Conquistar al mundo privado, transmitir el valor de la herramienta y contribuir a la meta de la carbono neutralidad que se propone Chile serán los principales retos para la arquitecta durante su gestión como presidenta de CES.
La arquitecta Paola Molina, que ha formado parte del Comité Directo CES desde 2016, asume a partir de julio la presidencia de la Certificación Edificio Sustentable (CES), en representación del Colegio de Arquitectos, entidad a la que le corresponde este liderazgo durante el período 2021-2023.
Este es un desafío que -según dice la profesional- asume con un alto grado de compromiso. “Conozco la certificación desde antes de que naciera. He visto todas sus etapas y procesos a la fecha y creo que es una herramienta súper valiosa a nivel nacional, que permite levantar competencias vinculadas a la sustentabilidad, un tema puesto en la palestra tanto por la calidad de vida como de cara al cambio climático”, señala la nueva presidenta de CES.
Para Molina, quien también preside el subcomité de Economía Circular del Instituto de la Construcción (IC), los mayores retos que enfrenta CES son lograr que se levanten edificios Net Zero y conquistar al sector privado. “Que entiendan que CES es una herramienta muy valiosa, que permite -desde el diseño- disminuir considerablemente las demandas de energía y mejorar la calidad de ambiente interior”, comenta.
Arquitectura y diseño van de la mano, a la hora de responder a las condicionantes relacionadas con el cliente, el clima y otros elementos importantes cuando se toma la decisión de levantar un muro, hacer una ventana o un techo. Paola Molina lo sabe bien y, en este sentido, espera que la reglamentación continúe actualizándose.
Mirando los estándares térmicos a nivel internacional, en todas las ciudades de Chile, se han impulsado planes de descontaminación que buscan generar una cultura sustentable, para desarrollar mejores soluciones constructivas. “CES es una manera de validar esas mejoras, de poder mostrarlas. La calidad del ambiente o la iluminación no son factores tan en la conciencia del usuario, ni las posibilidades que ofrece el diseño para manejar eso. Antes se privilegiaban más las terminaciones, pero no la calidad de ambiente interior”, explica la arquitecta.
Ahora, el objetivo es responder con la herramienta CES promoviendo las condiciones que se necesitan para avanzar hacia la carbono neutralidad, valorizando los edificios con balance energético. “La certificación tiene que ir abordando los incentivos, para que se vaya moviendo toda la industria”, señala Paola Molina.
Si bien las certificaciones internacionales han sido valiosas, en este sentido, al ir poniendo temas de sustentabilidad sobre la mesa, los estados de desarrollo de los países que los generan son diferentes. “Los climas son distintos, eso va generando barreras para lograr la eficiencia esperada. En cambio, las certificaciones nacionales están considerando parámetros sociales, ambientales, etc., a nivel local”, acota la nueva presidenta de CES, quien valora poder contar con un directorio que representa a todo el espectro público-privado, a la academia e industria, lo que aporta una visión amplia y vinculada a la realidad país. “Necesitamos certificaciones como CES, que ayudan con eso”, concluye.
Es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, gerente Técnico & Desarrollo Sostenible de Compañía Industrial El Volcán; director de varias entidades y expresidente del Comité Directivo de Certificación Edificio Sustentable (CES).
Durante la 25ª Asamblea de Socios del Instituto de la Construcción (IC), realizada el jueves 24 de junio, se confirmó como nuevo presidente de la entidad, a Ricardo Fernández Oyarzún, quien ha sido director del IC por más de 20 años.
El nuevo presidente indicó que el Instituto de la Construcción tiene la fortaleza que no tiene ninguna otra institución y es la transversalidad y la capacidad de reunir al ámbito público y privado con un mismo fin.
“El instituto está ad-portas de cumplir 25 años y a través de las instancias que ha creado, como comités, comisiones, consejos y otras, participan alrededor de 300 personas que contribuyen de manera fundamental al desarrollo y mejoramiento de la industria. Eso hay que cuidarlo, reconocerlo e incentivarlo”, señala Ricardo Fernández.
En este sentido, comenta que los próximos dos años son tremendamente relevantes para el país, por lo tanto, el desafío es visibilizar todo lo que hace el instituto, marcar agenda en la industria y participar en las decisiones políticas y gubernamentales que se vienen por delante con la nueva constitución.
“Lo fundamental es trabajar en equipo y lograr un consenso colaborativo donde seamos capaces de escuchar distintas posturas, con argumentos técnicos sólidos y nos pongamos a disposición de los socios para apoyarlos en los proyectos que propongan”, comenta el nuevo presidente del IC.
Por ello, indica que el foco para este próximo periodo estará puesto en seguir apoyando al programa Construye2025, continuar posicionado la Certificación Edificio Sustentable (CES) y potenciar temas relevantes para la industria como son la economía circular, la huella de carbono, la productividad, la industrialización y la tecnologización.
“Otro tema que me parece fundamental, y que ha estado un poco olvidado son las ciudades y la manera de construir en forma rápida para responder al déficit de viviendas, pero a la vez, densificando las ciudades de una manera responsable y con barrios bien integrados”, agrega Ricardo Fernández.
Respecto a su antecesor, señala “agradezco a Miguel Pérez por su gestión, hizo un trabajo extraordinario que nos ayudó a definir el rumbo a seguir, visualizando las brechas y los dolores, por lo tanto, es tremendamente valioso lo que hizo en estos dos años. También agradezco al directorio por elegirme, es un desafío del cual no nos podemos restar. Invito a los socios, directores colaboradores y amigos del instituto a que trabajemos colaborativamente en la construcción de nuestro país y del Chile que soñamos”.
Por su parte, Miguel Pérez, en su última cuenta anual como presidente del instituto, señaló: “quiero desearle a Ricardo el mayor de los éxitos en el desafío que enfrentará como presidente del instituto. Creo que él cuenta con la fortaleza y capacidad necesarias para ejercer el liderazgo que merece esta institución”.
Ricardo Fernández es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, gerente Técnico & Desarrollo Sostenible de Compañía Industrial El Volcán; director del Chile Green Building Council (Chile GBC), del Consejo de Construcción Industrializada (CCI), del Centro Tecnológico para la Innovación en Construcción (CTeC) y expresidente del Comité Directivo de Certificación Edificio Sustentable (CES).
Conformado en 2019 con el objetivo de definir metodologías para promover la gestión y disminución del CO2 en la industria, hoy ya cuenta con una hoja de ruta proyectada a tres años. ¿Lo más urgente? La implementación de una estrategia a largo plazo que permita combatir y tratar de forma eficiente este tipo de contaminación para lograr la neutralidad de carbono el año 2050.
El reto claramente no era menor: realizar un plan de trabajo a mediano plazo y formalizar una mesa técnica en el Instituto de la Construcción para definir una visión estratégica asociada al impacto de la huella de carbono al llevar a cabo una obra. De esta forma, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Instituto de Cemento y Hormigón de Chile (ICH) conformaron hace tres años una mesa público privada con el propósito de definir procedimientos que apuntan hacia esta meta.
Mediante la convocatoria a diez actores claves (ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y de Energía, Instituto Chileno del Acero (ICHA), Madera21 de Corma, Compañía Industrial El Volcán, Asociación Gremial Chilena del Vidrio, Aluminio y Pvc (Achival), la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable (SECS) de la DITEC del Minvu y el mencionado ICH, se realizó una nivelación de conocimiento y alianzas por parte de todas las instituciones y se acordaron actividades, productos y técnicas de financiamiento.
El primer año fue dedicado principalmente a gestionar acuerdos y a la mencionada nivelación de información. Luego, se concertó formalizar una mesa técnica para definir una visión estratégica y un plan de trabajo a mediano plazo asociado a actividades, productos y estrategias de financiamiento.
De esta forma fue como en el Instituto de la Construcción, a mediados de 2019, se consolida el Comité de Huella de Carbono del Sector Construcción como una de las iniciativas del programa de trabajo derivado del convenio entre el mismo Instituto y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en el cual también participó el jefe de Certificación de Edificio Sustentable (CES)). Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable del Minvu, es quien preside esta comisión, la cual invita a expertos que representan a instituciones del sector público y privado y que están interesados en la gestión responsable de las emisiones de CO2 en la construcción. La vicepresidencia del Comité la ocupa en la actualidad Chile Green Building Council.
Para ponerse en marcha, una de las prioridades era marcar directrices de trabajo. Al respecto, se definieron tres puntos clave: el levantamiento de base de datos de huella de carbono para el ciclo completo de la edificación, una metodología de monitoreo, reporte y verificación de la misma y un plan de cálculo para estimar impactos ambientales desde la etapa de diseño de la obra.
