Marcela Radovic Córdova: Las situaciones difíciles exigen nuevos desafíos, enfoques innovadores y colaborativos

A juicio de la exvicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción, hoy se vive una crisis bastante importante, lo que exige soluciones más desafiantes y dejar de hacer lo que hemos venido haciendo por años. 

En el 14º Congreso Anual de AICE, la abogada por la Universidad de Chile y Master of London School of Economics and Political Science, expuso el tema “De la Competencia a la Colaboración: el cambio que se viene en Proyectos de Construcción”, en la que se refirió al estado actual de las relaciones contractuales en la industria y la importancia de hacer un cambio de paradigma en los profesionales que integran el sector, de manera de prevenir el surgimiento de controversias y mejorar los niveles de productividad.

Con más de 20 años de experiencia en Derecho de la Construcción en Chile y otros países de Latinoamérica, Radovic es especialista en manejo de conflictos para contratos de ingeniería y construcción y árbitra del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Dispute Board de la Cámara de Comercio de Lima, Mediadora, representante en Chile de la Dispute Resolution Board Foundation y fundadora y exvicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción. 

Desde una de sus visitas como Dispute Board a varios proyectos en Perú, la profesional conversó con AICE y profundizó en los temas presentados.

¿Cuál es la visión de cambio necesaria para el sector construcción?

No solo en Latinoamérica, sino que también en el mundo, los resultados de los proyectos están en franco detrimento y, en el fondo, la idea más básica de todo esto es tomar conciencia que si seguimos aproximándonos en la gestión de los proyectos con una mirada transaccional, competitiva y cortoplacista, no vamos a tener mejores resultados, porque eso ya lo probamos y no está dando los resultados que daba, a lo mejor, hace 50 años atrás.

Y esto tiene que ver con un cambio del escenario en el cual se desarrollan los proyectos: un escenario país mucho más complejo, más incierto, más dinámico, más intrincado, donde ya no nos podemos dar el lujo de competir entre las dos partes de un proyecto. Al parecer, la solución que nos permitiría avanzar es hacer un cambio cultural en el que las dos partes aprendan a ser más asertivas y honestas y aprendan a trabajar de manera mancomunada para resolver los muchos obstáculos que los proyectos van presentando a lo largo de su ejecución, en vez de competir en cada una de las decisiones para ganar yo y perder tú.

Esto habla de productividad con sostenibilidad.

Exacto, en este caso, uno también podría mirarlo como una forma de sostenibilidad, pero en este caso sería la sostenibilidad de los vínculos comerciales del sector de la construcción. Quizás hoy puedo ganarte en algún aspecto específico de este contrato, pero lo más probable es que te pierda como contratista o bien, la próxima vez que trabajemos juntos quieras resarcirte por el abuso que cometí, entonces eso va detrimentando el mercado y las posibilidades de mejorar resultados en proyectos futuros. Entonces, al ser relaciones de largo plazo, las tenemos que construir y aprender a cuidar.

¿Esta visión con los proveedores y contratistas es posible extenderla a la relación con las comunidades de cada proyecto?

Este es un paradigma que debiera afectar las relaciones de las partes de un proyecto con todos los stakeholders de los proyectos y uno de ellos es la comunidad. Al menos la actitud debe ser de escucha, de diálogo y de cooperación, en la medida que las posiciones de los distintos actores puedan ser trascendidas y podamos mirar los intereses de cada uno para encontrar puntos de intersección entre todos y crear soluciones que permitan satisfacer la mayor cantidad de intereses, siempre teniendo presente los objetivos del proyecto, que son el marco en el que deben centrarse las soluciones. 

¿Es un cambio cultural el que se necesita?

Esto surge hace muchos años atrás en el sector de la construcción de países más desarrollados y acá está llegando recién como una tendencia. Entonces uno puede partir por la cultura, pero en Latinoamérica es difícil, porque aún tenemos una cultura en la que impera la competencia y la falta de transparencia. Por ello, lo que podemos hacer es empezar a conocer herramientas que en los países desarrollados utilizan desde hace varios años y a partir de esas mejores prácticas, ir cambiando la cultura. Se trata de estándares contractuales, mecanismos de gestión de conflictos, procedimientos y metodologías que han dado muy buenos resultados, tanto para preservar las relaciones contractuales como para obtener mejores niveles de productividad en los proyectos. 

Se habla poco de los marcos contractuales en Chile.

En Chile todavía estamos muy en pañales en el tema del conocimiento y uso de estándares contractuales internacionales. Para poder avanzar en Chile, es clave que los profesionales, ingenieros y abogados de la industria de la construcción tengan acceso a estas herramientas, que las conozcan y aprendan a aplicarlas. A nivel internacional, existen varios estándares contractuales como FIDIC, NEC, FAC-1, que han dado mucho mejores resultados que las fórmulas tradicionales que usamos en Chile y que han sido diseñadas por ingenieros especialistas a la medida de este tipo de proyectos y que están dando buenos resultados, porque permiten trazabilidad, predictibilidad, confianza entre las partes y mejores rendimientos. 

Sector público: normativa atrasada

¿Qué pasa con el Estado en las relaciones contractuales?

Han empeorado por dos factores, porque cuando hablamos de contrataciones del Estado y de obras públicas, estamos hablando de satisfacer necesidades públicas; es decir, acá hay un cliente final, que son las personas, que muchas veces son los que pagan el precio de los conflictos entre las partes, que se producen en construcción en obra pública. Y en segundo lugar, también relacionado con lo mismo, porque los fondos que se usan para construir estos proyectos son fondos de todos los chilenos y, por tanto, existe un nivel de exigencia mayor en su utilización. Como si esto no fuera poco, existe un tercer factor, que es el actual marco normativo del sector público para realizar contrataciones del Estado que, en el caso de Chile, es extremadamente anacrónico y rígido. Estas normativas requieren urgentemente ser modificadas y reemplazadas por una regulación más acorde a la realidad actual. Por ejemplo, para expresamente permitir que el Estado utilice estándares contractuales internacionales, que hoy es absolutamente imposible con la Ley de Concesiones y el Reglamento de Obras Públicas. 

¿Y se está haciendo algo para cambiar esa situación?

Sé de algunos actores de la construcción que se especializan en obra pública, que están trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción en esto, pero a un paso bastante lento y a nivel más bien doctrinario. Mientras la autoridad no tenga conciencia del problema, no lo entienda y, por tanto, no lo priorice, a través del Ministerio de Obras Públicas, esto no va a avanzar.

¿Cuáles serían las mejoras que deberían hacerse para mejorar los marcos contractuales?

El marco regulatorio hay que modificarlo sí o sí, y en ese contexto, lo ideal sería una norma que expresamente permitiera al Estado utilizar en sus contrataciones de obras, estándares internacionales de contratación, con enfoques más flexibles y más colaborativos, de todas maneras menos autoritarios. Lo bueno que tienen esos estándares contractuales es que han sido probados durante muchos años en el mundo, con buenos resultados, mejores que los que tenemos en Chile, en términos de productividad, tanto en plazos como en calidad de las obras, y en costos, pero además, incluyen los mecanismos de gestión de conflictos entre las partes, que previenen llegar a un arbitraje o a un litigio, por lo tanto, pueden generar un importante ahorro para el Estado chileno, que hoy se están produciendo en los contratos de construcción de obra pública en Chile.

Además de que el costo implementación de estos contratos, versus sus beneficios económicos que traen aparejados, son bajos. Se puede ir haciendo de manera gradual o para ciertos proyectos de infraestructura pública que sean especialmente críticos e importantes para Chile. 

Hablamos de ahorros en tiempo e inversión.

Claro, ahorros en plazos, para poder llegar con las obras no tan atrasadas como hoy, también de mayores costos que hoy se generan en la ejecución de los proyectos y, además, costos que se generan en los litigios a los que dan lugar los contratos de obra pública hoy. 

También esto apunta a la relación entre privados.

