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Con cerca de 56 años de existencia, el complejo de CEPAL en Vitacura avanza en el desarrollo de un nuevo proyecto de renovación, esta vez en su sector Norte. Al ser una intervención en una estructura ya existente, la tarea resulta compleja por lo que la implementación de metodologías como BIM será clave, al permitir abordar de forma integrada y anticipada la coexistencia de múltiples especialidades.

Ubicado en la comuna de Vitacura, en Santiago, se encuentra el Edificio de las Naciones Unidas, sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), considerado como un verdadero hito de la arquitectura moderna latinoamericana. Inaugurado en 1966, este edifico diseñado por el arquitecto chileno Emilio Duhart, en colaboración con Christian de Groote, Roberto Goycoolea y Oscar Santelices se inspira en la obra del famoso realizador francés Le Corbusier, con hormigón a la vista y juego de volúmenes, además de combinar elementos alusivos a la historia y el arte de América Latina.

Según se menciona en su sitio web, la construcción es una gran estructura de concreto armado, robusta y ligera a la vez, en la que el piso principal aparece sostenido por 28 pilares. Su referente más característico es el “Caracol” ubicado al centro del edificio, que contiene en su interior dos salas de reuniones circulares que representan la igualdad de todos los países miembros.

Con más de 56 años de vida, la obra ha pasado por diversos cambios y situaciones que la han llevado a realizar modificaciones, como por ejemplo, tras el terremoto de 2010 donde la estructura sufrió algunos daños menores, por lo que el edificio fue sometido a remodelaciones para modernizar sus espacios y recobrar en algunas zonas el diseño original de sus creadores, renovando su cuarto piso que incluyó una moderna sala de conferencias.

De la misma forma y para estar acorde a los nuevos tiempos, en 2022 se anunció el desarrollo de un nuevo proyecto para la construcción y renovación del Edificio Norte de CEPAL; idea que ya venía gestionándose desde el año 2016.

Proyecto de Renovación

La renovación y construcción del edificio ubicado en la Sección Norte del complejo de CEPAL, comprende aproximadamente 2.600 m² de superficie interior e incluye espacios de oficinas y áreas comunes para cerca de 145 funcionarios, salas de reuniones y baños. “El proyecto se circunscribe dentro de una estrategia global de Naciones Unidas de actualización de sus activos inmobiliarios y en esa revisión notamos que había trabajo pendiente, edificios que requerían cambios, producto de, por ejemplo, actualizaciones de norma y que tenían un consumo excesivo de energía”, explica el arquitecto Eduardo Lyon, jefe sección de Servicios generales de CEPAL.

A raíz de aquello, se realizó una evaluación con TCO (costo total de propiedad), que corresponde a una evaluación del ciclo de vida del edificio, para entender cuál es el real costo y cuál es la estrategia más adecuada para el edifico: ya sea, reemplazarlo, repararlo, cambiarle la maquinaria, etcétera. “Lo novedoso de este análisis es que toma el ciclo de vida completo del edificio e incluye el costo de operarlo”, comenta Lyon.

Importancia de nuevas tecnologías

El proyecto presenta la complejidad de ser una intervención a una estructura pre existente, además de incorporar tecnologías adicionales a las de un proyecto tradicional de este tipo. Ante este desafío la implementación de BIM es clave, porque permite abordar de forma integrada y anticipada la coexistencia de múltiples especialidades. “El desafío en esta obra era abierto y usando tecnologías BIM pudimos modelar el edificio antes de construir, nos permitió entender que el edificio iba a ser económicamente factible y nos iba a permitir ahorrar energía”, señala Lyon.

El uso de BIM, desde las primeras etapas del diseño, se pretende extender hacia la etapa de construcción e incluso a la posterior operación del edificio, siempre teniendo como objetivo la integración de los sistemas en un modelo cuyo objetivo es la eficiencia y la sostenibilidad. “Gracias a BIM sabíamos cuánto podría ser el consumo del edificio: cuánto iban a consumir las plantas fotovoltaicas, las capacidades de todo, las ingenierías, etcétera. Una integración temprana es una ventaja que ofrece BIM ya que mucha gente puede colaborar. ¿Por qué hacer las preguntas después si gracias a BIM las puedes hacer antes?”, comenta Lyon, agregando que con el uso de BIM se pueden establecer parámetros, valores de un proyecto, modelar, entre otros.

Y es que de acuerdo al arquitecto, BIM trae también la conversación a la mesa. “Contamos con el apoyo de Construye2025, tuvimos conversaciones con otros grupos, con la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), nos volvimos una especie de experimento continuo. Hemos tenido conversaciones sobre todo, implementando BIM y economía circular”, sostiene Lyon.

Sobre esto último, desde CEPAL, señalan que la economía circular tiene un rol fundamental a la hora de entender el desarme del edifico existente. “Una sistematización en las faenas de retiro y clasificación de elementos constructivos tendrá como prioridad la reutilización o reciclaje de estos, para que solo en última instancia se deba realizar una disposición final en depósitos de residuos autorizados”, explica Lyon, agregando que se ha establecido como parte del proyecto un plan de reciclaje, donde mediante mecanismos de trazabilidad se permita tener un registro de las posibilidades de reutilización como primera prioridad. Adicionalmente, como fomento a pequeños productores y proveedores locales, el proyecto contempla la utilización puntual de revestimientos sustentables artesanales locales y el uso de materias primas provenientes de elementos vegetales. 

Así, estos elementos transforman el proyecto en un hito por dos razones principales: el proceso y el producto en sí. “Al hablar del proceso nos referimos a la colaboración que ha habido entre diferentes partes y por la simultaneidad. Estamos acostumbrados a la secuencialidad, una cosa detrás de la otra, los errores caen en las manos del otro. Al hacer el proceso simultáneo, se está mostrando una manera de cómo debería hacerse la arquitectura pública en Chile, cómo colaborar, cómo agruparse. Es un proceso interesante de estudiar, repetir y mejorar”, señala Lyon.

Por su parte, al hablar del producto, se hace referencia al hecho que los edificios sean generadores de energía y tengan la capacidad de generar el confort mediante las soluciones técnicas adecuadas. “Este edificio tiene un nivel tecnológico interesante y a pura tecnología local. Todo se controla desde una central, por un computador o varios, desde el riego hasta los enchufes. Hay plataformas de control con los aires acondicionados de todas las oficinas. Los pisos de trabajo tienen sensores que van alineando las luces de acuerdo a la luz que hay afuera. Tiene sensores de movimiento para apagar las luces, etcétera. Este edificio va a incorporar automatización del mismo”, explica Lyon.

Llamado a participar

Para poder avanzar con el desarrollo de renovación y construcción del edificio Norte, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), está realizando un Requerimiento de Expresión de Interés para identificar empresas constructoras, individuales, consorciadas o en colaboración empresarial conjunta, locales e internacionales, con sólida experiencia, y que cumplan con los requerimientos técnicos, financieros y legales, para ser precalificadas como potenciales contratistas para la ejecución de las obras del proyecto.  

Las empresas constructoras interesadas pueden acceder a los detalles del presente Requerimiento y Bases Administrativas en los siguientes enlaces:

https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/pdf/eoi20021.pdf

https://www.ungm.org/Public/Notice/178833

Aquellas empresas constructoras que sean precalificadas por CEPAL en función de su idoneidad técnica, financiera y legal, serán invitadas a participar en el proceso de selección de oferentes que CEPAL llevará adelante a través de un Requerimiento de Propuestas Multietapa con Diálogo Competitivo. La fecha límite para presentar las expresiones de interés es hasta el 27 de septiembre de 2022.

Para más información, consultas o aclaración durante el proceso, escribir a: santiago.vasquezcazar@cepal.org; marcela.morales@cepal.org; militza.buitrago@cepal.org

Fuente: CDT

Por Paola Valencia, gerenta de Sostenibilidad de E3

Como ya es ampliamente conocido, según el último reporte de Global Alliance for Building and Construction, el sector vinculado a edificación es responsable del 38% de las emisiones globales de GEI, donde un cuarto de éstas corresponde a las emisiones generadas en los procesos de producción de materiales, transporte y construcción. Por lo tanto, hoy en día se sabe que tres cuartos de las emisiones del sector corresponden a carbono operacional y un cuarto a carbono incorporado. 

