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Panel La economía circular como facilitador de un nuevo sector de la construcción en Latinoamérica

– Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025
– Paola Valencia, socia de 3E Ingeniería
– Guillermo Penagos, coordinador de proyectos, Cátedra UNESCO de Sostenibilidad – UPC
– Henrique Benites, investigador y académico en la Universidad de Nueva Gales del Sur

Por Paola Valencia, gerenta de Sostenibilidad de E3

Como ya es ampliamente conocido, según el último reporte de Global Alliance for Building and Construction, el sector vinculado a edificación es responsable del 38% de las emisiones globales de GEI, donde un cuarto de éstas corresponde a las emisiones generadas en los procesos de producción de materiales, transporte y construcción. Por lo tanto, hoy en día se sabe que tres cuartos de las emisiones del sector corresponden a carbono operacional y un cuarto a carbono incorporado. 

Sin embargo, ya hace muchos años que sabemos que el sector construcción es responsable de éste y otros impactos ambientales y ha sido uno de los sectores más lentos en incorporar cambios de buenas prácticas no sólo medioambientales, sino también de innovación, tecnológicas y sociales. Y ¿por qué ocurre esto? Bueno, por algo muy simple, porque al menos en Chile este sector compite sólo por costos directos y no considera los costos indirectos. Esto quiere decir que no paga impuestos por los diferentes impactos que genera. Un ejemplo muy claro de esto es que es más barato botar basura que valorizarla. Esto es grave, porque esos impactos ambientales los terminamos pagando todos, dado que el estado invierte un porcentaje no menor del presupuesto nacional en mitigación de daños ambientales, tales como planes de descontaminación, subsidios a familias de zonas saturadas, reforestación, gastos en salud por consecuencia de la contaminación y tantos otros.

Un gran desafío que tenemos en el sector construcción es lograr que nuestros procesos sean ambiental y socialmente responsables y para lograr esto, una de las herramientas más potentes son las certificaciones medioambientales, pero cuando promovemos estos sistemas, lo primero que encontramos por parte de la industria es la respuesta “es más caro”.

Por ello, es muy relevante avanzar a nivel nacional en levantar datos sobre los impactos ambientales vinculados a los procesos productivos y reflejar esto en los costos de producción, tomando para esto uno de los principios de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que señala que “El que contamina paga”. En este contexto, todos los procesos productivos deberían pagar impuestos ambientales de acuerdo con su nivel de impacto y, bajo este concepto, claramente un proyecto certificado con estándares de sustentabilidad tendería a ser más económico que uno no certificado.

Las certificaciones medioambientales de edificios también tienen un rol fundamental en la generación de datos e información ambiental sobre los procesos de producción, construcción y operación de los edificios e infraestructura. Es así como hace más de 20 años que se han implementado certificaciones medioambientales en el mundo, que buscan cambiarle la cara a la industria hacia una más responsable y verde. En ese sentido, se destaca a Chile como uno de los países que no sólo ha implementado sistemas internacionales, sino también desarrollado e implementado sistemas nacionales que ayudan a movilizar al sector a incorporar prácticas de menor impacto ambiental.

Es por esto que vale la pena destacar cómo están abordando la reducción de emisiones de GEI los sistemas de certificación medioambiental que están operando en Chile y que son las certificaciones internacionales LEED y EDGE, y las certificaciones nacionales CVS y CES. En ese sentido, se destaca que todos los sistemas tienen un enfoque de ciclo de vida para abordar la promoción de reducción de energía y por ende de emisiones de GEI, aunque claramente algunos la abordan con mayor profundidad que otros. Los temas en los que coinciden la mayoría de estas certificaciones son premiando el uso de materiales y productos que documenten la energía incorporada en sus procesos, medidas de eficiencia energética en el diseño del edificio, en los equipos de iluminación, climatización, agua caliente sanitaria y la incorporación de energías renovables.

Y al igual que las certificaciones anteriores la Certificación Edificio Sustentable se destaca por promover la eficiencia energética con enfoque de ciclo de vida, ya que premia a los proyectos que documenten la energía incorporada en los materiales, medidas de eficiencia energética en el diseño arquitectónico, en diseño de iluminación, en sistemas de climatización y de agua caliente sanitaria y a los que incorporen energías renovables.

Fuente: CES

Los integrantes del Comité Consultivo Público: MMA, MOP, Minvu, Corfo y Construye2025, se han preocupado especialmente de avanzar colaborativamente, para lograr las metas trazadas que buscan convertir a la construcción en una economía circular. 

Tanto en el mundo público como en el mundo privado, la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 ha sido bien acogida. Cuando los servicios públicos demandaban una guía para mejorar la sustentabilidad de las obras y adoptar rutas hacia la circularidad, el sector privado respondió con la elaboración de una Estrategia de Construcción Circular 2025, a corto plazo que trazó los ejes y acciones de la Hoja de Ruta. 

“Nuestra ministra ha mostrado gran entusiasmo con el desafío de la circularidad para el sector construcción y derivado de ello ha sostenido un activo apoyo al desarrollo de las gestiones y avances, a través de la participación en todas las actividades a las que le hemos convocado, junto con un respaldo a las acciones intersectoriales”, comenta Rubén González, encargado de RCD en la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente.

