado en 2019 con el objetivo de definir metodologías para promover la gestión y disminución del CO2 en la industria, hoy ya cuenta con una hoja de ruta proyectada a tres años. ¿Lo más urgente? La implementación de una estrategia a largo plazo que permita combatir y tratar de forma eficiente este tipo de contaminación para lograr la neutralidad de carbono el año 2050.

El reto claramente no era menor: realizar un plan de trabajo a mediano plazo y formalizar una mesa técnica en el Instituto de la Construcción para definir una visión estratégica asociada al impacto de la huella de carbono al llevar a cabo una obra. De esta forma, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Instituto de Cemento y Hormigón de Chile (ICH) conformaron hace tres años una mesa público privada con el propósito de definir procedimientos que apuntan hacia esta meta.

Mediante la convocatoria a diez actores claves (ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y de Energía, Instituto Chileno del Acero (ICHA), Madera21 de Corma, Compañía Industrial El Volcán, Asociación Gremial Chilena del Vidrio, Aluminio y Pvc (Achival), la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable (SECS) de la DITEC del Minvu y el mencionado ICH, se realizó una nivelación de conocimiento y alianzas por parte de todas las instituciones y se acordaron actividades, productos y técnicas de financiamiento.

El primer año fue dedicado principalmente a gestionar acuerdos y a la mencionada nivelación de información. Luego, se concertó formalizar una mesa técnica para definir una visión estratégica y un plan de trabajo a mediano plazo asociado a actividades, productos y estrategias de financiamiento.

De esta forma fue como en el Instituto de la Construcción, a mediados de 2019, se consolida el Comité de Huella de Carbono del Sector Construcción como una de las iniciativas del programa de trabajo derivado del convenio entre el mismo Instituto y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en el cual también participó el jefe de Certificación de Edificio Sustentable (CES)). Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable del Minvu, es quien preside esta comisión, la cual invita a expertos que representan a instituciones del sector público y privado y que están interesados en la gestión responsable de las emisiones de CO2 en la construcción. La vicepresidencia del Comité la ocupa en la actualidad Chile Green Building Council.

Para ponerse en marcha, una de las prioridades era marcar directrices de trabajo. Al respecto, se definieron tres puntos clave: el levantamiento de base de datos de huella de carbono para el ciclo completo de la edificación, una metodología de monitoreo, reporte y verificación de la misma y un plan de cálculo para estimar impactos ambientales desde la etapa de diseño de la obra.

Mediante este procedimiento se cubren objetivos primordiales como, por ejemplo, tener una línea base de la realidad nacional para establecer distintos niveles de avance a través de datos validados que aseguren confianza, trazabilidad e interoperabilidad.

Estrategia nacional

Para poner en acción una ruta de trabajo, se requiere previamente de una estrategia que defina los pasos a seguir para ir logrando los macros y micro objetivos de cada ítem. En este lineamiento, se estableció un método a nivel nacional que apunta a la consecución de metas responsables e indicadoras de seguimiento para fomentar que el sector de la construcción gestione de forma sustentable sus recursos y gestione, a su vez, la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida (incluyendo tanto el carbono incorporado como el operacional).

Teniendo esto como base para lanzar directrices, se definió trabajar en tres niveles: sectorial, de edificación y de productos. En el primer punto se abarcan todos los antecedentes que sean de utilidad para actores como el gobierno y la academia, considerando los requerimientos de diferentes ministerios y la identificación de la calidad de información necesaria para satisfacerlos. Para comprender mejor, se puede ejemplificar concretamente mediante el Ministerio del Medio Ambiente, el cual necesita información sobre el consumo de energía en la construcción para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.

El tópico orientado a la edificación, en tanto, comprende la información que sea de utilidad a los entes relacionados al acto mismo de planificar, diseñar, construir, operar y ocupar inmuebles. Éste posee requerimientos asociados al alcance de certificaciones y esquemas para demostrar la sustentabilidad de las obras.