Sin embargo, ya hace muchos años que sabemos que el sector construcción es responsable de éste y otros impactos ambientales y ha sido uno de los sectores más lentos en incorporar cambios de buenas prácticas no sólo medioambientales, sino también de innovación, tecnológicas y sociales. Y ¿por qué ocurre esto? Bueno, por algo muy simple, porque al menos en Chile este sector compite sólo por costos directos y no considera los costos indirectos. Esto quiere decir que no paga impuestos por los diferentes impactos que genera. Un ejemplo muy claro de esto es que es más barato botar basura que valorizarla. Esto es grave, porque esos impactos ambientales los terminamos pagando todos, dado que el estado invierte un porcentaje no menor del presupuesto nacional en mitigación de daños ambientales, tales como planes de descontaminación, subsidios a familias de zonas saturadas, reforestación, gastos en salud por consecuencia de la contaminación y tantos otros.

Un gran desafío que tenemos en el sector construcción es lograr que nuestros procesos sean ambiental y socialmente responsables y para lograr esto, una de las herramientas más potentes son las certificaciones medioambientales, pero cuando promovemos estos sistemas, lo primero que encontramos por parte de la industria es la respuesta “es más caro”.

Por ello, es muy relevante avanzar a nivel nacional en levantar datos sobre los impactos ambientales vinculados a los procesos productivos y reflejar esto en los costos de producción, tomando para esto uno de los principios de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que señala que “El que contamina paga”. En este contexto, todos los procesos productivos deberían pagar impuestos ambientales de acuerdo con su nivel de impacto y, bajo este concepto, claramente un proyecto certificado con estándares de sustentabilidad tendería a ser más económico que uno no certificado.

Las certificaciones medioambientales de edificios también tienen un rol fundamental en la generación de datos e información ambiental sobre los procesos de producción, construcción y operación de los edificios e infraestructura. Es así como hace más de 20 años que se han implementado certificaciones medioambientales en el mundo, que buscan cambiarle la cara a la industria hacia una más responsable y verde. En ese sentido, se destaca a Chile como uno de los países que no sólo ha implementado sistemas internacionales, sino también desarrollado e implementado sistemas nacionales que ayudan a movilizar al sector a incorporar prácticas de menor impacto ambiental.

Es por esto que vale la pena destacar cómo están abordando la reducción de emisiones de GEI los sistemas de certificación medioambiental que están operando en Chile y que son las certificaciones internacionales LEED y EDGE, y las certificaciones nacionales CVS y CES. En ese sentido, se destaca que todos los sistemas tienen un enfoque de ciclo de vida para abordar la promoción de reducción de energía y por ende de emisiones de GEI, aunque claramente algunos la abordan con mayor profundidad que otros. Los temas en los que coinciden la mayoría de estas certificaciones son premiando el uso de materiales y productos que documenten la energía incorporada en sus procesos, medidas de eficiencia energética en el diseño del edificio, en los equipos de iluminación, climatización, agua caliente sanitaria y la incorporación de energías renovables.

Y al igual que las certificaciones anteriores la Certificación Edificio Sustentable se destaca por promover la eficiencia energética con enfoque de ciclo de vida, ya que premia a los proyectos que documenten la energía incorporada en los materiales, medidas de eficiencia energética en el diseño arquitectónico, en diseño de iluminación, en sistemas de climatización y de agua caliente sanitaria y a los que incorporen energías renovables.

Fuente: CES

Las políticas Net Zero Energía y Net Zero Carbono fueron abordadas en el webinar “Nuevos enfoques de sustentabilidad en construcción en el contexto internacional.

Chile busca alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. El objetivo no es menor y, por ello, se han definido 55 metas de avance para el año 2030. Estas buscan encaminar al sector construcción hacia una industria más eficaz en el uso eficiente de la energía y con un mayor control de las emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto de cambio climático y en la proyección de crecimiento en el área inmobiliaria.

Al comenzar el webinar “Nuevos enfoques de sustentabilidad en construcción en el contexto internacional”, Katherine Martínez, subgerente de Desarrollo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), recordó estas metas nacionales. 

Asimismo, en el encuentro quedaron reflejados los frutos del trabajo colaborativo entre el Ministerio de Energía, la Dirección de Arquitectura del MOP, el Instituto de la Construcción y Certificación de Edificio Sustentable (CES), en los que se han planteado las bases para el trabajo específico dentro de los próximos años.

“Hay avances para que la carbono neutralidad tome más fuerza en el desarrollo de todo proyecto inmobiliario”, dijo Gabriel Prudencio, jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, respondiendo a uno de los cuatro ejes que la reducción de gases de efecto invernadero a través de la diversificación de la matriz energética; el desarrollo de la electromovilidad; el hidrógeno verde y la reducción de emisiones en todos los procesos industriales y edificaciones. “Vemos con muy buenos ojos lo que están realizando las diferentes organizaciones, para poder ampliar y mejorar los modelos técnicos de certificación de edificaciones sustentables, que permitan medir la huella de carbono”, señaló.

  Por su parte, Margarita Cordaro, jefa del Departamento de Construcción Sustentable de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, valoró el convenio que tiene con el Ministerio de Energía y el Instituto de la Construcción, el cual representa una trayectoria enorme. “Recientemente estuvimos presentes en la COP26 con la formulación temprana de sustentabilidad. Nuestro aporte va enfocado hacia la parte operativa, en la que se miden, se evalúan y certifican las obras. En este contexto, el convenio nos permite medir para llegar a una Net Zero Energía y Net Zero Carbono”, dijo.

Para Paola Molina, presidenta del Comité Directivo de CES, un acuerdo tripartito es una gran oportunidad para diseñar, desarrollar y ejecutar obras más competitivas, más eficientes, que minimicen su impacto en el ecosistema. “Pudimos constatar en la COP26, que el sector construcción es una de las áreas donde podemos generar más pronto acciones para poder mitigar y adaptarnos al cambio climático”, afirmó en este aspecto. De ahí que el uso de instrumentos como las certificaciones sea vital para mejorar los estándares y medir el avance de la construcción sustentable en Chile.

Temas abordados

Para desarrollar el camino hacia la Net Zero Energía y Net Zero Carbono, en el marco del convenio de colaboración, se desarrolló un estudio de modo de poder definir para Chile los alcances de ambos conceptos. El estudio fue ejecutado por EBP Chile y el Centro Tecnológico para la Construcción CTeC.

“El objetivo general del estudio es definir aspectos técnicos que nos permitan desarrollar la definición Net Zero Energía para Chile e integrarse a la certificación CES”, comentó Natalia Reyes, investigadora del CTeC. Según la especialista, a nivel internacional, existe una política pública fuerte junto a una estrategia comunicacional efectiva, donde, “incluso muchos ministerios han cambiado sus nombres, como el Ministerio de la Transición Ecológica en España, por ejemplo, posicionando el cambio a nivel comunicacional”.

Un referente destacado por Monserrat Bobadilla de la agencia EBP, es Suiza donde las certificaciones ya han sido adaptadas a marcos regulatorios. Allí, hay demandas máximas de 35 kW/h/m2 año, suplir el consumo energético con autoproducción y con un 0% de matriz energética fósil, recalcó la investigadora, argumentando que “es más fácil adaptarse con este instrumento, ya que otros buscan reducir en porcentajes”.

Asimismo, Bobadilla comentó el caso español, donde valoró aspectos como: las instalaciones térmicas de la edificación; las condiciones para la iluminación limitando la potencia máxima y un sistema de control y regulación; además de contribución mínima de energía renovable; agua caliente sanitaria; envolventes; entre otros.