Mediante este procedimiento se cubren objetivos primordiales como, por ejemplo, tener una línea base de la realidad nacional para establecer distintos niveles de avance a través de datos validados que aseguren confianza, trazabilidad e interoperabilidad.
Estrategia nacional
Para poner en acción una ruta de trabajo, se requiere previamente de una estrategia que defina los pasos a seguir para ir logrando los macros y micro objetivos de cada ítem. En este lineamiento, se estableció un método a nivel nacional que apunta a la consecución de metas responsables e indicadoras de seguimiento para fomentar que el sector de la construcción gestione de forma sustentable sus recursos y gestione, a su vez, la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida (incluyendo tanto el carbono incorporado como el operacional).
Teniendo esto como base para lanzar directrices, se definió trabajar en tres niveles: sectorial, de edificación y de productos. En el primer punto se abarcan todos los antecedentes que sean de utilidad para actores como el gobierno y la academia, considerando los requerimientos de diferentes ministerios y la identificación de la calidad de información necesaria para satisfacerlos. Para comprender mejor, se puede ejemplificar concretamente mediante el Ministerio del Medio Ambiente, el cual necesita información sobre el consumo de energía en la construcción para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
El tópico orientado a la edificación, en tanto, comprende la información que sea de utilidad a los entes relacionados al acto mismo de planificar, diseñar, construir, operar y ocupar inmuebles. Éste posee requerimientos asociados al alcance de certificaciones y esquemas para demostrar la sustentabilidad de las obras.
En cuanto al apartado referido a los productos, la dirección va hacia el ecodiseño. Sobre todo teniendo en cuenta que la huella de carbono de los materiales, equipos y sistemas utilizados afecta directamente el carbono incorporado (suma del impacto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero atribuidas a un material durante su ciclo de vida), por lo que resulta un desafío sumamente necesario.
Logros del Comité
Es cierto que es temprano como para poder visibilizar una permeabilidad de la industria a partir de las acciones que se han llevado a cabo (pues sólo se lleva un año y medio de funcionamiento). Sin embargo, los logros obtenidos a la fecha corresponden a etapas prematuras relevantes en el camino a poner en marcha una estrategia nacional. Como muestra, hasta el momento se han definido los lineamientos principales de una hoja de ruta y desarrollado un completo estudio de análisis del estado del arte en huella de carbono a nivel nacional e internacional para los tres niveles señalados anteriormente (titulado “Estado del arte nacional e internacional de alternativas metodológicas para levantamiento de datos, monitoreo, reporte, verificación y calculadoras de Huella de Carbono”).
Como segunda etapa de este mismo trabajo, se definió el objetivo general, los objetivos específicos, el alcance y el trazado de los próximos tres años para este Comité. Entre ellos, por supuesto, aparece como primera necesidad el desarrollo e implementación de un método a largo plazo para la gestión de la huella de carbono del sector.
Destaca, también, la puesta a disposición de documentos correspondientes al proyecto, como el “Manual para la Implementación de Declaraciones Ambientales de Productos de Construcción”, el “Resumen para Tomadores de Decisiones” y la “Hoja de Ruta Comité Huella de Carbono Sector Construcción”.
En base a estos productos, en la actualidad se desarrolla una consultoría para elaborar la primera versión de la estrategia, la cual esperan esté lista para finales de 2021. Ésta, incluso, será sometida a consulta para ajustar su contenido durante el segundo semestre del presente año. De hecho, las instituciones que participan (provenientes de los sectores público, privado y de la academia), han demostrado su preocupación y su real compromiso para lograr la neutralidad del carbono en 2050, disponiendo de profesionales expertos que asisten bimensualmente a sesiones de trabajo para definir ese camino.
Fuente: Madera21
Con el Estudio 1, desarrollado el segundo semestre de 2020 por un equipo de la Universidad del Biobío, se avanzó en el estado del arte, propuestas de tipologías y de edificios de referencia, considerando las certificaciones y calificaciones ya existentes en el país.
Dos años después del Convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Energía, la Dirección de Arquitectura del MOP, el Instituto de la Construcción como Administradora de la Certificación Edificio Sustentable, se comienzan a ver los primeros frutos en esta línea de trabajo.
Entre 2019 y 2020, este convenio tuvo alcance en seis iniciativas: crear los Archivos climáticos (disponibles aquí); Actualización de CES (Manual CES 1.1, CES Edificios Existentes y nueva plataforma web); Monitoreo de edificios certificados; el Estudio 1 de Calificación energética de edificios de uso público; Huella de carbono (documentos disponibles aquí) y Lineamientos CES Net Zero.
Gracias a los buenos resultados de esta primera etapa, se decidió ampliar el trabajo durante 2021, para desarrollar acciones como el Monitoreo de edificios certificados; el Estudio 2 de Calificación energética de edificios de uso público, y en Huella de carbono, un piloto en edificio gestionado por la DA-MOP y certificado con CES.
La Ley de Eficiencia Energética establece, entre otras cosas, la obligatoriedad la Calificación Energética de Viviendas en dos años más y la Calificación Energética de Edificios de Uso Público, Comerciales y Oficinas en cuatro años a partir de su promulgación.
Actualmente, está operando en forma voluntaria la Calificación Energética para Viviendas, pero la de Edificios de Uso Público, Comerciales y Oficinas no existe, por lo que este convenio se modificó para considerar dos estudios de base para el desarrollo de esta Calificación Energética, siempre teniendo en cuenta la experiencia y sincronía con las certificaciones de sustentabilidad existentes en el país (CVS y CES).
Dado que la certificación de edificios de uso público (CES) ya lleva cinco años de funcionamiento, “tenemos la experiencia desde el trabajo con edificios de uso público, comerciales y de oficina que se ha traspasado al desarrollo de la calificación energética para este tipo de edificación”, precisó Hernán Madrid, jefe de CES.
Por ello, hoy el foco está puesto en que el área de energía de la futura Calificación Energética de Edificios de Uso Público, Comerciales y Oficinas se encuentre en sincronía con los requerimientos de energía de CES en futura versión 2.
Particularmente, el Estudio 1, que se centró en el estado del arte, tipologías y edificios de referencia, se desarrolló durante el segundo semestre de 2020, con un equipo consultor y de trabajo de la Universidad del Biobío, en el que participaron profesionales internacionales, que transmitieron experiencias relevantes de Alemania, Australia, España, Japón y Estados Unidos. A ello se suma la activa participación en el Comité Técnico de profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, como lo establece la Ley de Eficiencia Energética será el encargado de administrar la futura Calificación.
Por su parte, Bárbara Rodríguez, profesional de la Unidad Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía y contraparte técnica del convenio de colaboración, detalló los alcances de los tres estudios. El primero, como se mencionó antes, enfocado en el estado del arte, tipologías representativas y características del edificio de referencia y prospección de la línea base. En tanto, el segundo, está centrado en la metodología de cálculo y diseño de la herramienta de cálculo, y también hay un tercer estudio, contemplado para 2022, que permitirá el desarrollo de escalas de la calificación energética y el diseño de la etiqueta, que ejecutará directamente Minvu.
“Los tres estudios son muy importantes, porque esta es la primera vez que tendremos la obligatoriedad de una calificación energética en nuestro país, y específicamente con respecto a la edificación de uso público, porque hoy no lo tenemos dentro de nuestra Ordenanza, dado que la obligatoriedad ahora en términos de reglamentación térmica, es para viviendas”, aseguró la profesional de la cartera de Energía.
La profesional también agregó que “mientras no tengamos la actualización de la reglamentación térmica, no vamos a ver requisitos para edificación de uso público”, por lo que están frente a un desafío grande, porque a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la vivienda, existe gran diversidad de tipologías arquitectónicas y energéticas. “No solo estamos hablando de edificios de oficinas, comerciales desde el ámbito público, sino que también de hospitales, centros de salud, colegios, entre otros”, especificó Rodríguez.
Estudio 1
Dado que no es posible contar con 100 tipologías o más, fue necesario encontrar una forma de caracterizar el parque nacional de edificios de uso público, comerciales y de oficinas, de forma estratégica. Al mismo tiempo, llegar a la prospección de una línea base.
“Para nosotros es sumamente relevante poder establecer este sistema de calificación en el mercado que ya tenemos de certificaciones y calificaciones en el país. Tenemos una capacidad instalada de más de 10 años, con trabajo en distintos comités e iniciativas, tanto en el sector público como privado”, señaló la profesional del Ministerio de Energía.