Claro, pero la situación en el caso del Estado y privados es más grave. 

Enfoques contractuales más colaborativos

En este contexto, ¿cómo ves la situación de la profesión de los ingenieros estructurales hoy y cómo es posible que estos profesionales se protejan?

Es súper importante esta pregunta, porque, de alguna manera, los enfoques más colaborativos de los que hemos estado hablando, integran a todos los actores de un proyecto, juntos, desde el inicio. En este caso, por ejemplo, el ingeniero calculista participa desde el inicio junto con el mandante y el contratista, y es parte de las decisiones más importante del proyecto, no como ahora que las decisiones se van tomando de manera fragmentada y secuencial. Cuando usamos enfoques contractuales más colaborativos, todos los actores, incluso los subcontratistas, se reúnen desde el inicio y actúan mancomunadamente como un equipo que está alineado hacia los mismos objetivos. 

En ese sentido, ¿los ingenieros estructurales tienen que transitar hacia un trabajo más colaborativo?

Así es, pero es un trabajo colaborativo donde cada profesional se debe ver a sí mismo como un elemento interconectado con los demás. 

Para esto, la tecnología es clave, porque con el uso de medios tecnológicos podemos llevar esa colaboración a la realidad con mayor eficiencia, no solamente usando BIM, por ejemplo, sino que otras plataformas que permiten ese trabajo colaborativo a distancia de manera eficiente, porque son muchos los actores y mucha la información que hay que manejar.

¿Qué mensaje le envías a los socios de AICE?

Los invito a reflexionar e investigar sobre estos temas, porque quizás no suenan como que fuera un tema muy técnico, pero, al menos mi experiencia fuera de Chile, participando en proyectos de construcción de gran envergadura, donde se ha utilizado enfoques contractuales colaborativos, es diametralmente opuesto a lo que se da en Chile. Entonces, si soy un profesional de la ingeniería que quiero obtener buenos resultados y, además, una experiencia positiva, porque con los enfoques competitivos que estamos usando hoy nadie lo pasa bien, el trabajo es muy estresante y los resultados son más bien pobres, yo los invitaría a investigar, a informarse y a tratar de encontrar experiencias concretas y reales, como por ejemplo, la implementación de las obras para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú, donde se utilizaron contratos NEC 3 y los resultados fueron muy satisfactorios.

Espero que de a poco que no solamente los ingenieros, sino que los profesionales que trabajan en proyectos de construcción en Chile nos interesemos por estos estándares y empecemos a empujar los cambios necesarios para que el sector de la construcción vuelva a ser un aporte clave para la economía en Chile. 

 

Fuente: AICE

Sergio Contreras: “No hay un compromiso real para dar al cuerpo normativo la consistencia que necesita”

El presidente del Consejo de Normalización de la Construcción del Instituto de la Construcción llama a la industria a reconocer los problemas, pero también a unirse para poder mejorar la normativa chilena.

Sergio Contreras, presidente del Consejo de Normalización de la Construcción del Instituto de la Construcción y miembro del Consejo Directivo del Programa Construye2025, en representación del Colegio de Ingenieros, invitó al sector construcción a reconocer los problemas y a “unir fuerzas” para plantear y lograr, soluciones que mejoren, sensiblemente, y “con profundidad” la normativa en el país.
Actualmente, el Consejo que encabeza el ingeniero civil contempla una actuación más directa en el ámbito normativo que va desde la reunificación de información, urgencias para la industria y la regulación en beneficio de los usuarios hasta su incorporación en el debate, donde el Estado juega su papel regulador, mientras los institutos técnicos salvaguardan la precisión y correcto contenido de las normas.

¿Cuál es su evaluación sobre el estado normativo del sector construcción?
El estado normativo adolece de falencias importantes, en especial en la cantidad de normas que incluye y que representan las necesidades del sector y también la obsolescencia de ellas, dado los recursos de que se disponen para mantenerlas actualizadas.

En Chile, no hay un compromiso real y tangible tanto del sector privado como del Estado para darle al cuerpo normativo la consistencia que necesita para cumplir con las expectativas y necesidades de la industria, de los usuarios y, de esta manera, de la sociedad. Además, la organización jurídica de la construcción en el país tiene serias falencias e inadecuaciones que no siempre están resueltas de la manera más efectiva, lo cual genera una descoordinación global que dificulta un desarrollo eficiente de la normativa.

¿Cómo avanzar en la normativa del sector?
El avance en la normativa del sector está íntimamente ligado a lo anterior. Es de vital importancia generar los recursos necesarios, ya sea a través de políticas públicas adecuadas y bien planificadas; o de aportes reales y consistentes del sector privado. Es difícil, por ejemplo, entender que usuarios de la importancia y capacidad económica como la gran minería del cobre sean uno de los grandes beneficiarios de normas como la de diseño sísmico de estructuras industriales y hayan mantenido una actitud de indiferencia absoluta frente a los esfuerzos realizados por un puñado de especialistas y al aporte, siempre deficitario, de instituciones como el Minvu y el Instituto de la Construcción, para poder completar una tarea de esa magnitud.

Otro gran problema que dificulta el avance es la falta de aporte y comprensión para mejorar la aproximación jurídica a los temas normativos. En una gran cantidad de casos en que estos sectores han hecho oídos sordos ante la recomendación de las entidades técnicas que proponen una conceptualización moderna de los textos normativos. Esto en aras de un cumplimiento de preceptos anticuados que no están acordes a la realidad del siglo XXI.

¿Cuáles son los desafíos del sector en temas normativos?
Los desafíos normativos del sector se centran fundamentalmente en vencer estas condicionantes negativas y poder lograr un escenario acorde con lo que hoy vive el mundo en materia normativa. Para ello, es necesario entender que la construcción no está detenida en la pura solución política del tema de la vivienda, sino que abarca un sinnúmero de otros desafíos técnicos que debemos resolver de manera conjunta. No olvidemos que el gran desafío del futuro es lograr una construcción sustentable.

Cumplimiento normativo

Por: Sergio Contreras, Presidente Consejo de Normalización de la Construcción, Instituto de la Construcción

En el actual ordenamiento jurídico y técnico de la construcción en la organización de la sociedad contemporánea, el cumplimiento de la normativa tiene un rol fundamental ya que de ello depende una oferta de calidad adecuada y alcanzar un nivel de seguridad aceptable tanto para los fabricantes, los constructores y los usuarios.

Las construcciones de acero utilizan este material producto de un proceso de fabricación estrictamente controlado y que a su vez cuenta con la posibilidad de llevar una buena trazabilidad; sin embargo ello per se no garantiza un cabal cumplimiento normativo que es requerido para asegurar esa calidad. Desde este punto de vista, es de gran importancia contar con un cuerpo normativo sólido, actualizado y vigente según el conocimiento tecnológico de hoy.

A diferencia de lo que se tiende a creer, el contar con ese cuerpo y tener como objetivo cumplirlo cabalmente origina un comportamiento mejorado en la obtención de productos de más alta calidad, de la aplicación realista de la tecnología asegurando la seguridad, habitabilidad, el comportamiento de las construcciones y, en definitiva, la calidad de vida en la sociedad.

Para obtener estos logros, este comportamiento de la industria debe estar debidamente incorporado en las políticas públicas de manera que exista una consistencia real en toda la cadena, desde el proyectista que concibe una obra hasta el último de los ejecutores, es así como la aplicación de la normativa cobra su importancia real y se despoja de esa carga que equivocadamente se considera como obstáculos al desarrollo de la labor profesional y productiva.

En Chile, en el último tiempo se ha trabajado intensamente en diversas instituciones para mejorar este entorno normativo, de esta manera hoy tenemos normas como la NCh427/1 y NCh427/2 que son una poderosas herramientas para los ingenieros estructurales pues mejoran el marco en el cual debe situarse el correcto diseño de las estructuras de acero.