Los instrumentos que ayudarán a validar la Net Zero Energía como Net Zero Carbono permitirán generar los nuevos lineamientos para el desarrollo de futuras certificaciones CES, según el jefe de CES, Hernán Madrid, quien adelantó las ventajas de la nueva plataforma, además de las consideraciones en la versión 1.1.

Finalmente, Bárbara Rodríguez, profesional de la Unidad de Infraestructura, Edificación y Ciudades del Ministerio de Energía, aseguró que “al 2025 debemos contar con la información de carbono incorporado de todas las edificaciones nuevas y existentes, un gran trabajo en las metodologías, gobernanza, levantamiento y disponibilidad de datos. En 2030 esperamos que el 100% de los edificios reporten públicamente su huella de carbono operacional e incorporado, a través de un instrumento obligatorio”.

Fuente: CES

El carbono no es malo, de hecho, combinado con oxígeno e hidrógeno a la vez, puede formar los ácidos grasos que dan forma a la vida, pero también se puede unir de muchas formas más; así, combinado solo con hidrogeno, puede formar cadenas de hidrocarburos y con ellos los combustibles fósiles. Finalmente éstos, al reaccionar con oxígeno y calor, dan origen a gases como el monóxido y dióxido de carbono, gases de efecto invernadero (GEI).

Te invitamos a revisar la columna de nuestro gerente Marcos Brito en la revista Negocio & Construcción.

Por Francisco López, subsecretario de Energía.

En Chile nos hemos puesto la meta de ser un país Carbono Neutral al 2050. Es por eso que estamos impulsando decididamente una serie de iniciativas. 

Entre ellas, están el plan de cierre de centrales a carbón, el fomento de las energías renovables, el desarrollo de una industria de hidrógeno verde, y la electromovilidad. 

Todos estos pilares estratégicos son necesarios y están siendo abordados de manera sistemática por el Ministerio de Energía. Pero sabemos que es la eficiencia energética la que más contribuye a esa meta: representa más de 35% de las reducciones de gases de efecto invernadero proyectadas al 2050. 

A mediados de enero, el presidente Sebastián Piñera promulgó la primera Ley de Eficiencia Energética (N°21.305), que promoverá el uso eficiente de la energía que hoy nos conecta, nos ilumina y nos abriga.

Con su puesta en ejecución, lograremos al 2030 una reducción de la intensidad energética del 10%, un ahorro acumulado de US$15.200 millones y una reducción de 28,6 millones Toneladas de CO₂: lo anterior equivale a evitar el recorrido anual de 15,8 millones de vehículos livianos o a la absorción anual de 1,8 millones de hectáreas de bosque nativo. 

Esta ley exigirá a los grandes consumidores que implementen sistemas de gestión de la energía. Con ello, reducirán sus consumos de manera sistemática, bajando también sus costos económicos y aumentando la productividad. 

Se exigirá también nuevos estándares de eficiencia energética para el parque vehicular nuevo, promoviendo la electromovilidad. Esta ley, además, declara al hidrógeno, expresamente como combustible. 

Las edificaciones nuevas tendrán un etiquetado como el que hoy tienen los electrodomésticos o vehículos. ¿Por qué esto es importante? Porque las edificaciones consumen casi un cuarto de la energía total del país, y parte importante de ésta se destina a calefacción. 

De esta manera, la ley de Eficiencia Energética establece que edificaciones nuevas, como viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficinas, cuenten con una Calificación Energética para obtener la recepción final o definitiva.

Esta etiqueta deberá incluirse en toda publicidad de venta que realicen empresas. La norma es aplicable a empresas constructoras e inmobiliarias y a Servicios de Vivienda y Urbanismo. Además, la ley crea el registro de evaluadores, quienes realizarán las calificaciones energéticas de las edificaciones. 

Desde lo práctico, creemos que esta indicación de la ley será muy positiva para las personas, pues este etiquetado -por ejemplo- permitirá a las familias tomar una decisión informada a la hora de comprar una vivienda y así optar por la que represente un mayor confort térmico, que considere por ejemplo el uso de equipos eficientes, o energías renovables no convencionales; permitiendo así un mayor ahorro en calefacción, enfriamiento, iluminación y agua caliente sanitaria.

En concreto, la etiqueta de eficiencia energética mostrará cuál es el porcentaje de ahorro en la demanda de energía para lograr calefacción, enfriamiento e iluminación apropiados para la vivienda, y el nivel de eficiencia energética en función del porcentaje de disminución de la demanda de energía. Gracias a ello, las viviendas contarán con una etiqueta con colores, porcentajes y letras, que van desde la A+ a la G, siendo esta última la menos eficiente, mientras que la letra E representa el estándar actual de construcción.

La Ley de Eficiencia Energética es un gran paso, y nos abre grandes posibilidades de acción a todos para reducir nuestra huella de carbono, para ahorrar en costos económicos, para lograr nuestra meta de carbono neutralidad, y mejorar además de manera considerable nuestra calidad de vida.

Chile contará con un gran incentivo para mejorar la eficiencia de los edificios públicos y privados, el que también dará más rentabilidad a los actores del rubro inmobiliario con foco en el reacondicionamiento térmico.

Luego de dos años de tramitación en el Congreso, el proyecto de Ley de Eficiencia Energética, al fin es una realidad. Dicha iniciativa promueve el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, lo que contribuiría a mejorar la productividad, la competitividad y la calidad de vida de las personas. De aplicarse adecuadamente las medidas contempladas a 2030, el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, estima una reducción de intensidad energética del 10%, un ahorro acumulado de US$15.200 millones y una reducción de 28,6 millones Ton CO₂.

Pero, además, la nueva ley afectará a la industria de la construcción tanto de manera directa como indirecta, según el director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), Ignacio Santelices. “De manera directa, estableciendo que todas las edificaciones nuevas: viviendas, departamentos, oficinas, etc., deberán contar con una calificación energética, salvo algunas excepciones que establece la ley”, detalla.

En este contexto, los consumidores podrán acceder a edificaciones nuevas de manera más informada respecto de su consumo de energía, lo que está muy relacionado con la forma en que se construyen las edificaciones. En tanto, las inmobiliarias tendrán el incentivo de construir con mayores estándares de eficiencia energética y así contar con una etiqueta más eficiente al momento de la venta, destaca Santelices.

Ahora, indirectamente, la Ley de Eficiencia Energética establece que todas las empresas intensivas en el consumo de energía tienen que implementar Sistemas de Gestión de Energía e impone la obligatoriedad a todos los servicios públicos de contar con gestores energéticos capacitados y medir el consumo de sus edificaciones. “Esperamos que con esto se genere un incentivo importante para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y también de los privados y así se genere una mayor actividad económica en el sector inmobiliario con foco en temas como el reacondicionamiento térmico”, señala el director ejecutivo de la AgenciaSE.

La meta que establece el proyecto de ley es generar un 10% de reducción de la intensidad energética a 2030 y, además, se estima que esta nueva Ley de Eficiencia Energética podría contribuir en más de un 7% a la meta de carbono neutralidad a 2050. 

Calificación energética de edificaciones

• Las viviendas consumen casi un 15% de la energía total del país, y parte importante de esta se destina a calefacción, según el Balance Nacional de Energía del Ministerio de Energía.
  
• La cantidad de energía destinada a calefaccionar un hogar u edificio depende en gran medida de la aislación térmica de estos.
  
• El proyecto de ley establece que las edificaciones (viviendas y edificios), deberán contar con una Calificación Energética (Etiquetado) para obtener la recepción final o definitiva.
  

Foto de Leonardo Cardozo Galves en Pexels

En seminario del Instituto Nacional de Normalización se conocieron los avances en regulación que buscan lograr una construcción más sostenible, considerando todo el ciclo de vida de los edificios.

El seminario “Marco normativo para la planificación de la vida útil en edificaciones” fue la primera actividad de difusión del proyecto “Innova – CORFO: herramientas normativas para la planificación de la vida útil en edificaciones, método de cálculo y planificación”. Ejecutado por el Instituto Nacional de Normalización y Chile GBC y respaldado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el estudio dio origen a ocho nuevas normas que buscan determinar la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, para facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida.