Caracterizar energéticamente el parque de edificios nuevos, dado que la ley establece su obligatoriedad solamente para la edificación nueva, es otro de los aspectos que Rodríguez destacó. En ese sentido, se estableció lo mínimo que se tiene que solicitar para caracterizar a estos edificios.
“Se evaluaron los atributos de la mayoría de los sistemas existentes a nivel mundial, que en su mayoría son obligatorios, y hubo elementos muy relevantes, como que la mayoría se caracteriza por tipología de uso, en el caso de la edificación no residencial, donde también hay un principio de evaluación justo”, resumió Rodríguez.
Y algo que, a su juicio, es muy importante de considerar tiene que ver con la gestión de la información, dado que en la mayoría de estos sistemas internacionales, especialmente en el de Australia y Estados Unidos, hay un sistema central relacionado con registrar la información y utilizarla para generar conocimiento sobre el mercado. “Y en este estudio la evaluación de los atributos de estos dos sistemas, tanto el australiano como el estadounidense, eran los más robustos en ese aspecto”, precisó.
La gobernanza, por su parte, también es relevante, ya que existen ejemplos muy importantes, como los directorios de CVS y CES, que son muy determinantes para la mejora continua.
Con la gestión de residuos plásticos, madera, metales, vidrios, papeles y cartones entre otros materiales, se espera minimizar al máximo la generación de residuos, bajar las emisiones de C02 y contribuir al desarrollo sostenible. En este desafío la UACh se alinea con “Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035”, estrategia multisectorial implementada a nivel país.
Se estima que un tercio del total de los residuos generados en Chile corresponde a residuos de construcción y demolición, tendencia que también se aprecia a nivel mundial, posicionando a la industria de la construcción como una de las más contaminantes del planeta donde impera el modelo de economía lineal de “extraer, usar y botar”.
Exigir a las constructoras que gestionen sus residuos es un tema que recién se está impulsando en el país y que muy pocas empresas constructoras —en su mayoría de Santiago— han adoptado implementando acciones de manejo de residuos de obra en la actualidad.
Publicada en junio de 2019, la Norma Chilena 3562 establece una clasificación para residuos de construcción y demolición (RCD), contempla las consideraciones mínimas para la gestión de RCD no peligrosos que se generan en obras de construcción y demolición y los contenidos de un plan de gestión de RCD.
Adelantándose a estos lineamientos regulatorios generales la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico (DIDF) de la UACh exige a los contratistas el manejo de los residuos desde el año 2017, buenas prácticas que decidió incrementar en un plan piloto a partir del 2020. “Uno de los problemas que existe en Chile y el mundo en el manejo de los residuos en la construcción es la falta de implementación; falta llevarlo a la práctica, por lo que como Universidad y como mandantes decidimos dar el primer paso desarrollando un plan más exhaustivo y ambicioso para cooperar con nuestra sociedad y el planeta que tanto lo necesita”, dice Wilson Aravena, director de la DIDF.
Con visión de futuro, la estrategia de la UACh es un enorme paso para avanzar de manera efectiva hacia una economía circular al mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), mediante un uso más eficiente de recursos donde prima la reducción de los elementos. “Este modelo apunta a minimizar la producción al mínimo indispensable, y cuando es necesario hacer uso de un producto, priorizar la reutilización de los elementos que por sus propiedades no pueden volver al medio ambiente”, explica.
Pero esta iniciativa va aún más allá en la búsqueda de una sociedad más sostenible. En esa dirección aspira a contribuir en la formación de los estudiantes desde una perspectiva más vivencial. “Las instituciones de educación superior también necesitan mucha infraestructura, lo bueno es que nuestros estudiantes pueden ver el esfuerzo que se realiza por liderar estos cambios. La teoría se aplica y pueden verlo in situ, complementando el trabajo que realiza la Unidad de Gestión Ambiental con fuerte participación en la academia y en el área operativa”, indica Aravena destacando los fundamentos de la Política de Sustentabilidad que guían a esta institución.
RCD en las bases técnicas de licitación
“Que mejor que liderar el cambio desde la perspectiva del mandante”, sostiene Wilson Aravena, convencido de que estas acciones irán permeando gradualmente en la sociedad. Con ese norte, los profesionales de esta Dirección diseñaron un modelo que, plasmado en el primer Plan de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), se incorporó a las bases técnicas de licitación que deben cumplir las empresas constructoras.
Para llevar a la práctica el Plan RCD fue elegido el Proyecto Pabellón Docente, edificio que está construyéndose en el Campus Isla Teja desde noviembre del 2020. Esta infraestructura fue sometida a altos estándares de sustentabilidad y espera obtener la certificación CES (Certificación Edificio Sustentable), tanto en diseño como en construcción.
“La implementación de la gestión y manejo sustentable de los RCD en el Pabellón Docente, Campus Isla Teja, marca un tremendo hito en los casos a nivel nacional al ser un ejemplo para las distintas instituciones educacionales y otras, en cuanto a implementar políticas de sustentabilidad”, indica Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025.
“Esta iniciativa liderara por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico de la UACh, implica un gran esfuerzo para salir de la zona de confort, y de la inercia de cómo se hacen habitualmente las cosas, a través del cambio hacia una cultura sostenible en la forma de construir y en el impacto que esto conlleva. Lo más difícil es generar el cambio, y el mandante, tiene un inmenso potencial para realizarlo”, destaca Alejandra Tapia.
Refiriéndose a los beneficios de implementar planes RCD, fue enfática en señalar que éstos no solo son ambientales. “A corto plazo, las constructoras se dan cuenta que al medir y controlar sus residuos comienzan también a ver beneficios económicos al disminuir el volumen a disponer y las pérdidas de materiales, así como también mejoran la seguridad de los trabajadores”, señala.
Acota que “sin duda, la gestión de este proyecto ha generado un sinnúmero de aprendizajes, tanto para la constructora como para el mandante, este último a través de la gestión del conocimiento, podrá enriquecer los aprendizajes de los propios estudiantes a partir de su experiencia”.
Uso eficiente de recursos
Fiel a los procedimientos del Plan RCD y al modelo de economía circular, los materiales que se consideraban residuos (o desperdicios de un proceso) y se destinaban a vertedero, ahora son valorizados a través de la reutilización y/o el reciclaje. Ver video Economía Circular en Construcción
Comprender este nuevo paradigma no es fácil y su aplicación es de largo aliento, tiempo precioso si se piensa en la emergencia climática y en las problemáticas sociales que estamos viviendo. “Todos sabemos que los cambios son difíciles y a las empresas les cuesta tomar iniciativas sin conocer resultados, por ende, es mejor que la RCD sea parte de las exigencias del mandante, de las bases especiales de licitación y del contrato”, precisó Aravena.
¿Pero cómo llevar a terreno estos conceptos? “Como es algo cultural del día a día en las obras, lo mejor es tener a un experto a tiempo completo junto a equipos multidisciplinarios que entreguen conocimiento y luego fiscalicen el cambio. Como son temáticas nuevas a nivel mundial se debe ser un evangelizador para el éxito de estas buenas prácticas” indica.
Para tal efecto, Luis Romero, ingeniero civil ambiental de la empresa constructora que ejecuta la construcción del Edificio Pabellón Docente trabaja desde el inicio de esta obra implementando acciones orientadas a la reducción de residuos que contempla el Manual informativo y de procedimientos de gestión de residuos de la construcción y demolición desarrollado por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico de la UACh, junto a la NCh 3562:2019.
La separación o segregación de los residuos es una medida fundamental, por eso la disposición de contenedores es uno de los primeros cambios en el “paisaje de la obra”. Para fierros y metales, por ejemplo, la gestión de residuos tiene un reporte económico favorable para la constructora y para el mandante.
Al respecto, Romero describe el procedimiento, “internamente en la obra hay punto de acopio para metales en general y otro para fierros y latas; acopiamos chatarra, despuntes de fierro, alambres de cobre, restos de tubos de aluminio y de lo que se encontró en el terreno antes de empezar la obra de construcción. Los retira una empresa que se encarga de reciclar materiales metálicos y los valoriza de acuerdo con el tipo de metal”.
Con una dinámica parecida son tratados los residuos de madera, plástico, papel y cartón, botellas plásticas y de vidrio, escombros de hormigón y residuos orgánicos de origen vegetal. Datos preliminares indican que hasta mediados del mes de enero se habían manejado 109 kilos de plásticos; 66 kg de papel y cartón; 405 kg de madera y 3 kg de orgánicos, por citar algunos.
