Tags

Webinar Avances y tecnologías para el procesamiento y uso de áridos reciclados , realizado el 25 de abril de 2024

Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025

En un seminario organizado por el Instituto Nacional de Normalización, que contó con la participación del INN, Construye2025 y el MOP, se dio cuenta de los avances que han hecho los tres organismos en materia de economía circular y la importancia de las normativas de áridos reciclados para el sector.

El Instituto Nacional de Normalización organizó a fines de noviembre el Seminario “Cambiando la forma de construir: Transformando residuos en áridos para la construcción”, programa desarrollado con aportes de Corfo, para el desarrollo de normas chilenas para la habilitación de la economía circular en el sector construcción.

Este evento contó con la participación de Emilio Rojas, profesional de la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización; Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025; Víctor Reyes, jefe de la Unidad de Carreteras, de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y Pablo Ibañez, asesor ambiental de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Cada uno de los expositores nombrados abarcó diversos tópicos, como el impulso de nuevas normas chilenas sobre este ámbito, la importancia de los áridos, su uso en obras públicas y su impacto en la economía circular entre otros interesantes temas.

Claudia Cerda, jefa de División de Normas del INN, contó, al abrir esta actividad, que Corfo les ha solicitado como Instituto Nacional de Normalización el estudio de normas técnicas que habiliten el desarrollo de la Hoja de Ruta de Economía Circular. “Este ha sido un gran desafío para el INN y nos hemos propuesto ir cumpliendo de manera sostenida y sistemática con ello”, precisó.

Asimismo, comentó que los primeros pasos que ha dado la institución en economía circular los desarrollaron antes de la hoja de ruta y fueron las normas de gestión de residuos de la construcción y demolición, específicamente, la NCh3562 sobre clasificación y directrices para el plan de gestión de RCD, financiada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el año 2017, y la NCh3727, que establece las consideraciones para la gestión de residuos y para las auditorías previas a las obras de demolición, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, el año 2020.

“En particular, quiero mencionar el uso que se le ha estado dando a la norma 3562, que fue oficializada por el Minvu en septiembre de 2019, y ha sido considerada en la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en la Construcción 2035, a partir de la cual distintos organismos de construcción, como la Cámara Chilena de la Construcción y la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la han considerado como base para impulsar el marco regulatorio relacionado con la gestión de los RCD, así como en la elaboración de manuales de apoyo a las empresas para contribuir a la gestión de ellos”, especificó. 

Cerda añadió que esta normativa “también ha sido considerada como una referencia por organismos públicos, en particular, el Ministerio de Obras Públicas, para la gestión de los residuos en obra, así como también hemos sabido que se utiliza dentro de bases técnicas de licitación de obras públicas”.

A partir de este trabajo, han surgido nuevas necesidades y encargos hacia el INN. Es así como en 2022 se aprobó un nuevo contrato entre el MMA y el INN para la elaboración de siete normas sobre economía circular, las que buscan establecer los atributos e indicadores de circularidad para gran parte de la cadena de valor de la construcción (ver nota).

“En el camino también hemos ampliado este trabajo hacia el sector de minería. Los primeros indicios de incorporar áridos reciclados del sector minero fueron manifestados por este rubro en el comité que hoy se encuentra estudiando la norma 163 que establece los requisitos para los áridos utilizados en morteros y hormigones. Sin embargo, para avanzar en la incorporación de estos nuevos áridos es necesario basarnos en datos científicos y en la tecnología, que sirvan para demostrar los requisitos de calidad y seguridad de éstos”, argumentó.

En paralelo, han ido recopilando información sobre los residuos mineros y siderúrgicos que pueden transformarse y valorizarse como áridos a ser utilizados en el sector de la construcción. “Es aquí donde las disciplinas se juntan y debemos estar preparados para ello. Nos encontramos en un punto relevante, contribuyendo al punto de inflexión en la gestión de los residuos, donde éstos no sean desechados y enterrados, sino más bien, reutilizados y valorizados para seguir construyendo con la economía circular en nuestro país”, comentó.

Áridos reciclados

Emilio Rojas, profesional División de Normas del INN, presentó el tema “Impulsando el uso de áridos no convencionales – Nuevas Normas Chilenas”. En su presentación evidenció dos grandes problemas: la no gestión de los residuos en una obra y la escasez de áridos naturales, lo que lleva a su extracción ilegal y a generar grandes impactos ambientales.

“Como INN vemos oportunidades de mejora en estos problemas, porque una norma chilena parte de la identificación de un problema que se transforma en una necesidad, en este caso, de generar un documento normativo, por lo tanto, todas estas situaciones nos llevan a hacernos cargo de la situación que nos corresponde”, expuso.

En ese contexto, habló sobre el panorama normativo nacional en torno a la materia. A las ya mencionadas por Claudia Cerda, añadió Ley REP 20.920, que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el reciclaje, “por lo tanto, es un puntapié inicial para que podamos hacer desarrollos técnicos”, dijo.

Mencionó el prNCh3849 Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos; clasificación, ensayos y requisitos de caracterización y directrices para la trazabilidad; el prNCh3851 Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico, clasificación y requisitos, el prNCh3848 Pavimentos, Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos, Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos y el prNCh3850 Pavimentos Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico , Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos.

“Este convenio con Corfo tiene la particularidad de que estas normas chilenas se trabajan muy rápido, por lo que en 2023 las normas tenían que estar en consulta pública y tener una primera reunión de comité técnico. Por ello, citamos a un comité de anteproyecto cerrado, con expertos que ya han hecho desarrollos en este tipo de materiales para poder elaborar dichos anteproyectos”, señaló.

Por su parte, Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, se refirió a “La importancia de los áridos: ¿Cómo aseguramos los recursos para una construcción sostenible?”.

Tapia agradeció la instancia de trabajo colaborativo que significan los comités de normas, a Corfo por la voluntad de avanzar en normas de economía circular, invitando a Construye2025 a hacer propuestas, y al INN por el apoyo para sacar adelante estas normas.

Asimismo, sostuvo que es necesario “buscar las formas de asegurar los recursos para tener una construcción más sostenible económica, social y ambiental, pero no solo para las generaciones futuras, sino que para las actuales, porque tenemos tremendas inequidades sociales, entonces mientras se pierden muchos residuos, tenemos comunas con grandes ingresos que construyen mucho, tienen muy buena calidad de espacios públicos, versus otras que pueden tener el hormigón, pero en forma de residuo y no de edificación, lo que afecta la calidad de vida de las personas”, junto con dar cuenta de la pérdida de materiales en la que aún persiste el sector.

La arquitecta evidenció que “son muchos los desafíos, por lo que el cambio tenemos que hacerlo ahora”, refiriéndose a pasar de una economía lineal a una circular, planificar las ciudades, evitando errores de diseño y la generación de pasivos ambientales.

Al finalizar, Alejandra Tapia destacó las iniciativas colaborativas que se están encargando de esta problemática de la construcción, como la Hoja de Ruta RCD Economía Circular de la Construcción 2035, lanzada en 2020 por los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Corfo y Construye2025, así como la Estrategia de Economía Circular en Construcción, liderada por la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción, Construye2025 y la CDT.

En representación del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Reyes, jefe de la Unidad Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad, y Pablo Ibáñez, asesor ambiental de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad, expusieron sobre “Áridos Reciclados en Obras Públicas: Caminando Hacia la Economía Circular”.

Reyes contó que en la Dirección de Vialidad del MOP hablan de economía circular y áridos reciclados desde antes de 2015 y que han avanzado “principalmente en el desarrollo de algún tipo de información y pruebas de laboratorio”. 

A su juicio, “ha sido un camino largo de ir conversando con distintas personas y convenciendo sobre este cambio. Hemos ido sentando las bases de lo que se busca, porque sentimos una responsabilidad importante como ente público para poder impulsar esto. Somos uno de los principales mandantes de obras públicas, en las que se consumen muchos materiales de construcción y si dentro de nuestras exigencias en los contratos, pedimos el uso de otros materiales y avanzar en la utilización de materiales reciclados, eso será una ayuda importante”.

Por lo mismo, “hemos estado trabajando bastante con el INN en el desarrollo de estas normativas, como Manual de Carreteras en la Dirección de Vialidad para ir impulsando estos temas con el Laboratorio Nacional de Vialidad, con el Comité de Normas del MOP”, afirmó el ingeniero.

En tanto, Pablo Ibáñez se refirió a los áridos naturales y mencionó que teniendo la normativa y la Hoja de Ruta RCD, “se genera una serie de desafíos para la Dirección de Vialidad con la utilización de áridos reciclados, los que se presentan en todo el ciclo de vida de un proyecto vial. En la preinversión, estos proyectos nuevos o alternativas de mejoramiento, donde utilizando las 9R, la idea es repensar o rediseñar pensando en materiales de construcción que puedan reutilizarse en estos trazados o disminuyendo el uso de materiales vírgenes”.