De la misma manera, el control de la calidad de los aceros queda claramente determinado en las normas NCh3518 para perfiles cerrados conformados en frío y, consecuentemente, la NCh3576 para perfiles abiertos conformados en frío. Esta tipología de perfiles es ampliamente usada en el país para las construcciones en acero.

De esta manera el país avanza en un camino definido para lograr la calidad que requieren los productos y construcciones de acero y, también así, podemos pensar que estamos sentando bases sólidas para mejorar el bienestar de las personas.

Fuente: Instituto de la Construcción

Los avances normativos tras el terremoto de 2010

Importantes cambios en diseño estructural y protección sísmica se incorporaron como consecuencia del último gran terremoto en Chile. El nuevo marco normativo de referencia privilegia a los sistemas constructivos industrializados.

Los avances normativos como consecuencia directa del terremoto del 27 de febrero de 2010 están vinculados directamente con la clasificación de suelos, el diseño estructural, el diseño sísmico, el diseño de elementos no estructurales y la protección sísmica.

Juan Carlos Gutiérrez.

Tal como explica el director ejecutivo del Instituto Chileno del Acero (ICHA), Juan Carlos Gutiérrez, específicamente, se implementaron los decretos 60 y 61 que intervinieron los requerimientos de las normas NCh430 y NCh433 de diseño en hormigón armado y diseño sísmico.

Luego de uno de los terremotos más intensos que se han registrado, el primer foco de atención -según Susana Jara, jefa de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo- estuvo centrado en mejorar la seguridad de las edificaciones y sus instalaciones, en donde. “Desde el punto de vista económico y de competitividad debían aportar en termas de actualización, regularización y/o normalización de las técnicas desarrolladas por el área de cálculo estructural y por el rubro de la construcción de edificaciones tanto a nivel de viviendas sociales como a nivel de viviendas privadas, dando herramientas a profesionales y a las empresas que se desarrollan en dichas áreas, para competir en iguales condiciones”, acota.

Susana Jara.

Con el acento en el ámbito económico y de competitividad, Susana Jara, recuerda que la normativa debía regular y estandarizar el mercado en Chile y aportar al conjunto de normas nacionales, teniendo presente que la mayoría de las normas están basadas en normas internacionales, es decir, cada vez que se realiza una modificación o actualización a normativas de este sector, se está coordinando con las técnicas y experiencias ya dadas en el mundo. Con ello, se permite también que el avance en tecnologías y desarrollo en este sector no sea problemático al momento de introducir dichos avances en el mercado.

“Actualmente, las normas se encuentran en el proceso de anteproyecto de actualización en el Instituto Nacional de Normalización (INN)”, señala el director ejecutivo del ICHA. En 2014, el INN aprobó la norma NCh3362 de diseño sísmico de ascensores y, en 2015, la NCh3359 de requisitos para edificaciones estratégicas y de servicio comunitario. Ese mismo año, se aprobó la norma chilena NCh3357 de diseño sísmico de componentes y elementos no estructurales, lo que representó un avance para el diseño de elementos secundarios como tabiques y cielos. “Estos elementos tienen un alto potencial de industrialización, por lo tanto, el disponer de una norma técnica facilita su incorporación”, explica Gutiérrez.

Construcción industrializada

Luego, en 2017, el INN aprobó y publicó la norma chilena NCh3411 de diseño sísmico con sistemas pasivos de disipación de energía, propiciando el desarrollo de nuevas soluciones que permitan mejorar el desempeño de las estructuras. Gracias a esta norma, Chile cuenta hoy con un marco normativo de referencia para el desarrollo e implementación de sistemas constructivos industrializados.

Marlena Murillo.

“Si nos referimos a la construcción industrializada, un avance normativo ha sido el de generar un proyecto de norma, que a fines del año pasado terminó su consulta pública, pr:NCh3744 Construcción Industrializada – Términos y definiciones, que fue desarrollada por el CCI, Minvu y el Instituto de la Construcción, como puntapié inicial a un lenguaje común de los distintos actores del sector constructivo”, detalla Marlena Murillo, vicepresidenta del Consejo Especialidad Civil del Colegio de Ingenieros de Chile y directora del Instituto de la Construcción (IC).

Además, la ingeniera civil destaca una norma que pronto cerrará su consulta pública: la prNCh806: Sistemas constructivos no tradicionales – Requisitos. Esta incorporará, tal como su nombre lo indica, una guía o protocolo para la presentación de proyectos en base a sistemas no tradicionales y para ello se han usado como referencia normas relacionadas con el ensayo de elementos de construcción, que han sido generadas del 2010 en adelante.

Adicionalmente, Marlena Murillo valora referencias asociadas a la construcción modular presentes en la normas NCh3509 de 2019, que tiene varias partes y está ligada a la coordinación modular en edificaciones, materia vinculada directamente a la construcción industrializada.

Para Susana Jara, jefa de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec)​​, entre las más relevantes normativas que apoyan la industrialización figura la “Agenda madera” en la cual se han realizado estudios estructurales para la edificación en media altura. “Hoy se encuentra en actualización la norma de diseño estructural NCh1198 Madera- Construcciones en madera – Cálculo, donde un pilar fundamental es que la construcción del futuro en madera sea industrializada”, detalla.

En el área hormigón, se ha incorporado nueva normativa para productos prefabricados de hormigón, con un total de siete normas y este año se inicia actualización de la NCh430 Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo. “Así también, se está trabajando en la actualización de la denominada Serie 800, que son un conjunto de normas de ensayos a elementos de construcción, específicamente ensayos a paneles prefabricados, dentro de las cuales se encuentran, ensayos de compresión, de carga horizontal, flexión, impacto, penetración y clasificación y requisitos”, indica Susana Jara. 

Con la actualización de esta serie de normas, se pretende estar acorde a la aparición de nuevas tecnologías y nuevos materiales para la ejecución de viviendas, buscando los más altos estándares en seguridad y calidad. 

“Otras normas relevantes que también han apoyado la construcción industrializada y que han sido impulsadas por el Minvu son: la serie de normas de coordinación modular NCh3509; la de especificaciones técnicas NCh1156; y la norma recientemente elaborada de términos y definiciones de construcción industrializada NCh3744”, dice la jefa de la Ditec.

Fuente: CCI

Los grandes resultados de los grupos técnicos del CCI

Seis grupos de trabajo se organizaron para resolver diversas problemáticas vinculadas al desarrollo de la construcción industrializada en nuestro país. Todos ellos obtuvieron resultados.

En mayo de 2021 comenzó la difusión del set de indicadores creados para identificar los beneficios de la construcción industrializada. Gracias a la medición, el Consejo de Construcción Industrializada (CCI) ha podido comenzar a posicionar el concepto de “industrialización” en el mercado nacional. El grupo de trabajo “KPIs de soluciones constructivas industrializadas, productividad y sustentabilidad” re-calibró los indicadores levantados entre 2020 y 2021 e hizo un empaquetamiento de ellos que culminó en una guía “Metodología de medición” y una infografía explicativa del set de indicadores.

Por su parte, el grupo “Brechas, normativa y regulación para la construcción industrializada” trabajó en un documento de terminología -que se encuentra en consulta pública- para establecer un lenguaje común respecto a términos y definiciones de diseño y construcción Industrializada, de forma que todos puedan hablar bajo los mismos conceptos consensuados. El anteproyecto de norma -fruto del trabajo del CCI y especialmente de dicho grupo de trabajo- podrá aplicarse al diseño y construcción de obras de construcción y edificación; obras complementarias; y obras civiles o infraestructura.

Este grupo realizó también una encuesta sobre las brechas para la construcción offsite, en la que se agruparon 10 dimensiones. El sondeo fue validado con expertos de diversas áreas con una experiencia promedio de 14 años y su análisis preliminar se hizo desde julio y se compartieron los resultados en octubre. Gracias a él, se ha podido comenzar a elaborar un plan de acción para la reducción de las barreras en este ámbito.