En cuanto al apartado referido a los productos, la dirección va hacia el ecodiseño. Sobre todo teniendo en cuenta que la huella de carbono de los materiales, equipos y sistemas utilizados afecta directamente el carbono incorporado (suma del impacto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero atribuidas a un material durante su ciclo de vida), por lo que resulta un desafío sumamente necesario.

Logros del Comité

Es cierto que es temprano como para poder visibilizar una permeabilidad de la industria a partir de las acciones que se han llevado a cabo (pues sólo se lleva un año y medio de funcionamiento). Sin embargo, los logros obtenidos a la fecha corresponden a etapas prematuras relevantes en el camino a poner en marcha una estrategia nacional. Como muestra, hasta el momento se han definido los lineamientos principales de una hoja de ruta y desarrollado un completo estudio de análisis del estado del arte en huella de carbono a nivel nacional e internacional para los tres niveles señalados anteriormente (titulado “Estado del arte nacional e internacional de alternativas metodológicas para levantamiento de datos, monitoreo, reporte, verificación y calculadoras de Huella de Carbono”).

Como segunda etapa de este mismo trabajo, se definió el objetivo general, los objetivos específicos, el alcance y el trazado de los próximos tres años para este Comité. Entre ellos, por supuesto, aparece como primera necesidad el desarrollo e implementación de un método a largo plazo para la gestión de la huella de carbono del sector.

Destaca, también, la puesta a disposición de documentos correspondientes al proyecto, como el “Manual para la Implementación de Declaraciones Ambientales de Productos de Construcción”, el “Resumen para Tomadores de Decisiones” y la “Hoja de Ruta Comité Huella de Carbono Sector Construcción”.

En base a estos productos, en la actualidad se desarrolla una consultoría para elaborar la primera versión de la estrategia, la cual esperan esté lista para finales de 2021. Ésta, incluso, será sometida a consulta para ajustar su contenido durante el segundo semestre del presente año. De hecho, las instituciones que participan (provenientes de los sectores público, privado y de la academia), han demostrado su preocupación y su real compromiso para lograr la neutralidad del carbono en 2050, disponiendo de profesionales expertos que asisten bimensualmente a sesiones de trabajo para definir ese camino.

Fuente: Madera21

Compromiso de mitigación y adaptación de Chile para cumplir Acuerdo de París incorpora de forma inédita un “Pilar social de transición justa-Desarrollo sostenible” como un componente estructurante para enfrentar el cambio climático. Además, en adaptación se pone foco en recursos hídricos y los reconoce como áreas de mayor urgencia, así como la incorporación de restauración de la naturaleza y su provisión de bienes y servicios. Se incrementa protección de océanos y se duplican metas forestales respecto de 2015. Ministra de Medio Ambiente señaló que los NDC “son las guías que deben marcar el rumbo para la recuperación sustentable de la crisis socioeconómica post COVID-19”.

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, entregó hoy formalmente a la presidenta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Patricia Espinosa, el Compromiso Determinado a nivel Nacional (NDC) de mitigación y adaptación de Chile -así como las medidas e instrumentos concretos para su implementación- en el marco de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de París, el que fue definido como una meta intermedia en el camino a alcanzar la carbono neutralidad del país al año 2050.

En materia de mitigación, Chile se compromete a alcanzar un peak máximo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al año 2025, y alcanzar un nivel de emisiones absolutas de 95 millones de toneladas de CO2 equivalente al año 2030. Ambos compromisos implican una reducción respecto de la propuesta original que fue sometida a consulta pública, donde el peak de emisiones se había establecido en 2027 y las emisiones absolutas en 97 millones de toneladas de CO2 eq a 2030.

A esto se suma un presupuesto de carbono para el período 2020-2030 de 1.100 millones de toneladas de CO2 eq, y el compromiso de reducción de al menos un 25% de las emisiones de carbono negro al año 2030, con base a 2016.

La actualización de la NDC nacional, tras el proceso de consulta pública que fue “abierto a escuchar y cambiar, lo que permitió mejorarla fuertemente” -señaló la ministra Schmidt-, incorporó algunas de las 1.573 observaciones provenientes de la sociedad, la academia, el sector productivo y financiero, así como el aporte entregado por el Comité Científico de la COP25 a través de sus siete mesas temáticas.