En este ámbito, los temas referidos al avance en la circularidad para el sector construcción como acciones en la Hoja de Ruta Nacional para un Chile Sin Basura al 2040, acción que permite reforzar desde el instrumento rector de mayor escala en la materia las definiciones de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035.

“Además de la agenda multisectorial en la que se trabaja colaborativamente con otros ministerios desde el nivel central, ya sea en el marco del convenio interministerial de construcción sustentable, como en mesas bilaterales o multilaterales con servicios como MDSF, Minvu, MOP, Minsal, Subdere; a nivel regional se participa activamente en los Consejos Regionales de Construcción Sostenible, los Corecs, en las que se ha priorizado materias de economía circular y RCD, en la mayoría de las regiones del país”, añade González.

 Además, el especialista del Ministerio del Medio Ambiente, hace hincapié en que las Secretarías de Residuos (SER) se han preocupado de posicionar la temática y de promover instancias de planificación regional, esto es la bajada de las guías de la hoja de ruta, así como de los lineamientos de nuevas áreas metropolitanas. “Asimismo, se ha prestado apoyo para circularizar proyectos emblemáticos en algunas regiones como el proyecto de master plan para el Morro de Arica”, indica.

Trabajo colaborativo

En materia de articulación gremial del sector privado, el Ministerio del Medio Ambiente participa activamente del APL actualmente en el desarrollo en la Región de Valparaíso para una economía circular en construcción. “Se ha impulsado la articulación con municipios, y convocado al sector privado, y mundo académico a sumarse a los desafíos de la hoja de ruta”, comenta el encargado de RCD en la Oficina de Economía Circular.

Igualmente, destaca la iniciativa de formar una alianza para crear una academia e industria circular. Para ello, se formalizarán convenios de cooperación con Sofofa y con distintas universidades e institutos técnicos, para impulsar una agenda común tanto con la industria como con las unidades de investigación y desarrollo en el mundo académico.

Desde el punto de vista normativo, el MMA ha participado activamente en la elaboración de la NCh3562 “Gestión de residuos — Residuos de construcción y demolición (RCD) – Clasificación y directrices para el plan de gestión” y ha encargado al INN el desarrollo de una nueva norma técnica en el ámbito de las demoliciones, que por primera vez incorpora lineamientos para procesos de deconstrucción y un manejo ambientalmente racional de residuos en demoliciones. 

Asimismo, en el aspecto regulatorio la Oficina de Economía Circular ha propuesto en las instancias ministeriales la elaboración de ajustes al DS40, que esclarecen y facilitan la tramitación de proyectos de valorización de RCD en el SEIA; ha participado en la elaboración del Reglamento sanitario para el manejo de los residuos de la construcción y demolición – RCD, en conjunto con los demás ministerios del consejo consultivo, y Construye2025, que recientemente fue sometido a consulta pública, y ha avanzado en la definición y articulación con Minsal, para definir una reglamentación con foco en economía circular, que complementará, desde el punto de vista ambiental y sanitario, a la reglamentación existente y en curso.

En materia de fortalecimiento del capital humano para la valorización de RCD, el ministerio se encuentra levantado financiamiento privado, en alianza con Construye2025, para el desarrollo de un proyecto de certificación de competencias laborales para los actores en la cadena de valorización de RCD, el que será prontamente comunicado toda vez que se postule, así mismo se encuentra activamente buscando financiamiento en el sector retail para abordar el desarrollo de competencias laborales en materia de economía circular en el sector relacionado al diseño industrial y de BTL.

Plan de gestión

Por su parte, para el Ministerio de Obras Públicas, el primer gran avance para este fue la elaboración de un Plan de Gestión de RCD homologado para todas las obras MOP, el cual se instruyó en diciembre de 2020 para implementar paulatinamente en nuevas obras MOP a partir de enero 2021. “Este plan de gestión, además de ser una herramienta para conocer de manera sistematizada los residuos que generan nuestras obras, nos permitirá en el corto plazo conocer datos respecto de los residuos generados por cada tipo de obras ejecutadas por este ministerio, conociendo la trazabilidad y destino final de estos”, señala el director general de Obras Públicas, Carlos Guzmán.

Lo anterior, según la autoridad del MOP, será información relevante para futuras metas de reducción, reutilización e incluso de generación de nuevos mercados de productos derivados de los residuos generados.

La mirada al futuro

Uno de los desafíos es el desarrollo de un plan de acción ministerial en materia de economía circular y sustentabilidad en construcción, que vaya más allá de la Oficina de Economía Circular y que permita definir una agenda propia. Esto implica impulsar una agenda regulatoria y legislativa para incorporar la economía circular en el quehacer cotidiano de la construcción pública y privada desde una arista centrada en el control del riesgo ambiental de los residuos, la reducción de estos, las garantías de ecodiseño, durabilidad y reciclabilidad de componentes y partes constructivas, y de maximizar los beneficios ambientales de los proyectos.