En cuanto a los resultados obtenidos por el grupo “Educación, sensibilización e investigación sobre construcción industrializada”, dedicado a coordinar acciones de difusión, transferencia de conocimiento y metodologías; y articulación con la academia, destaca la creación del subcomité “Capital Humano: Matriz de Capacidades de Industrialización para la Construcción”, que logró establecer 52 capacidades en construcción industrializada, cinco roles en las cinco etapas del ciclo de vida de un proyecto de construcción.

El informe final del citado grupo dio origen a un benchmarking de programas de estudio nacional e internacional y permitió hacer un levantamiento de objetivos de aprendizaje en base al ciclo de vida de un proyecto. Además, facilitó la validación de capacidades y estableció las brechas en temas de formación. Pero, sin duda, el resultado clave fue la definición y validación de roles y capacidades para desarrollar una matriz nunca antes vista, que se ha estado difundiendo desde julio.

El grupo de “Metodologías e investigación sobre construcción industrializada” estuvo trabajando en una metodología para implementar industrialización en etapas de diseño y construcción para mejorar el desempeño y la productividad del proyecto en términos de costo, plazo, calidad, seguridad y medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. En este ámbito, el subcomité “Metodologías e investigación sobre construcción industrializada” elaboró una matriz con la oferta de soluciones industrializada y prefabricadas en el mercado nacional, que tuvo como resultado un levantamiento de 176 soluciones y se identificaron 23 partidas o actividades como potencial de industrialización.

Además, se constituyó una mesa de “Estandarización BIM para la Industrialización y automatización de procesos”, para generar un protocolo de modelamiento y transferencia de información entre plataformas BIM y de fabricación. Así fue como -durante 2021- las empresas proveedoras, a través de un ciclo de cinco charlas, compartieron sus metodologías para la fabricación de soluciones constructivas industrializadas.

Finalmente, el grupo “Vivienda y Construcción Industrializada” analizó el “Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad”, convocado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual presentó 20 medidas para reducir el déficit habitacional en el corto plazo. Parte de las conclusiones permitió  desencadenar un trabajo en conjunto en base a las tipologías identificadas por la Universidad de Chile y ver cómo a partir del diseño y coordinación temprana es posible aportar a la estandarización y la fabricación en serie, para disminuir plazos y mejorar la calidad; y fomentar un trabajo colaborativo que apunte a incorporar soluciones integrales para una construcción más productiva y eficiente.

Ver más resultados en la Memoria CCI 2021.

Normativa de aislación térmica: gran aliada para mejorar la calidad de vida de las personas

En el área de la construcción están sucediendo notables avances en relación con la eficiencia energética, que de alcanzarse todos, mejorarán considerablemente en nuestro país la calidad de vida de las personas en sus viviendas, lugares de estudio y trabajo, aportando también ahorros.

Por: Paola Molina, directora y presidenta del Subcomité de Economía Circular del Instituto de la Construcción (IC).

Con el sustento de destacadas competencias técnicas en algunas unidades del Estado y la academia, que aportan una visión de objetivos clara frente a los desafíos a mediano y largo plazo, y también con la creciente colaboración de la industria y distintas instituciones público-privadas que empiezan a avanzar y aportar en los desafíos que tenemos por delante; estamos frente a un escenario muy positivo que necesitamos consolidar frente a las actuales demandas sociales, económicas y ambientales.

Actualización de la Reglamentación Térmica (RT) 2021

A fines del año pasado, el Minvu hizo una consulta pública para actualizar la Reglamentación Térmica (RT) vigente desde el 2007, cuya base de actualización se sacó de un estudio desarrollado para el Minvu en el año 2013.

La RT del 2007 considera aislación en complejos de techumbre, muros, pisos ventilados y ventanas con estándares bastante básicos que han colaborado a la industria a introducir gradualmente parámetros de eficiencia energética en gran parte de la envolvente y en mitigar las patologías y la inconfortabilidad térmica. Pero la propuesta de actualización sube las exigencias, agrega componentes de puertas, sobrecimientos, superficies de ventana, orientación, infiltraciones, ventilación y condensación, lo que augura mejoras cuantificables en los resultados.

Hoy se espera su pronta aprobación después de 14 años, para poder garantizar, sobre todo en estos tiempos, condiciones positivas de habitabilidad para las viviendas nuevas de nuestro país, algo fundamental para subsanar a futuro la pobreza energética, lo que significa muchas horas al año sin un confort térmico, patologías en las murallas, enfermedades y altos costos en calefacción.

Pendiente queda para futuras etapas, abarcar las viviendas para paulatinamente ser actualizadas mejorando también sus estándares.

Es importante destacar que, en la actualización, además de viviendas, se incorpora edificios de salud y educación. Por su parte, los edificios de uso público gestionados por la Dirección de Arquitectura del MOP, ya cuentan con muy buenos estándares y resultados para la envolvente detallados en los TDR que exigen para sus licitaciones.

PPDA: Planes de Prevención y/o Descontaminación Ambiental

En el año 2015, el Ministerio del Medio Ambiente, ante la creciente problemática de la calidad del aire en muchas ciudades desde O´Higgins al sur y con colaboración del Minvu, ocupó el estudio elaborado en el Minvu el 2013, para aplicarlos como una medida efectiva para las ciudades con necesidad de descontaminación ambiental, creando los PPDA.

Los PPDA, al aplicar las exigencias de la propuesta de Actualización de la RT 2021, validan la capacidad de la industria y del mercado para asumir las nuevas exigencias a nivel de todo el país a través de la actualización de la RT. Además, año a año se incluyen más localidades, permitiendo avanzar hacia la descontaminación de cada lugar.

Ley de Eficiencia Energética

Por otra parte, en enero pasado salió la Ley de Eficiencia Energética la cual en aproximadamente 24 meses más, obligará a empresas constructoras e inmobiliarias y los servicios de Vivienda y Urbanismo, a través de sus artículos 3 y 4, a usar la Calificación Energética en todos los proyectos nuevos, inicialmente de viviendas (CEV) y en 48 meses se incorporarán los edificios de uso público, comerciales y de oficina a través de un sello que actualmente se encuentra en desarrollo, que será la Calificación Energética de Edificios de uso público (no residenciales).

La Calificación Energética es una etiqueta parecida a la de los electrodoméstico que muestra cómo se comporta la edificación energéticamente, destacándola con una letra y mostrando un porcentaje de ahorro frente a la misma vivienda, comparándola con las exigencias vigentes de la actual RT. Las letras van desde la A+ hasta la G; en la letra G se encuentran todas las viviendas construidas sin ninguna exigencia térmica, que son las construidas antes del año 2000, en la letra F están las que cumplen solamente con las exigencias de complejos de techumbre, y en la letra E las que cumplen con la actual Reglamentación Térmica. Las viviendas que cumplan con la futura actualización de la RT estarán cercanas a las letras C y D que ya garantizan un adecuado ahorro y calidad del ambiente interior, desde la letra B hacia arriba, se consideran viviendas con un alto propósito de eficiencia energética y con un poco de más de costos asociados para lograr dicho propósito.

Lo importante de esto es que en 24 meses más, gran parte de las personas que vayan a comprar una vivienda, podrán tener un sello objetivo a la vista, que les permita comparar y ver cuál de las opciones de compra es la más conveniente en relación a su eficiencia energética desde el diseño y de sus equipos de clima, destacando el ahorro energético que implica viviendas con una mejor letra y mejor porcentaje de ahorro, influyendo positivamente en la decisión de compra.

Es importante comentar que para que la actual Ley de Eficiencia Energética logré cumplir su propósito de impulsar adecuados estándares en todas las edificaciones a nivel nacional, es fundamental que se tramite pronto la Actualización de la Reglamentación Térmica 2021, sino el piso con la actual reglamentación será muy bajo para avanzar hacia mejores estándares de calidad de vida y ahorro de energía.

