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Jaime Cataldo, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios MSUR, advierte que la gestión de residuos de construcción y demolición en la Región Metropolitana enfrenta brechas estructurales en infraestructura, trazabilidad y regulación. En esta entrevista, aborda los desafíos municipales, el rol de la Ley REP y las oportunidades de articulación con la Red ECC.

La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) se ha transformado en uno de los principales desafíos para los municipios de la Región Metropolitana. De hecho, la Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos, Msur, se creó en 2016. 

Hoy agrupa a 22 comunas,  y ha desarrollado una variedad de acciones que le permiten acercarse a su objetivo: la sustentabilidad ambiental, la gestión integral de los residuos generados en las comunas socias y su valorización, para que sus socios integren y/o fortalezcan en su gestión este ámbito de competencia municipal. 

Desde esta experiencia, ven que la disposición sigue concentrada en rellenos sanitarios y la valorización aún no logra consolidarse como una alternativa estructural. 

A ello se suman problemas persistentes como la proliferación de microbasurales, la falta de infraestructura y la necesidad de fortalecer la coordinación entre actores públicos y privados. En este contexto, el secretario ejecutivo de MSUR, Jaime Cataldo, plantea la urgencia de avanzar hacia un modelo más integrado, con incentivos claros, gobernanza territorial y mayor participación del sector construcción.

¿Cómo están enfrentando hoy los municipios la gestión de los RCD?

En la práctica, la mayoría de los municipios continúa enviando los RCD a rellenos sanitarios autorizados, aun cuando el costo de disposición suele ser mayor que otras alternativas. La disposición en lugares autorizados para escombros y la valorización sigue siendo marginal y depende de iniciativas puntuales más que de una política estructural.

Cataldo explica que, si bien existen esfuerzos para diversificar destinos, estos aún no logran consolidarse. “MSUR ha suscrito un Convenio de Colaboración con Greenrec Lepanto, promoviendo la derivación de RCD hacia esta instalación, donde además de disposición se desarrolla selección de materiales, aunque aún no constituye el destino predominante del flujo”, comenta.

A esto se suma un problema estructural en el territorio: “la formación constante de micro basurales en espacios públicos, particularmente asociados al depósito irregular de escombros y residuos domiciliarios voluminosos.

Frente a esto, el ejecutivo plantea que la respuesta debe ser integral: “resulta clave avanzar en estrategias de educación ambiental, reforzar los mecanismos de fiscalización y actualizar las ordenanzas municipales”. En sus palabras, “infraestructura, educación, ordenanza y fiscalización son fundamentales para abordar de manera más efectiva el problema”.

¿Qué aprendizajes deja la implementación de la Ley REP a nivel municipal?

Ya tenemos más de dos años y medio de implementación de la Ley Rep y creemos que estamos superando una etapa de aprendizaje en lo esencial y ahora entramos en régimen a paso firme.

Uno de los principales desafíos ha sido la trazabilidad. “MSUR y sus 33 comunas socias ya supera el millón de hogares con cobertura domiciliaria, pero aún no podemos identificar cuáles hogares sí reciclan y cuáles no”, cuenta.

Sin embargo, en el ámbito de instalaciones, el sistema muestra avances: “la trazabilidad desde nuestros 15 Centros de Acopio y Puntos Limpios, además de nuestra Planta Metropolitana, se realiza adecuadamente para su envío a plantas de valorización”.

Cataldo también destaca el rol de los recicladores de base: “han sido actores muy importantes y trabajamos en conjunto en la mayoría de los programas de reciclaje de nuestra asociación”.

¿Puede el modelo REP aplicarse a los RCD?

El incluir los RCD en la Ley REP desde ya nos parece de suma importancia, dado que los municipios serían beneficiados de manera importante para disminuir los micro basurales en sus barrios.

En ese sentido, señala que los sistemas de gestión existentes pueden aportar aprendizajes, pero advierte que deben cumplir ciertas condiciones: “es importante que tengan calle, conocimiento del modelo de negocios de la construcción, conocimiento del territorio y que tengan una visión amplia en su propósito” .

¿Existe hoy infraestructura suficiente para valorizar RCD en la Región Metropolitana?

La infraestructura de disposición de RCD en la Región Metropolitana, con permisos sanitarios, es muy limitada y está territorialmente concentrada.

Explica que actualmente “la principal instalación especializada es Greenrec Lepanto, pero solo recepcionan y separan materiales. No hay procesos de valorización propiamente tal”.

Además, existe una brecha territorial relevante: “en la zona norte no existe actualmente una oferta de recepción de este tipo, lo que obliga a trasladar residuos hacia el sur o disponerlos en rellenos sanitarios”.

Incentivos

Cataldo es claro en que se necesitan señales regulatorias y económicas: “se requieren exigencias regulatorias claras, como incorporar porcentajes de material reciclado en obras públicas y sistemas de trazabilidad obligatoria .

A esto se suman condiciones de mercado: “también son necesarios incentivos económicos y contratos estables que reduzcan el riesgo para inversionistas”, dice.

Asimismo, plantea el rol de la escala territorial: “la asociatividad municipal puede generar economías de escala y demanda suficiente para viabilizar nuevas plantas”.