En la apertura de la jornada, Emilio Rojas, profesional de la División de Normas del INN recordó que el sector construcción es responsable del 34% de la generación de residuos sólidos y de, al menos, el 33% de las emisiones de gases efecto invernadero. En este sentido, afirmó que pequeños cambios pueden generar una mejora significativa, siempre y cuando haya una concientización de todos los actores relevantes de la cadena productiva. 

“Es una primera ganancia sentar las bases, hablar de una terminología común y establecer cuáles son los lineamientos generales para comenzar a hablar de la vida útil de las edificaciones”, afirmó el especialista del INN. Asimismo, Emilio Rojas comentó que al hablar de la vida útil, muchas veces no se consideraba la parte de diseño, porque “probablemente, algunos pensaban que las edificaciones son eternas y que jamás se iba a terminar su periodo de vida útil”, argumentó. 

Además, el profesional sostuvo que no se consideraba que los materiales pudieran tener su desempeño completo durante cierta cantidad de tiempo o se pensaba que siempre iba a ser así: “que el material se iba a comportar de la misma manera frente a distintos ambientes”, dijo. 

Sin embargo, según Emilio Rojas, el proyecto que ejecutan el INN y Chile GBC podría disminuir las brechas e identificar en el Programa Estratégico Nacional de Productividad y Construcción Sustentable de Construye2025 un marco de normas técnicas que especifiquen una metodología para la determinación de la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, lo cual permita facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida. 

El impacto de las nuevas normas

“Tuvimos ocho normas que las podemos identificar en tres aspectos. Una norma general que es la norma NCh 3447 parte 1, que establece los principios generales y un marco de trabajo para la estimación de la vida útil de las edificaciones; todos aquellos documentos que son fuentes de datos o entregan la manera de poder estimar estos datos y una evaluación de desempeño; la parte tres que son las auditoría y análisis de desempeño; y la parte cuatro que es planificación de la vida útil utilizando BIM”, comentó el profesional del INN.

 Las otras normas establecen los procedimientos y la metodología, el cálculo para el costo del ciclo de vida, la vida útil de referencia y su estimación. “Hemos identificado que existe la planificación, luego la fase de diseño, después la de construcción, la de gestión del activo, la de rehabilitación y la fase de fin de la vida útil. Asimismo, tenemos la identificación de las etapas por cada una de las fases”, explicó Emilio Rojas. 

Posteriormente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable y profesional de la Ditec-Minvu, Paola Valencia, expuso sobre la “Hoja de ruta para la estrategia nacional de huella de carbono del sector construcción”, cuyo primer primer pilar es la educación, para desarrollar estándares, normas y contenido que defina qué es sustentabilidad en la construcción. Igualmente, la especialista destacó el eje de habitabilidad y bienestar, que vela por la calidad de vida de las personas y del ecosistema. Junto con eso, valoró la innovación y la competitividad, en relación con la gobernanza multinivel e intersectorial que el Estado ha estado promoviendo. 

“El cálculo de la huella de carbono en la edificación tiene que ser de ciclo completo y, particularmente, necesitamos definir y ojalá tender a que la industria de la construcción vele por una vida útil que nos asegure una menor huella de carbono y promover construcciones de mayor durabilidad. Esta normativa que estamos trabajando acá, nosotros la apoyamos y la impulsamos porque nos interesa introducirla a las metodologías y en el trabajo de la mesa de huella de carbono”, acotó Paola Valencia. 

Además, recordó que con el apoyo del Construye2025 se ha impulsado la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción”, con un enfoque de economía circular; y el plan de adaptación al cambio climático de ciudades donde participan diez instituciones lideradas por el Minvu. Finalmente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, destacó la Calificación Energética de Viviendas y la Certificación Edificio Sustentable (CES), que nació en 2014, administrada por el Instituto de la Construcción con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos y la Cámara Chilena de la Construcción. 

“Con respecto a la huella de carbono, tenemos una mesa que nace el 2018 en el Ministerio de Vivienda, instalada en el Instituto de la Construcción (IC) donde participan muchas instituciones, pero las mandantes son de carácter público y gremiales, principalmente”, comentó Paola Valencia. En este aspecto, recordó que en 2016 se empezaron a armar los lineamientos de trabajo para la metodología de monitoreo, reporte y verificación de huella de carbono para el ciclo de vida completo; levantamiento de base de datos; y calculadoras de huellas de carbono.

Enseguida, Gabriela Sabadini, jefa del Área Técnica de Proyectos y Estudios de Chile Green Building Council, explicó que también es importante apoyar la formación profesional. “Tenemos un equipo técnico con bastante conocimiento y experiencia y tenemos una serie de capacitaciones, no solamente asociadas a sistemas de certificación, sino que nos hemos ido moviendo un poquito más allá, implementando estrategias como por ejemplo en economía circular, manejo de residuos, salud y bienestar; incorporando no solamente el concepto de la edificación, sino el por qué este mandante o este dueño de este edificio decidió implementar alguna estrategia de sustentabilidad o certificar un edificio”, acotó.

En este contexto, la especialista de Chile GBC puso énfasis en la visión holística de los impactos del sector construcción y sus emisiones. “La gran mayoría de las emisiones que conocemos son las asociadas a las emisiones operacionales, esto es, durante el periodo de uso del edificio. Sin embargo, éstas representan no más del 20% de las emisiones totales del ciclo completo de esta edificación, no se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la distribución del material, la fabricación del mismo y qué hago cuando este edificio llega a su fin de uso o se transforma”, dijo. 

El rol de Construye2025

Al cierre del seminario, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia, destacó las oportunidades en economía circular, tanto en la construcción como en la vida útil de un edificio. “Como programa tenemos distintos grupos de trabajo. Uno es el comité gestor de RCD y economía circular; y, en conjunto y bajo la visión estratégica de los ministerios, se formó un comité consultivo público que dio lugar a una hoja de ruta sobre economía circular en construcción. Partimos de la visión del uso eficiente de los recursos en el ciclo de vida de los proyectos, tanto de edificación como infraestructura, involucrando a toda la cadena de valor con el objetivo de alcanzar una gestión ambientalmente racional de los residuos e impactar en forma positiva en lo social, ambiental y económico”, detalló.

En este contexto, Alejandra Tapia presentó los 5 ejes estratégicos de Construye2025, valorando el de planificación territorial con enfoque circular y el de la coordinación pública que fomenta licitaciones con una buena gestión de recursos y residuos y que busca que en se apliquen herramientas y metodologías para implementar criterios de economía circular a partir del año 2035.

En cuanto a ecosistema y cadena de valor, la especialista en sustentabilidad enfatizó en la necesidad de desarrollar una industria de proveedores, pero también en la investigación, el desarrollo, la innovación y en la importancia de la colaboración de la academia para formular proyectos, para nuevos materiales, para generar información que nos sirva para la implementación de la economía circular. 

“La economía circular tiene tres principios que tienen que ver con preservar y mejorar el capital natural controlado por existencia finita y equilibrando los flujos de los recursos naturales o renovables, optimizar los rendimientos y recursos haciendo recircular los componentes y materiales, y fomentar la efectividad del sistema diseñando la externalidades negativas, eliminando por ejemplo, la toxicidad de materiales y todo esto”, afirmó Alejandra Tapia. 

En este aspecto, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 reiteró que hay mucho que hacer en capacitación y regulación de mantenciones preventivas para alargar la vida útil de nuestras edificaciones. “Mil millones de dólares al año se gastan solamente en mantenciones, por lo que hay enormes oportunidades para las empresas; por parte del Estado también hay gastos considerables, ya sea por daño, por obsolescencia de bienes públicos”, indicó.

Asimismo, Alejandra Tapia destacó las oportunidades que se abren al proyectar a partir del diseño, al considerar cuánto va a durar cada una de las capas de los componentes de los materiales para, luego, renovarlos o reutilizarlos; y también valoró los espacios que se abren para las pymes en la reparación de componentes, de elementos constructivos y de revestimiento, entre otros. “Si no puedes cambiarlo, tenemos que cambiar la forma de pensarlo”, concluyó.

