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Alrededor de 85.000 toneladas retiradas por el Ministerio de Obras Públicas solo en la primera etapa de la remoción de escombros en la emergencia de los incendios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, se suman a los grandes volúmenes de residuos generados tras las catástrofes, más de 20 millones de toneladas se generaron para generadas para el 27F, sin considerar otras catástrofes ocurridas en Chile. Un protocolo que ponga de acuerdo a las autoridades, coordine a los funcionarios públicos y capacite a la ciudadanía en el adecuado manejo y gestión de dichos residuos aparece como idea fuerte tras esta última emergencia.

Para fines de febrero, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) informaban que se había terminado la primera etapa de remoción de escombros tras los incendios en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Fueron un total de 85.000 toneladas las recogidas, de acuerdo a lo señalado en Radio Pauta por el seremi del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Valparaíso, Yanino Riquelme. Esta cifra significaba solo el 70% de la tarea total, según datos del gobierno, y fueron destinados el relleno sanitario El Molle.

Más allá de la respuesta que tuvo el MOP y sus direcciones, cabe analizar que, de acuerdo a lo informado, tal cantidad de toneladas equivale a 56.000 buses vertidos en el relleno sanitario. Por ello, es necesario pensar en la necesidad de contar con un protocolo de manejo de residuos de emergencias, sobre todo considerando que en Chile las emergencias son recurrentes: incendios, terremotos, temporales, etc.

De hecho, en 2021, el Ministerio del Medio Ambiente estimó la generación de residuos ocurrida en el terremoto 27F, “llegando a la conclusión que solo por la afectación a vivienda con la información levantada nacional, se pudieron haber generado más de 20 millones de toneladas de residuos derivados del desastre”, precisa Rubén González, profesional de la Oficina de Economía Circular del MMA.

En 2023, la Oficina de Economía Circular del MMA junto con el Departamento de Gestión Interinstitucional de SENAPRED desarrollaron una propuesta de ficha para levantar información sobre residuos en momentos de desastre y catástrofes, que permita a los servicios locales incorporar estos aspectos en las solicitudes de recursos de forma complementaria al formulario ALFA, y así ayudar a identificar situaciones de riesgo con residuos y solicitar apoyo especializado. 

“Este instrumento se encuentra a nivel de borrador a espera de validaciones internas en los servicios para su pilotaje, mejora y luego su instauración como un procedimiento, cuestión que es necesario coordinar con el Ministerio del Interior”, explica González.

Y en la actualidad, el MMA en conjunto con Fundación Chile y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA postulan un fondo GEF para abordar distintos aspectos de economía circular en el sector construcción, fondo que consultará recursos para apoyar el desarrollo de la guía señalada y para desarrollar contenidos de un curso para sensibilizar y educar en estas materias a funcionarios municipales.

Lucas Bracho, CEO de Reduciclo y asesor de Plataforma Industria Circular, cree que es “crucial implementar un protocolo específico para la gestión de residuos derivados de demolición en situaciones de emergencia, como los recientes incendios en la región de Valparaíso”.

La misma opinión tiene Karen Aguilera, fundadora de Revaloriza, empresa de revalorización de residuos de la construcción de la región de Valparaíso: “Sí, es necesario, no tan sólo a raíz de los incendios en particular, sino que basados en los Planes Locales de Cambio Climático, en donde existen variados tipos de emergencias que podemos sufrir. Cada municipio del país debe contar con planes y protocolos que indiquen las forma de actuar ante situaciones que lamentablemente serán más recurrentes, tales como: remociones en masa, derrumbes, demoliciones, incendios, entre otros”, explica.

Aguilera destaca el actuar de la Municipalidad de Quilpué, cuyos profesionales ejecutaron el acopio temporal de residuos en canchas, “al igual que los otros municipios, pero realizando la diferencia entre lo que debe ir a disposición final directamente y lo que sí es posible de valorizar”. 

La fundadora de Revaloriza añade que en 1984 “sufrimos en la región de una remoción en masa producto de residuos de construcción dispuestos de manera ilegal en la zona alta del Estero de Reñaca, situación que sigue repitiéndose en varias quebradas de la región, siendo un riesgo latente”. Sobre todo considerando que los incendios han sido reiterativos en la región de Valparaíso desde 2014, y “lamentablemente, con niveles de crudeza altísimos y a esto hay que sumar que somos un país sísmico, en donde no hay que omitir que debemos contar con infraestructura crítica para hacernos cargo de los residuos post desastre”, opina la profesional. 

A su juicio, este incendio evidencia lo que por años ha sido una dura realidad: “ser expertos en implementar planes reactivos y no preventivos. Es necesario que nuestros planes preventivos sean conociendo lo que existe en el territorio y que los protocolos sean claros en cómo actuar para que el nivel de incertidumbre sea mucho menor”.