“Estas cifras nos tienen muy contentos como Universidad, ya que aun cuando son cantidades menores, podemos ver que el plan de RCD ha tenido efectos importantes en la obra, reduciendo al máximo los residuos generados”, dice el director de la DIDF. Como bajar los impactos ambientales es uno de los principales objetivos, actualmente se trabaja en los indicadores locales que permitirán organizar una potente base de datos para enfrentar proyectos en el futuro.
Cabe señalar que el plan piloto de la UACh también tiene una dimensión social que considera a los trabajadores como beneficiarios directos de ciertas acciones que van más allá de aumentar las plazas de trabajo en la región, ya que muchos materiales son donados para que puedan ser usados en sus propias viviendas y reciben capacitación en forma constante.
Hoja de Ruta RCD
Con objetivos similares avanza a nivel país “Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035”, iniciativa multisectorial que lidera el Comité Consultivo de la Estrategia RCD, conformado por los ministerios de Vivienda, Medio Ambiente y Obras Públicas, más Corfo y su programa Construye2025.
El documento, presentado en agosto de 2020, busca fomentar y promover la gestión sustentable de los residuos de construcción y demolición, bajo el foco de Economía Circular. “Una de sus grandes fortalezas es la articulación del sector público, privado y la academia y en ese contexto plantea metas compartidas, que dependen de la coordinación y compromiso de diferentes actores. Es en este punto donde destaca el compromiso de la Universidad Austral de Chile, ya que es imposible cumplir las metas en forma individual, por ejemplo, alcanzar al menos el 70% de valorización de los RCD al 2035”, dice la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025.
Asimismo, valora el interés por avanzar en la inserción de la sustentabilidad en el currículum. Al respecto dijo, “existen enormes desafíos, en cómo incorporar la economía circular en las mallas curriculares, y desde el diseño de los proyectos -integrando a arquitectos, ingenieros, diseñadores, ingenieros constructores, entre otras especialidades- disminuir los residuos, desarrollar y utilizar sistemas constructivos y materiales más sustentables”.
“Existen muchas oportunidades en investigación, desarrollo e innovación para explorar en nuevos proyectos, y comenzar por la gestión sustentable de los residuos, es un gran paso”, afirma la profesional.
Gracias al trabajo público-privado, el país contará con lineamientos, metas, responsables e indicadores de seguimiento para fomentar el uso sustentable de los recursos, a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos.
Debido al impacto que genera la construcción y operación de las edificaciones en el medioambiente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Instituto de Cemento y Hormigón de Chile (ICH) formaron, en 2018, una mesa público- privada que buscaba definir metodologías de levantamiento de monitoreo reporte y verificación, bases de datos y calculadoras para promover la gestión y reducción de Huella de Carbono en la Construcción.
Con este fin, el Minvu –a través de la Secretaría ejecutiva de Construcción Sustentable de la Ditec- convocó a 10 instituciones del sector construcción, entre ellos, los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y Energía, el Instituto de Cemento y Hormigón de Chile (ICH), el Instituto Chileno del Acero (ICHA), Madera21 de Corma y el Instituto de la Construcción, con la participación de Hernán Madrid, jefe de CES, como representante.
El primer año se dedicó a nivelar conocimiento y gestionar acuerdos. Luego, se acordó formalizar una mesa técnica, cuyo fin era definir una visión estratégica y plan de trabajo a mediano plazo, asociado a actividades, productos y estrategia de financiamiento. Así fue como, a mediados de 2019, en el Instituto de la Construcción, se consolidó el Comité de Huella de Carbono del Sector Construcción, como una de las iniciativas del programa de trabajo del Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el IC, en el que también participó el jefe de CES.
Uno de los logros de este comité fue el estudio “Estado del arte nacional e internacional de alternativas metodológicas para levantamiento de datos, monitoreo, reporte y verificación y calculadoras de Huella de Carbono”, que permitió conocer el estado del arte nacional e internacional y hoy están disponibles en el sitio web de CES. Como segunda etapa, se definieron objetivos y hoja de ruta para los próximos tres años, lo que llevó a pensar en la implementación de una estrategia a largo plazo para la gestión de la huella de carbono del sector.
Hoy, se desarrolla la “Estrategia Nacional de Huella de Carbono Sector Construcción, Chile”, que establecerá lineamientos, metas, responsables e indicadores de seguimiento para fomentar el uso sustentable de los recursos, a través de la gestión eficiente de la huella de carbono del sector a lo largo de todo el ciclo de vida, es decir, incluyendo tanto el carbono incorporado como el carbono operacional.
Los documentos de la estrategia ya están disponibles para consulta en el sitio web de Certificación Edificio Sustentable.
Descarga aquí la Estrategia Nacional Huella de Carbono y la presentación del Minvu.
El portal que será lanzado en diciembre generará indicadores que permitirán contar con información estadística de parámetros relevantes para la construcción sustentable.
Hace casi dos años, gracias al convenio de colaboración entre los ministerios de Energía y Obras Públicas más el Instituto de la Construcción, en conjunto con CES, tomó forma la idea de mejorar el funcionamiento operativo de la certificación. Así, en marzo de este año, la administración comenzó a trabajar en su nueva plataforma web y en el sitio público para mejorar los procesos y, al mismo tiempo, lograr un lenguaje en común con la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS).
“La nueva plataforma es más eficiente porque automatiza acciones que hoy se hacen de manera manual. Los asesores podrán inscribir sus proyectos por sí mismos y cuando éstos tengan suficiente avance, podrán ingresar información general y específica para cada requerimiento. Luego, el mismo asesor enviará a revisar estos antecedentes, de modo que el evaluador podrá analizar toda la información de forma estandarizada, para luego emitir sus observaciones”, explica la arquitecto asistente de CES, Romy Lückeheide.
Además, una vez ingresadas las observaciones del evaluador, la nueva plataforma generará informes de revisión con sus comentarios por cada requerimiento y en cada etapa. Junto con esto, el sistema arrojará una cartilla de puntaje, en la que se visualizará en detalle el puntaje optado y el puntaje ganado por categoría y por requerimiento.
De esta manera, cuando el proyecto logre la Precertificación o la Certificación, el equipo de proyecto podrá descargar un reporte final con, al menos, indicadores de porcentajes de reducción de ahorro de agua, emisiones de CO2, energía y residuos. En este aspecto, los indicadores que se rescaten de cada proyecto permitirán contar con información estadística de parámetros relevantes para la construcción sustentable.
“La plataforma está conectada al sitio público, que se modernizó y fue lanzado en septiembre y, ahora, la información que ingrese por proyecto, automáticamente, se vinculará con el sitio público, lo que facilitará la publicación de la información general de los proyectos”, detalla la arquitecto Romy Lückeheide.
Los alcances de esta nueva plataforma, que se lanzará en diciembre próximo, se expondrán en una serie de charlas virtuales que se programarán tras el debut de este sistema, que será más estandarizado y más eficiente.
Fuente: CES
Menos consumo de energía, emisiones de CO2 y residuos. Estos son los objetivos clave de las certificaciones chilenas para la industria de la construcción.
Durante el proceso colaborativo para la elaboración de la hoja de ruta del Construye2025, programa impulsado por Corfo, se propuso el logro de un market share de edificaciones nuevas sustentables del 20% para 2025. Con esa meta puesta enfrente, existe una serie de herramientas que están impulsando en cada eslabón de la industria, incorporando la sustentabilidad como factor adicional de competitividad. A nivel nacional, estas son: Certificación Edificio Sustentable (CES), Certificación Vivienda Sustentable (CVS) y Calificación Energética de Viviendas (CEV). También están presentes en Chile el sistema estadounidense LEED y el alemán PassivHaus.
De esta manera, Chile busca optimizar el valor de sus activos inmobiliarios, reducir los costos de operación y dar paso a edificaciones de mejor estándar, fortaleciendo la cadena de valor desde una perspectiva holística. El país va por buen camino: “En el caso de la Certificación Edificio Sustentable, lanzada el año 2014, hay a la fecha más de 330 edificios en proceso y más de 50 certificados. En Certificación de Vivienda Sustentable, lanzada en mayo del presente año tenemos 40 proyectos registrados y un proyecto precertificado”, comenta la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Paola Valencia.
Sin embargo, la especialista reconoce que aún estamos alejados del cumplimiento del compromiso original de 20% de edificios sustentables, que fijó la hoja de ruta del programa “Productividad y Construcción Sustentable”. “Sabemos que el 6% de los edificios no residenciales cuenta con certificación CES, pero en vivienda sólo 20.000 tienen una óptima calificación energética hasta la fecha, lo que es menos del 1%”, señala.