El Seminario completo está disponible AQUÍ.

Durante la Semana de la Madera se reunieron autoridades de diversos ministerios, quienes abordaron las ventajas de los sistemas industrializados y los desafíos que se presentan para su masificación.

En el Seminario “Oportunidades sector público y privado”, de la Semana de la Madera, que fue moderado por los gerentes de los programas de Corfo Madera de Alto Valor y Construye2025, José Pablo Undurraga y Marcos Brito, respectivamente, la industrialización fue protagonista. Cuatro exponentes del sector público abordaron el espacio que se abre tanto para la madera, cuyo uso en la construcción ha sido fuertemente promovido por dichos programas.

Para Construye2025, las metas son claras: masificar las edificaciones industrializadas y, al mismo tiempo, incorporar elementos de la economía circular en todas las licitaciones públicas. El espacio para ello es amplio. El Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Raul Irarrázabal, recordó que el plan de recuperación del Gobierno considera una cartera de al menos 32 proyectos de edificación pública por 133 mil millones de pesos a 2022, dentro de los cuales se encuentran nueve comisarías, nueve edificios sectoriales del MOP y tres dependencias para el Servicio Nacional de Aduanas.

En este ámbito, la autoridad explicó que el MOP presenta solamente un diseño referencial, no el definitivo, lo cual permite incorporar en el proyecto todos los sistemas que la constructora estime, de industrialización y, ojalá, en madera, según dijo. “Se abre la oportunidad a todos los proveedores y constructoras de incluir estructuras, revestimientos, o lo que estimen, en madera. Obviamente, pueden existir otros sistemas de industrialización, pero esta es una buena oportunidad para la madera”, puntualizó.

No obstante, hay una piedra de tope. “La edificación pública está muy mal estandarizada en todo Chile. Hay diferencias muy grandes en cómo la entendemos: una municipalidad entiende una cosa, otra institución pública entiende otra y, nosotros, como Dirección de Arquitectura, tenemos otro estándar y tenemos, de alguna manera, un desorden ahí. Por eso, estamos desarrollando una Política de Edificación Pública, para que la ocupen todas las unidades técnicas del país”, señaló Raúl Irarrázabal.

Certificación CES

Para el Gobierno, los principales focos son: la calidad de la arquitectura, la eficiencia de los recursos y la sustentabilidad. En este último aspecto, la Dirección de Arquitectura espera, por ejemplo, implementar la Certificación Edificio Sustentable (CES) en todos los edificios y fomentar la economía circular. “En el ámbito de la eficiencia, se consideran estudios de costo por metro cuadrado y capacitaciones, mientras que en la calidad, serán relevantes, entre otros puntos, la estandarización de bases de consultoría, la implementación BIM y la participación ciudadana en los proyectos”, detalló el Director Nacional de Arquitectura del MOP.

 En este contexto, algunos de los proyectos icónicos que expuso en el seminario de la Semana de la Madera fueron: la Biblioteca Municipal de Nueva Imperial, la Escuela G70-Pivadenco, la Escuela Estación Toltén y la Escuela Los Troncos.

Otras obras públicas de edificación

Por su parte, el jefe del Área Arquitectura del Departamento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Esteban Montenegro, destacó a la Escuela Cantino en Vilcún, en la Región de La Araucanía; y a la Escuela Roberto White en Palena, en la Región de Los Lagos. “En todos los proyectos de reposición, desde 2015, hemos establecido como requisito la Certificación CES, bajo el convencimiento de que la sustentabilidad es vital, pero también porque nos interesa contar con certificaciones que aseguren las condiciones de confort en los espacios educativos”, comentó.

 Luego, la arquitecta del Departamento de Proyectos Hospitalarios del Ministerio de Salud (Minsal), Ana María Barroux, que prepara estándares y lineamientos técnicos, guías metodológicas, orientaciones y criterios, para el diseño de proyectos de establecimientos de salud, se refirió a la amplia cartera de proyectos del Minsal. “Desde marzo de 2018 se han construido 75 proyectos CESFAM, CECOSF y SAR, que se han sumado a la red asistencial y otros 72 se están construyendo o licitando, además, de 257 postas de salud rural, con una superficie de unos 250 m2 cada una, programadas entre 2020 y 2027”, dijo.

 Según la arquitecta, es muy factible que los proyectos de atención primaria se puedan acoger a algún sistema de construcción industrializado, aunque, hasta ahora no se ha dado mayormente, salvo en construcciones menores. Esto, “principalmente, debido a los criterios de seguridad hospitalaria del ministerio, con altos indicadores de resistencia al sismo, lo que ha hecho que se optara por estructuras de hormigón armado. Pero es algo que se debe revisar en los establecimientos de atención primaria”, afirmó.

Enseguida, el jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda, Erwin Navarrete, recordó que, al menos, en viviendas, la construcción industrializada es un 33% más rápida, en comparación con las materialidades. “La manera de construir con madera debe ser industrializada para que haya un valor agregado y mucho tiene que ver con el diseño”, puntualizó. En este contexto, Navarrete se refirió a la inminente licitación de la Villa Panamericana de Cerrillos, en la que se premiará el uso de industrialización y BIM por primera vez, proyecto que albergará a los deportistas de los Juegos Panamericanos de 2023, pero además quedará como infraestructura habitacional, aportando 1.100 unidades habitacionales.

Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Minvu.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha asumido, desde su ámbito, un importante compromiso con el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales y la calidad de vida de los chilenos, y por ello hemos impulsado una serie de políticas y estrategias que consideran la sustentabilidad como eje transversal.

 Estas acciones responden a una agenda sustentable que considera iniciativas, tanto ministeriales como colaborativas, con otros organismos públicos y del sector privado, que buscan optimizar la calidad de la construcción en términos de eficiencia energética y sustentabilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de las viviendas y su entorno, y así cuidar las condiciones de habitabilidad y de salud de las personas que las habitan, sobre todo considerando la situación actual que estamos viviendo a nivel global.

En este contexto, surge la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), iniciativa que hemos presentado al público técnico hace unos días en un evento online organizado por Chile GBC, instancia en la que compartimos con la Certificación Edificio Sustentable (CES), un proyecto homólogo que coincide en sus líneas estratégicas con la CVS.

Ciertamente, agradecemos y valoramos la oportunidad de haber participado con éxito en este webinar que, junto con responder a los desafíos comunicacionales que plantea esta contingencia mundial, tuvo un alcance masivo que nos permitió dar a conocer, no sólo el sistema, sino también sus beneficios y logros a la fecha, además de su preponderancia dentro de la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable que hemos estado impulsando.

Creo necesario enfatizar que con la CVS nos hemos propuesto aportar una herramienta que valore los atributos que hacen de una vivienda un espacio amigable, tanto para sus habitantes, como para el ambiente y el entorno en el que se emplaza, y que permita informar de manera fidedigna cuán sostenible es una edificación, considerando todo su ciclo de vida, desde su diseño, hasta su etapa de operación. Estamos apostando a que la ciudadanía, en un futuro cercano, pueda acceder a modelos de viviendas con un mejor estándar y más sustentables en forma masiva, cuyos beneficios se verán reflejados en la reducción de sus gastos y en un incremento en la durabilidad de las viviendas.

Asimismo, debo destacar que, desde el inicio del período de marcha blanca del sistema, que comenzó en febrero del presente año, se han registrado 43 proyectos que están próximos a iniciar su precertificación, lo que se traducirá en la evaluación de más de 8 mil viviendas a nivel nacional. Uno de estos proyectos denominado “Goycolea 100” ya ha logrado la precertificación en nivel Sobresaliente, el máximo que ofrece la certificación, dado que reúne más del 60% de los atributos que la CVS exige.