Fuente: Preservar

Nuevas normas para planificar la vida útil de los edificios

En seminario del Instituto Nacional de Normalización se conocieron los avances en regulación que buscan lograr una construcción más sostenible, considerando todo el ciclo de vida de los edificios.

El seminario “Marco normativo para la planificación de la vida útil en edificaciones” fue la primera actividad de difusión del proyecto “Innova – CORFO: herramientas normativas para la planificación de la vida útil en edificaciones, método de cálculo y planificación”. Ejecutado por el Instituto Nacional de Normalización y Chile GBC y respaldado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el estudio dio origen a ocho nuevas normas que buscan determinar la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, para facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida.

En la apertura de la jornada, Emilio Rojas, profesional de la División de Normas del INN recordó que el sector construcción es responsable del 34% de la generación de residuos sólidos y de, al menos, el 33% de las emisiones de gases efecto invernadero. En este sentido, afirmó que pequeños cambios pueden generar una mejora significativa, siempre y cuando haya una concientización de todos los actores relevantes de la cadena productiva. 

“Es una primera ganancia sentar las bases, hablar de una terminología común y establecer cuáles son los lineamientos generales para comenzar a hablar de la vida útil de las edificaciones”, afirmó el especialista del INN. Asimismo, Emilio Rojas comentó que al hablar de la vida útil, muchas veces no se consideraba la parte de diseño, porque “probablemente, algunos pensaban que las edificaciones son eternas y que jamás se iba a terminar su periodo de vida útil”, argumentó. 

Además, el profesional sostuvo que no se consideraba que los materiales pudieran tener su desempeño completo durante cierta cantidad de tiempo o se pensaba que siempre iba a ser así: “que el material se iba a comportar de la misma manera frente a distintos ambientes”, dijo. 

Sin embargo, según Emilio Rojas, el proyecto que ejecutan el INN y Chile GBC podría disminuir las brechas e identificar en el Programa Estratégico Nacional de Productividad y Construcción Sustentable de Construye2025 un marco de normas técnicas que especifiquen una metodología para la determinación de la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, lo cual permita facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida. 

El impacto de las nuevas normas

“Tuvimos ocho normas que las podemos identificar en tres aspectos. Una norma general que es la norma NCh 3447 parte 1, que establece los principios generales y un marco de trabajo para la estimación de la vida útil de las edificaciones; todos aquellos documentos que son fuentes de datos o entregan la manera de poder estimar estos datos y una evaluación de desempeño; la parte tres que son las auditoría y análisis de desempeño; y la parte cuatro que es planificación de la vida útil utilizando BIM”, comentó el profesional del INN.

 Las otras normas establecen los procedimientos y la metodología, el cálculo para el costo del ciclo de vida, la vida útil de referencia y su estimación. “Hemos identificado que existe la planificación, luego la fase de diseño, después la de construcción, la de gestión del activo, la de rehabilitación y la fase de fin de la vida útil. Asimismo, tenemos la identificación de las etapas por cada una de las fases”, explicó Emilio Rojas. 

Posteriormente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable y profesional de la Ditec-Minvu, Paola Valencia, expuso sobre la “Hoja de ruta para la estrategia nacional de huella de carbono del sector construcción”, cuyo primer primer pilar es la educación, para desarrollar estándares, normas y contenido que defina qué es sustentabilidad en la construcción. Igualmente, la especialista destacó el eje de habitabilidad y bienestar, que vela por la calidad de vida de las personas y del ecosistema. Junto con eso, valoró la innovación y la competitividad, en relación con la gobernanza multinivel e intersectorial que el Estado ha estado promoviendo. 

“El cálculo de la huella de carbono en la edificación tiene que ser de ciclo completo y, particularmente, necesitamos definir y ojalá tender a que la industria de la construcción vele por una vida útil que nos asegure una menor huella de carbono y promover construcciones de mayor durabilidad. Esta normativa que estamos trabajando acá, nosotros la apoyamos y la impulsamos porque nos interesa introducirla a las metodologías y en el trabajo de la mesa de huella de carbono”, acotó Paola Valencia. 

Además, recordó que con el apoyo del Construye2025 se ha impulsado la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción”, con un enfoque de economía circular; y el plan de adaptación al cambio climático de ciudades donde participan diez instituciones lideradas por el Minvu. Finalmente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, destacó la Calificación Energética de Viviendas y la Certificación Edificio Sustentable (CES), que nació en 2014, administrada por el Instituto de la Construcción con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos y la Cámara Chilena de la Construcción. 

“Con respecto a la huella de carbono, tenemos una mesa que nace el 2018 en el Ministerio de Vivienda, instalada en el Instituto de la Construcción (IC) donde participan muchas instituciones, pero las mandantes son de carácter público y gremiales, principalmente”, comentó Paola Valencia. En este aspecto, recordó que en 2016 se empezaron a armar los lineamientos de trabajo para la metodología de monitoreo, reporte y verificación de huella de carbono para el ciclo de vida completo; levantamiento de base de datos; y calculadoras de huellas de carbono.

Enseguida, Gabriela Sabadini, jefa del Área Técnica de Proyectos y Estudios de Chile Green Building Council, explicó que también es importante apoyar la formación profesional. “Tenemos un equipo técnico con bastante conocimiento y experiencia y tenemos una serie de capacitaciones, no solamente asociadas a sistemas de certificación, sino que nos hemos ido moviendo un poquito más allá, implementando estrategias como por ejemplo en economía circular, manejo de residuos, salud y bienestar; incorporando no solamente el concepto de la edificación, sino el por qué este mandante o este dueño de este edificio decidió implementar alguna estrategia de sustentabilidad o certificar un edificio”, acotó.

En este contexto, la especialista de Chile GBC puso énfasis en la visión holística de los impactos del sector construcción y sus emisiones. “La gran mayoría de las emisiones que conocemos son las asociadas a las emisiones operacionales, esto es, durante el periodo de uso del edificio. Sin embargo, éstas representan no más del 20% de las emisiones totales del ciclo completo de esta edificación, no se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la distribución del material, la fabricación del mismo y qué hago cuando este edificio llega a su fin de uso o se transforma”, dijo. 

El rol de Construye2025

Al cierre del seminario, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia, destacó las oportunidades en economía circular, tanto en la construcción como en la vida útil de un edificio. “Como programa tenemos distintos grupos de trabajo. Uno es el comité gestor de RCD y economía circular; y, en conjunto y bajo la visión estratégica de los ministerios, se formó un comité consultivo público que dio lugar a una hoja de ruta sobre economía circular en construcción. Partimos de la visión del uso eficiente de los recursos en el ciclo de vida de los proyectos, tanto de edificación como infraestructura, involucrando a toda la cadena de valor con el objetivo de alcanzar una gestión ambientalmente racional de los residuos e impactar en forma positiva en lo social, ambiental y económico”, detalló.

En este contexto, Alejandra Tapia presentó los 5 ejes estratégicos de Construye2025, valorando el de planificación territorial con enfoque circular y el de la coordinación pública que fomenta licitaciones con una buena gestión de recursos y residuos y que busca que en se apliquen herramientas y metodologías para implementar criterios de economía circular a partir del año 2035.

En cuanto a ecosistema y cadena de valor, la especialista en sustentabilidad enfatizó en la necesidad de desarrollar una industria de proveedores, pero también en la investigación, el desarrollo, la innovación y en la importancia de la colaboración de la academia para formular proyectos, para nuevos materiales, para generar información que nos sirva para la implementación de la economía circular. 

“La economía circular tiene tres principios que tienen que ver con preservar y mejorar el capital natural controlado por existencia finita y equilibrando los flujos de los recursos naturales o renovables, optimizar los rendimientos y recursos haciendo recircular los componentes y materiales, y fomentar la efectividad del sistema diseñando la externalidades negativas, eliminando por ejemplo, la toxicidad de materiales y todo esto”, afirmó Alejandra Tapia. 