El sistema CES, que preside Ricardo Fernández y cuyo jefe es Hernán Madrid, gracias a un convenio entre los ministerios de Energía, Obras Públicas y el Instituto de la Construcción, ha podido actualizar el modelo técnico de la certificación, lo que ha llevado a potenciar ciertos materiales y productos, en línea con la economía circular. Ahora, la colaboración público-privada hará posible obtener una certificación específica para edificios existentes. “Hoy todos los edificios nuevos buscan cumplir con un determinado estándar, pero para los existentes se basará en demostrar mejoras”, explica el jefe de CES, Hernán Madrid.
Certificación Vivienda Sustentable
La Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) es una herramienta pensada para mejorar la calidad de vida de las personas a través del cuidado del desempeño de los proyectos de vivienda a nivel nacional. Para ello, utiliza como base los Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas, publicados en 2016 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Esta herramienta ayudará a definir los mínimos requerimientos para catalogar una vivienda como “sustentable” y, además, para poner en valor experiencias de edificación residencial que incorporen parámetros de eficiencia energética, hídrica, uso de materiales sustentables, gestión de residuos, medidas de mitigación de impacto ambiental, mejor calidad ambiental para las personas y medidas de respeto al entorno urbano y cultural, durante todo el ciclo de vida del proyecto, es decir, desde el diseño y construcción hasta la operación.
Calificación Energética de Viviendas
Entre las importantes herramientas orientadas a optimizar el consumo de energía, está la Calificación Energética de Viviendas (CEV), instrumento diseñado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Ministerio de Energía, que inició sus funciones en 2012 para promover el atributo de eficiencia energética en las edificaciones de uso residencial.
Desde este año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está trabajando en los documentos reglamentarios necesarios para la implementación de la obligatoriedad de la CEV (Reglamento de la CEV y Reglamento del Registro de Evaluadores Energéticos). Además, los equipos regionales del ministerio se concentran en fortalecer las capacidades instaladas y aumentar el número de evaluadores y fiscalizadores.
Recientemente, el Minvu abrió por segunda vez en 2020, la convocatoria para postular al llamado nacional de profesionales interesados en acreditarse como evaluadores energéticos de la CEV, el que estará abierto hasta el 28 de agosto.
Expertos y representantes del mundo público y privado trabajan en un sistema que se integrará a las certificaciones existentes (CES y CVS), considerando todas las emisiones de gases de efecto invernadero, en el ciclo de vida completo de la edificación.
Hace casi un año se instauró la Mesa Huella de Carbono Sector Construcción, gracias al convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Instituto de la Construcción, con la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable del Minvu, Paola Valencia, a la cabeza. En primera instancia, un comité conformado por expertos de carácter técnico y representantes directivos del sector público y privado, definió ciertos aspectos básicos, previos al desarrollo de una estrategia nacional, tales como objetivos, alcance, actividades necesarias, plazos disponibles, actores, posibles fuentes de financiamiento y resultados esperados.
Esa primera fase terminó a fines de abril de este año, con significativos avances, según Rodrigo Narváez Sotomayor, secretario ejecutivo del Instituto de la Construcción, quien explicó que la mesa organizó a las instituciones públicas y privadas, buscando consensos en favor de la creación, desarrollo y fortalecimiento de una base de datos, línea base, calculadora simplificada de huella de carbono y metodología de monitoreo, revisión y verificación, para el ciclo de vida completo de la edificación, en línea con normativas internacionales.
Paola Valencia, encargada de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentabie del Minvu, enfatiza que “el trabajo de levantamiento de información sobre los impactos del sector que se desarrolla a través de este comité es crucial, ya que hay escases de estos datos en el país y, por sobre todo, porque sabemos que gestionar la huella nos va a permitir reducir impactos ambientales, hacer más eficientes los procesos y utilizar menos recursos naturales, lo que traerá, además, beneficios para productividad del sector, el medioambiente y la calidad de vida de las personas”.
El trabajo mancomunado permitió establecer un plan de trabajo a tres años para el proyecto “Estrategia Nacional de Huella de Carbono Sector Construcción”. En esta etapa, el grupo definió las bases técnicas para el estudio sobre estado del arte nacional e internacional de alternativas metodológicas para levantamiento de datos, monitoreo, reporte y verificación y calculadoras de huella de carbono.
“A partir del trabajo desarrollado por el comité, en 2019, se definieron lineamientos básicos para la Estrategia Nacional de Huella de Carbono para el sector construcción. Esta deberá ser profundizada y terminada durante 2020 en el comité constituido en el Instituto de la Construcción por mandato del Minvu”, explica Rodrigo Narváez.
Carbono neutralidad 2050
Para que el sector construcción tienda a la carbono neutralidad, con miras a 2050, se identificaron tres niveles de trabajo:
a) Sectorial: información de utilidad para actores como el gobierno y la academia. Se consideran los requerimientos de diferentes ministerios y la identificación de la calidad de información necesaria para satisfacer sus requerimientos.
b) Edificación (Certificaciones): información de utilidad para los actores relacionados con acciones de planificación, diseño, construcción, operación y ocupación de edificaciones (residenciales, no residenciales) e infraestructura. El sector tiene requerimientos de información asociados al alcance de certificaciones de edificios y esquemas para demostrar la sustentabilidad de los proyectos en su ciclo completo o parcial. De esta manera, se espera que se integre con CES y CVS, fortaleciendo la línea de huella de carbono en las certificaciones nacionales.
c) Productos (Ecodiseño): la huella de carbono de los materiales, productos, equipos y sistemas utilizados en el sector construcción afecta directamente el carbono incorporado a las construcciones.
Finalmente, se establecieron tres ejes de trabajo:
a. Levantamiento de base de datos de huella para el ciclo completo de la edificación, definiendo sistemas constructivos y tipologías de edificios a evaluar.
b. Una metodología de monitoreo, reporte y verificación de huella de carbono para el ciclo de vida completo de la edificación.
c. Definición de una metodología para calculadora de huella de carbono para estimar impactos desde la etapa de diseño.
Según el secretario ejecutivo del Instituto de la Construcción, la construcción es clave en la reducción de la huella de carbono del país, en alianza con otros sectores económicos. Sin embargo, no existe hasta ahora un sistema de certificación de huella de carbono de productos (incluyendo edificios) que considere todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida completo de la edificación, que permita levantar información sobre la huella del sector.
Por eso, a nivel macro, los sistemas para la medición de la huella de carbono cubiertos en esta revisión conjunta tienen dos grandes objetivos: el análisis de las decisiones de diseño para apoyar el diseño más sustentable de edificaciones y la certificación del desempeño ambiental de un producto de construcción o una edificación en su ciclo completo o parte de él.
Hoja de ruta
Para gestionar de forma efectiva la huella de carbono en el ciclo de vida de la edificación e infraestructura nacional, la mesa de trabajo propuso ocho acciones críticas:
Entre las instituciones participantes en la mesa se cuentan: el Minvu, el MOP, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, Chile Green Building Council, ADDERE – International EPD System, la Asociación Chilena del Vidrio y Aluminio, la Cámara Chilena de la Construcción, Certificación Edificio Sustentable, la Corporación Chilena de la Madera, la consultora ECOEd, EDGE Chile, el Instituto del Cemento y del Hormigón, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Chile, Volcán, WSP Chile y, por supuesto, el Instituto de la Construcción.
Fuente: CES
Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Minvu.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha asumido, desde su ámbito, un importante compromiso con el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales y la calidad de vida de los chilenos, y por ello hemos impulsado una serie de políticas y estrategias que consideran la sustentabilidad como eje transversal.
Estas acciones responden a una agenda sustentable que considera iniciativas, tanto ministeriales como colaborativas, con otros organismos públicos y del sector privado, que buscan optimizar la calidad de la construcción en términos de eficiencia energética y sustentabilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de las viviendas y su entorno, y así cuidar las condiciones de habitabilidad y de salud de las personas que las habitan, sobre todo considerando la situación actual que estamos viviendo a nivel global.
En este contexto, surge la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), iniciativa que hemos presentado al público técnico hace unos días en un evento online organizado por Chile GBC, instancia en la que compartimos con la Certificación Edificio Sustentable (CES), un proyecto homólogo que coincide en sus líneas estratégicas con la CVS.
Ciertamente, agradecemos y valoramos la oportunidad de haber participado con éxito en este webinar que, junto con responder a los desafíos comunicacionales que plantea esta contingencia mundial, tuvo un alcance masivo que nos permitió dar a conocer, no sólo el sistema, sino también sus beneficios y logros a la fecha, además de su preponderancia dentro de la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable que hemos estado impulsando.