Así, “durante el diseño podemos establecer los tipos de pavimentos que pueden utilizar, reutilización de áridos en el diseño, analizar y comparar los tipos de pavimentos a realizar, avanzar en los términos de referencia, con los requisitos y lineamientos, junto con el Laboratorio de Vialidad”, complementó.

En la etapa de construcción precisó que es posible utilizar materiales alternativos, pero fundamentalmente, está la posibilidad de reciclar y reutilizar los rechazos y residuos provenientes de la obra. Y en el caso de mantenimiento, está la reposición de elementos, y reciclaje de pavimentos, a través de RAP, o espumado, entre otros, y el manejo de residuos.

En resumen, “desde el punto de vista del uso de carpetas de rodadura referidas a asfaltos, tenemos bastante experiencia, pero nos falta todavía en la reutilización de agregados de hormigón”, especificó Ibáñez.

Finalmente, Víctor Reyes presentó algunos ejemplos de experiencias que se han realizado desde la Dirección de Vialidad y comentó que en el MOP se está trabajando en una nueva política de sustentabilidad que les permita reducir el impacto ambiental de las obras, usar eficientemente los recursos e integrar la economía circular.

El seminario completo puede ser consultado aquí:

Por Marcos Brito, gerente de Construye2025.

En el año 2020, mientras nos encontrábamos confinados, se produjo el inicio de un primer trabajo mancomunado -en formato “virtual”- para desarrollar lo que sería el Anteproyecto de Norma de Construcción Industrializada – Definiciones y Términos Generales (prNCh3744), al alero del Instituto de la Construcción y con financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). 

La participación fue masiva, habiendo llegado a contar con 64 destacados representantes del sector, quienes, tras más de un año de comprometido trabajo, lograron generar un primer borrador para esta norma, que se revisó en consulta pública, como el procedimiento establece. Luego de varios meses adicionales de trabajo, se revisaron uno por uno los comentarios de la consulta. Así, finalmente, la NCh3744 fue aprobada como Norma Chilena a finales de agosto de 2023, por el Instituto Nacional de Normalización (INN), tras un proceso que fue impecablemente conducido por Emilio Rojas, de la misma institución.

La norma logra establecer términos y definiciones de construcción industrializada y prefabricada, aplicables al diseño y construcción de obras de edificación, obras civiles e infraestructura, aunando criterios de un conjunto de profesionales de empresas privadas, arquitectos, ingenieros calculistas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Construye2025. El camino al consenso fue arduo, ya que al tratarse de conceptos que han ido evolucionando en el tiempo, es complejo aunar criterios generales para definir acepciones, que tengan sentido para quienes las utilizan, en diversos tipos de proyectos, con diferentes sistemas constructivos, así como alcances, aplicaciones, materialidades, etc.

En definitiva, en Chile, la construcción industrializada se refiere a una forma de construir que busca lograr mejoras: en productividad, sostenibilidad, gestión RCD, plazos y costos, entre otros, y que, además puede o no incluir prefabricados. Este último punto es muy relevante, ya que ambos conceptos, la prefabricación y la industrialización no son sinónimos. Ver NCh3744 en www.inncoleccion.cl.

Gracias al empuje que Construye2025 le ha dado al concepto mismo de la Construcción Industrializada, como cambio de paradigma hacia una construcción más eficiente, productiva y sustentable, se crea en Chile, en 2017, el Consejo de Construcción Industrializada (CCI), organización que ha sido clave en lograr difundir este nuevo paradigma, relevar su importancia, dar un espacio de difusión a quienes han trabajado en la industrialización de la construcción y concientizar a todo un sector con la relevancia de incorporar en mayor o menor medida los elementos clave que conlleva la industrialización, entre otros objetivos. 

En 2023, se logra un hito sin precedentes, con el Encuentro Nacional de Construcción Industrializada #ENCI2023, que logra reunir a más de 2.000 personas en una semana, en diversas actividades presenciales y virtuales sobre construcción industrializada. También se releva este concepto en diversas mesas de trabajo, en organizaciones privadas y públicas, tales como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), el Colegio de Arquitectos y el Minvu, en su Plan de Emergencia Habitacional. Asimismo, la construcción industrializada ya forma parte de gran parte de los cursos de postgrado en diversas casas de estudio. Hoy, al menos, ya tenemos la atención de todo el sector.

La norma NCh3744 establece, en definitiva, una mayor claridad sobre lo que la construcción industrializada involucra y sus objetivos. Asimismo, ofrece claridad sobre otros conceptos clave, tales como la construcción modular, la constructabilidad y la prefabricación, que muchas veces pueden entenderse de otras formas en el idioma coloquial, pero que es importante definir bajo una estructura normativa, para que así estos sean entendidos de manera clara en Chile. 

Por otra parte, el Minvu está preparando una Norma Técnica llamada “Construcción industrializada – Planificación, diseño, fabricación y montaje”, la que fue sometida a consulta pública durante 2023 y se está a la espera de sus resultados. 

Con todo, avanzamos como país en la construcción de un relato técnico consensuado, que, sin duda, ayudará a utilizar estos conceptos en futuros documentos formales, tales como contratos o reglamentos públicos. La construcción industrializada avanza hoy rápidamente, pero también es importante que lo haga de manera ordenada y desarrollando estándares técnicos, así también como un lenguaje claro y unificado.

Luego de una serie de avances impulsados por el Comité Consultivo Público de la Hoja de Ruta RCD y ECC 2035, el Ministerio de Medio Ambiente solicitó al INN el desarrollo de siete normas técnicas para definir atributos de circularidad e indicadores de desempeño circular en la construcción.

Dada la relevancia de la economía circular para la construcción, en 2020 se lanzó la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción (ECC) 2035, cuya elaboración fue liderada por el Comité Consultivo Público conformado por los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Corfo y Construye2025. En dicho instrumento de política pública, hay 5 ejes, siendo el “Eje 2 Coordinación pública para el marco regulatorio y fomento a la economía circular en construcción” de particular relevancia, dado que plantea importantes desafíos en los ámbitos legales, regulatorios, y también en el desarrollo normativo, específicamente en su lineamiento 7 plantea: “Desarrollar reglamentación, normativa y herramientas habilitantes para el desarrollo de una economía circular en construcción”, contexto en el que se enmarcan varias iniciativas actualmente en curso. 

Comenta Rubén González Aguayo, profesional de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, que “el ámbito de las normas técnicas, se considera uno de los que juega un rol fundamental en el avance para el desarrollo de economía circular del sector, ​​ya que éstas son un instrumento de apoyo eficaz para lograr consensos necesarios en el sector, previos a la regulación”. 

El Comité Consultivo Público inició el trabajo con normas para la gestión de residuos, con la NCh3562:2019, encargada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que establece directrices para los planes de gestión de residuos para obras de construcción y demolición. Según González, “tal como ocurrió con el desarrollo de la NCh3562, su desarrollo permitió avanzar en aspectos conceptuales y operativos mínimos que se vuelven básicos para una gestión moderna -en este caso para el manejo de residuos-; acuerdos entre el sector público y privado que quedan plasmados en el texto como normativa voluntaria en primera instancia y que luego al ser estas oficializadas son exigibles de forma obligatoria”. 

Para complementar, señala: “las normas técnicas permiten cambiar progresivamente prácticas y estándares, hacia mejores desempeños, de forma voluntaria. También constituyen una señal del estándar mínimo deseable, anticipándose al posterior desarrollo de reglamentos; e incluso, permiten al Estado directamente impulsar estos cambios, a través de su especificación en compras públicas, generando un aumento práctico en los estándares del sector, en cumplimiento de las políticas públicas. Finalmente, el desarrollo de normas técnicas es la base para la formación de una infraestructura para la calidad que aporta certezas a los mercados de consumidores y estándares a los prestadores de servicios y sector productivo; en el caso de la construcción facilitando la especificación de proyectos”.

Y añade que “es por ello que como MMA secundamos a Minvu con el abordaje de una norma técnica para el subsector menos normalizado del gremio, y encargamos la NCh3727, para demolición selectiva y auditorías previas a la demolición, Norma que esperamos oficializar este año. Y es que como sector público el esfuerzo centrado en la normalización es considerado una semilla, se trata de normas generales y habilitadoras para una economía circular”.

Todo este trabajo ha sido coordinado a través del Comité Consultivo Público en esta materia, “una sub mesa de trabajo derivada del Convenio Interministerial de Construcción Sustentable, cuya orgánica acelera estos cambios”, explica Rubén González.

“A lo anterior se suma que a fines de 2022 como MMA encargamos a Instituto Nacional de Normalización (INN) el desarrollo de siete normas técnicas para definir atributos de circularidad para el sector de la construcción e indicadores generales, y en la actualidad estamos ya en pleno proceso de su elaboración”, puntualiza el profesional del MMA. 