En este aspecto, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 reiteró que hay mucho que hacer en capacitación y regulación de mantenciones preventivas para alargar la vida útil de nuestras edificaciones. “Mil millones de dólares al año se gastan solamente en mantenciones, por lo que hay enormes oportunidades para las empresas; por parte del Estado también hay gastos considerables, ya sea por daño, por obsolescencia de bienes públicos”, indicó.

Asimismo, Alejandra Tapia destacó las oportunidades que se abren al proyectar a partir del diseño, al considerar cuánto va a durar cada una de las capas de los componentes de los materiales para, luego, renovarlos o reutilizarlos; y también valoró los espacios que se abren para las pymes en la reparación de componentes, de elementos constructivos y de revestimiento, entre otros. “Si no puedes cambiarlo, tenemos que cambiar la forma de pensarlo”, concluyó.

El Seminario completo está disponible AQUÍ.

Normativa de construcción industrializada permitirá importantes avances en el sector

El Instituto de la Construcción formó recientemente, el comité “Anteproyecto de norma industrialización”, que tendrá como misión establecer una mirada común respecto a los términos y definiciones de construcción industrializada.

Mayor productividad, precisión y optimización, aseguramiento de la calidad, disminución en los plazos de construcción y menores costos generales de una obra, son algunas de las ventajas de la construcción industrializada.

Se trata de que en una obra se usen métodos más definidos de ejecución de las actividades programadas, permitiendo un trabajo continuo, que evite los vacíos, los tiempos muertos y por ende reduzca en forma significativa las mermas y pérdidas.

“La construcción industrializada permite una mirada integral en un proyecto, comprometiendo a toda la cadena de valor, desde los que diseñan hasta los que desarrollan y ejecutan la obra”, señala Francis Pfenniger, director del Instituto de la Construcción y académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile.

Sin embargo, para que la construcción industrializada tenga un desarrollo efectivo, es fundamental contar con una normativa que establezca estándares mínimos para el funcionamiento de los sistemas constructivos.

Para ello, el Instituto de la Construcción formó recientemente, el comité “Anteproyecto de norma industrialización” que tendrá como misión establecer una mirada común respecto a los términos y definiciones de construcción industrializada.

Este trabajo surge luego de que el Consejo de Construcción Industrializada conformara, a principios de este año, el grupo técnico denominado “Brechas, Normativa y Regulación CCI”, en el que se identificó la necesidad de una norma chilena.

“Aún hay mucha confusión en el uso de los términos, por ejemplo, se confunde industrialización con prefabricación, por lo tanto, debemos trabajar para que todos estemos de acuerdo en cómo nos vamos a referir a las partes que componen una construcción industrializada”, comenta Francis Pfenniger, presidente de este comité.

Y agrega que “nuestro desafío es tener a fin de año el anteproyecto de norma terminado. Tenemos un comité extraordinariamente masivo, formado por representantes de la academia, constructoras, asociaciones, proveedores y servicios públicos, donde todos hacen muy buenos aportes”.

Sin duda que una norma es el soporte técnico de entendimiento común entre los actores que participan en la industria, por lo tanto contar con un anteproyecto de norma es fundamental para el desarrollo normativo.
“El Instituto de la Construcción es la entidad más idónea para llevar a cabo este trabajo, no solo por su experiencia en el desarrollo de documentos técnicos y su capacidad articuladora, sino también porque es una entidad transversal que reúne a la academia, los colegios profesionales, empresas privadas, asociaciones gremiales y los ministerios”, señala Francis Pfenniger.

IC y Ministerio de las Culturas presentan nueva norma de intervención para construcciones patrimoniales

Define criterios para proyectos de recuperación estructural de inmuebles patrimoniales considerando sus particularidades, valor histórico y materialidad y tipologías constructivas de albañilería, madera, hierro, acero y hormigón y complementa la norma existente en tierra cruda.

A través de una videoconferencia en línea a la que se conectaron más de 300 personas, el Instituto de la Construcción junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presentaron la nueva norma chilena para la intervención estructural en construcciones de valor patrimonial (NCh3389).

Esta norma establece requisitos, procedimientos y parámetros mínimos sobre cómo actuar y enfrentar un proyecto de intervención estructural, ya sea de consolidación, reparación o refuerzo en construcciones con valor patrimonial y edificios existentes. También define los criterios generales de intervención, los cuales incluyen criterios de diseño, estructurales, patrimoniales y también de planificación de obras. Asimismo, define los requisitos y métodos de análisis y evaluación de desempeño sísmico para mejorar su respuesta ante movimientos telúricos.

La norma incluye disposiciones para edificios con tipologías constructivas en materiales que están presentes en gran parte de los inmuebles patrimoniales del territorio nacional como son albañilería, acero, hormigón y madera; y complementa lo establecido en la norma NCh3332 de 2013 enfocada en tipologías constructivas en tierra cruda como el adobe.

Esta es una gran noticia y un paso histórico para la recuperación futura del patrimonio cultural presente en todo el territorio. Con este avance son muchas las construcciones patrimoniales que ya no van a quedar fuera de norma y con ello se facilitan las inversiones con fondos públicos y la viabilidad de los proyectos. La dimensión técnica es fundamental en los procesos de rehabilitación y restauración, más aún cuando nos referimos al patrimonio. Hay que entender qué materiales están en juego, las patologías que presentan, su comportamiento, valor histórico. Este documento entrega pautas y claridad para estos análisis. La normativa patrimonial es un aporte real, concreto y decidido a la recuperación del patrimonio”, destacó Emilio De la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales.

Asimismo la autoridad señaló que se trabajó primero en la norma patrimonial de tierra cruda como el adobe y ahora en esta que incorpora otra serie de tipologías constructivas. Agradecer a todos quienes participaron de este proceso que deja a Chile con un marco normativo integral en la materia”.

Por su parte Sergio Contreras, presidente de la Comisión Patrimonial del Instituto de la Construcción señaló que esta norma es resultado de un trabajo largo y complejo dado que reunifica materiales tan diversos como albañilería, acero, hormigón y madera, lo que hace que la tarea de reunificarlos en especificaciones conjuntas no es simple.

Gracias al trabajo de diversos profesionales logramos hacer confluir los criterios de cada uno de estos materiales para lograr este documento único en el país y probablemente en el mundo, por lo tanto estamos muy satisfechos al poder contar finalmente con esta norma que, tenemos la certeza, contribuye a la recuperación de las edificaciones históricas y a la validación de las ya existentes”, expresó.

Este proyecto fue desarrollado por un Comité de norma de la Comisión de Construcción Patrimonial del Instituto de la Construcción con el apoyo y patrocinio del Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de las Culturas y el aporte técnico de profesionales de instituciones públicas como, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, el Ministerio de Obras Públicas, universidades y sociedad civil.

Cabe indicar que esta norma fue publicada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y está disponible en el sitio web www.inn.cl

 

Fuente: Instituto de la Construcción

Investigadores de la UC buscan convertir a las municipalidades en agentes de cambio medioambiental

Cuatro especialistas estudiaron el manejo de los residuos de construcción y demolición e hicieron propuestas orientadas a la construcción sustentable, en línea con los desafíos actuales.

Para elevar los estándares ambientales y favorecer una construcción centrada en el medio ambiente, cuatro investigadores se unieron para trabajar en el capítulo IX del Concurso de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica “Políticas municipales estandarizadas para el manejo sustentable de residuos de construcción y demolición”.

Felipe Ossio y Juan Molina de la Escuela de Construcción Civil; Homero Larraín de la Escuela de Ingeniería y Cristián Schmidt de la Escuela de Arquitectura fueron los responsables de abordar la problemática de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), desde un enfoque interdisciplinario, considerando sus impactos ambientales, sociales y económicos. 