Así, se incorporó de forma inédita lo que se denominó “Pilar social de transición justa-Desarrollo sostenible” como un componente estructurante en los compromisos de Chile para enfrentar el cambio climático, y dar cumplimiento al Acuerdo de París, teniendo como orientador principales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que componen la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

“Este pilar permea a los anteriores, y es tremendamente fundamental porque le da un foco a la NDC en las personas en sus territorios. Este pilar social establece un proceso de transición justa para la descarbonización, así como el aporte de cada compromiso adquirido a los ODS, con especial foco en género, superación de la pobreza, agua y saneamiento, energías limpias y no contaminantes, entre otros”, dijo la ministra Schmidt.

El foco de los compromisos establecidos en la NDC, agrego la titular del Ministerio del Medio Ambiente, está determinado por la transformación de Chile hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas en sus territorios.

“Son las guías -agregó- que deben marcar el rumbo para la recuperación sustentable de la crisis socioeconómica post COVID-19. Es por esto que Chile, como presidencia de la COP25, hace un especial llamado a los países a presentar la actualización de la NDC con mayor ambición y mayor transparencia durante este año 2020”.

Según indicó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet -quien también estuvo en la presentación de la NDC junto al ministro de Ciencias, Andrés Couve-, la contribución de cada uno de los sectores en las medidas necesarias para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 -de la que la NDC es un punto intermedio- serán de un 25% por parte de la industria sostenible, un 21% por el uso de hidrógeno verde en reemplazo del diésel en la minería e industria, un 17% de la electromovilidad, otro 17% de la edificación sostenible y un 13% del retiro de centrales de generación a carbón, y un 7% corresponde a la eficiencia energética.

Todas estas medidas se calcularon en términos de costo-beneficio incluyendo todos los sectores -energía, forestal y otros-, lo que determinó que el costo de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 requiere de una inversión inicial de US$ 41.300 millones, las que van a generar un ahorro en el tiempo de US$ 78.400 millones.

“Por lo tanto -agregó-, en el neto este plan de carbono neutralidad va a generar beneficios de más de US$ 27.000 millones para la economía chilena, y esto sin incluir los co beneficios por reducción de emisiones locales, en el cuidado de la salud de las personas y otros. Por tanto, ese número que ya es positivo está subestimando los beneficios de estas medidas”.

Por su parte, el ministro Couve destacó el que “por primera vez la comunidad científica nacional participó activamente para aportar con evidencia en la actualización de la NDC. Esta participación se materializó a través del Comité Científico COP25, donde más de 600 científicos nacionales organizados en siete mesas de trabajo aportaron con evidencia que permitió contextualizar qué significa incorporar el presupuesto de carbono en la realidad chilena y, junto con ello, establecer con claridad una meta y un año peak en materia de emisiones de Gases Efecto Invernadero”.

Cuatro áreas de integración

En materia de integración, un aspecto que fue considerado por primera vez en esta NDC y que incluye compromisos que implican componentes de mitigación ya adaptación, se establecieron metas específicas para cuatro pilares: océanos y humedales costeros, turberas, bosques y economía circular.

“La incorporación de los océanos es un compromiso muy relevante para Chile. La COP Azul (como fue denominada la COP25) permitió incorporar a los océanos en la acción climática, y Chile está promulgando que se incorporen compromisos específicos de los océanos en la NDC. Por lo tanto, por primera vez nuestro país está estableciendo compromisos específico en materia de océanos”, dijo la ministra Schmidt.

En este aspecto, se establece una meta específica de proteger al menos el 10% de la Zona Económica Exclusiva en aquellas regiones sub-representadas, principalmente en la zona centro-norte del país. Junto con ello, todas las Áreas Marinas Protegidas (AMP) creadas al año 2020 contarán con planes de manejo y se encontrarán en implementación, y se evaluaran sus co-beneficios en mitigación y adaptación. La gestión de estas áreas marinas deberá realizarse con comunidades locales para el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y de comunidades vulnerables.