Normativa para demoliciones y gestión de sus residuos

La implementación de la NCh3727:2021 – “Gestión de residuos – Consideraciones para la gestión de residuos en obras de demolición y auditorías previas a obras de demolición”, que el Ministerio de Medio Ambiente encargó al INN, está disponible en este link: https://ecommerce.inn.cl/nch3727202180045

“Es una norma voluntaria complementaria a la NCh3562:2019 (estándar para los planes de gestión de residuos) y ya está siendo ofertada por algunas empresas de demolición como parte de sus estándares. La recomendación al sector es: si diseña, especifíquela; si construye, úsela; si transporta RCD; asegúrese de que se los entregan segregados según los criterios establecidos en la regulación y en la norma técnica. Con ello, todos se aseguran de implementar medidas para no cometer delito de tráfico de residuos peligrosos, penado con cárcel por la Ley 20.920. art 44”, aconseja Rubén González.

Las normas técnicas voluntarias (complementarias a la regulación obligatoria) están para ayudar, no sólo para homologar estándares entre las empresas de cada rubro, sirven para colaborar a tener las consideraciones necesarias para facilitar un cumplimiento legal. En este caso, en materia de residuos de demolición.

Nuevas normas técnicas

A estas normas técnicas era necesario agregar otras que aborden toda la cadena de valor y el ciclo de vida de los activos construidos, y que se enfoquen más allá de materiales y residuos. Por ello, el MMA encargó al INN, al cierre de 2022, el desarrollo de un set de normas técnicas para atributos e indicadores de desempeño circular, “que abarcan desde un marco general, pasando por las diferentes escalas como materiales, recursos, sistemas constructivos, edificaciones e infraestructura, barrios y ciudades, con el fin de preparar al sector hacia la economía circular. Éstas abrirán el marco conceptual para el desarrollo de otras, más específicas, y posibilitará el desarrollo futuro de nuevos estándares en todo el ciclo de vida de los activos construidos. Serán la base de la definición de atributos e indicadores de circularidad para el sector construcción, en toda la cadena de valor y escalas de intervención, desde los materiales a las ciudades, pasando por el diseño y las obras. Se trata de un proyecto muy esperado”, asegura el profesional.

Las normas encargadas son:

1. Marco de trabajo, vocabulario, principios, directrices, consideraciones y metodología para determinar atributos de circularidad y un conjunto de indicadores de economía circular en todo el ciclo de vida de activos construidos.
2. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para materiales y productos de construcción.
3. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para sistemas constructivos.
4. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para diseño y planificación de proyectos de edificación e infraestructura.
5. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para la construcción (obra) de proyectos de edificación e infraestructura.
6. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para la planificación y diseño de barrios y entornos construidos.
7. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para la planificación, diseño y operación de ciudades circulares.

Estos nombres y el alcance de cada una de las normas serán discutidos y finalmente ajustados por el comité. 

“Me siento muy contento de que lográramos esta compra, espero que las normas se desarrollen con un enfoque atrevido y certero, dado que serán normas técnicas pioneras, seguramente referente para varios países de Latinoamérica y también para otras latitudes. A la vez, serán referente para otras más específicas que debería desarrollar el sector privado” (…), “No hay que olvidar que empiezan a correr las metas REP y es buen momento para avanzar en proyectos para materiales valorizados para la construcción. Este escenario, es una tremenda oportunidad para que los emprendedores del sector construcción, los desarrolladores de nuevos materiales y sistemas constructivos, agrupados, propongan a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) nuevos APL y se pueda profundizar sobre este trabajo, avanzado y en curso, con nuevas normas técnicas”, sostiene González.

El rol del sector privado

Si bien se han realizado importantes esfuerzos para avanzar hacia el cumplimiento de lo señalado en la Hoja de Ruta de Economía Circular del sector construcción al 2035, desde el sector público y también desde el privado, por ejemplo con la “Estrategia de Economía Circular en Construcción 2025” y los Acuerdos de Producción Limpia (APL) del sector; “se requiere implementar más iniciativas concretas referidas a normativa técnica. Ahora es momento de que el sector privado se movilice para financiar y encargar nuevas normas técnicas que le permitirán hacer su parte en la formación de una infraestructura para la calidad en la implementación de economía circular en construcción”, sostiene González.

Por Lucio Ricke G., Past President de AICE.

Recurrentemente, nos preguntan si Chile está preparado para volver a vivir un terremoto de la magnitud del que sucedió en 2010. Desde el punto de vista normativo, inmediatamente después del 27F, se reaccionó modificando la normativa de diseño sísmico de edificios mediante decretos emitidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en base a las primeras conclusiones del comportamiento de las estructuras en el sismo. Posteriormente, con conclusiones más robustas disponibles, se ha actualizado y/o se están actualizando las normas de cálculo sísmico de edificios y de estructuras industriales, así como las de diseño de los distintos materiales que se utilizan en la construcción, ya sea, hormigón, acero, madera, etc. 

Además, se han ido incorporando con mayor fuerza los conceptos de edificios y/o infraestructura resiliente, lo cual ha influido directamente en los diseños y también en la incorporación de dispositivos de aislación basal y/o de disipación de la energía que recibe la estructura, lo cual ha requerido actualizar la normativa vigente y las soluciones técnicas a utilizar.

Por otro lado, en base a la experiencia vivida el 27F, donde varios edificios no sufrieron daños estructurales, pero sí muchos daños de sus componentes internos, como tabiques, cielos falsos, etc., se ha mejorado el diseño de estos componentes y sistemas no estructurales que contiene una estructura, para lo cual el año 2015 el Instituto Nacional de Normalización (INN) publicó una norma y esperamos que pronto sea norma oficial de la República.

A ello se suma que los edificios habitacionales o de oficinas son verificados, de acuerdo con la normativa vigente, cada vez que son modificados estructuralmente o se cambia el uso del inmueble, especialmente cuando las cargas que afectan a la estructura son modificadas. Por otro lado, las estructuras industriales son verificadas cada vez que su propietario lo requiere, habitualmente por un cambio en los procesos productivos que alberga la estructura. En ambos casos, se verifica la estructura para que resista las nuevas solicitaciones de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su modificación.

No debemos olvidar que la normativa de diseño estructural en nuestro país es mundialmente reconocida por sus buenos resultados estructurales en los grandes terremotos que nos ha tocado vivir. Hoy se podría decir que tiene un buen estándar técnico para los tipos de estructuras que históricamente se han diseñado en Chile y para los terremotos de subducción que principalmente nos afectan.

En base a lo ya expuesto, creo que estamos mejor preparados para un gran terremoto, aunque no debemos olvidar que todavía tenemos mucho que aprender de estos fenómenos de la naturaleza, y que es necesario seguir estudiando y desarrollando nuevas tecnologías en base a las evidencias que día a día nos revelan los terremotos que se producen en distintas partes del mundo, para estar mejor preparado día a día.

Pero sí se quiere innovar en las tipologías estructurales y/o lograr mejores comportamientos estructurales. Es necesario perfeccionar el proceso de actualización de la normativa en todos sus ámbitos, construyendo una instancia que disponga de recursos económicos y dirija un proceso periódico de actualización de las normas y, además, hay que incorporar instrumentos en las estructuras que permitan obtener datos del comportamiento estructural que respalde dicho proceso de actualización periódica de las normas.

A juicio de la exvicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción, hoy se vive una crisis bastante importante, lo que exige soluciones más desafiantes y dejar de hacer lo que hemos venido haciendo por años. 

En el 14º Congreso Anual de AICE, la abogada por la Universidad de Chile y Master of London School of Economics and Political Science, expuso el tema “De la Competencia a la Colaboración: el cambio que se viene en Proyectos de Construcción”, en la que se refirió al estado actual de las relaciones contractuales en la industria y la importancia de hacer un cambio de paradigma en los profesionales que integran el sector, de manera de prevenir el surgimiento de controversias y mejorar los niveles de productividad.

Con más de 20 años de experiencia en Derecho de la Construcción en Chile y otros países de Latinoamérica, Radovic es especialista en manejo de conflictos para contratos de ingeniería y construcción y árbitra del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Dispute Board de la Cámara de Comercio de Lima, Mediadora, representante en Chile de la Dispute Resolution Board Foundation y fundadora y exvicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción. 

Desde una de sus visitas como Dispute Board a varios proyectos en Perú, la profesional conversó con AICE y profundizó en los temas presentados.

¿Cuál es la visión de cambio necesaria para el sector construcción?

No solo en Latinoamérica, sino que también en el mundo, los resultados de los proyectos están en franco detrimento y, en el fondo, la idea más básica de todo esto es tomar conciencia que si seguimos aproximándonos en la gestión de los proyectos con una mirada transaccional, competitiva y cortoplacista, no vamos a tener mejores resultados, porque eso ya lo probamos y no está dando los resultados que daba, a lo mejor, hace 50 años atrás.