Otro de los desafíos, en lo relativo a la implementación de medidas, constituye el desarrollo de una infraestructura para la calidad en torno a la economía circular del sector construcción; lo que implica nuevos desarrollos de normas técnicas, sobre todo, en lo referido a la definición de estándares para distintas aplicaciones de material valorizado, respecto la composición de materiales para facilitar la valorización, para el desarrollo de partes, piezas y componentes constructivos reutilizables, reversibles, durables (entre otras características); pero también la elaboración de sistemas de auditoría, acreditación, certificación de productos, servicios, procesos y personas, sistemas de inspección y evaluación de conformidad, la implementación de capacidades de ensayo, laboratorios, y sistemas de muestreo. Con este objetivo, el MMA está evaluando el desarrollo de un convenio con INN, para abordar estas materias.

Complementariamente y dado el desafío financiero y de recursos humanos que significa avanzar en todas estas materias, se trabaja actualmente en la elaboración de un proyecto para conseguir financiamiento de organizaciones multilaterales, sobre el que podremos contar más adelante. 

Para Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Sustentabilidad y Cambio Climático del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los avances desde su cartera han sido de preparación y, teniendo como horizonte el próximo año, lo sintetiza así.

1. Se solicitará para todas las obras del Minvu contar con un Plan de Gestión de Residuos.
   
2. Se solicitará a todas las obras del Minvu realizar las declaraciones de residuos y otros contaminantes en la plataforma de MMA denominada RETC.
   
3. Además, el año 2022, se comenzará a trabajar en la promoción de etiquetado ambiental de productos de construcción.
   
4. Se espera avanzar en circulares o modificaciones regulatorias para promover la creación de centros de valorización.
   
5. Se continuará trabajando en forma coordinada con el Comité Consultivo Público para avanzar en forma conjunta en estos temas.
   

En tanto, el director general de Obras Públicas, Carlos Guzmán, plantea el desafío de crear incentivos en las licitaciones de obras, para que los contratistas cuenten con criterios sustentables como, por ejemplo, reutilización de material, cálculo de huella de carbono, compromisos con la comunidad, certificaciones, etc. Esto lo resume en los siguientes compromisos futuros: avanzar en la eliminación de barreras en la regulación y normativas que impidan la valorización, reciclaje de residuos, RCD, y la producción de materias primas secundarias para productos de la construcción; incentivar compras públicas y licitaciones de proyectos de infraestructura y edificación, que traicionen el desarrollo de la economía circular en construcción; promover las ventajas y oportunidades de una prevención y gestión sustentable de los RCD en obra y, en consecuencia, las mejoras en productividad, seguridad. 

Además, Guzmán, hace hincapié en otros dos retos: participar activamente en procesos que generen herramientas, políticas públicas, iniciativas y acciones que fomenten mercados circulares en construcción, que incluyan criterios de economía circular en la evaluación de la inversión pública y permitan contar con información para mercados circulares; y, finalmente, coordinar entre los distintos servicios, el uso de material RCD.

“A partir del liderazgo y visión del programa Construye 2025, como país estamos siendo pioneros en materia de economía circular en el sector construcción a nivel latinoamericano. La hoja de ruta recientemente lanzada promueve a cambiar el paradigma de los residuos de la construcción y demolición (RCD) hacia la sustentabilidad”, complementa Elizabeth Zapata, directora de Desarrollo Tecnológico de Corfo.

La ejecutiva también comenta que a través de la convocatoria “Reto de Innovación: Economía circular en el sector construcción” buscan conectar a la industria de la construcción con el ecosistema de emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico, para que este pueda aportar en la generación de soluciones tecnológicas innovadoras que disminuyan la pérdida de recursos y las externalidades negativas, en ámbitos tales como nuevos materiales, uso eficiente de recursos o gestión de residuos. “Esperamos que los proyectos ganadores representen un impulso relevante para promover la circularidad en el sector, acorde a las brechas y desafíos plasmados en la hoja de ruta”, sostiene.

En tanto, ha sido “fundamental el rol de articulador y coordinador que tiene el programa para avanzar y lograr las metas propuestas en la ambiciosa hoja de ruta”, destaca la coordinadora de Sustentabilidad Alejandra Tapia. En las temáticas lideradas por Construye2025, destaca el proyecto “Portafolio de Modelos de Negocio en Economía Circular en Construcción”, cuyo objetivo es disponer información a emprendedores e innovadores para implementar nuevos negocios, y por otra parte, desde el punto de vista regulatorio, pronto se dará inicio a la consultoría “Propuesta para un marco regulatorio integrado y fomento a la valorización de los residuos de la construcción y demolición, RCD”, cuyo propósito es contribuir a acelerar los cambios en el marco regulatorio y fomento, que se requieren para implementar actividades productivas relacionadas a la valorización de residuos de construcción y demolición, entregando una orientación a los distintos servicios públicos.

Fotos gentileza Constructora Viconsa, Joaquín Cuevas.

Por Paola Valencia, encargada de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Desde que en 2012 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) impulsara y liderara la firma del convenio interministerial de construcción sustentable —firmado en ese entonces por los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Medioambiente y Energía— el avance en los objetivos planteados no se ha detenido. En la actualidad hemos actualizado el convenio sumando a nuevos actores, entre los que cuentan los ministerios de Desarrollo Social y de Economía, Fomento y Turismo; junto con ello creamos las 16 Comisiones Regionales de Construcción Sustentable (CORECS) para articular su Gobernanza.