El protocolo

Para Rubén González, un aspecto clave a entender en el caso de desastres en los que se generan escombros, es que entre ellos existen materiales que pueden ser peligrosos y que se suman a los riesgos ya existentes en la zona afectada, y a situaciones posibles como derrumbes, presencia de cadáveres, hasta de la lucha con delincuentes. 

En palabras simples, “lo que no debería ocurrir es que las personas, sin debida preparación, sin equipamiento de protección personal adecuado comiencen a retirar escombros, a entregarlos a chatarreros o a acumularlos en las calles para comenzar inmediatamente el proceso de reconstrucción sobre las cenizas o escombros húmedos de su antiguo hogar”, advierte el profesional del MMA. 

Al respecto, efectivamente, cree que se hacen necesarios mejorados protocolos de carácter intersectorial que posibiliten dicha diagnosis y es por ello que los distintos agentes del Estado se encuentran promoviendo dicha interacción. 

“Como comenté antes, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra coordinado con SENAPRED, así también se realizaron gestiones con MOP, para asegurar que el retiro de escombros que esa entidad ejecuta considere aspectos específicos referidos a gestión de residuos de demolición. Cabe señalar que la NCh 3727:2021 Gestión de residuos – Consideraciones para la gestión de residuos en obras de demolición y auditorías previas a obras de demolición, ya es un primer protocolo que permite tener consideraciones sobre la gestión de residuos en momentos de desastre o catástrofe”, argumenta. 

Información a la ciudadanía

Dentro de las múltiples imágenes de los incendios en centros urbanos, es posible ver a los habitantes que han perdido sus viviendas y enseres, levantando con sus propias manos los residuos, lo que abre la pregunta de si se requiere difundir contenidos e información sobre riesgos a la ciudadanía.

Para Rubén González está claro que sí: “mientras más información tenga la ciudadanía sobre los potenciales riesgos referidos a su acción en momentos de desastre y sobre cómo proceder ante el desafío de la remoción de escombros y sobre los efectos de determinado tipo de desastres sobre la habitabilidad de los entornos afectados; es mejor”. 

Esto puede ayudar a evitar situaciones en las que la ciudadanía o incluso el personal público o privado, maneje residuos sin adecuados implementos de protección personal, acordes a la peligrosidad de los mismos, así como que se puedan identificar adecuadamente situaciones de riesgo las que se deben notificar a la autoridad.

Lucas Bracho sostiene que “es esencial que se difunda este protocolo entre la ciudadanía para garantizar una respuesta coordinada y eficiente. Crear material educativo, realizar campañas de concientización y organizar talleres comunitarios pueden ser estrategias efectivas para informar a la población sobre lo crucial que es clasificar y desechar apropiadamente los desechos de demolición, reduciendo al mínimo los impactos ambientales y en la salud.

De hecho, el profesional proveniente de la región de Valparaíso que ha desarrollado una carrera en torno a la gestión y valorización de residuos de la construcción y demolición, entrega algunos tips para una situación de emergencia:

• Separación inmediata: Es esencial clasificar los desechos en distintas categorías como madera, metal, plástico y escombros, inmediatamente después de la emergencia. Esto hará más fácil la gestión y el reciclaje en el futuro.
• Zonas de acopio temporal: Asegurar que las áreas designadas para la disposición temporal de residuos estén ubicadas lejos de fuentes de agua y áreas sensibles.
• Colaboración con recicladores: Promover la colaboración con recicladores locales para aumentar al máximo la recolección de materiales reciclables. Designar lugares concretos para la entrega de los artículos.
• Monitoreo de sustancias peligrosas: Es importante identificar y manejar correctamente los desechos que podrían contener sustancias dañinas, como productos químicos del hogar o materiales de construcción tóxicos.

Con todo ello, el consultor de Plataforma Industria Circular, señala que el manejo de desechos se vuelve fundamental para la recuperación y reconstrucción sostenible en este tipo de emergencias. “Es esencial promover una cultura de responsabilidad ambiental en la comunidad, aparte de llevar a cabo medidas prácticas. La clave para enfrentar los desafíos ambientales y sociales derivados de la emergencia será la colaboración entre autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía”, piensa, así como también ve como fundamental “tener una planificación a largo plazo, brindar educación continua y fomentar la participación de la sociedad para construir una comunidad más resiliente y sostenible en el futuro”.

Por último, en cuanto a la educación de la ciudadanía, la coordinadora de sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia, sostiene que una de las acciones claves a implementar en catástrofes en el manejo de residuos, es proveer a los habitantes de información para la identificación de residuos peligrosos y la protección personal para evitar daños a la salud de las personas.