Junto con lo anterior, y fundamental para para velar por la sustentabilidad de nuestros proyectos, es que estamos trabajando en incorporar esta certificación en el Programa de Integración Social D.S. N° 19, que cumple hasta el 92% de los requerimientos mínimos de la CVS. Esto nos permitirá poner en valor el estándar de sustentabilidad que tiene este programa, y lo importante que es darlo a conocer, pues es una muestra de que las viviendas sociales también pueden ser sustentables.

Creo necesario agradecer a todas las instituciones que han colaborado en la concreción de esta iniciativa, entre ellas, a los ministerios de Energía y de Medio Ambiente, al Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectura, el Instituto de la Construcción, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la Cámara Chilena de la Construcción y el Centro Tecnológico para la Innovación, entre otras entidades públicas y privadas.

Gracias a su aporte hemos logrado hacer posible este proyecto que nos posiciona en un lugar de liderazgo en materia de certificación de edificación habitacional a nivel latinoamericano, y que contribuye a generar una mejora sustancial en el estándar constructivo nacional, lo que permite finalmente elevar la calidad de vida de las familias de nuestro país.

En Chile, las herramientas CES, CVS y CEV hoy promueven la optimización energética. Como complemento, se tramita en el Senado una Ley de Eficiencia Energética que buscará disminuir aún más el consumo. 

La edificación de tipo comercial, pública y residencial es responsable del 21% del consumo de energía en Chile, según la Ruta Energética 2018-2022 del Ministerio de Energía. Pero hay herramientas disponibles en Chile que trabajan para disminuir dicho porcentaje. Se trata de las certificaciones Edificio Sustentable (CES), Vivienda Sustentable (CVS) y la Calificación Energética de Viviendas (CEV), sumadas a la Ley de Eficiencia Energética -que se encuentra en tercer trámite en el Senado.

Estas se agrupan de acuerdo a sus características en calificaciones y certificaciones. Además, se dividen por los usos o destinos de la edificación a los que se aplican.

Por una parte, las calificaciones abordan únicamente las variables de demanda y consumo de energía, y pueden entregar un indicador de emisiones de CO2eq durante la operación, basado en el consumo de energía. Asimismo, sus metodologías para la estimación de consumos de energía tienen una aproximación más simplificada, principalmente producto de la masividad de su aplicación. 

Actualmente, “tenemos disponible en el país la Calificación Energética de Viviendas (CEV) desde el año 2012, y producto de la Ley de Eficiencia Energética se creará en los próximos años una calificación para edificios de uso público, comerciales y oficinas”, comenta Hernán Madrid, jefe de CES.

Por otra parte, las certificaciones abordan una mayor cantidad de variables en su evaluación, incluyendo demanda y consumo energía, pero extendiéndose a calidad del ambiente interior, eficiencia en el uso de agua, materiales y residuos, entre otras. “Las metodologías de análisis suelen ser más complejas e incluyen una evaluación de tercera parte. Actualmente, tenemos disponibles la Certificación Edificio Sustentable (CES) para edificios de uso público, comerciales y oficinas desde 2014, y desde este 2020 la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), que se aplica a viviendas y a la que se integra la CEV en sus variables de energía”, sintetiza el profesional.

Y la nueva Ley de Eficiencia Energética, incluso, traerá aparejado el desarrollo de la definición y certificación “Net Zero Energy” en Chile, para edificaciones de uso público y residencial. Además, el programa “Gestiona Energía” fortalecerá las capacidades técnicas de los gestores energéticos de los servicios públicos y ampliará la cantidad y tipo de edificios monitoreados, incorporando medición inteligente. 

Calificación Energética de Viviendas

Entre las  importantes herramientas orientadas a optimizar el consumo de energía, está la Calificación Energética de Viviendas (CEV), instrumento diseñado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Ministerio de Energía, que inició sus funciones en 2012 para promover el atributo de eficiencia energética en las edificaciones de uso residencial. 

Desde este año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está trabajando en los documentos reglamentarios necesarios para la implementación de la obligatoriedad de la CEV (Reglamento de la CEV y Reglamento del Registro de Evaluadores Energéticos). Además, los equipos regionales del ministerio se concentran en fortalecer las capacidades instaladas y aumentar el número de evaluadores y fiscalizadores.

Una vez aprobada la Ley de Eficiencia Energética, los proyectos nuevos de viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficinas deberán contar con una calificación energética para obtener la recepción final o definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales respectiva. La obligación de precalificación y calificación energética respecto de viviendas, regirá transcurridos 24 meses desde la publicación de la norma. 

Certificación Edificio Sustentable

Asimismo, un sistema de certificación voluntario evalúa las edificaciones de uso público en Chile, tanto nuevas como existentes, considerando una serie de parámetros que incentivan el diseño y la construcción sustentable. La Certificación Edificio Sustentable -desarrollada por el Instituto de la Construcción con el apoyo de 13 instituciones públicas y privadas-  busca que el mercado valore mucho más este tipo de construcciones.

“Las variables se agrupan en líneas de acción como calidad de ambiente interior (confort térmico, acústico, calidad del aire e iluminación), energía (demanda, consumo y energía incorporada), agua (demanda, consumo y energía incorporada), residuos y gestión”, explica Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable.

Certificación Vivienda Sustentable

La Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) es una herramienta pensada para mejorar la calidad de vida a las personas a través del cuidado del desempeño de los proyectos de vivienda a nivel nacional. Para ello, utiliza como base los Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas, publicados en 2016 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

Esta herramienta ayudará a definir los mínimos requerimientos para catalogar una vivienda como “sustentable” y, además, para poner en valor experiencias de edificación residencial que incorporen parámetros de eficiencia energética, hídrica, uso de materiales sustentables, gestión de residuos, medidas de mitigación de impacto ambiental, mejor calidad ambiental para las personas y medidas de respeto al entorno urbano y cultural, durante todo el ciclo de vida del proyecto, es decir, desde el diseño y construcción, hasta la operación.

Fuente: Certificación Edificio Sustentable

Compromiso de mitigación y adaptación de Chile para cumplir Acuerdo de París incorpora de forma inédita un “Pilar social de transición justa-Desarrollo sostenible” como un componente estructurante para enfrentar el cambio climático. Además, en adaptación se pone foco en recursos hídricos y los reconoce como áreas de mayor urgencia, así como la incorporación de restauración de la naturaleza y su provisión de bienes y servicios. Se incrementa protección de océanos y se duplican metas forestales respecto de 2015. Ministra de Medio Ambiente señaló que los NDC “son las guías que deben marcar el rumbo para la recuperación sustentable de la crisis socioeconómica post COVID-19”.

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, entregó hoy formalmente a la presidenta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Patricia Espinosa, el Compromiso Determinado a nivel Nacional (NDC) de mitigación y adaptación de Chile -así como las medidas e instrumentos concretos para su implementación- en el marco de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de París, el que fue definido como una meta intermedia en el camino a alcanzar la carbono neutralidad del país al año 2050.

En materia de mitigación, Chile se compromete a alcanzar un peak máximo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al año 2025, y alcanzar un nivel de emisiones absolutas de 95 millones de toneladas de CO2 equivalente al año 2030. Ambos compromisos implican una reducción respecto de la propuesta original que fue sometida a consulta pública, donde el peak de emisiones se había establecido en 2027 y las emisiones absolutas en 97 millones de toneladas de CO2 eq a 2030.

A esto se suma un presupuesto de carbono para el período 2020-2030 de 1.100 millones de toneladas de CO2 eq, y el compromiso de reducción de al menos un 25% de las emisiones de carbono negro al año 2030, con base a 2016.

La actualización de la NDC nacional, tras el proceso de consulta pública que fue “abierto a escuchar y cambiar, lo que permitió mejorarla fuertemente” -señaló la ministra Schmidt-, incorporó algunas de las 1.573 observaciones provenientes de la sociedad, la academia, el sector productivo y financiero, así como el aporte entregado por el Comité Científico de la COP25 a través de sus siete mesas temáticas.