En la última década se han generado incontables iniciativas que han contribuido a promover, difundir y fomentar la implementación de la construcción sustentable en el desarrollo de la edificación e infraestructura del país, y una de las centrales ha sido la Mesa Interministerial de Construcción Sustentable (MICS), cuyo producto central ha sido la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable (ENCS), publicada en 2013 como una hoja de ruta para el desarrollo del trabajo en este ámbito, y que se configuró en uno de los 6 instrumentos de mitigación para el proceso de implementación y seguimiento a la Contribución Nacional Determinada de Chile en el Acuerdo de París (NDC).

Como el periodo de vigencia de esta estrategia venció en 2020, era necesaria una actualización, lo que nos ofrece la oportunidad de elevar su estatus a Plan Nacional de Construcción Sustentable 2050, con el mérito adicional de estar al alero de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), por ser un documento que entrega principios orientadores y lineamientos que guían hacia una evolución positiva y sustentable de las ciudades y centros poblados en el territorio.

Por lo anterior, ahora nuestra tarea debe abocarse a elaborar un plan que detalle cuáles deben ser los lineamientos estratégicos en materia de la edificación e infraestructura sustentable. De esta manera será posible identificar objetivos, líneas de acción, mecanismos, indicadores y responsables, para poder llevar a cabo políticas concretas de corto, mediano y largo plazo, las que, además, deberán estar alineadas con los compromisos nacionales e internacionales en sustentabilidad del ambiente construido.

El alcance de este plan será entregar lineamientos estratégicos y metas para la incorporación de la sustentabilidad en el ciclo completo de la edificación e infraestructura nacional. La meta que se propone para la nueva versión de esta estrategia es que el sector construcción nacional tienda a la neutralidad al 2050.

Entre los objetivos ambientales preliminares que se contemplan para dar inicio al proceso de elaboración están la reducción de uso de recursos naturales (agua, áridos, madera, terreno) y la minimización de los efectos ambientales (emisiones, residuos, contaminación) en ecosistemas y espacios naturales dados por las distintas etapas de la edificación, junto con otras consideraciones de mitigación y adaptación al Cambio Climático que estarán muy presentes en el diseño de este instrumento.

Junto con lo anterior, otro objetivo ambiental se relaciona con el mejoramiento de los estándares de habitabilidad de las personas y equidad territorial. En este sentido un elemento central en este plan será la instauración de la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) como instrumento capaz de medir la sustentabilidad en el ciclo de vida completo de los proyectos de vivienda, con lo que se promueve que cada una de las etapas tenga un bajo impacto ambiental, entre otros beneficios, con lo que se confirma el importante rol de las certificaciones de edificaciones sustentables, y su aporte a la disminución de huella de carbono de la industria.

La CVS es relevante, además, porque permite promover la oferta y demanda de viviendas sustentables, considerando que, tanto el mercado, como las personas, están mirando hacia la sustentabilidad como un camino hacia soluciones que ofrezcan reducción de costos de operación de la vivienda, lugares más confortables donde vivir, y la oportunidad de aportar a cuidar el medioambiente, que ciertamente es un factor que cada vez tienen más en cuenta las personas.

Actualmente, la actualización del Plan Nacional de Construcción Sustentable 2050 se encuentra en proceso de licitación para su desarrollo, y se espera que para inicios del segundo semestre de 2022 esté disponible el primer borrador para su revisión y aprobación por parte de los actores involucrados en la Mesa interministerial de Construcción Sustentable.

Fuente: CVS Chile

En seminario del Instituto Nacional de Normalización se conocieron los avances en regulación que buscan lograr una construcción más sostenible, considerando todo el ciclo de vida de los edificios.

El seminario “Marco normativo para la planificación de la vida útil en edificaciones” fue la primera actividad de difusión del proyecto “Innova – CORFO: herramientas normativas para la planificación de la vida útil en edificaciones, método de cálculo y planificación”. Ejecutado por el Instituto Nacional de Normalización y Chile GBC y respaldado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el estudio dio origen a ocho nuevas normas que buscan determinar la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, para facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida.

En la apertura de la jornada, Emilio Rojas, profesional de la División de Normas del INN recordó que el sector construcción es responsable del 34% de la generación de residuos sólidos y de, al menos, el 33% de las emisiones de gases efecto invernadero. En este sentido, afirmó que pequeños cambios pueden generar una mejora significativa, siempre y cuando haya una concientización de todos los actores relevantes de la cadena productiva. 

“Es una primera ganancia sentar las bases, hablar de una terminología común y establecer cuáles son los lineamientos generales para comenzar a hablar de la vida útil de las edificaciones”, afirmó el especialista del INN. Asimismo, Emilio Rojas comentó que al hablar de la vida útil, muchas veces no se consideraba la parte de diseño, porque “probablemente, algunos pensaban que las edificaciones son eternas y que jamás se iba a terminar su periodo de vida útil”, argumentó. 