Uno de los materiales peligrosos que se encuentran en general en las demoliciones de construcciones previas al 2001 es el asbesto, que en caso de encontrarse friable, es decir, en condiciones de desmenuzarse, es altamente peligroso debido a que al respirar sus fibras puede producir enfermedades respiratorias, incluso cáncer. Cabe señalar que el asbesto es un material cuyo uso se prohibió en Chile en el año 2001. Este se puede encontrar presente en cañerías, material aislante, pegamento de palmetas de piso vinílico, entre otros, pero lo más común en nuestro país son las planchas de  revestimiento para techumbre. 

La arquitecta recomienda revisar el video que se realizó para el manejo de residuos de la demolición, basado en la NCh3727:2021 donde se explican estos aspectos.

En su 15° Congreso Anual, realizado en Coquimbo, la AICE reunió a sus socios, estudiantes y profesionales afines, para actualizar los conocimientos técnicos e institucionales en torno al manejo de desastres y los cambios que se vienen para la disciplina. En la misma instancia, se entregó el premio Ingeniero del Año 2022.

Luego de dos años de pandemia, la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales (AICE) volvió a la presencialidad en regiones, en la ciudad de Coquimbo, con su 15° Congreso Anual, realizado en el Enjoy de Coquimbo el 14 y 15 de octubre.

Por la naturaleza de su profesión, los ingenieros estructurales están propensos a vivir catástrofes diversas y deben estar preparados para ellas. Dadas las características de Chile, los mayores desastres naturales se han producido por la alta sismicidad que caracteriza al territorio, “pero también en los últimos años se han intensificado los incendios, inundaciones y otros fenómenos menos usuales, incluyendo vientos y desastres causados por la acción humana, como los actos vandálicos, que han hecho caer varias edificaciones”, comentó Ian Watt, presidente de la AICE.

Por ello, con el lema “Manejo de Desastres en Ingeniería Estructural”, los profesionales se pusieron al día con la gestión de riesgos de desastres, en la misma ciudad que los recibió hace 12 años. 

“Es importante que nos sumemos a la investigación, la innovación y la planificación de los riesgos, para lograr mejores resultados en los desastres naturales que ya están ocurriendo hoy y los que vendrán en el futuro. Desde un punto de vista más técnico, es relevante estar actualizados con el nuevo conocimiento que surge”, añadió Watt.

Una de las charlas que apuntaban a esta actualización la dio Rubén Contador, director regional de ONEMI Coquimbo, quien expuso acerca de la nueva legislación de riesgo de desastres en Chile, que parte el 1 de enero de 2023. “Fundamentalmente el hecho que la nueva legislación crea una estructura de coordinación a través de los comités, un sistema nacional y un servicio nacional para enfrentar las emergencias, desastres y catástrofes, y como organismo del Estado que está a cargo de las emergencias, consideramos que la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales debía conocer la legislación para utilizarla en situaciones de emergencia de tipo estructural”, precisó el director regional, refiriéndose al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). Este cambio implicará la contratación de alrededor de 60 profesionales, que sean capaces de absorber la nueva carga, que consistirá en la revisión de planes que hasta ahora no estaban sometidos a un control de eficacia, de acuerdo con Contador.

Asimismo, basado en una larga experiencia en riesgos geológicos, tanto en Nueva Zelanda como en Chile, Brent V. Alloway, profesor adjunto del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, destacó los hitos comunes que ambos países comparten con respecto a los peligros naturales, así como también se refirió a nuevos desarrollos integradores que simulan y modelan una gran gama de estos peligros, considerando su impacto en las comunidades y en la infraestructura crítica.

Instrumentos para análisis y respuesta

En la segunda jornada del congreso, Claudia Galaz, coordinadora de Preparación para la Respuesta ante desastres del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), abordó los aprendizajes, avances y desafíos en materia de respuesta ante desastres desde el último gran evento ocurrido en Chile el 27 de febrero de 2010, con énfasis en el procedimiento y criterios para la evaluación de daños en viviendas. 

“En el último terremoto, nuestros edificios tuvieron una respuesta bastante buena, no así la respuesta institucional ante el desastre y el sector vivienda no estuvo exento de eso; no teníamos una ficha, para que se evaluaran daños por parte del municipio, del Serviu, de las universidades, aseguradoras. Se evaluaron dos, tres, cuatro veces las casas y no salía un catastro de vivienda”, contó Galaz.