En Países Bajos, por ejemplo, gran parte de las obras de infraestructura incorpora áridos reciclados provenientes de residuos de construcción. En Reino Unido, en tanto, el impuesto al envío de residuos a vertederos ha incentivado fuertemente el reciclaje de escombros. Estos casos muestran que la regulación y la generación de demanda desde el sector público pueden ser claves para desarrollar la valorización de RCD.

¿Qué oportunidades abre la colaboración con la Red ECC?

La colaboración entre MSUR y la Red de Economía Circular de la Construcción abre la oportunidad de impulsar una alianza estratégica para desarrollar un modelo de gestión de RCD con un positivo impacto en nuestros territorios.

En concreto, propone avanzar en pilotos: “se puede implementar un proyecto piloto operativo, con colaboración pública/privada, que permita articular a municipios y actores del sector para acceder a recursos y probar soluciones de manejo y valorización”.

Además, destaca el valor de la información: “el piloto permitiría generar estadísticas sobre generación de RCD, tipologías de residuos y patrones de disposición de la población, información clave para dimensionar el problema y aportar evidencia que facilite, en el futuro, su eventual incorporación en la Ley REP”.

¿Cómo puede aportar la gobernanza territorial de la Red ECC?

La gobernanza propuesta por la Red ECC puede ayudar a fortalecer el trabajo municipal al establecer lineamientos comunes para la gestión de RCD .

Hoy, explica, existe dispersión normativa: “cada municipio define de manera autónoma sus exigencias y criterios”, por lo que un marco común permitiría “armonizar estándares mínimos, protocolos y definiciones técnicas”.

Además, destaca el rol de los municipios en la trazabilidad: “pueden y deben aportar con las obligaciones de solicitar y exigir certificados de disposición de RCD a las empresas constructoras”.

Finalmente, subraya la importancia de una mirada sistémica: “un modelo de gobernanza específico de los materiales y escombros de la construcción debe insertarse en un concepto e instancia de gobernanza de Gestión de Residuos y Economía Circular de la Región Metropolitana, cuya constitución está en proceso en la actualidad”.

Mauricio Fabry, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno de Santiago, destaca la urgencia de enfrentar los vertederos ilegales y proyectar una ciudad resiliente, innovadora y sostenible, con la economía circular como eje estratégico.

“El principal desafío es que podamos tener una ciudad y una región limpia, que podamos eliminar los vertederos ilegales”, afirma con convicción, Mauricio Fabry, jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno de Santiago. Desde su rol, no duda en identificar la economía circular como una herramienta fundamental para lograrlo. Y es que, en la actualidad, más del 80% de los residuos depositados en vertederos ilegales provienen de la construcción y demolición.

La magnitud del problema es alarmante. En la región Metropolitana existen 123 vertederos ilegales identificados, de los cuales 56 están activos. “Todos los días reciben residuos”, subraya Fabry. Sin embargo, también destaca avances concretos: “Hemos logrado la eliminación de al menos seis grandes vertederos ilegales de más de una hectárea, gracias al trabajo de mesas intersectoriales”.

Este desafío estructural requiere más que fiscalización o limpieza. Según Fabry, la solución de fondo es cortar con la generación descontrolada de residuos e incorporar estos materiales al ciclo productivo. “Estos residuos no solamente no deben llegar a los vertederos ilegales, sino que además pueden ser insumos, materias primas que permitan mejorar la industria de la construcción”, propone.

Con ello, a su juicio, es posible fomentar la productividad con negocios que sean nuevos y verdes, que permitan, por ejemplo, “constituir distintos tipos de áridos a través de los residuos de la demolición, que podamos hacer un reuso de distintos elementos e insumos de la construcción y que, por lo tanto, podamos abrir también nuevas posibilidades de negocios”, plantea.

La región Metropolitana, con sus más de 15 mil km² y múltiples vocaciones —agrícola, industrial, minera, comercial y tecnológica— ofrece una oportunidad única para aplicar un modelo territorial circular. Fabry lo resume así: “Necesitamos avanzar en modelos territoriales para que estas vocaciones productivas tengan una mirada circular y generen nuevos negocios y trabajos verdes”.

En esa línea, el Gobierno de Santiago ha impulsado iniciativas como Santiago Circular, que ya ha apoyado a pequeñas y medianas empresas en su transición hacia la circularidad. También destaca la Plataforma de Industria Circular (PIC), una suerte de “match empresarial” que conecta residuos de una industria con las necesidades de otra, generando nuevas cadenas de valor.

Pero para que estas acciones escalen, se requiere gobernanza efectiva. Fabry lo tiene claro: “Siempre hablamos de una mesa de cuatro patas: el mundo público (en todos sus niveles), la academia, las organizaciones sociales y el sector privado”. Este modelo de trabajo, dice, permite avanzar con evidencia, colaboración y visión estratégica, como la que entrega la Estrategia Regional de Desarrollo.

En el marco de la Red de Economía Circular de la Construcción, el Gobierno de Santiago se posiciona como un aliado estratégico. “Nos anima promover una construcción circular, la generación de empleos verdes y, sobre todo, aportar a la valorización de los residuos de la construcción y demolición”, reafirma Fabry.

“Queremos avanzar hacia una ciudad y una región resiliente, capaces de resistir los embates del cambio climático y reconvertirse con innovación, sobre todo en contextos como el actual de la guerra de aranceles de Estados Unidos,”, concluye. En ese horizonte, el desarrollo sostenible no es una opción, sino una necesidad que se construye —literalmente— desde los escombros.