Además, el profesional sostuvo que no se consideraba que los materiales pudieran tener su desempeño completo durante cierta cantidad de tiempo o se pensaba que siempre iba a ser así: “que el material se iba a comportar de la misma manera frente a distintos ambientes”, dijo. 

Sin embargo, según Emilio Rojas, el proyecto que ejecutan el INN y Chile GBC podría disminuir las brechas e identificar en el Programa Estratégico Nacional de Productividad y Construcción Sustentable de Construye2025 un marco de normas técnicas que especifiquen una metodología para la determinación de la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, lo cual permita facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida. 

El impacto de las nuevas normas

“Tuvimos ocho normas que las podemos identificar en tres aspectos. Una norma general que es la norma NCh 3447 parte 1, que establece los principios generales y un marco de trabajo para la estimación de la vida útil de las edificaciones; todos aquellos documentos que son fuentes de datos o entregan la manera de poder estimar estos datos y una evaluación de desempeño; la parte tres que son las auditoría y análisis de desempeño; y la parte cuatro que es planificación de la vida útil utilizando BIM”, comentó el profesional del INN.

 Las otras normas establecen los procedimientos y la metodología, el cálculo para el costo del ciclo de vida, la vida útil de referencia y su estimación. “Hemos identificado que existe la planificación, luego la fase de diseño, después la de construcción, la de gestión del activo, la de rehabilitación y la fase de fin de la vida útil. Asimismo, tenemos la identificación de las etapas por cada una de las fases”, explicó Emilio Rojas. 

Posteriormente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable y profesional de la Ditec-Minvu, Paola Valencia, expuso sobre la “Hoja de ruta para la estrategia nacional de huella de carbono del sector construcción”, cuyo primer primer pilar es la educación, para desarrollar estándares, normas y contenido que defina qué es sustentabilidad en la construcción. Igualmente, la especialista destacó el eje de habitabilidad y bienestar, que vela por la calidad de vida de las personas y del ecosistema. Junto con eso, valoró la innovación y la competitividad, en relación con la gobernanza multinivel e intersectorial que el Estado ha estado promoviendo. 

“El cálculo de la huella de carbono en la edificación tiene que ser de ciclo completo y, particularmente, necesitamos definir y ojalá tender a que la industria de la construcción vele por una vida útil que nos asegure una menor huella de carbono y promover construcciones de mayor durabilidad. Esta normativa que estamos trabajando acá, nosotros la apoyamos y la impulsamos porque nos interesa introducirla a las metodologías y en el trabajo de la mesa de huella de carbono”, acotó Paola Valencia. 

Además, recordó que con el apoyo del Construye2025 se ha impulsado la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción”, con un enfoque de economía circular; y el plan de adaptación al cambio climático de ciudades donde participan diez instituciones lideradas por el Minvu. Finalmente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, destacó la Calificación Energética de Viviendas y la Certificación Edificio Sustentable (CES), que nació en 2014, administrada por el Instituto de la Construcción con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos y la Cámara Chilena de la Construcción. 

“Con respecto a la huella de carbono, tenemos una mesa que nace el 2018 en el Ministerio de Vivienda, instalada en el Instituto de la Construcción (IC) donde participan muchas instituciones, pero las mandantes son de carácter público y gremiales, principalmente”, comentó Paola Valencia. En este aspecto, recordó que en 2016 se empezaron a armar los lineamientos de trabajo para la metodología de monitoreo, reporte y verificación de huella de carbono para el ciclo de vida completo; levantamiento de base de datos; y calculadoras de huellas de carbono.

Enseguida, Gabriela Sabadini, jefa del Área Técnica de Proyectos y Estudios de Chile Green Building Council, explicó que también es importante apoyar la formación profesional. “Tenemos un equipo técnico con bastante conocimiento y experiencia y tenemos una serie de capacitaciones, no solamente asociadas a sistemas de certificación, sino que nos hemos ido moviendo un poquito más allá, implementando estrategias como por ejemplo en economía circular, manejo de residuos, salud y bienestar; incorporando no solamente el concepto de la edificación, sino el por qué este mandante o este dueño de este edificio decidió implementar alguna estrategia de sustentabilidad o certificar un edificio”, acotó.

En este contexto, la especialista de Chile GBC puso énfasis en la visión holística de los impactos del sector construcción y sus emisiones. “La gran mayoría de las emisiones que conocemos son las asociadas a las emisiones operacionales, esto es, durante el periodo de uso del edificio. Sin embargo, éstas representan no más del 20% de las emisiones totales del ciclo completo de esta edificación, no se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la distribución del material, la fabricación del mismo y qué hago cuando este edificio llega a su fin de uso o se transforma”, dijo. 

El rol de Construye2025

Al cierre del seminario, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia, destacó las oportunidades en economía circular, tanto en la construcción como en la vida útil de un edificio. “Como programa tenemos distintos grupos de trabajo. Uno es el comité gestor de RCD y economía circular; y, en conjunto y bajo la visión estratégica de los ministerios, se formó un comité consultivo público que dio lugar a una hoja de ruta sobre economía circular en construcción. Partimos de la visión del uso eficiente de los recursos en el ciclo de vida de los proyectos, tanto de edificación como infraestructura, involucrando a toda la cadena de valor con el objetivo de alcanzar una gestión ambientalmente racional de los residuos e impactar en forma positiva en lo social, ambiental y económico”, detalló.