Como parte de la nueva institucionalidad que incluye al Minvu, después del resguardo de la vida y salud de las personas, “probablemente la vivienda y la habitabilidad es una de las mayores preocupaciones de quienes han sido afectados por un desastre, es por ello que el Minvu ha definido un Plan de Respuesta Sectorial ante desastres, así como Planes de Respuesta Operativa a nivel regional, con el propósito de atender a la ciudadanía afectada de forma oportuna y pertinente, de modo de comenzar la recuperación y reconstrucción habitacional lo antes posible”, puntualizó la profesional.

De esta forma, la arquitecta destacó el último lineamiento sobre la evaluación de edificaciones en altura afectadas por sismos y el uso de herramientas tecnológicas, tales como aplicaciones móviles, drones, plataformas de gestión de datos y paneles de reportería, que permite contar con información de la evaluación de daños en tiempo real y desde pocas horas o días desde ocurrido un evento destructivo, lo que impactará en que las familias afectadas puedan comenzar a recuperar la habitabilidad de sus viviendas en un tiempo mucho menor. 

Por su parte, Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional (CSN), precisó que hoy la red de monitoreo tiene tres componentes: 108 estaciones completas, 128 GNSS para estimación rápida de desplazamientos y 295 acelerógrafos para propósitos de ingeniería civil (instalados por el Minvu y ONEMI), ubicados entre Visviri, por el norte, y Puerto Williams, por el sur. De esta manera, se puede caracterizar el sismo en menos de cinco minutos, que es lo más difícil de hacer. 

Así, “más del 95% de los instrumentos de la Red Sismológica Nacional está funcionando correctamente, grabando la información” y “si ocurre un terremoto de magnitud 7 o superior, en cualquier parte del país, tenemos un plazo de 20 días para recoger la información de los acelerógrafos y ponerla a disposición del público, para que puedan analizar esos datos a la brevedad”, sostuvo, agregando que la tarea del CSN en estos momentos es poner estos aparatos en tiempo real, puesto que cuando les fueron entregados, se hizo de manera offline.

“La relación que existe entre la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales y la labor que nosotros realizamos es de mutuo interés. Lo que nosotros podemos proveer como datos y señales para el mejoramiento de la manera de cómo se incorporan las nuevas metodologías al trabajo de la AICE es de beneficio mutuo para ambas partes”, acotó el director del CSN.

A través de la charlas de los ingenieros Ramón Verdugo, Leopoldo Breschi y Mario Lafontaine, se mostraron casos prácticos de desastres observados en distintas industrias: desde el área minera y de infraestructura hasta la edificación, de los cuales, el gremio ha aprendido importantes lecciones, tanto desde el punto de vista técnico como de gestión.

Al cierre del congreso, Felipe Rivera, ingeniero civil en construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile y estudiante de doctorado en la University College London (Reino Unido), puso en carpeta la discusión sobre qué hay más allá de la provisión técnica de seguridad sísmica y de qué manera la ingeniería estructural puede contribuir a desarrollar ciudades más justas. Con su presentación, abordó aspectos multidisciplinarios del desarrollo, aplicabilidad y cumplimiento de las normas de construcción, y las prácticas de gobernanza para la gestión y reducción del riesgo de terremotos y desastres. Con ello, invitó a avanzar hacia una mirada más amplia en la gestión de riesgos, que considere la integración del Estado, de los privados, de la academía y de la comunidad, en pos de tener una respuesta más eficiente y equitativa frente a la ocurrencia de desastres.

Ingeniero del Año 2022

Los socios de AICE eligieron este 2022 como Ingeniero del Año a Gonzalo Santolaya De Pablo, profesional con más de 40 años de experiencia, fundador y gerente general de Santolaya Ingenieros Consultores.

“El futuro no sería posible sin el legado de quienes tanto han aportado en sus carreras profesionales, en particular a quienes son destacados en cada congreso como Ingeniero del Año”, manifestó Ian Watt, antes de dar a conocer este premio.

Gonzalo Santolaya agradeció a la directiva de la AICE. “Debo reconocer que no me lo esperaba y tuve una linda sorpresa con esta noticia”, reflexionó. Y también agradeció “haber sido reconocido por mis pares y que se premie tanto a ingenieros que hemos trabajado toda la vida en ingeniería práctica, en oficinas de proyectos, como a quienes lo hacen en la parte académica e investigativa, con quienes muchas veces tenemos miradas distintas de cómo hacer ingeniería, pero sabemos que todos, cada uno desde su trinchera, colaboramos para engrandecer la ingeniería estructural en nuestro país, lo que hemos logrado con creces, siendo hoy reconocidos mundialmente por ello, como quedó demostrado el 27F, sin duda la mayor prueba que hemos tenido esta generación de ingenieros”. Y agregó: “Este premio lo comparto con todas las oficinas de ingeniería de proyectos, similares a la nuestra”.

Fuente: AICE