Creo necesario enfatizar que con la CVS nos hemos propuesto aportar una herramienta que valore los atributos que hacen de una vivienda un espacio amigable, tanto para sus habitantes, como para el ambiente y el entorno en el que se emplaza, y que permita informar de manera fidedigna cuán sostenible es una edificación, considerando todo su ciclo de vida, desde su diseño, hasta su etapa de operación. Estamos apostando a que la ciudadanía, en un futuro cercano, pueda acceder a modelos de viviendas con un mejor estándar y más sustentables en forma masiva, cuyos beneficios se verán reflejados en la reducción de sus gastos y en un incremento en la durabilidad de las viviendas.
Asimismo, debo destacar que, desde el inicio del período de marcha blanca del sistema, que comenzó en febrero del presente año, se han registrado 43 proyectos que están próximos a iniciar su precertificación, lo que se traducirá en la evaluación de más de 8 mil viviendas a nivel nacional. Uno de estos proyectos denominado “Goycolea 100” ya ha logrado la precertificación en nivel Sobresaliente, el máximo que ofrece la certificación, dado que reúne más del 60% de los atributos que la CVS exige.
Junto con lo anterior, y fundamental para para velar por la sustentabilidad de nuestros proyectos, es que estamos trabajando en incorporar esta certificación en el Programa de Integración Social D.S. N° 19, que cumple hasta el 92% de los requerimientos mínimos de la CVS. Esto nos permitirá poner en valor el estándar de sustentabilidad que tiene este programa, y lo importante que es darlo a conocer, pues es una muestra de que las viviendas sociales también pueden ser sustentables.
Creo necesario agradecer a todas las instituciones que han colaborado en la concreción de esta iniciativa, entre ellas, a los ministerios de Energía y de Medio Ambiente, al Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectura, el Instituto de la Construcción, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la Cámara Chilena de la Construcción y el Centro Tecnológico para la Innovación, entre otras entidades públicas y privadas.
Gracias a su aporte hemos logrado hacer posible este proyecto que nos posiciona en un lugar de liderazgo en materia de certificación de edificación habitacional a nivel latinoamericano, y que contribuye a generar una mejora sustancial en el estándar constructivo nacional, lo que permite finalmente elevar la calidad de vida de las familias de nuestro país.
Por Erwin Navarrete Saldivia, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Minvu.
Las circunstancias actuales nos han puesto a prueba como sociedad. Estamos frente a una de las mayores crisis que hemos vivido mundialmente en la era de la globalización, lo que ha dejado de manifiesto las vulnerabilidades que tiene nuestro sistema de vida.
Problemáticas globales como la migración a zonas urbanas y, por ende, la planificación de esas zonas, entre muchas otras, se han traducido en factores que han favorecido que el mundo se vea impactado hoy por una pandemia de estas características, por lo que vale preguntarse ¿cómo podemos aportar desde el sector construcción a mejorar las condiciones futuras de vida para que esto no se repita?
Como ministerio nos preocupa el impacto ambiental que tienen las edificaciones a lo largo de su ciclo de vida, ya que consumen grandes porcentajes de energía y agua, y generan altos índices de residuos y contaminación ambiental en las ciudades, entre otras externalidades negativas.
En respuesta a lo anterior, hemos asumido en nuestro quehacer un compromiso fundamental con el medioambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, por esta razón, hace más de una década hemos incorporado la sustentabilidad como una herramienta central para desarrollar nuestra labor, es así que hemos desarrollado políticas y programas que permitan incorporar estándares de sustentabilidad en la industria de la construcción, que han permitido mejorar la calidad constructiva, así como del ambiente interior de las viviendas, impulsando diversas acciones que buscan reducir el impacto de las edificaciones en el medioambiente y en la vida de las personas.
Una de estas iniciativas es la Certificación Edificio Sustentable (CES), administrada por el Instituto de la Construcción (IC), que está enfocada en incentivar la construcción sustentable en edificios de uso público. La CES comparte una misma línea estratégica con la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) que lidera el Minvu, y que es parte de las iniciativas de la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable para fomentar la incorporación de sustentabilidad en la edificación.
Dado lo anterior, hemos propiciado generar sinergias entre las dos iniciativas, participando mutuamente, tanto en los comités directivos como en los técnicos de ambas certificaciones. Asimismo, hemos intencionado un trabajo conjunto para alinear otros aspectos en estas iniciativas, como la homologación de conceptos, con el fin de que compartan un lenguaje común y la misma lógica de trabajo, y con ello facilitar la masificación en el uso de ambos instrumentos en el mercado.
Todos estos esfuerzos apuntan a un objetivo común, que es optimizar las condiciones de vida de las familias chilenas, teniendo directo impacto en la salud de las personas a través de estrategias que privilegien metodologías de trabajo, diseños, materialidades y comportamientos de uso de viviendas, espacios comunes y medio urbano.
El proyecto que ya se encuentra en su tercer trámite en el Senado pasará de haber instalado el concepto de eficiencia energética, a un proceso de mejora continua inherente a la excelencia operacional.
La Ley de Eficiencia Energética -que podría ser promulgada este semestre- incorpora una serie de medidas que irán en directo beneficio de la sociedad y el medioambiente. Los Sistemas de Gestión de Energía (SGE), por ejemplo, traerán consigo ahorros que podrían incentivar todavía más a las empresas que aún están pensando en hacer cambios en esta materia.
A ello se suma que, tal como señala Ignacio Santelices, director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), la nueva ley cambia la forma en que vemos y hacemos eficiencia energética. “Primero, la institucionaliza a nivel de políticas públicas, haciendo que no sea solamente competencia del Ministerio de Energía, sino que a través de planes de cinco años, participen activamente el Ministerio de Transporte, de Vivienda, de Medioambiente, de Obras Públicas, de manera que la eficiencia energética esté incorporada en sus acciones”, explica.
Esto abre infinitas posibilidades y nuevos escenarios. A nivel industrial, la nueva ley vendrá a instalar el concepto más allá de las acciones individuales, como las renovaciones de equipos. Ahora, pasaremos a vivir en un proceso de mejora permanente, donde la eficiencia energética será parte de la gestión y la excelencia operacional de las empresas de la construcción y otros rubros.
“En la Agencia ya llevamos varios años empujando este concepto, a través del cofinanciamiento para la implementación y certificación de Sistemas de Gestión de la Energía (SGE), acompañado, además, de una serie de iniciativas que buscan apoyar al sector productivo en el uso eficiente y sostenible de la energía”, detalla Santelices.
Asimismo, “las grandes industrias productoras presentan avances dispares entre sí, ya que la mayor parte ha desarrollado proyectos aislados de eficiencia energética. Afortunadamente, en 2019 se produjo un incremento en los SGE, ya que permiten identificar de manera sistemática las mejoras energéticas que se deben implementar. Por eso, vemos con optimismo los avances que podremos lograr en 2020”, afirma Héctor Arellano, gerente comercial de Efizity, especialista en gestión energética.
Consumo térmico
A nivel de las personas, un eje clave será informar a la población respecto de la eficiencia energética en las viviendas. “Esta es la principal compra que hace una persona durante su vida y el mayor consumo de energía a nivel residencial está justamente en los consumos térmicos que están muy vinculados con cómo está construida la vivienda. Por lo mismo, es sumamente relevante que las viviendas nuevas informen cómo es el consumo de energía para que la gente, cuando compre, vaya a tomar una buena decisión, bien informada”, añade el director ejecutivo de la AgenciaSE.
Según Héctor Arellano, de Efizity, en Chile existe experiencia relevante en las distintas tecnologías que se pueden aplicar a la eficiencia energética y las metodologías de gestión asociadas, como recambios tecnológicos, control automático de procesos y mejoras en contratos de suministro, entre otros. “Cada condición es distinta, pero, en general, las empresas están dispuestas a invertir en mejoras si estas consiguen un retorno de su inversión en torno a los tres años”, comenta.
En este aspecto, el especialista refuerza que la nueva ley exigirá a las empresas con altos consumos de energía implementar un sistema bajo una norma (ISO 50001) que dé soporte a sus actividades de gestión de energía, con objetivos, metas e indicadores de cumplimiento. Además, estas empresas deberán informar, anualmente, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre sus planes relacionados.
¿Cómo prepararse para estos cambios? Al menos con un diagnóstico que identifique y cuantifique las brechas que la empresa posee. “Es un ejercicio muy práctico y rápido, que permite contar con una carta Gantt para diseñar e implementar un sistema de gestión específico, junto a los costos iniciales y recurrentes de operación, que puede corresponder a costos de inversión en equipos de medición, recambio de tecnología y horas de trabajo gerencial y operativo”, sostiene el profesional de Efizity.