En este contexto, Alejandra Tapia presentó los 5 ejes estratégicos de Construye2025, valorando el de planificación territorial con enfoque circular y el de la coordinación pública que fomenta licitaciones con una buena gestión de recursos y residuos y que busca que en se apliquen herramientas y metodologías para implementar criterios de economía circular a partir del año 2035.

En cuanto a ecosistema y cadena de valor, la especialista en sustentabilidad enfatizó en la necesidad de desarrollar una industria de proveedores, pero también en la investigación, el desarrollo, la innovación y en la importancia de la colaboración de la academia para formular proyectos, para nuevos materiales, para generar información que nos sirva para la implementación de la economía circular. 

“La economía circular tiene tres principios que tienen que ver con preservar y mejorar el capital natural controlado por existencia finita y equilibrando los flujos de los recursos naturales o renovables, optimizar los rendimientos y recursos haciendo recircular los componentes y materiales, y fomentar la efectividad del sistema diseñando la externalidades negativas, eliminando por ejemplo, la toxicidad de materiales y todo esto”, afirmó Alejandra Tapia. 

En este aspecto, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 reiteró que hay mucho que hacer en capacitación y regulación de mantenciones preventivas para alargar la vida útil de nuestras edificaciones. “Mil millones de dólares al año se gastan solamente en mantenciones, por lo que hay enormes oportunidades para las empresas; por parte del Estado también hay gastos considerables, ya sea por daño, por obsolescencia de bienes públicos”, indicó.

Asimismo, Alejandra Tapia destacó las oportunidades que se abren al proyectar a partir del diseño, al considerar cuánto va a durar cada una de las capas de los componentes de los materiales para, luego, renovarlos o reutilizarlos; y también valoró los espacios que se abren para las pymes en la reparación de componentes, de elementos constructivos y de revestimiento, entre otros. “Si no puedes cambiarlo, tenemos que cambiar la forma de pensarlo”, concluyó.

El Seminario completo está disponible AQUÍ.

Con una visión sustentable plasmada en sus estrategias, Chile busca construir mejores ciudades, con edificaciones y espacios que favorezcan el bienestar y el equilibrio.

Poco a poco, la sustentabilidad se ha ido impregnando en el ADN de las industrias y el sector construcción no ha estado ajeno a esta tendencia. De hecho, Chile está preparando su Plan Nacional de Construcción Sustentable como parte de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Por eso, en medio de las dificultades económicas que enfrentamos, como consecuencia de la pandemia, el concepto está más presente que nunca en el rubro.

Para Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la sustentabilidad busca un equilibrio en el desarrollo humano, para velar por la calidad de vida de hoy y mañana, cuidando el medio ambiente y propiciando un modelo económico donde la equidad y la sostenibilidad se mantengan en el tiempo. “En el caso del sector construcción, la visión sustentable nos permite construir ciudades donde las personas puedan vivir en forma digna, ofreciendo edificaciones y espacios que permitan una buena salud mental y física, y promuevan un equilibrio ambiental y la mitigación de impactos de la construcción”, explicó.

En este sentido, Paola Valencia cree que la crisis abre una oportunidad para impulsar la incorporación del desarrollo sostenible en todas las esferas de la vida, de manera de avanzar en la reducción de desigualdades de todo tipo y asegurar un mejor estándar de vida a las personas.

La coyuntura no solo ha estado marcada por una pandemia, sino también por el calentamiento global, que ha llevado a Chile a comprometerse con los lineamientos internacionales que entregan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los compromisos de Cambio Climático y Gestión de Riesgo de Desastres. “En particular, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha estado trabajando con la Política de Nacional de Desarrollo Urbano que está basada en los Ejes de la Sustentabilidad Urbana, el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Ciudades, la Política de Gestión de Riesgo de Desastres y la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable”, detalló la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable del Minvu.

Agenda sostenible

Además, Paola Valencia, destaca la conformación de una comisión de sustentabilidad y cambio climático ministerial, que tiene como función construir una agenda clara a mediano y largo plazo en estos temas. Al igual que Valencia, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas -que estuvo conversando sobre la reactivación sostenible en el podcast “Cable a Tierra”- ve a la pandemia como una oportunidad.

“Uno siempre debería partir por las cosas que tiene más a mano para acelerar la transformación. Si bien hemos sido un país pobre en combustibles fósiles, somos muy ricos en la energía limpia. Algo que antes era una desventaja, hoy es una ventaja. Tenemos que aprovechar eso. El norte de Chile tiene la mayor radiación solar del mundo y en la Patagonia tenemos récords de viento para producir energía eólica”, afirmó Terrazas.