Y esto tiene que ver con un cambio del escenario en el cual se desarrollan los proyectos: un escenario país mucho más complejo, más incierto, más dinámico, más intrincado, donde ya no nos podemos dar el lujo de competir entre las dos partes de un proyecto. Al parecer, la solución que nos permitiría avanzar es hacer un cambio cultural en el que las dos partes aprendan a ser más asertivas y honestas y aprendan a trabajar de manera mancomunada para resolver los muchos obstáculos que los proyectos van presentando a lo largo de su ejecución, en vez de competir en cada una de las decisiones para ganar yo y perder tú.

Esto habla de productividad con sostenibilidad.

Exacto, en este caso, uno también podría mirarlo como una forma de sostenibilidad, pero en este caso sería la sostenibilidad de los vínculos comerciales del sector de la construcción. Quizás hoy puedo ganarte en algún aspecto específico de este contrato, pero lo más probable es que te pierda como contratista o bien, la próxima vez que trabajemos juntos quieras resarcirte por el abuso que cometí, entonces eso va detrimentando el mercado y las posibilidades de mejorar resultados en proyectos futuros. Entonces, al ser relaciones de largo plazo, las tenemos que construir y aprender a cuidar.

¿Esta visión con los proveedores y contratistas es posible extenderla a la relación con las comunidades de cada proyecto?

Este es un paradigma que debiera afectar las relaciones de las partes de un proyecto con todos los stakeholders de los proyectos y uno de ellos es la comunidad. Al menos la actitud debe ser de escucha, de diálogo y de cooperación, en la medida que las posiciones de los distintos actores puedan ser trascendidas y podamos mirar los intereses de cada uno para encontrar puntos de intersección entre todos y crear soluciones que permitan satisfacer la mayor cantidad de intereses, siempre teniendo presente los objetivos del proyecto, que son el marco en el que deben centrarse las soluciones. 

¿Es un cambio cultural el que se necesita?

Esto surge hace muchos años atrás en el sector de la construcción de países más desarrollados y acá está llegando recién como una tendencia. Entonces uno puede partir por la cultura, pero en Latinoamérica es difícil, porque aún tenemos una cultura en la que impera la competencia y la falta de transparencia. Por ello, lo que podemos hacer es empezar a conocer herramientas que en los países desarrollados utilizan desde hace varios años y a partir de esas mejores prácticas, ir cambiando la cultura. Se trata de estándares contractuales, mecanismos de gestión de conflictos, procedimientos y metodologías que han dado muy buenos resultados, tanto para preservar las relaciones contractuales como para obtener mejores niveles de productividad en los proyectos. 

Se habla poco de los marcos contractuales en Chile.

En Chile todavía estamos muy en pañales en el tema del conocimiento y uso de estándares contractuales internacionales. Para poder avanzar en Chile, es clave que los profesionales, ingenieros y abogados de la industria de la construcción tengan acceso a estas herramientas, que las conozcan y aprendan a aplicarlas. A nivel internacional, existen varios estándares contractuales como FIDIC, NEC, FAC-1, que han dado mucho mejores resultados que las fórmulas tradicionales que usamos en Chile y que han sido diseñadas por ingenieros especialistas a la medida de este tipo de proyectos y que están dando buenos resultados, porque permiten trazabilidad, predictibilidad, confianza entre las partes y mejores rendimientos. 

Sector público: normativa atrasada

¿Qué pasa con el Estado en las relaciones contractuales?

Han empeorado por dos factores, porque cuando hablamos de contrataciones del Estado y de obras públicas, estamos hablando de satisfacer necesidades públicas; es decir, acá hay un cliente final, que son las personas, que muchas veces son los que pagan el precio de los conflictos entre las partes, que se producen en construcción en obra pública. Y en segundo lugar, también relacionado con lo mismo, porque los fondos que se usan para construir estos proyectos son fondos de todos los chilenos y, por tanto, existe un nivel de exigencia mayor en su utilización. Como si esto no fuera poco, existe un tercer factor, que es el actual marco normativo del sector público para realizar contrataciones del Estado que, en el caso de Chile, es extremadamente anacrónico y rígido. Estas normativas requieren urgentemente ser modificadas y reemplazadas por una regulación más acorde a la realidad actual. Por ejemplo, para expresamente permitir que el Estado utilice estándares contractuales internacionales, que hoy es absolutamente imposible con la Ley de Concesiones y el Reglamento de Obras Públicas. 

¿Y se está haciendo algo para cambiar esa situación?

Sé de algunos actores de la construcción que se especializan en obra pública, que están trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción en esto, pero a un paso bastante lento y a nivel más bien doctrinario. Mientras la autoridad no tenga conciencia del problema, no lo entienda y, por tanto, no lo priorice, a través del Ministerio de Obras Públicas, esto no va a avanzar.

¿Cuáles serían las mejoras que deberían hacerse para mejorar los marcos contractuales?

El marco regulatorio hay que modificarlo sí o sí, y en ese contexto, lo ideal sería una norma que expresamente permitiera al Estado utilizar en sus contrataciones de obras, estándares internacionales de contratación, con enfoques más flexibles y más colaborativos, de todas maneras menos autoritarios. Lo bueno que tienen esos estándares contractuales es que han sido probados durante muchos años en el mundo, con buenos resultados, mejores que los que tenemos en Chile, en términos de productividad, tanto en plazos como en calidad de las obras, y en costos, pero además, incluyen los mecanismos de gestión de conflictos entre las partes, que previenen llegar a un arbitraje o a un litigio, por lo tanto, pueden generar un importante ahorro para el Estado chileno, que hoy se están produciendo en los contratos de construcción de obra pública en Chile.

Además de que el costo implementación de estos contratos, versus sus beneficios económicos que traen aparejados, son bajos. Se puede ir haciendo de manera gradual o para ciertos proyectos de infraestructura pública que sean especialmente críticos e importantes para Chile. 

Hablamos de ahorros en tiempo e inversión.

Claro, ahorros en plazos, para poder llegar con las obras no tan atrasadas como hoy, también de mayores costos que hoy se generan en la ejecución de los proyectos y, además, costos que se generan en los litigios a los que dan lugar los contratos de obra pública hoy. 

También esto apunta a la relación entre privados.

Claro, pero la situación en el caso del Estado y privados es más grave. 

Enfoques contractuales más colaborativos

En este contexto, ¿cómo ves la situación de la profesión de los ingenieros estructurales hoy y cómo es posible que estos profesionales se protejan?

Es súper importante esta pregunta, porque, de alguna manera, los enfoques más colaborativos de los que hemos estado hablando, integran a todos los actores de un proyecto, juntos, desde el inicio. En este caso, por ejemplo, el ingeniero calculista participa desde el inicio junto con el mandante y el contratista, y es parte de las decisiones más importante del proyecto, no como ahora que las decisiones se van tomando de manera fragmentada y secuencial. Cuando usamos enfoques contractuales más colaborativos, todos los actores, incluso los subcontratistas, se reúnen desde el inicio y actúan mancomunadamente como un equipo que está alineado hacia los mismos objetivos. 

En ese sentido, ¿los ingenieros estructurales tienen que transitar hacia un trabajo más colaborativo?

Así es, pero es un trabajo colaborativo donde cada profesional se debe ver a sí mismo como un elemento interconectado con los demás. 

Para esto, la tecnología es clave, porque con el uso de medios tecnológicos podemos llevar esa colaboración a la realidad con mayor eficiencia, no solamente usando BIM, por ejemplo, sino que otras plataformas que permiten ese trabajo colaborativo a distancia de manera eficiente, porque son muchos los actores y mucha la información que hay que manejar.

¿Qué mensaje le envías a los socios de AICE?

Los invito a reflexionar e investigar sobre estos temas, porque quizás no suenan como que fuera un tema muy técnico, pero, al menos mi experiencia fuera de Chile, participando en proyectos de construcción de gran envergadura, donde se ha utilizado enfoques contractuales colaborativos, es diametralmente opuesto a lo que se da en Chile. Entonces, si soy un profesional de la ingeniería que quiero obtener buenos resultados y, además, una experiencia positiva, porque con los enfoques competitivos que estamos usando hoy nadie lo pasa bien, el trabajo es muy estresante y los resultados son más bien pobres, yo los invitaría a investigar, a informarse y a tratar de encontrar experiencias concretas y reales, como por ejemplo, la implementación de las obras para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú, donde se utilizaron contratos NEC 3 y los resultados fueron muy satisfactorios.

Espero que de a poco que no solamente los ingenieros, sino que los profesionales que trabajan en proyectos de construcción en Chile nos interesemos por estos estándares y empecemos a empujar los cambios necesarios para que el sector de la construcción vuelva a ser un aporte clave para la economía en Chile. 

Fuente: AICE

El presidente del Consejo de Normalización de la Construcción del Instituto de la Construcción llama a la industria a reconocer los problemas, pero también a unirse para poder mejorar la normativa chilena.