“Nos dimos cuenta que la alta generación de RCD y su inadecuada disposición final es un problema multifactorial, que involucra a todos los actores en el ciclo de vida del proyecto y al cuadro normativo, regulatorio y legal respectivo. Sin embargo, este último se encuentra atomizado y fragmentado, lo que puede apreciarse en la cantidad de instrumentos asociados a diferentes actores”, explica Felipe Ossio. 

De hecho, para el caso específico de los RCD existen más de 20 tipos de normativas dependientes de diferentes organismos públicos. Según el estudio, lo anterior dificultaría su conocimiento y aplicación, dejando al Estado una capacidad limitada de fiscalización en materias sanitarias y ambientales, algo que agudiza el problema. En efecto, el 60% de las empresas constructoras en Chile declara no conocer leyes, reglamentos, normativas ni manuales sobre gestión de residuos. 

El equipo interdisciplinario de la UC se propuso contribuir proponiendo una política pública que lleve a las municipalidades a ser un agente de cambio y aportar al cumplimiento reglamentario ante las instituciones de nivel regional y nacional. Al mismo tiempo, su trabajo apuntó a elevar los estándares ambientales y permitir así una construcción centrada en el medio ambiente que responda a los desafíos que hoy exige la humanidad.

Disparidad normativa

El estudio reveló que los municipios en Chile presentan un dispar nivel de exigencias en materia de gestión de RCD, desde la nula consideración hasta una serie de normativas no necesariamente bien enfocadas. “Pero, principalmente, pudimos identificar comunas generadoras y receptoras de RCD. Las primeras se caracterizan por generar una alta proporción de los residuos a nivel de su región y no poseen sitios de disposición legal de residuos. Por su parte, las receptoras no producen una gran proporción de RCD a nivel regional y, en general, son comunas que poseen sitios de disposición final legal en su jurisdicción y/o deben hacer frente a sitios de disposición ilegal como micro basurales o vertederos ilegales”, detalla Ossio.

Luego de que el estudio reconociera dos tipos de comunas: generadoras y receptoras de RCD, los investigadores establecieron recomendaciones de acción que, si bien son vinculadas a un tipo de comuna, no son excluyentes para las otras. Asimismo, hicieron sugerencias generales que toda comuna, independiente de si es generadora o receptora de RCD, debería adoptar. “Estas 15 propuestas tienen por objetivo avanzar en la minimización de la generación de RCD y la disminución de sus impactos socioambientales, basados en los principios de la justicia ambiental (Hervé, 2010) y siguiendo la jerarquía de manejo de los residuos”, acota el profesor de la Escuela de Construcción Civil de la UC.

De este modo, las propuestas para las comunas generadoras se asociarán a los primeros eslabones de esta jerarquía, es decir, se centrarán en reducir la generación de RCD en origen y fomentar la valorización de los RCD mediante su reutilización, recuperación o aprovechamiento para otras aplicaciones. Mientras que las propuestas asociadas a las comunas receptoras buscarán asegurar el correcto destino de los residuos no valorizados que son llevados a un botadero.

Y es que, según la investigación, las municipalidades son actores clave dentro de la cadena de instituciones encargadas, tanto en la definición de reglas para la adecuada disposición de RCD como en la supervisión de su cumplimiento en el territorio comunal.

El estudio puede ser descargado desde AQUÍ.

Fotografía gentileza Plataforma Industria Circular + Viconsa.

Comienza trabajo para desarrollo de anteproyecto de norma sobre definiciones de construcción industrializada

Por encargo del Minvu, se iniciará la preparación de un anteproyecto de norma que incorporará las definiciones de la construcción industrializada, con miras a estándares claros que favorezcan su desarrollo.

En el contexto de un nuevo convenio entre el Instituto de la Construcción -institución designada como entidad gestora de Construye2025- y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que actualmente está en la definición de los últimos detalles, se espera comenzar en junio el trabajo para el desarrollo de un anteproyecto de norma sobre definiciones de construcción industrializada, que ha generado mucho interés de distintos representantes de la industria, entre ellos el Consejo de Construcción Industrializada (CCI) y Construye2025, que serán parte del comité que prepare este trabajo.

“El Minvu propuso este año a solicitud del CCI este anteproyecto de norma y nosotros lo acogimos de muy buena manera, nos parece súper bueno que se realice este trabajo”, señala José Pedro Campos, director ejecutivo del IC.

Calidad normativa

Una norma chilena es, según Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo del Instituto Chileno del Acero (ICHA), entidad socia del Instituto de la Construcción y del CCI, el soporte técnico de entendimiento común entre los diversos actores que participan en la construcción, entre ellos, diseñadores, proveedores, contratistas, constructores e inspectores, para avanzar desde la construcción tradicional hacia los sistemas de construcción industrializada.

“A principios del año 2020, el CCI conformó el grupo técnico denominado ‘Brechas, Normativa y Regulación CCI’, en el que se identificó la necesidad y el poder de integración de una norma chilena que establezca las definiciones técnicas involucradas en la construcción industrializada”, recuerda Gutiérrez.

Así fue como la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu solicitó al IC su colaboración en el desarrollo de un anteproyecto de norma que incluyera un glosario de definiciones técnicas para la construcción industrializada. “La calidad de un anteproyecto de norma es fundamental para un desarrollo normativo efectivo. Para esto, el Instituto de la Construcción dispone de la experiencia, la capacidad de articulación del conocimiento público – privado y la elaboración de documentos técnicos”, argumenta el director ejecutivo del ICHA.

El desarrollo del anteproyecto de norma es un paso crucial para alcanzar una propuesta de norma que pueda abrirse a consulta pública y la meta del organismo es presentarlo este mismo año, para iniciar el proceso de consulta y conformar un comité técnico. 

Para Marcos Brito, gerente de Construye2025, asumir el desafío en conjunto es urgente, pues la construcción necesita una mejor normativa, con definiciones claras y un estándar para que las nuevas formas de construir aceleradamente se masifiquen, haciendo a la industria chilena más eficiente, productiva y competitiva.

“Avanzar en una normativa que nos ayude a entender a la industrialización desde el diseño de un proyecto, nos ayudará a estandarizar procesos y aumentar la competitividad. La regulación debe abrir el camino para que más empresas construyan de forma industrializada, contribuyendo a un uso más eficiente de los recursos y, con ello, una mayor productividad y sostenibilidad de la edificación”, afirma Brito.

Nuevo miembro del CNNC

En otro ámbito, el Consejo Nacional de Normalización del Sector Construcción (CNNC), que funciona bajo el alero del Instituto de la Construcción articulando la demanda normativa en Chile, invitó al equipo técnico de Construye2025 a trabajar en conjunto para mejorar la productividad y sustentabilidad de la industria. 

“Queremos iniciar la convergencia de la colaboración entre el Construye2025 y el Instituto de la Construcción, para que en algún momento de los próximos años el programa se integre derechamente al IC. En ese contexto, algunas de las iniciativas que está abordando Construye2025 tienen que ver con la necesidad de algunos reglamentos y normas, por lo que se hacía natural la invitación al CNNC, en cuanto el objetivo central de este Consejo es la articulación de los requerimientos normativos sectoriales”, comenta José Pedro Campos, director ejecutivo del IC.

De esta manera, se tendrá una visibilidad mayor de todas las iniciativas que lidera el programa estratégico de Corfo, sus grupos de trabajo técnico y los requerimientos que puedan surgir que requieran desarrollos desde el ámbito normativo.

Fotografía gentileza E2E.

INICIATIVAS DEL PLAN DE TRABAJO MINVU – IC 2019 AVANZAN EN SU DESARROLLO

Son diez las acciones que contempla esta instancia cuyo trabajo está programado se extienda por al menos la primera mitad del 2020.

Fue en junio de 2019 cuando Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y José Pedro Campos, director ejecutivo del Instituto de la Construcción, firmaron el Plan de Trabajo Minvu – IC 2019 y que a la fecha desarrolla iniciativas relacionadas con anteproyectos de norma, estudios técnicos y el Código Modelo Sísmico Regional para América Latina y el Caribe.