Asimismo, el vicepresidente de Corfo recordó que el año pasado se adjudicó el consorcio de economía circular en el norte, justamente, para prepararle el camino a los desechos que puedan provenir de la energía solar. “Estamos adelantándonos al futuro. Hemos visto cómo se llena de paneles todo nuestro territorio y creemos que tenemos un potencial para seguir creciendo gigantesco. Tenemos que prepararnos ambientalmente para toda esa capacidad. Eso estamos haciendo con este centro, que uno de sus propósitos es ver cómo reutilizar, reciclar o hacernos cargo de los desechos que produzcan los paneles solares”, señaló.

Según el presidente del Consejo de Productividad, Innovación y Construcción Sustentable de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Carlos Bascou, la sustentabilidad ha jugado un rol protagónico. Así lo han destacado distintos líderes internacionales, e incluso, fue parte del mensaje de la cuenta pública. “Todo lo que hemos vivido como sociedad, el estallido social y la posterior pandemia, hace que miradas más equilibradas de los modelos de funcionamiento de las empresas y la sociedad deben perseverar. Sostenibilidad es mantener un equilibrio entre crecimiento económico, aspectos sociales y medioambientales. Debe jugar su debido rol en este equilibrio”, explicó.

En este contexto, Bascou recordó que la CChC definió una propuesta que considera el desarrollo sostenible en sus ejes estructurales. “Lo fundamental en los desafíos del cambio climático sector construcción, aborda aspectos tanto de adaptación, como de mitigación. Cada uno de ellos tiene acciones concretas, propuestas y compromisos para hacer que el sector construcción tenga una recuperación sostenible”, concluyó.

Paola Valencia, encargada de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable del Minvu.

Cruzamos una crisis global que está impactando todos los aspectos de la existencia humana sobre este planeta. La pandemia de Covid-19 no sólo está generando un lamentable récord de mortalidad a nivel mundial y el colapso de los sistemas de salud, sino que está produciendo serios efectos en otras esferas como la social, económica y medioambiental.

Claramente esto afectará los procesos de desarrollo a nivel mundial, especialmente considerando que la meta de los países ONU al 2030 era alcanzar globalmente un modelo de crecimiento sostenible para las sociedades. 

Cabe recordar que en 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, en el marco de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consideran acciones en áreas sensibles de la humanidad y el planeta, que se integran e interrelacionan, por lo que la afectación de una tiene repercusiones en las otras definitivamente.

En este nuevo escenario de crisis, más que nunca tenemos la certeza de lo imperativo que resulta ejercer una mirada sostenible del desarrollo de las sociedades, que considere las vulnerabilidades de nuestros sistemas y propenda al cuidado de la vida en todas sus formas. Entonces, los compromisos país que hemos adquirido en materia de desarrollo humano y sostenible, deben estar presentes y modelar las decisiones y acciones que se definan para avanzar desde hoy en adelante, considerando las condiciones sociales, económicas y medioambientales que tendremos que enfrentar luego de esta pandemia. En definitiva, debemos asumir esta crisis como una oportunidad para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera de avanzar en la reducción de desigualdades de todo tipo.

Uno de los ámbitos relevantes en los ODS se relaciona con la carbono neutralidad, que es un factor preponderante en las condiciones de vida de las sociedades, dado que el calentamiento global y el cambio climático están directamente relacionados con el aumento sostenido de los gases de efecto invernadero, en especial del CO₂.

Chile, en el marco del Acuerdo de París, se comprometió a alcanzar el carbono neutralidad al año 2050 y llegar a un peak de emisiones de gases de efecto invernadero en 2027. Para alcanzar estas metas se considera que una de las estrategias más costo-efectivas es descarbonizar el sector de la edificación, dado que las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie del planeta, pero representan el 75% de las emisiones de carbono y consumen entre el 60 y 80% de la energía.

Por otra parte, se estima que el 36% del uso de energía primaria en el mundo, y casi el 40% de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) estuvieron asociadas al sector edificación durante el 2018. De estas emisiones, un 28% proviene de la operación del edificio y un 11% del carbono incorporado de sólo tres productos de construcción: cemento, acero y aluminio.

En el caso de Chile, existe un importante vacío de información respecto de este tema, ya que sólo tenemos el dato que entrega el Balance Nacional de Energía (BNE) sobre el consumo energético del sector construcción durante la operación, del cual se desprende que el 22% de la energía total consumida se utiliza en la operación de edificaciones. Lamentablemente, no contamos con información objetiva a la fecha para la estimación de la huella de carbono del ciclo completo del sector construcción.

Sumado a lo anterior, tenemos que el sector construcción, a nivel global, es una de las industrias que mayor cantidad de recursos naturales utiliza, y Chile no escapa a esta realidad. Hace pocos días el organismo internacional Global Footprint Network, publicó que la huella ecológica del país es mayor a su biocapacidad de reserva, siendo el con mayor déficit de la región. Las categorías que presentan mayor déficit son: Terreno edificado, tierras de absorción de carbono, tierras de cultivo y tierras de pastoreo.

Es por esto que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha implementado hace varios años una agenda de construcción sustentable que tiene varios principios, entre los que destacan: Promover la reducción de impactos ambientales del sector, gestionar en forma responsable los recursos naturales, aportar con una mejor calidad de vida a las personas y construir ciudades más amigables con el medio ambiente y las personas.