Sergio Contreras, presidente del Consejo de Normalización de la Construcción del Instituto de la Construcción y miembro del Consejo Directivo del Programa Construye2025, en representación del Colegio de Ingenieros, invitó al sector construcción a reconocer los problemas y a “unir fuerzas” para plantear y lograr, soluciones que mejoren, sensiblemente, y “con profundidad” la normativa en el país.
Actualmente, el Consejo que encabeza el ingeniero civil contempla una actuación más directa en el ámbito normativo que va desde la reunificación de información, urgencias para la industria y la regulación en beneficio de los usuarios hasta su incorporación en el debate, donde el Estado juega su papel regulador, mientras los institutos técnicos salvaguardan la precisión y correcto contenido de las normas.

¿Cuál es su evaluación sobre el estado normativo del sector construcción?
El estado normativo adolece de falencias importantes, en especial en la cantidad de normas que incluye y que representan las necesidades del sector y también la obsolescencia de ellas, dado los recursos de que se disponen para mantenerlas actualizadas.

En Chile, no hay un compromiso real y tangible tanto del sector privado como del Estado para darle al cuerpo normativo la consistencia que necesita para cumplir con las expectativas y necesidades de la industria, de los usuarios y, de esta manera, de la sociedad. Además, la organización jurídica de la construcción en el país tiene serias falencias e inadecuaciones que no siempre están resueltas de la manera más efectiva, lo cual genera una descoordinación global que dificulta un desarrollo eficiente de la normativa.

¿Cómo avanzar en la normativa del sector?
El avance en la normativa del sector está íntimamente ligado a lo anterior. Es de vital importancia generar los recursos necesarios, ya sea a través de políticas públicas adecuadas y bien planificadas; o de aportes reales y consistentes del sector privado. Es difícil, por ejemplo, entender que usuarios de la importancia y capacidad económica como la gran minería del cobre sean uno de los grandes beneficiarios de normas como la de diseño sísmico de estructuras industriales y hayan mantenido una actitud de indiferencia absoluta frente a los esfuerzos realizados por un puñado de especialistas y al aporte, siempre deficitario, de instituciones como el Minvu y el Instituto de la Construcción, para poder completar una tarea de esa magnitud.

Otro gran problema que dificulta el avance es la falta de aporte y comprensión para mejorar la aproximación jurídica a los temas normativos. En una gran cantidad de casos en que estos sectores han hecho oídos sordos ante la recomendación de las entidades técnicas que proponen una conceptualización moderna de los textos normativos. Esto en aras de un cumplimiento de preceptos anticuados que no están acordes a la realidad del siglo XXI.

¿Cuáles son los desafíos del sector en temas normativos?
Los desafíos normativos del sector se centran fundamentalmente en vencer estas condicionantes negativas y poder lograr un escenario acorde con lo que hoy vive el mundo en materia normativa. Para ello, es necesario entender que la construcción no está detenida en la pura solución política del tema de la vivienda, sino que abarca un sinnúmero de otros desafíos técnicos que debemos resolver de manera conjunta. No olvidemos que el gran desafío del futuro es lograr una construcción sustentable.

Por: Sergio Contreras, Presidente Consejo de Normalización de la Construcción, Instituto de la Construcción

En el actual ordenamiento jurídico y técnico de la construcción en la organización de la sociedad contemporánea, el cumplimiento de la normativa tiene un rol fundamental ya que de ello depende una oferta de calidad adecuada y alcanzar un nivel de seguridad aceptable tanto para los fabricantes, los constructores y los usuarios.

Las construcciones de acero utilizan este material producto de un proceso de fabricación estrictamente controlado y que a su vez cuenta con la posibilidad de llevar una buena trazabilidad; sin embargo ello per se no garantiza un cabal cumplimiento normativo que es requerido para asegurar esa calidad. Desde este punto de vista, es de gran importancia contar con un cuerpo normativo sólido, actualizado y vigente según el conocimiento tecnológico de hoy.

A diferencia de lo que se tiende a creer, el contar con ese cuerpo y tener como objetivo cumplirlo cabalmente origina un comportamiento mejorado en la obtención de productos de más alta calidad, de la aplicación realista de la tecnología asegurando la seguridad, habitabilidad, el comportamiento de las construcciones y, en definitiva, la calidad de vida en la sociedad.

Para obtener estos logros, este comportamiento de la industria debe estar debidamente incorporado en las políticas públicas de manera que exista una consistencia real en toda la cadena, desde el proyectista que concibe una obra hasta el último de los ejecutores, es así como la aplicación de la normativa cobra su importancia real y se despoja de esa carga que equivocadamente se considera como obstáculos al desarrollo de la labor profesional y productiva.

En Chile, en el último tiempo se ha trabajado intensamente en diversas instituciones para mejorar este entorno normativo, de esta manera hoy tenemos normas como la NCh427/1 y NCh427/2 que son una poderosas herramientas para los ingenieros estructurales pues mejoran el marco en el cual debe situarse el correcto diseño de las estructuras de acero.

De la misma manera, el control de la calidad de los aceros queda claramente determinado en las normas NCh3518 para perfiles cerrados conformados en frío y, consecuentemente, la NCh3576 para perfiles abiertos conformados en frío. Esta tipología de perfiles es ampliamente usada en el país para las construcciones en acero.

De esta manera el país avanza en un camino definido para lograr la calidad que requieren los productos y construcciones de acero y, también así, podemos pensar que estamos sentando bases sólidas para mejorar el bienestar de las personas.

Fuente: Instituto de la Construcción

Importantes cambios en diseño estructural y protección sísmica se incorporaron como consecuencia del último gran terremoto en Chile. El nuevo marco normativo de referencia privilegia a los sistemas constructivos industrializados.

Los avances normativos como consecuencia directa del terremoto del 27 de febrero de 2010 están vinculados directamente con la clasificación de suelos, el diseño estructural, el diseño sísmico, el diseño de elementos no estructurales y la protección sísmica.

Tal como explica el director ejecutivo del Instituto Chileno del Acero (ICHA), Juan Carlos Gutiérrez, específicamente, se implementaron los decretos 60 y 61 que intervinieron los requerimientos de las normas NCh430 y NCh433 de diseño en hormigón armado y diseño sísmico.

Luego de uno de los terremotos más intensos que se han registrado, el primer foco de atención -según Susana Jara, jefa de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo- estuvo centrado en mejorar la seguridad de las edificaciones y sus instalaciones, en donde. “Desde el punto de vista económico y de competitividad debían aportar en termas de actualización, regularización y/o normalización de las técnicas desarrolladas por el área de cálculo estructural y por el rubro de la construcción de edificaciones tanto a nivel de viviendas sociales como a nivel de viviendas privadas, dando herramientas a profesionales y a las empresas que se desarrollan en dichas áreas, para competir en iguales condiciones”, acota.

Con el acento en el ámbito económico y de competitividad, Susana Jara, recuerda que la normativa debía regular y estandarizar el mercado en Chile y aportar al conjunto de normas nacionales, teniendo presente que la mayoría de las normas están basadas en normas internacionales, es decir, cada vez que se realiza una modificación o actualización a normativas de este sector, se está coordinando con las técnicas y experiencias ya dadas en el mundo. Con ello, se permite también que el avance en tecnologías y desarrollo en este sector no sea problemático al momento de introducir dichos avances en el mercado.

“Actualmente, las normas se encuentran en el proceso de anteproyecto de actualización en el Instituto Nacional de Normalización (INN)”, señala el director ejecutivo del ICHA. En 2014, el INN aprobó la norma NCh3362 de diseño sísmico de ascensores y, en 2015, la NCh3359 de requisitos para edificaciones estratégicas y de servicio comunitario. Ese mismo año, se aprobó la norma chilena NCh3357 de diseño sísmico de componentes y elementos no estructurales, lo que representó un avance para el diseño de elementos secundarios como tabiques y cielos. “Estos elementos tienen un alto potencial de industrialización, por lo tanto, el disponer de una norma técnica facilita su incorporación”, explica Gutiérrez.

Construcción industrializada

Luego, en 2017, el INN aprobó y publicó la norma chilena NCh3411 de diseño sísmico con sistemas pasivos de disipación de energía, propiciando el desarrollo de nuevas soluciones que permitan mejorar el desempeño de las estructuras. Gracias a esta norma, Chile cuenta hoy con un marco normativo de referencia para el desarrollo e implementación de sistemas constructivos industrializados.

“Si nos referimos a la construcción industrializada, un avance normativo ha sido el de generar un proyecto de norma, que a fines del año pasado terminó su consulta pública, pr:NCh3744 Construcción Industrializada – Términos y definiciones, que fue desarrollada por el CCI, Minvu y el Instituto de la Construcción, como puntapié inicial a un lenguaje común de los distintos actores del sector constructivo”, detalla Marlena Murillo, vicepresidenta del Consejo Especialidad Civil del Colegio de Ingenieros de Chile y directora del Instituto de la Construcción (IC).