Los comités de este Plan de Trabajo, que está asociado al convenio de Colaboración vigente entre ambas instituciones desde 2017, comenzaron a sesionar en los meses de julio y agosto de 2019 y cuentan con las secretarías técnicas de Gustavo Cortés y Nicol Díaz.

Estado de Avance de las iniciativas

  • Anteproyecto de Norma de Requisitos: Prisma Rectangular Polimérico para obras de infiltración de aguas: Su secretario técnico es Gustavo Cortés e inició su trabajo el 31 de julio. El comité está integrado por representantes de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, además de ingenieros proyectistas sanitarios, fabricantes de Cubo – Dren y el Dictuc. Actualmente se trabaja en la definición de requisitos y método de validación (resistencia, durabilidad y volumen efectivo).
  • Piloto de Observatorio para el mejoramiento de la Edificación Habitacional: Con representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Inmobiliaria Aconcagua, Inmobiliaria – Constructora ISA, DRS Ingeniería, Universidad de Chile a través del Instituto de la Vivienda y el Idiem, Decon de la Universidad Católica, la Asociación de Oficinas de Liquidadores de Seguros y la Asociación Chilena del Vidrio y el Aluminio – Achival, este comité se reúne desde el 7 de agosto y entre sus objetivos se encuentran elaborar, validar y llenar fichas que permitan levantar información respecto a quince tipos de “problemáticas”. Así como también buscan elaborar fichas de soluciones y recomendaciones de diseño y ejecución de partidas. Analizar las problemáticas y propuestas de las soluciones técnicas correspondientes y elaborar el llenado de quince fichas para difusión de soluciones y recomendaciones de diseño y ejecución de partidas. Su presidente es Sebastián Araya del Minvu, el vicepresidente es Rubén Zenteno de DRS Ingeniería y la secretaría técnica está a cargo de Gustavo Cortés.
  • Anteproyecto de Norma: Criterios de asimilación para estimar la resistencia al fuego de soluciones constructivas – ensayos de laboratorio nacionales disponibles: La presidencia del comité, que sesiona desde el 9 de agosto pasado, está a cargo de Paula Olivares del Minvu, el vicepresidente es Alejandro Ramírez y el secretario técnico es Gustavo Cortés. La iniciativa ha analizado una serie de documentos entre ellos uno británico que contiene algunos modelos analíticos para asimilar soluciones constructivas.
  • Formulación de perfil de proyecto: Elaboración de la metodología de cálculo de huella de carbono para el ciclo completo de la edificación: Tiene por objetivo desarrollar un perfil de proyecto de la metodología de cálculo de huella de carbono para el ciclo completo de la edificación que contenga al menos las siguientes etapas:
    • Levantamiento de base de datos de huella de carbono.
    • Calculadora de huella de carbono.
    • Metodología de monitoreo, reporte y verificación de huella de carbono.

La primera reunión del comité, presidido por Paola Valencia del Minvu, fue el 21 de agosto y cuenta con la participación de profesionales del Minvu, Volcán, el Instituto Chileno del Cemento y del Hormigón de Chile, el Instituto Chileno del Acero, la Corporación Chilena de la Madera, la Asociación Chilena del Vidrio y Aluminio, los ministerios de: Obras Públicas, Energía, Medio Ambiente, Certificación Edificio Sustentable, el Chile GBC, ADDERE – International EPD System, Edge Chile, ECOEd, consultores independientes, WSP, Universidad Andrés Bello, AZA, la Corporación de Desarrollo Tecnológico y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. La secretaria técnica es Nicol Díaz. A la fecha el comité ha definido el objetivo general y específicos del perfil de proyecto y ha concluido los Términos de Referencia relacionados con la contratación de un estudio sobre el estado del arte nacional e internacional de metodologías de levantamiento de datos.

También forman parte de estas iniciativas los anteproyectos de norma denominados: Actualización NCh146 Placa de yeso-cartón – Requisitos y ensayos (partes 1 y 2) y Criterios de asimilación para estimar la resistencia al fuego de soluciones constructivas considerando ensayos realizados en el extranjero y con norma extranjera.

Por otro lado, existen tres iniciativas que tienen directa relación con el desarrollo del proyecto DOM en Línea y estos son:

  • Revisión y actualización de 38 formularios de permisos de edificación: La primera reunión se sostuvo el pasado 14 de agosto, y a la fecha se han actualizado los siguientes formularios:
    • Solicitud de aprobación y Anteproyecto de Obra Edificación.
    • Resolución de Aprobación de Anteproyecto de Obra Edificación.
    • Solicitud de Permiso de Edificación.
    • Permiso de Edificación.
    • Solicitud de Modificación de Proyecto.
    • Resolución de Modificación de Proyecto.

La iniciativa es presidida por Yuri Rodriguez, de la ADOM, la vicepresidencia está a cargo de Patricia Riveros del Minvu y la secretaria técnica es Nicol Díaz.

  • Estandarización del formato y contenidos mínimos de los planos y viñetas de los proyectos: Al igual que el anterior, este comité inició sus sesiones el 14 de agosto y Mónica Salinas del Minvu y Carlos Alberto Urzúa del Instituto de la Construcción son presidenta y vicepresidente, respectivamente. Nicol Díaz ejerce como secretaria técnica. Actualmente, el comité se encuentra trabajando en:
    • Contenidos mínimos de planos para solicitud de aprobación de anteproyecto de obras de edificación.
    • Contenidos mínimos en viñeta y planos para solicitud de permiso de edificación.
  • Actualización y estandarización de partidas de acuerdo al tipo de permisos para la plataforma DOM en Línea (parte 2) e instrucciones de uso.

Finalmente, el trabajo de la iniciativa permanente, Código Modelo Sísmico para América Latina y El Caribe, sigue su avance y desarrollo. Durante este año, se realizaron dos jornadas de trabajo, en Guatemala y Panamá en marzo y agosto, respectivamente.

Fue en la instancia de Panamá donde se constituyó la Comisión Permanente del Código Modelo Sísmico de América Latina y El Caribe, a través de un Convenio de Cooperación considerando la necesidad de avanzar en la formalización e institucionalidad de este proyecto de alcance regional.

La Comisión está conformada por entidades públicas, privadas y mixtas de América Latina y El Caribe, todas relacionadas con la elaboración, aprobación, promulgación, promoción, implementación, investigación y verificación de leyes, reglamentos, códigos y normas relacionadas al diseño sísmico de las estructuras de obras y su verificación y su presidente es el ingeniero chileno Rodolfo Saragoni, mientras que el Instituto de la Construcción fue elegido como Secretaría General.

Al mismo tiempo, los subcomités chilenos: Desarrollo Índice y Contenidos CMS AL&EC y Objetivos de Desempeño para edificaciones de América Latina y El Caribe, continúan con sesiones de trabajo. El primero, presidido por Ian Watt, avanza en la planificación del comité y coordinación con el comité ampliado, así como definió las próximas sesiones del comité que están orientadas la revisión de metodología afín, y la preparación de la 5° Jornada de Trabajo que se realizará en Bucaramanga, Colombia en abril de 2020.

Por su lado, el otro subcomité, presidio por Jorge Carvallo ha acordado ampliar el alcance de su trabajo y abordar el análisis lineal/no lineal de forma conceptual, vinculado a los objetivos de desempeño.

En instancias de reuniones internacionales, José Pedro Campos se reunió con profesionales españoles y se iniciaron las gestiones para lograr un Convenio de Colaboración, entre la Comisión Permanente y la Asociación Española de Normalización – UNE y Hernán Madrid tuvo la oportunidad de presentar la experiencia del Código ante representantes del Banco Interamericano de Desarrollo en su sede de Washington D.C.

De acuerdo a lo estimado y concertado por el Minvu y el Instituto de la Construcción se estima que el desarrollo de las iniciativas se extienda durante los primeros meses del año 2020.

Fuente: Instituto de la Construcción