Es fundamental en este trabajo levantar información sobre los impactos del sector ya que, como menciono anteriormente, hay escasez de estos datos en el país. Respondiendo a esta necesidad es que el Minvu ha creado un comité público-privado, cuyo objetivo es desarrollar e implementar una estrategia nacional para la gestión de la huella de carbono de la construcción.

El objetivo de esta mesa es acordar una planificación estratégica y metodológica durante 2020 y, a partir de 2021, comenzar con un fuerte trabajo de levantamiento de datos, creación de plataformas de difusión e implementación de calculadoras, además de implementar un sistema de monitoreo reporte y verificación de huella del sector. Todo esto debe estar articulado con los sistemas de certificación vigentes, y enlazado con instrumentos de fomento financiero que aporten incentivos a la industria y a los usuarios que utilicen productos más sustentables y de baja huella ecológica y de carbono.

Para nuestro ministerio esta tarea es crucial, pues sabemos que gestionar la huella nos va a permitir reducir impactos ambientales, hacer más eficientes los procesos y utilizar menos recursos naturales, lo que traerá, además, beneficios para el medioambiente y la productividad del sector.

Fuente: Certificación Edificio Sustentable

Contar con un instrumento robusto, transparente, representativo y participativo a nivel nacional es indispensable para avanzar en la implementación del plan que busca mejorar la habitabilidad y la equidad territorial, incorporando el concepto de economía circular en la construcción.

 En 2012 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) impulsó la firma de un convenio constituido por cuatro ministerios: de Obras Públicas, Medio Ambiente, Energía, y Vivienda y Urbanismo para sentar las bases de la implementación de la construcción sustentable. Hoy, se están incorporando los ministerios de Desarrollo Social y de Economía, Fomento y Turismo, junto a 16 comisiones regionales.

La Estrategia Nacional de Construcción Sustentable, que data de 2013, fue el primer producto de este convenio y se convirtió en uno de los seis instrumentos de Mitigación para el proceso de implementación y seguimiento a la Contribución Nacional Determinada de Chile en el Acuerdo de París (NDC). Como la estrategia vence este año, se actualizará por medio de la metodología de Evaluación Ambiental Estratégica, con miras a la neutralidad de carbono de la construcción para 2050.

Ahora, Chile contará con un Plan Nacional de Construcción Sustentable (PNCS) de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), que incorpora la metodología de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con enfoque de sustentabilidad. Esto permite construir un instrumento robusto, transparente, representativo y participativo a nivel nacional. Al mismo tiempo, vela por la incorporación de las consideraciones ambientales en el desarrollo del sector construcción, además de fortalecer la gobernanza necesaria para la futura implementación del plan, ya que será validada por los diferentes actores vinculados.

“En diciembre, se presentó y aprobó la solicitud de desarrollar el PNCS con Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En enero de 2020 se envió a Presidencia y, actualmente, se está a la espera de la aprobación. Paralelamente, se trabaja en los términos de referencia para la contratación de la consultoría”, detalla Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

La evaluación medirá parámetros ambientales, sociales, económicos y gobernanza y contará con una amplia participación ciudadana. Mientras que toda la estrategia buscará incorporar el concepto de economía circular en el sector construcción, para reducir el consumo de recursos y promover un modelo económico sostenible.

Cambio climático

Además, Estrategia Nacional de Construcción Sustentable perseguirá el fortalecimiento de la gobernanza de construcción sustentable del sector público, la reducción de efectos ambientales, en ecosistemas y espacios naturales, derivado del consumo de recursos naturales y por las distintas etapas de la edificación y mejorará los estándares de habitabilidad de las personas y la equidad territorial, considerando medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Lo anterior es concordante con la contribución nacional al Acuerdo Climático de París 2015. La meta de carbono neutralidad fijada para 2050 le asigna un rol clave a la construcción, pues un 17% de ella correspondería a la edificación sostenible. ¿Cómo fijamos una hoja de ruta para lograr un Chile carbono neutral? Según el director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaS), Ignacio Santelices, hay una serie de acciones que tienen que ver con temas energéticos, como factores sociales, el sector forestal, áreas protegidas, entre otros.

Dentro de los compromisos del sector energía, la descarbonización de la matriz energética es uno de los más relevantes, ya que implica eliminar las centrales a carbón antes de 2040. En esa línea, Chile debiera disminuir el consumo de combustibles fósiles en calefacción, climatización, transporte y procesos industriales. “Esto se va a lograr a través del impulso de la introducción de nuevas energías renovables y también siendo más eficientes en el uso de la energía, a través de formación e información, a través de los Sistemas de Gestión de la Energía, del recambio de equipos, y también a través de la eficiencia pasiva. Tiene que ver con cómo estamos construyendo nuestras edificaciones. Es aquí donde entra el tema de la edificación sostenible”, enfatiza Santelices.

Hoy día en Chile la climatización en hogares y en empresas está más centrada en subir la temperatura en invierno. “No obstante, el desafío de tener climatización en verano, va en la línea de bajar los consumos de energía, y por eso es importante abordar esta problemática de manera más integral”, concluye el director ejecutivo de la Agencia SE.