En este sentido, conviene mirar -desde ya- a los SGE como un aliado en el camino a la neutralidad, necesario no solo para el medioambiente, sino también para mejorar la productividad, la competitividad económica y la calidad de vida de las personas. En la construcción, si bien los responsables de las edificaciones ya se están preocupando más profundamente del consumo de energía, ahora tendrán que hacerlo mucho más, pues no sólo contarán con una etiqueta y un informe de eficiencia energética, sino que en la mayoría de los casos deberán presentar esta información a la Dirección de Obras Municipales para obtener la recepción final de la obra.
Fuente: Certificación Edificio Sustentable
En Chile, las herramientas CES, CVS y CEV hoy promueven la optimización energética. Como complemento, se tramita en el Senado una Ley de Eficiencia Energética que buscará disminuir aún más el consumo.
La edificación de tipo comercial, pública y residencial es responsable del 21% del consumo de energía en Chile, según la Ruta Energética 2018-2022 del Ministerio de Energía. Pero hay herramientas disponibles en Chile que trabajan para disminuir dicho porcentaje. Se trata de las certificaciones Edificio Sustentable (CES), Vivienda Sustentable (CVS) y la Calificación Energética de Viviendas (CEV), sumadas a la Ley de Eficiencia Energética -que se encuentra en tercer trámite en el Senado.
Estas se agrupan de acuerdo a sus características en calificaciones y certificaciones. Además, se dividen por los usos o destinos de la edificación a los que se aplican.
Por una parte, las calificaciones abordan únicamente las variables de demanda y consumo de energía, y pueden entregar un indicador de emisiones de CO2eq durante la operación, basado en el consumo de energía. Asimismo, sus metodologías para la estimación de consumos de energía tienen una aproximación más simplificada, principalmente producto de la masividad de su aplicación.
Actualmente, “tenemos disponible en el país la Calificación Energética de Viviendas (CEV) desde el año 2012, y producto de la Ley de Eficiencia Energética se creará en los próximos años una calificación para edificios de uso público, comerciales y oficinas”, comenta Hernán Madrid, jefe de CES.
Por otra parte, las certificaciones abordan una mayor cantidad de variables en su evaluación, incluyendo demanda y consumo energía, pero extendiéndose a calidad del ambiente interior, eficiencia en el uso de agua, materiales y residuos, entre otras. “Las metodologías de análisis suelen ser más complejas e incluyen una evaluación de tercera parte. Actualmente, tenemos disponibles la Certificación Edificio Sustentable (CES) para edificios de uso público, comerciales y oficinas desde 2014, y desde este 2020 la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), que se aplica a viviendas y a la que se integra la CEV en sus variables de energía”, sintetiza el profesional.
Y la nueva Ley de Eficiencia Energética, incluso, traerá aparejado el desarrollo de la definición y certificación “Net Zero Energy” en Chile, para edificaciones de uso público y residencial. Además, el programa “Gestiona Energía” fortalecerá las capacidades técnicas de los gestores energéticos de los servicios públicos y ampliará la cantidad y tipo de edificios monitoreados, incorporando medición inteligente.
Calificación Energética de Viviendas
Entre las importantes herramientas orientadas a optimizar el consumo de energía, está la Calificación Energética de Viviendas (CEV), instrumento diseñado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con el Ministerio de Energía, que inició sus funciones en 2012 para promover el atributo de eficiencia energética en las edificaciones de uso residencial.
Desde este año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está trabajando en los documentos reglamentarios necesarios para la implementación de la obligatoriedad de la CEV (Reglamento de la CEV y Reglamento del Registro de Evaluadores Energéticos). Además, los equipos regionales del ministerio se concentran en fortalecer las capacidades instaladas y aumentar el número de evaluadores y fiscalizadores.
Una vez aprobada la Ley de Eficiencia Energética, los proyectos nuevos de viviendas, edificios de uso público, edificios comerciales y edificios de oficinas deberán contar con una calificación energética para obtener la recepción final o definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales respectiva. La obligación de precalificación y calificación energética respecto de viviendas, regirá transcurridos 24 meses desde la publicación de la norma.
Certificación Edificio Sustentable
Asimismo, un sistema de certificación voluntario evalúa las edificaciones de uso público en Chile, tanto nuevas como existentes, considerando una serie de parámetros que incentivan el diseño y la construcción sustentable. La Certificación Edificio Sustentable -desarrollada por el Instituto de la Construcción con el apoyo de 13 instituciones públicas y privadas- busca que el mercado valore mucho más este tipo de construcciones.
“Las variables se agrupan en líneas de acción como calidad de ambiente interior (confort térmico, acústico, calidad del aire e iluminación), energía (demanda, consumo y energía incorporada), agua (demanda, consumo y energía incorporada), residuos y gestión”, explica Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable.
Certificación Vivienda Sustentable
La Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) es una herramienta pensada para mejorar la calidad de vida a las personas a través del cuidado del desempeño de los proyectos de vivienda a nivel nacional. Para ello, utiliza como base los Estándares de Construcción Sustentable para Viviendas, publicados en 2016 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Esta herramienta ayudará a definir los mínimos requerimientos para catalogar una vivienda como “sustentable” y, además, para poner en valor experiencias de edificación residencial que incorporen parámetros de eficiencia energética, hídrica, uso de materiales sustentables, gestión de residuos, medidas de mitigación de impacto ambiental, mejor calidad ambiental para las personas y medidas de respeto al entorno urbano y cultural, durante todo el ciclo de vida del proyecto, es decir, desde el diseño y construcción, hasta la operación.
La construcción ha dado grandes pasos en eficiencia energética, logrando combinar confort y bajo consumo de energía. Los motores que hoy la mueven son: calidad del ambiente interior, uso de energía, uso de agua, gestión de residuos y gestión de operación y mantenimiento. Pero va por más.
Un innovador sistema desarrollado por el Instituto de la Construcción, con el apoyo y la participación de 13 instituciones públicas y privadas, hizo posible crear la Certificación Edificio Sustentable (CES), que permite evaluar, calificar y certificar el comportamiento ambiental de edificios de uso público en Chile. La iniciativa fue la respuesta de la industria de la construcción ante la necesidad de incorporar sustentabilidad a las edificaciones y a los desafíos globales que impone el cambio climático, pero es sólo el comienzo.
El diseño y la construcción con criterios de sustentabilidad no pueden pasar por alto la aislación térmica, el uso de la radiación solar, la iluminación natural, entre otros elementos que contribuyen a la eficiencia energética desde el diseño. Otro aspecto fundamental es la operación del edificio. “Es importante que cada edificio sea administrado por personas o empresas capacitadas en temas de sustentabilidad y eficiencia energética. Actualmente, la mayoría de las administradoras de edificios (oficinas, residenciales, públicos, etc.) tienen un conocimiento extenso en finanzas y distribución de recursos, pero poco en mantenimiento, eficiencia energética y calidad del ambiente interior”, explica Romy Lückeheide, asistente de CES.
Los resultados de los edificios certificados con CES avalan esta tendencia. Cifras del Ministerio de Energía de 2019, revelan que el promedio nacional de consumo de energía en edificios de oficinas supera los 250 kilowatt-hora por metro cuadrado al año (kWh/m2 año), en tanto, los que han sido certificados CES están muy por debajo de ese promedio. Por ejemplo, el edificio de Caja Los Andes de Providencia (certificado en categoría destacada 2017), llegó a los 152 kWh/m2 año en consumo eléctrico, mientras que el edificio de la PDI de Puerto Montt alcanzó los 74 kWh/m2 año.
Asimismo, en el área educacional, la Escuela Manuel Anabalón de Panguipulli logró entre 33 y 37 kWh/m2 año (solo consumo de calefacción) y la Escuela Bernardo O’Higgins de Tocopilla alcanzó 14 kWh/m2 año (consumo total). “Es relevante considerar que estos bajos consumos de energía consideran las condiciones adecuadas de confort interior, de modo que no solo son edificios con consumos bajos por no usar sistemas, si no que son realmente eficientes”, destaca Hernán Madrid, jefe de CES.
Hacia una segunda etapa
De ahí que el Instituto de la Construcción, mediante un convenio de colaboración con el Ministerio de Energía y el MOP, esté impulsando fuertemente la certificación de los edificios existentes y con miras a un desafío más ambicioso pero posible y necesario: la certificación nacional de edificios públicos “cero energía”.
Una herramienta como la certificación cero energía contribuirá a mover el foco de la sustentabilidad en la construcción a desarrollar edificios aún más eficientes y con un impacto en emisión de carbono significativamente menor.
Hoy, CES cuenta con más de 300 edificios en proceso de certificación, entre oficinas, escuelas, cuarteles de bomberos, recintos fronterizos, comisarías, centros médicos y hospitales, entre otras tipologías. Y a febrero de 2020, 42 estaban certificados.