Además, la ingeniera civil destaca una norma que pronto cerrará su consulta pública: la prNCh806: Sistemas constructivos no tradicionales – Requisitos. Esta incorporará, tal como su nombre lo indica, una guía o protocolo para la presentación de proyectos en base a sistemas no tradicionales y para ello se han usado como referencia normas relacionadas con el ensayo de elementos de construcción, que han sido generadas del 2010 en adelante.

Adicionalmente, Marlena Murillo valora referencias asociadas a la construcción modular presentes en la normas NCh3509 de 2019, que tiene varias partes y está ligada a la coordinación modular en edificaciones, materia vinculada directamente a la construcción industrializada.

Para Susana Jara, jefa de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec)​​, entre las más relevantes normativas que apoyan la industrialización figura la “Agenda madera” en la cual se han realizado estudios estructurales para la edificación en media altura. “Hoy se encuentra en actualización la norma de diseño estructural NCh1198 Madera- Construcciones en madera – Cálculo, donde un pilar fundamental es que la construcción del futuro en madera sea industrializada”, detalla.

En el área hormigón, se ha incorporado nueva normativa para productos prefabricados de hormigón, con un total de siete normas y este año se inicia actualización de la NCh430 Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo. “Así también, se está trabajando en la actualización de la denominada Serie 800, que son un conjunto de normas de ensayos a elementos de construcción, específicamente ensayos a paneles prefabricados, dentro de las cuales se encuentran, ensayos de compresión, de carga horizontal, flexión, impacto, penetración y clasificación y requisitos”, indica Susana Jara. 

Con la actualización de esta serie de normas, se pretende estar acorde a la aparición de nuevas tecnologías y nuevos materiales para la ejecución de viviendas, buscando los más altos estándares en seguridad y calidad. 

“Otras normas relevantes que también han apoyado la construcción industrializada y que han sido impulsadas por el Minvu son: la serie de normas de coordinación modular NCh3509; la de especificaciones técnicas NCh1156; y la norma recientemente elaborada de términos y definiciones de construcción industrializada NCh3744”, dice la jefa de la Ditec.

Fuente: CCI

Seis grupos de trabajo se organizaron para resolver diversas problemáticas vinculadas al desarrollo de la construcción industrializada en nuestro país. Todos ellos obtuvieron resultados.

En mayo de 2021 comenzó la difusión del set de indicadores creados para identificar los beneficios de la construcción industrializada. Gracias a la medición, el Consejo de Construcción Industrializada (CCI) ha podido comenzar a posicionar el concepto de “industrialización” en el mercado nacional. El grupo de trabajo “KPIs de soluciones constructivas industrializadas, productividad y sustentabilidad” re-calibró los indicadores levantados entre 2020 y 2021 e hizo un empaquetamiento de ellos que culminó en una guía “Metodología de medición” y una infografía explicativa del set de indicadores.

Por su parte, el grupo “Brechas, normativa y regulación para la construcción industrializada” trabajó en un documento de terminología -que se encuentra en consulta pública- para establecer un lenguaje común respecto a términos y definiciones de diseño y construcción Industrializada, de forma que todos puedan hablar bajo los mismos conceptos consensuados. El anteproyecto de norma -fruto del trabajo del CCI y especialmente de dicho grupo de trabajo- podrá aplicarse al diseño y construcción de obras de construcción y edificación; obras complementarias; y obras civiles o infraestructura.

Este grupo realizó también una encuesta sobre las brechas para la construcción offsite, en la que se agruparon 10 dimensiones. El sondeo fue validado con expertos de diversas áreas con una experiencia promedio de 14 años y su análisis preliminar se hizo desde julio y se compartieron los resultados en octubre. Gracias a él, se ha podido comenzar a elaborar un plan de acción para la reducción de las barreras en este ámbito.

En cuanto a los resultados obtenidos por el grupo “Educación, sensibilización e investigación sobre construcción industrializada”, dedicado a coordinar acciones de difusión, transferencia de conocimiento y metodologías; y articulación con la academia, destaca la creación del subcomité “Capital Humano: Matriz de Capacidades de Industrialización para la Construcción”, que logró establecer 52 capacidades en construcción industrializada, cinco roles en las cinco etapas del ciclo de vida de un proyecto de construcción.

El informe final del citado grupo dio origen a un benchmarking de programas de estudio nacional e internacional y permitió hacer un levantamiento de objetivos de aprendizaje en base al ciclo de vida de un proyecto. Además, facilitó la validación de capacidades y estableció las brechas en temas de formación. Pero, sin duda, el resultado clave fue la definición y validación de roles y capacidades para desarrollar una matriz nunca antes vista, que se ha estado difundiendo desde julio.

El grupo de “Metodologías e investigación sobre construcción industrializada” estuvo trabajando en una metodología para implementar industrialización en etapas de diseño y construcción para mejorar el desempeño y la productividad del proyecto en términos de costo, plazo, calidad, seguridad y medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida. En este ámbito, el subcomité “Metodologías e investigación sobre construcción industrializada” elaboró una matriz con la oferta de soluciones industrializada y prefabricadas en el mercado nacional, que tuvo como resultado un levantamiento de 176 soluciones y se identificaron 23 partidas o actividades como potencial de industrialización.

Además, se constituyó una mesa de “Estandarización BIM para la Industrialización y automatización de procesos”, para generar un protocolo de modelamiento y transferencia de información entre plataformas BIM y de fabricación. Así fue como -durante 2021- las empresas proveedoras, a través de un ciclo de cinco charlas, compartieron sus metodologías para la fabricación de soluciones constructivas industrializadas.

Finalmente, el grupo “Vivienda y Construcción Industrializada” analizó el “Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad”, convocado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual presentó 20 medidas para reducir el déficit habitacional en el corto plazo. Parte de las conclusiones permitió  desencadenar un trabajo en conjunto en base a las tipologías identificadas por la Universidad de Chile y ver cómo a partir del diseño y coordinación temprana es posible aportar a la estandarización y la fabricación en serie, para disminuir plazos y mejorar la calidad; y fomentar un trabajo colaborativo que apunte a incorporar soluciones integrales para una construcción más productiva y eficiente.

Ver más resultados en la Memoria CCI 2021.

En el área de la construcción están sucediendo notables avances en relación con la eficiencia energética, que de alcanzarse todos, mejorarán considerablemente en nuestro país la calidad de vida de las personas en sus viviendas, lugares de estudio y trabajo, aportando también ahorros.

Por: Paola Molina, directora y presidenta del Subcomité de Economía Circular del Instituto de la Construcción (IC).

Con el sustento de destacadas competencias técnicas en algunas unidades del Estado y la academia, que aportan una visión de objetivos clara frente a los desafíos a mediano y largo plazo, y también con la creciente colaboración de la industria y distintas instituciones público-privadas que empiezan a avanzar y aportar en los desafíos que tenemos por delante; estamos frente a un escenario muy positivo que necesitamos consolidar frente a las actuales demandas sociales, económicas y ambientales.

Actualización de la Reglamentación Térmica (RT) 2021

A fines del año pasado, el Minvu hizo una consulta pública para actualizar la Reglamentación Térmica (RT) vigente desde el 2007, cuya base de actualización se sacó de un estudio desarrollado para el Minvu en el año 2013.

La RT del 2007 considera aislación en complejos de techumbre, muros, pisos ventilados y ventanas con estándares bastante básicos que han colaborado a la industria a introducir gradualmente parámetros de eficiencia energética en gran parte de la envolvente y en mitigar las patologías y la inconfortabilidad térmica. Pero la propuesta de actualización sube las exigencias, agrega componentes de puertas, sobrecimientos, superficies de ventana, orientación, infiltraciones, ventilación y condensación, lo que augura mejoras cuantificables en los resultados.

Hoy se espera su pronta aprobación después de 14 años, para poder garantizar, sobre todo en estos tiempos, condiciones positivas de habitabilidad para las viviendas nuevas de nuestro país, algo fundamental para subsanar a futuro la pobreza energética, lo que significa muchas horas al año sin un confort térmico, patologías en las murallas, enfermedades y altos costos en calefacción.

Pendiente queda para futuras etapas, abarcar las viviendas para paulatinamente ser actualizadas mejorando también sus estándares.

Es importante destacar que, en la actualización, además de viviendas, se incorpora edificios de salud y educación. Por su parte, los edificios de uso público gestionados por la Dirección de Arquitectura del MOP, ya cuentan con muy buenos estándares y resultados para la envolvente detallados en los TDR que exigen para sus licitaciones.

PPDA: Planes de Prevención y/o Descontaminación Ambiental

En el año 2015, el Ministerio del Medio Ambiente, ante la creciente problemática de la calidad del aire en muchas ciudades desde O´Higgins al sur y con colaboración del Minvu, ocupó el estudio elaborado en el Minvu el 2013, para aplicarlos como una medida efectiva para las ciudades con necesidad de descontaminación ambiental, creando los PPDA.