Así, se incorporó de forma inédita lo que se denominó “Pilar social de transición justa-Desarrollo sostenible” como un componente estructurante en los compromisos de Chile para enfrentar el cambio climático, y dar cumplimiento al Acuerdo de París, teniendo como orientador principales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que componen la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

“Este pilar permea a los anteriores, y es tremendamente fundamental porque le da un foco a la NDC en las personas en sus territorios. Este pilar social establece un proceso de transición justa para la descarbonización, así como el aporte de cada compromiso adquirido a los ODS, con especial foco en género, superación de la pobreza, agua y saneamiento, energías limpias y no contaminantes, entre otros”, dijo la ministra Schmidt.

El foco de los compromisos establecidos en la NDC, agrego la titular del Ministerio del Medio Ambiente, está determinado por la transformación de Chile hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas en sus territorios.

“Son las guías -agregó- que deben marcar el rumbo para la recuperación sustentable de la crisis socioeconómica post COVID-19. Es por esto que Chile, como presidencia de la COP25, hace un especial llamado a los países a presentar la actualización de la NDC con mayor ambición y mayor transparencia durante este año 2020”.

Según indicó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet -quien también estuvo en la presentación de la NDC junto al ministro de Ciencias, Andrés Couve-, la contribución de cada uno de los sectores en las medidas necesarias para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 -de la que la NDC es un punto intermedio- serán de un 25% por parte de la industria sostenible, un 21% por el uso de hidrógeno verde en reemplazo del diésel en la minería e industria, un 17% de la electromovilidad, otro 17% de la edificación sostenible y un 13% del retiro de centrales de generación a carbón, y un 7% corresponde a la eficiencia energética.

Todas estas medidas se calcularon en términos de costo-beneficio incluyendo todos los sectores -energía, forestal y otros-, lo que determinó que el costo de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 requiere de una inversión inicial de US$ 41.300 millones, las que van a generar un ahorro en el tiempo de US$ 78.400 millones.

“Por lo tanto -agregó-, en el neto este plan de carbono neutralidad va a generar beneficios de más de US$ 27.000 millones para la economía chilena, y esto sin incluir los co beneficios por reducción de emisiones locales, en el cuidado de la salud de las personas y otros. Por tanto, ese número que ya es positivo está subestimando los beneficios de estas medidas”.

Por su parte, el ministro Couve destacó el que “por primera vez la comunidad científica nacional participó activamente para aportar con evidencia en la actualización de la NDC. Esta participación se materializó a través del Comité Científico COP25, donde más de 600 científicos nacionales organizados en siete mesas de trabajo aportaron con evidencia que permitió contextualizar qué significa incorporar el presupuesto de carbono en la realidad chilena y, junto con ello, establecer con claridad una meta y un año peak en materia de emisiones de Gases Efecto Invernadero”.

Cuatro áreas de integración

En materia de integración, un aspecto que fue considerado por primera vez en esta NDC y que incluye compromisos que implican componentes de mitigación ya adaptación, se establecieron metas específicas para cuatro pilares: océanos y humedales costeros, turberas, bosques y economía circular.

“La incorporación de los océanos es un compromiso muy relevante para Chile. La COP Azul (como fue denominada la COP25) permitió incorporar a los océanos en la acción climática, y Chile está promulgando que se incorporen compromisos específicos de los océanos en la NDC. Por lo tanto, por primera vez nuestro país está estableciendo compromisos específico en materia de océanos”, dijo la ministra Schmidt.

En este aspecto, se establece una meta específica de proteger al menos el 10% de la Zona Económica Exclusiva en aquellas regiones sub-representadas, principalmente en la zona centro-norte del país. Junto con ello, todas las Áreas Marinas Protegidas (AMP) creadas al año 2020 contarán con planes de manejo y se encontrarán en implementación, y se evaluaran sus co-beneficios en mitigación y adaptación. La gestión de estas áreas marinas deberá realizarse con comunidades locales para el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y de comunidades vulnerables.

Para los humedales costeros, se establecen metas específicas: la protección de 20 humedales costeros a 2025, y otros 10 adicionales al año 2030. En cuanto a las turberas, el compromiso establece la ceración de un inventario nacional de estas a 2025, y para 2030 el desarrollo de indicadores para la evaluación de la capacidad de adaptación y mitigación de las turberas. Adicionalmente, se implementarán acciones para potenciar estos co-beneficios en cinco áreas protegidas públicas o privadas del país.

En materia de bosques, Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación de 200 mil hectáreas de bosques nativos sin condiciones a 2030 (el doble que la NDC de 2015), lo que permitirá capturas de hasta 1,2 millones de toneladas de CO2 eq anuales. Esto considerará una planificación a largo plazo y el cumplimiento de parámetros de rendimiento (corta que garantice crecimiento).

Según señaló la ministra Schmidt, la NDC busca establecer “la relevancia de los bosques para la mitigación y la adaptación. Chile es un país forestal con gran capacidad de captura de carbono, que debemos potenciar de manera sustentable, particularmente haciendo relevancia en la adaptación”.

Adicionalmente, la NDC establece que se forestarán 200 mil hectáreas (también duplica la meta de la NDC de 2015), de las cuales el 50% corresponderá a cubierta forestal permanente -con al menos 70 mil ha de especies nativas- al año 2030, lo que permitirá capturas de hasta 3,4 millones de toneladas de CO2eq anuales. Tras la consulta pública, se especificaron requerimientos para esta medida: se realizará en suelos sin vegetación y de aptitud forestal, promover el uso de especies nativas, favorecer áreas que ayuden a protección de suelos, humedales y cabeceras de cuencas), y la elaboración de un reporte bianual de avances por parte de Conaf al Congreso y al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Adicionalmente, se establece una meta de reducción de emisiones del sector forestal por degradación y deforestación del bosque nativo en un 25% al 2030, considerando las emisiones promedio entre el periodo 2001-2013. Esto implica la realización de acciones como la gestión para la prevención de incendios, para compatibilizar la actividad ganadera y fortalecer la protección fitosanitaria en recursos nativos.

También se incorpora a la naturaleza y su rol en la provisión de bienes y servicios, a través de un mecanismo de restauración a escala de paisajes, el que no estaba considerado ni en la NDC de 2015 ni en la propuesta original, sino que se incorporó a partir del proceso de participación ciudadana. Esto considera la elaboración de un Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes, y la incorporación de un millón de hectáreas al proceso de restauración de paisajes a 2030, priorizando aquellos con mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental.

Finalmente, en economía circular es establece la creación de una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y de una Hoja de Ruta de Economía Circular 2020-2040 durante este año, así como la generación de métricas e indicadores de circularidad al año 2022 para monitorear los avances del país en esta materia.

Compromisos de adaptación: foco en recursos hídricos

En materia de adaptación, se mantiene el compromiso de actualización del Plan Nacional y de los planes sectoriales en esta materia, así como el desarrollo de planes de acción regionales para la adaptación, y la creación de mapas de vulnerabilidad a nivel comunal. A esto se agrega la determinación de los costos de la inacción en esta materia, y al evaluación de riesgo para grupos más vulnerables con enfoque de género.

Pero uno de los focos más importantes se encuentra en materia de agua y saneamiento, el que no estaba especificado en la NDC de 2015. La nueva propuesta de Chile reconoce a los recursos hídricos como el área de mayor urgencia, y compromete la elaboración de planes estratégicos en todas las cuencas del país (101 cuencas), la definición de un indicador de riesgo hídrico, y la creación de un programa de gestión del consumo de agua a través de Huella del Agua, en el marco del programa Huella Chile.

Tras la consulta, se incorporaron además compromisos de saneamiento, y la obligación para toda nueva infraestructura hídrica (embalses) de considerar en su evaluación el proteger a la población y atender de forma prioritaria el consumo humano en situaciones de riesgo, así como la implementación de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

Fuente: País Circular

Son diez las acciones que contempla esta instancia cuyo trabajo está programado se extienda por al menos la primera mitad del 2020.