Para los humedales costeros, se establecen metas específicas: la protección de 20 humedales costeros a 2025, y otros 10 adicionales al año 2030. En cuanto a las turberas, el compromiso establece la ceración de un inventario nacional de estas a 2025, y para 2030 el desarrollo de indicadores para la evaluación de la capacidad de adaptación y mitigación de las turberas. Adicionalmente, se implementarán acciones para potenciar estos co-beneficios en cinco áreas protegidas públicas o privadas del país.

En materia de bosques, Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación de 200 mil hectáreas de bosques nativos sin condiciones a 2030 (el doble que la NDC de 2015), lo que permitirá capturas de hasta 1,2 millones de toneladas de CO2 eq anuales. Esto considerará una planificación a largo plazo y el cumplimiento de parámetros de rendimiento (corta que garantice crecimiento).

Según señaló la ministra Schmidt, la NDC busca establecer “la relevancia de los bosques para la mitigación y la adaptación. Chile es un país forestal con gran capacidad de captura de carbono, que debemos potenciar de manera sustentable, particularmente haciendo relevancia en la adaptación”.

Adicionalmente, la NDC establece que se forestarán 200 mil hectáreas (también duplica la meta de la NDC de 2015), de las cuales el 50% corresponderá a cubierta forestal permanente -con al menos 70 mil ha de especies nativas- al año 2030, lo que permitirá capturas de hasta 3,4 millones de toneladas de CO2eq anuales. Tras la consulta pública, se especificaron requerimientos para esta medida: se realizará en suelos sin vegetación y de aptitud forestal, promover el uso de especies nativas, favorecer áreas que ayuden a protección de suelos, humedales y cabeceras de cuencas), y la elaboración de un reporte bianual de avances por parte de Conaf al Congreso y al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Adicionalmente, se establece una meta de reducción de emisiones del sector forestal por degradación y deforestación del bosque nativo en un 25% al 2030, considerando las emisiones promedio entre el periodo 2001-2013. Esto implica la realización de acciones como la gestión para la prevención de incendios, para compatibilizar la actividad ganadera y fortalecer la protección fitosanitaria en recursos nativos.

También se incorpora a la naturaleza y su rol en la provisión de bienes y servicios, a través de un mecanismo de restauración a escala de paisajes, el que no estaba considerado ni en la NDC de 2015 ni en la propuesta original, sino que se incorporó a partir del proceso de participación ciudadana. Esto considera la elaboración de un Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes, y la incorporación de un millón de hectáreas al proceso de restauración de paisajes a 2030, priorizando aquellos con mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental.

Finalmente, en economía circular es establece la creación de una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y de una Hoja de Ruta de Economía Circular 2020-2040 durante este año, así como la generación de métricas e indicadores de circularidad al año 2022 para monitorear los avances del país en esta materia.

Compromisos de adaptación: foco en recursos hídricos

En materia de adaptación, se mantiene el compromiso de actualización del Plan Nacional y de los planes sectoriales en esta materia, así como el desarrollo de planes de acción regionales para la adaptación, y la creación de mapas de vulnerabilidad a nivel comunal. A esto se agrega la determinación de los costos de la inacción en esta materia, y al evaluación de riesgo para grupos más vulnerables con enfoque de género.

Pero uno de los focos más importantes se encuentra en materia de agua y saneamiento, el que no estaba especificado en la NDC de 2015. La nueva propuesta de Chile reconoce a los recursos hídricos como el área de mayor urgencia, y compromete la elaboración de planes estratégicos en todas las cuencas del país (101 cuencas), la definición de un indicador de riesgo hídrico, y la creación de un programa de gestión del consumo de agua a través de Huella del Agua, en el marco del programa Huella Chile.

Tras la consulta, se incorporaron además compromisos de saneamiento, y la obligación para toda nueva infraestructura hídrica (embalses) de considerar en su evaluación el proteger a la población y atender de forma prioritaria el consumo humano en situaciones de riesgo, así como la implementación de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

Fuente: País Circular