La primera versión del reconocimiento distinguió a los edificios con los más altos puntajes del sistema de certificación nacional.
Tres establecimientos educacionales y un cuartel de Bomberos de la región de la Araucanía, un centro para el adulto Mayor en Magallanes y uno deportivo en Atacama fueron distinguidos en la primera versión de los Premios Certificación Edificio Sustentable, instancia que busca poner en valor el resultado de proyectos que han incorporado la herramienta de certificación nacional.
Considerando que las edificaciones influyen en la calidad de vida de los usuarios y el entorno, el Premio CES permite destacar también la forma en que una obra, al incorporar sustentabilidad, logra mejorar los niveles de calidad interior, usa eficientemente los recursos y reduce tanto emisiones como residuos.
“Esta premiación reconoce a espacios de uso público donde se trabaja confortablemente, lo que eleva la productividad, asegura un menor gasto energético y un mejor uso de los recursos naturales, considerando la climatología de las principales zonas de nuestro país. A fin de año se realizará la COP25 en Chile, por lo que hacemos un llamado a que certifiquemos nuestras edificaciones y mostremos al mundo un ejemplo a seguir”, sostuvo el presidente de Certificación Edificio Sustentable, Ricardo Fernández.
En la categoría Premio CES al Edificio Certificado, resultó ganador el Centro de Día del Adulto Mayor del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), mandatado a la Dirección de Arquitectura del MOP Magallanes. Emplazado en Punta Arenas, es el proyecto más austral en obtener la Certificación Destacada, con 69 puntos. Cuenta con aberturas bien diseñadas y una envolvente capaz de soportar los requerimientos climáticos del lugar. En tanto, la reducción de la potencia del sistema de climatización significó un ahorro de cerca del 50% en consumo respecto a la referencia, mientras que en su desempeño se advirtió una reducción del 57% de consumo de agua en el interior del edificio.
El segundo lugar fue para la Reposición del cuartel de Bomberos de Cunco, mandatado por la Municipalidad y que contó con la Dirección Regional de Arquitectura del MOP de La Araucanía como Unidad Técnica. El proyecto fue el primero de la región en contar con la precertificación de diseño y certificación en construcción en nivel Destacado, con 60,5 puntos. Dentro de las características de sustentabilidad, fueron aspectos relevantes la reducción en un 21% de las horas de disconfort y un 55% en la demanda de energía, además de un ahorro del 36% en consumo de agua.
El tercer lugar fue para el Centro Elige Vivir Sano de Caldera, perteneciente al Instituto Nacional de Deportes. Obtuvo la certificación CES nivel destacado con 56 puntos. En el diseño de los espacios se incorporaron estrategias pasivas para los recintos más pequeños, mientras que en los espacios más grandes se instalaron equipos de climatización eficientes, logrando una disminución del consumo en calefacción, enfriamiento e iluminación de un 41%. Incorpora elementos que lo hacen amigable con el medioambiente, como la utilización de 40 colectores solares térmicos que cubren el 20% de la demanda, además de artefactos sanitarios y de grifería que permiten ahorrar un 66% del consumo de agua.
En la categoría Premio CES al Edificio Precertificado, el primer lugar fue para la Escuela Básica Huitranlebu. Perteneciente a la Municipalidad de Purén, contó con Seremi Mineduc Araucanía como Unidad Técnica y obtuvo la precertificación CES con 81,5 puntos. Dentro de las características de sustentabilidad que destacaron en el proyecto, se contó un 42% de reducción en la demanda de energía y 21% menos de horas de disconfort, además de 70% ahorro de consumo de agua.
El segundo lugar de esta categoría fue para el Liceo B-15 Jorge Teillier. Perteneciente a la Municipalidad de Lautaro, su Unidad Técnica fue Seremi Mineduc La Araucanía y la Dirección de Arquitectura MOP La Araucanía. Recibió la precertificación con 79,5 puntos en el sistema. Dentro de las características de sustentabilidad que destacaron en el proyecto, se contaron reducciones de 43% en demanda de energía, 57% en consumo de la misma y 13% en horas de disconfort, además de 56% de ahorro de consumo de agua.
El tercer lugar fue para la Escuela Rural Rucapangue. Proyecto de la Municipalidad de Cholchol, obtuvo la precertificación con 76,5 puntos y la Unidad Técnica fue Mineduc Seremi La Araucanía. Dentro de sus características de sustentabilidad descritas en el proyecto, destacaron reducciones de 20% de demanda de energía, 19% de horas de disconfort y 41% de ahorro en consumo de agua.
En tanto, el premio al Profesional Destacado CES recayó en Norman Goijberg, arquitecto de la Universidad de Chile con vasta experiencia en temas de sustentabilidad, quien fue el primer presidente de Certificación Edificio Sustentable, entre los años 2014 y 2016. Actualmente forma parte de su Comité Directivo en representación de la Cámara Chilena de la Construcción.
Iniciativa de valor
Para esta primera versión de los Premios CES, se consideraron los proyectos desde la puesta en marcha de la herramienta hasta diciembre de 2018, explicó Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable. Recibieron la distinción los edificios y proyectos con los más altos puntajes del sistema, mientras que el Profesional Destacado se eligió entre el universo de participantes que históricamente se ha articulado en torno a la certificación.
“Además del reconocimiento, los ganadores del premio CES 2019 tendrán un espacio en la muestra permanente de la XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, que se realizará entre el 03 y 27 de octubre”, añadió Madrid.
La ceremonia de entrega se realizó el pasado 04 de septiembre en Santiago y contó, entre otros con la presencia del director Nacional de Arquitectura, Raúl Irarrázabal; la directora nacional del Instituto Nacional de Deportes, Sofía Rengifo; la directora (s) del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Muriel Abad; el alcalde de Cholchol, Luis Huirilef; el alcalde de Purén, Jorge Rivera; el director regional MOP Magallanes, Patricio Hormazábal; el director ejecutivo del Instituto de la Construcción, José Pedro Campos; presidente del Colegio de Arquitectos, Humberto Eliash, y el past president de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, Yves Besançon.
Ganadores Premios CES
Categoría Edificio Certificado
Primer lugar: CENTRO DE DÍA DEL ADULTO MAYOR PUNTA ARENAS
Certificación Destacada – 2018
Mandante: Servicio Nacional del Adulto Mayor
Unidad Técnica: Dirección de Arquitectura MOP Magallanes
Arquitecto: Néstor Vásquez
Asesor: Pasiva
Entidad Evaluadora: IDIEM
Ubicación: Punta Arenas, Región de Magallanes
Segundo lugar: REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE CUNCO
Certificación Destacada – 2018
Mandante: Ilustre Municipalidad de Cunco.
Unidad Técnica: Dirección Regional de Arquitectura del MOP de La Araucanía.
Arquitecto: Soc. Arquitectura Arquiferreira
Asesor: Rodrigo Escobar (PC) – Rodrigo Vargas (C)
Entidad Evaluadora: 88 Ltda.
Ubicación: Cunco, Región de la Araucanía
Tercer lugar: CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL CALDERA
Certificación Destacada – 2018
Mandante: Instituto Nacional de Deportes
Arquitecto: PHH Arquitectos
Asesor: Daniela Olmos
Entidad Evaluadora: 88 Ltda.
Ubicación: Caldera, Región de Atacama
Categoría Edificio Precertificado
Primer lugar: ESCUELA BÁSICA HUITRANLEBU
Mandante: Ilustre Municipalidad de Purén
Unidad técnica: Mineduc Seremi Araucanía.
Arquitecto: M&H Arquitectos
Asesor: Rodrigo Escobar
Entidad Evaluadora: 88 Ltda.
Ubicación: Purén, Región de la Araucanía
Segundo lugar: LICEO B-15 JORGE TEILLIER
Mandante: Ilustre Municipalidad de Lautaro
Unidad técnica: Mineduc Seremi Araucanía y Dirección de Arquitectura MOP Araucanía. Arquitecto: Arquitectonica Ltda.
Asesor: Tatiana Vidal
Entidad Evaluadora: 88 Ltda.
Ubicación: Lautaro, Región de la Araucanía
Tercer lugar: ESCUELA RURAL RUCAPANGUE
Mandante: I.M. de Cholchol
Unidad técnica: Mineduc Seremi Araucanía
Arquitecto: Paulo Lagos Yáñez
Asesor: Rodrigo Escobar
Entidad Evaluadora: 88 Ltda.
Ubicación: Cholchol, Región de la Araucanía
Fuente: CES