Los PPDA, al aplicar las exigencias de la propuesta de Actualización de la RT 2021, validan la capacidad de la industria y del mercado para asumir las nuevas exigencias a nivel de todo el país a través de la actualización de la RT. Además, año a año se incluyen más localidades, permitiendo avanzar hacia la descontaminación de cada lugar.

Ley de Eficiencia Energética

Por otra parte, en enero pasado salió la Ley de Eficiencia Energética la cual en aproximadamente 24 meses más, obligará a empresas constructoras e inmobiliarias y los servicios de Vivienda y Urbanismo, a través de sus artículos 3 y 4, a usar la Calificación Energética en todos los proyectos nuevos, inicialmente de viviendas (CEV) y en 48 meses se incorporarán los edificios de uso público, comerciales y de oficina a través de un sello que actualmente se encuentra en desarrollo, que será la Calificación Energética de Edificios de uso público (no residenciales).

La Calificación Energética es una etiqueta parecida a la de los electrodoméstico que muestra cómo se comporta la edificación energéticamente, destacándola con una letra y mostrando un porcentaje de ahorro frente a la misma vivienda, comparándola con las exigencias vigentes de la actual RT. Las letras van desde la A+ hasta la G; en la letra G se encuentran todas las viviendas construidas sin ninguna exigencia térmica, que son las construidas antes del año 2000, en la letra F están las que cumplen solamente con las exigencias de complejos de techumbre, y en la letra E las que cumplen con la actual Reglamentación Térmica. Las viviendas que cumplan con la futura actualización de la RT estarán cercanas a las letras C y D que ya garantizan un adecuado ahorro y calidad del ambiente interior, desde la letra B hacia arriba, se consideran viviendas con un alto propósito de eficiencia energética y con un poco de más de costos asociados para lograr dicho propósito.

Lo importante de esto es que en 24 meses más, gran parte de las personas que vayan a comprar una vivienda, podrán tener un sello objetivo a la vista, que les permita comparar y ver cuál de las opciones de compra es la más conveniente en relación a su eficiencia energética desde el diseño y de sus equipos de clima, destacando el ahorro energético que implica viviendas con una mejor letra y mejor porcentaje de ahorro, influyendo positivamente en la decisión de compra.

Es importante comentar que para que la actual Ley de Eficiencia Energética logré cumplir su propósito de impulsar adecuados estándares en todas las edificaciones a nivel nacional, es fundamental que se tramite pronto la Actualización de la Reglamentación Térmica 2021, sino el piso con la actual reglamentación será muy bajo para avanzar hacia mejores estándares de calidad de vida y ahorro de energía.

Fuente: Preservar

En seminario del Instituto Nacional de Normalización se conocieron los avances en regulación que buscan lograr una construcción más sostenible, considerando todo el ciclo de vida de los edificios.

El seminario “Marco normativo para la planificación de la vida útil en edificaciones” fue la primera actividad de difusión del proyecto “Innova – CORFO: herramientas normativas para la planificación de la vida útil en edificaciones, método de cálculo y planificación”. Ejecutado por el Instituto Nacional de Normalización y Chile GBC y respaldado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el estudio dio origen a ocho nuevas normas que buscan determinar la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, para facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida.

En la apertura de la jornada, Emilio Rojas, profesional de la División de Normas del INN recordó que el sector construcción es responsable del 34% de la generación de residuos sólidos y de, al menos, el 33% de las emisiones de gases efecto invernadero. En este sentido, afirmó que pequeños cambios pueden generar una mejora significativa, siempre y cuando haya una concientización de todos los actores relevantes de la cadena productiva. 

“Es una primera ganancia sentar las bases, hablar de una terminología común y establecer cuáles son los lineamientos generales para comenzar a hablar de la vida útil de las edificaciones”, afirmó el especialista del INN. Asimismo, Emilio Rojas comentó que al hablar de la vida útil, muchas veces no se consideraba la parte de diseño, porque “probablemente, algunos pensaban que las edificaciones son eternas y que jamás se iba a terminar su periodo de vida útil”, argumentó. 

Además, el profesional sostuvo que no se consideraba que los materiales pudieran tener su desempeño completo durante cierta cantidad de tiempo o se pensaba que siempre iba a ser así: “que el material se iba a comportar de la misma manera frente a distintos ambientes”, dijo. 

Sin embargo, según Emilio Rojas, el proyecto que ejecutan el INN y Chile GBC podría disminuir las brechas e identificar en el Programa Estratégico Nacional de Productividad y Construcción Sustentable de Construye2025 un marco de normas técnicas que especifiquen una metodología para la determinación de la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, lo cual permita facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida. 

El impacto de las nuevas normas

“Tuvimos ocho normas que las podemos identificar en tres aspectos. Una norma general que es la norma NCh 3447 parte 1, que establece los principios generales y un marco de trabajo para la estimación de la vida útil de las edificaciones; todos aquellos documentos que son fuentes de datos o entregan la manera de poder estimar estos datos y una evaluación de desempeño; la parte tres que son las auditoría y análisis de desempeño; y la parte cuatro que es planificación de la vida útil utilizando BIM”, comentó el profesional del INN.

 Las otras normas establecen los procedimientos y la metodología, el cálculo para el costo del ciclo de vida, la vida útil de referencia y su estimación. “Hemos identificado que existe la planificación, luego la fase de diseño, después la de construcción, la de gestión del activo, la de rehabilitación y la fase de fin de la vida útil. Asimismo, tenemos la identificación de las etapas por cada una de las fases”, explicó Emilio Rojas. 

Posteriormente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable y profesional de la Ditec-Minvu, Paola Valencia, expuso sobre la “Hoja de ruta para la estrategia nacional de huella de carbono del sector construcción”, cuyo primer primer pilar es la educación, para desarrollar estándares, normas y contenido que defina qué es sustentabilidad en la construcción. Igualmente, la especialista destacó el eje de habitabilidad y bienestar, que vela por la calidad de vida de las personas y del ecosistema. Junto con eso, valoró la innovación y la competitividad, en relación con la gobernanza multinivel e intersectorial que el Estado ha estado promoviendo. 

“El cálculo de la huella de carbono en la edificación tiene que ser de ciclo completo y, particularmente, necesitamos definir y ojalá tender a que la industria de la construcción vele por una vida útil que nos asegure una menor huella de carbono y promover construcciones de mayor durabilidad. Esta normativa que estamos trabajando acá, nosotros la apoyamos y la impulsamos porque nos interesa introducirla a las metodologías y en el trabajo de la mesa de huella de carbono”, acotó Paola Valencia. 

Además, recordó que con el apoyo del Construye2025 se ha impulsado la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción”, con un enfoque de economía circular; y el plan de adaptación al cambio climático de ciudades donde participan diez instituciones lideradas por el Minvu. Finalmente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, destacó la Calificación Energética de Viviendas y la Certificación Edificio Sustentable (CES), que nació en 2014, administrada por el Instituto de la Construcción con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos y la Cámara Chilena de la Construcción. 

“Con respecto a la huella de carbono, tenemos una mesa que nace el 2018 en el Ministerio de Vivienda, instalada en el Instituto de la Construcción (IC) donde participan muchas instituciones, pero las mandantes son de carácter público y gremiales, principalmente”, comentó Paola Valencia. En este aspecto, recordó que en 2016 se empezaron a armar los lineamientos de trabajo para la metodología de monitoreo, reporte y verificación de huella de carbono para el ciclo de vida completo; levantamiento de base de datos; y calculadoras de huellas de carbono.

Enseguida, Gabriela Sabadini, jefa del Área Técnica de Proyectos y Estudios de Chile Green Building Council, explicó que también es importante apoyar la formación profesional. “Tenemos un equipo técnico con bastante conocimiento y experiencia y tenemos una serie de capacitaciones, no solamente asociadas a sistemas de certificación, sino que nos hemos ido moviendo un poquito más allá, implementando estrategias como por ejemplo en economía circular, manejo de residuos, salud y bienestar; incorporando no solamente el concepto de la edificación, sino el por qué este mandante o este dueño de este edificio decidió implementar alguna estrategia de sustentabilidad o certificar un edificio”, acotó.

En este contexto, la especialista de Chile GBC puso énfasis en la visión holística de los impactos del sector construcción y sus emisiones. “La gran mayoría de las emisiones que conocemos son las asociadas a las emisiones operacionales, esto es, durante el periodo de uso del edificio. Sin embargo, éstas representan no más del 20% de las emisiones totales del ciclo completo de esta edificación, no se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la distribución del material, la fabricación del mismo y qué hago cuando este edificio llega a su fin de uso o se transforma”, dijo. 