Fue en junio de 2019 cuando Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y José Pedro Campos, director ejecutivo del Instituto de la Construcción, firmaron el Plan de Trabajo Minvu – IC 2019 y que a la fecha desarrolla iniciativas relacionadas con anteproyectos de norma, estudios técnicos y el Código Modelo Sísmico Regional para América Latina y el Caribe.

Los comités de este Plan de Trabajo, que está asociado al convenio de Colaboración vigente entre ambas instituciones desde 2017, comenzaron a sesionar en los meses de julio y agosto de 2019 y cuentan con las secretarías técnicas de Gustavo Cortés y Nicol Díaz.

Estado de Avance de las iniciativas

• Anteproyecto de Norma de Requisitos: Prisma Rectangular Polimérico para obras de infiltración de aguas: Su secretario técnico es Gustavo Cortés e inició su trabajo el 31 de julio. El comité está integrado por representantes de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, además de ingenieros proyectistas sanitarios, fabricantes de Cubo – Dren y el Dictuc. Actualmente se trabaja en la definición de requisitos y método de validación (resistencia, durabilidad y volumen efectivo).
• Piloto de Observatorio para el mejoramiento de la Edificación Habitacional: Con representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Inmobiliaria Aconcagua, Inmobiliaria – Constructora ISA, DRS Ingeniería, Universidad de Chile a través del Instituto de la Vivienda y el Idiem, Decon de la Universidad Católica, la Asociación de Oficinas de Liquidadores de Seguros y la Asociación Chilena del Vidrio y el Aluminio – Achival, este comité se reúne desde el 7 de agosto y entre sus objetivos se encuentran elaborar, validar y llenar fichas que permitan levantar información respecto a quince tipos de “problemáticas”. Así como también buscan elaborar fichas de soluciones y recomendaciones de diseño y ejecución de partidas. Analizar las problemáticas y propuestas de las soluciones técnicas correspondientes y elaborar el llenado de quince fichas para difusión de soluciones y recomendaciones de diseño y ejecución de partidas. Su presidente es Sebastián Araya del Minvu, el vicepresidente es Rubén Zenteno de DRS Ingeniería y la secretaría técnica está a cargo de Gustavo Cortés.
• Anteproyecto de Norma: Criterios de asimilación para estimar la resistencia al fuego de soluciones constructivas – ensayos de laboratorio nacionales disponibles: La presidencia del comité, que sesiona desde el 9 de agosto pasado, está a cargo de Paula Olivares del Minvu, el vicepresidente es Alejandro Ramírez y el secretario técnico es Gustavo Cortés. La iniciativa ha analizado una serie de documentos entre ellos uno británico que contiene algunos modelos analíticos para asimilar soluciones constructivas.
• Formulación de perfil de proyecto: Elaboración de la metodología de cálculo de huella de carbono para el ciclo completo de la edificación: Tiene por objetivo desarrollar un perfil de proyecto de la metodología de cálculo de huella de carbono para el ciclo completo de la edificación que contenga al menos las siguientes etapas:
  • Levantamiento de base de datos de huella de carbono.
  • Calculadora de huella de carbono.
  • Metodología de monitoreo, reporte y verificación de huella de carbono.

La primera reunión del comité, presidido por Paola Valencia del Minvu, fue el 21 de agosto y cuenta con la participación de profesionales del Minvu, Volcán, el Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón de Chile, el Instituto Chileno del Acero, la Corporación Chilena de la Madera, la Asociación Chilena del Vidrio y Aluminio, los ministerios de: Obras Públicas, Energía, Medio Ambiente, Certificación Edificio Sustentable, el Chile GBC, ADDERE – International EPD System, Edge Chile, ECOEd, consultores independientes, WSP, Universidad Andrés Bello, AZA, la Corporación de Desarrollo Tecnológico y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. La secretaria técnica es Nicol Díaz. A la fecha el comité ha definido el objetivo general y específicos del perfil de proyecto y ha concluido los Términos de Referencia relacionados con la contratación de un estudio sobre el estado del arte nacional e internacional de metodologías de levantamiento de datos.

También forman parte de estas iniciativas los anteproyectos de norma denominados: Actualización NCh146 Placa de yeso-cartón – Requisitos y ensayos (partes 1 y 2) y Criterios de asimilación para estimar la resistencia al fuego de soluciones constructivas considerando ensayos realizados en el extranjero y con norma extranjera.

Por otro lado, existen tres iniciativas que tienen directa relación con el desarrollo del proyecto DOM en Línea y estos son:

• Revisión y actualización de 38 formularios de permisos de edificación: La primera reunión se sostuvo el pasado 14 de agosto, y a la fecha se han actualizado los siguientes formularios:
  • Solicitud de aprobación y Anteproyecto de Obra Edificación.
  • Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Obra Edificación.
  • Solicitud de Permiso de Edificación.
  • Permiso de Edificación.
  • Solicitud de Modificación de Proyecto.
  • Resolución de Modificación de Proyecto.

La iniciativa es presidida por Yuri Rodriguez, de la ADOM, la vicepresidencia está a cargo de Patricia Riveros del Minvu y la secretaria técnica es Nicol Díaz.

• Estandarización del formato y contenidos mínimos de los planos y viñetas de los proyectos: Al igual que el anterior, este comité inició sus sesiones el 14 de agosto y Mónica Salinas del Minvu y Carlos Alberto Urzúa del Instituto de la Construcción son presidenta y vicepresidente, respectivamente. Nicol Díaz ejerce como secretaria técnica. Actualmente, el comité se encuentra trabajando en:
  • Contenidos mínimos de planos para solicitud de aprobación de anteproyecto de obras de edificación.
  • Contenidos mínimos en viñeta y planos para solicitud de permiso de edificación.
• Actualización y estandarización de partidas de acuerdo al tipo de permisos para la plataforma DOM en Línea (parte 2) e instrucciones de uso.

Finalmente, el trabajo de la iniciativa permanente, Código Modelo Sísmico para América Latina y El Caribe, sigue su avance y desarrollo. Durante este año, se realizaron dos jornadas de trabajo, en Guatemala y Panamá en marzo y agosto, respectivamente.

Fue en la instancia de Panamá donde se constituyó la Comisión Permanente del Código Modelo Sísmico de América Latina y El Caribe, a través de un Convenio de Cooperación considerando la necesidad de avanzar en la formalización e institucionalidad de este proyecto de alcance regional.

La Comisión está conformada por entidades públicas, privadas y mixtas de América Latina y El Caribe, todas relacionadas con la elaboración, aprobación, promulgación, promoción, implementación, investigación y verificación de leyes, reglamentos, códigos y normas relacionadas al diseño sísmico de las estructuras de obras y su verificación y su presidente es el ingeniero chileno Rodolfo Saragoni, mientras que el Instituto de la Construcción fue elegido como Secretaría General.

Al mismo tiempo, los subcomités chilenos: Desarrollo Índice y Contenidos CMS AL&EC y Objetivos de Desempeño para edificaciones de América Latina y El Caribe, continúan con sesiones de trabajo. El primero, presidido por Ian Watt, avanza en la planificación del comité y coordinación con el comité ampliado, así como definió las próximas sesiones del comité que están orientadas la revisión de metodología afín, y la preparación de la 5° Jornada de Trabajo que se realizará en Bucaramanga, Colombia en abril de 2020.

Por su lado, el otro subcomité, presidio por Jorge Carvallo ha acordado ampliar el alcance de su trabajo y abordar el análisis lineal/no lineal de forma conceptual, vinculado a los objetivos de desempeño.

En instancias de reuniones internacionales, José Pedro Campos se reunió con profesionales españoles y se iniciaron las gestiones para lograr un Convenio de Colaboración, entre la Comisión Permanente y la Asociación Española de Normalización – UNE y Hernán Madrid tuvo la oportunidad de presentar la experiencia del Código ante representantes del Banco Interamericano de Desarrollo en su sede de Washington D.C.

De acuerdo a lo estimado y concertado por el Minvu y el Instituto de la Construcción se estima que el desarrollo de las iniciativas se extienda durante los primeros meses del año 2020.

Fuente: Instituto de la Construcción