El rol de Construye2025

Al cierre del seminario, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia, destacó las oportunidades en economía circular, tanto en la construcción como en la vida útil de un edificio. “Como programa tenemos distintos grupos de trabajo. Uno es el comité gestor de RCD y economía circular; y, en conjunto y bajo la visión estratégica de los ministerios, se formó un comité consultivo público que dio lugar a una hoja de ruta sobre economía circular en construcción. Partimos de la visión del uso eficiente de los recursos en el ciclo de vida de los proyectos, tanto de edificación como infraestructura, involucrando a toda la cadena de valor con el objetivo de alcanzar una gestión ambientalmente racional de los residuos e impactar en forma positiva en lo social, ambiental y económico”, detalló.

En este contexto, Alejandra Tapia presentó los 5 ejes estratégicos de Construye2025, valorando el de planificación territorial con enfoque circular y el de la coordinación pública que fomenta licitaciones con una buena gestión de recursos y residuos y que busca que en se apliquen herramientas y metodologías para implementar criterios de economía circular a partir del año 2035.

En cuanto a ecosistema y cadena de valor, la especialista en sustentabilidad enfatizó en la necesidad de desarrollar una industria de proveedores, pero también en la investigación, el desarrollo, la innovación y en la importancia de la colaboración de la academia para formular proyectos, para nuevos materiales, para generar información que nos sirva para la implementación de la economía circular. 

“La economía circular tiene tres principios que tienen que ver con preservar y mejorar el capital natural controlado por existencia finita y equilibrando los flujos de los recursos naturales o renovables, optimizar los rendimientos y recursos haciendo recircular los componentes y materiales, y fomentar la efectividad del sistema diseñando la externalidades negativas, eliminando por ejemplo, la toxicidad de materiales y todo esto”, afirmó Alejandra Tapia. 

En este aspecto, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 reiteró que hay mucho que hacer en capacitación y regulación de mantenciones preventivas para alargar la vida útil de nuestras edificaciones. “Mil millones de dólares al año se gastan solamente en mantenciones, por lo que hay enormes oportunidades para las empresas; por parte del Estado también hay gastos considerables, ya sea por daño, por obsolescencia de bienes públicos”, indicó.

Asimismo, Alejandra Tapia destacó las oportunidades que se abren al proyectar a partir del diseño, al considerar cuánto va a durar cada una de las capas de los componentes de los materiales para, luego, renovarlos o reutilizarlos; y también valoró los espacios que se abren para las pymes en la reparación de componentes, de elementos constructivos y de revestimiento, entre otros. “Si no puedes cambiarlo, tenemos que cambiar la forma de pensarlo”, concluyó.

El Seminario completo está disponible AQUÍ.

Define criterios para proyectos de recuperación estructural de inmuebles patrimoniales considerando sus particularidades, valor histórico y materialidad y tipologías constructivas de albañilería, madera, hierro, acero y hormigón y complementa la norma existente en tierra cruda.

A través de una videoconferencia en línea a la que se conectaron más de 300 personas, el Instituto de la Construcción junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presentaron la nueva norma chilena para la intervención estructural en construcciones de valor patrimonial (NCh3389).

Esta norma establece requisitos, procedimientos y parámetros mínimos sobre cómo actuar y enfrentar un proyecto de intervención estructural, ya sea de consolidación, reparación o refuerzo en construcciones con valor patrimonial y edificios existentes. También define los criterios generales de intervención, los cuales incluyen criterios de diseño, estructurales, patrimoniales y también de planificación de obras. Asimismo, define los requisitos y métodos de análisis y evaluación de desempeño sísmico para mejorar su respuesta ante movimientos telúricos.

La norma incluye disposiciones para edificios con tipologías constructivas en materiales que están presentes en gran parte de los inmuebles patrimoniales del territorio nacional como son albañilería, acero, hormigón y madera; y complementa lo establecido en la norma NCh3332 de 2013 enfocada en tipologías constructivas en tierra cruda como el adobe.

“Esta es una gran noticia y un paso histórico para la recuperación futura del patrimonio cultural presente en todo el territorio. Con este avance son muchas las construcciones patrimoniales que ya no van a quedar fuera de norma y con ello se facilitan las inversiones con fondos públicos y la viabilidad de los proyectos. La dimensión técnica es fundamental en los procesos de rehabilitación y restauración, más aún cuando nos referimos al patrimonio. Hay que entender qué materiales están en juego, las patologías que presentan, su comportamiento, valor histórico. Este documento entrega pautas y claridad para estos análisis. La normativa patrimonial es un aporte real, concreto y decidido a la recuperación del patrimonio”, destacó Emilio De la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales.

Asimismo la autoridad señaló que “se trabajó primero en la norma patrimonial de tierra cruda como el adobe y ahora en esta que incorpora otra serie de tipologías constructivas. Agradecer a todos quienes participaron de este proceso que deja a Chile con un marco normativo integral en la materia”.

Por su parte Sergio Contreras, presidente de la Comisión Patrimonial del Instituto de la Construcción señaló que esta norma es resultado de un trabajo largo y complejo dado que reunifica materiales tan diversos como albañilería, acero, hormigón y madera, lo que hace que la tarea de reunificarlos en especificaciones conjuntas no es simple.

“Gracias al trabajo de diversos profesionales logramos hacer confluir los criterios de cada uno de estos materiales para lograr este documento único en el país y probablemente en el mundo, por lo tanto estamos muy satisfechos al poder contar finalmente con esta norma que, tenemos la certeza, contribuye a la recuperación de las edificaciones históricas y a la validación de las ya existentes”, expresó.

Este proyecto fue desarrollado por un Comité de norma de la Comisión de Construcción Patrimonial del Instituto de la Construcción con el apoyo y patrocinio del Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de las Culturas y el aporte técnico de profesionales de instituciones públicas como, la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, el Ministerio de Obras Públicas, universidades y sociedad civil.

Cabe indicar que esta norma fue publicada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y está disponible en el sitio web www.inn.cl

Fuente: Instituto de la Construcción

Cuatro especialistas estudiaron el manejo de los residuos de construcción y demolición e hicieron propuestas orientadas a la construcción sustentable, en línea con los desafíos actuales.

Para elevar los estándares ambientales y favorecer una construcción centrada en el medio ambiente, cuatro investigadores se unieron para trabajar en el capítulo IX del Concurso de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica “Políticas municipales estandarizadas para el manejo sustentable de residuos de construcción y demolición”.

Felipe Ossio y Juan Molina de la Escuela de Construcción Civil; Homero Larraín de la Escuela de Ingeniería y Cristián Schmidt de la Escuela de Arquitectura fueron los responsables de abordar la problemática de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), desde un enfoque interdisciplinario, considerando sus impactos ambientales, sociales y económicos. 

“Nos dimos cuenta que la alta generación de RCD y su inadecuada disposición final es un problema multifactorial, que involucra a todos los actores en el ciclo de vida del proyecto y al cuadro normativo, regulatorio y legal respectivo. Sin embargo, este último se encuentra atomizado y fragmentado, lo que puede apreciarse en la cantidad de instrumentos asociados a diferentes actores”, explica Felipe Ossio. 

De hecho, para el caso específico de los RCD existen más de 20 tipos de normativas dependientes de diferentes organismos públicos. Según el estudio, lo anterior dificultaría su conocimiento y aplicación, dejando al Estado una capacidad limitada de fiscalización en materias sanitarias y ambientales, algo que agudiza el problema. En efecto, el 60% de las empresas constructoras en Chile declara no conocer leyes, reglamentos, normativas ni manuales sobre gestión de residuos. 

El equipo interdisciplinario de la UC se propuso contribuir proponiendo una política pública que lleve a las municipalidades a ser un agente de cambio y aportar al cumplimiento reglamentario ante las instituciones de nivel regional y nacional. Al mismo tiempo, su trabajo apuntó a elevar los estándares ambientales y permitir así una construcción centrada en el medio ambiente que responda a los desafíos que hoy exige la humanidad.

Disparidad normativa

El estudio reveló que los municipios en Chile presentan un dispar nivel de exigencias en materia de gestión de RCD, desde la nula consideración hasta una serie de normativas no necesariamente bien enfocadas. “Pero, principalmente, pudimos identificar comunas generadoras y receptoras de RCD. Las primeras se caracterizan por generar una alta proporción de los residuos a nivel de su región y no poseen sitios de disposición legal de residuos. Por su parte, las receptoras no producen una gran proporción de RCD a nivel regional y, en general, son comunas que poseen sitios de disposición final legal en su jurisdicción y/o deben hacer frente a sitios de disposición ilegal como micro basurales o vertederos ilegales”, detalla Ossio.

Luego de que el estudio reconociera dos tipos de comunas: generadoras y receptoras de RCD, los investigadores establecieron recomendaciones de acción que, si bien son vinculadas a un tipo de comuna, no son excluyentes para las otras. Asimismo, hicieron sugerencias generales que toda comuna, independiente de si es generadora o receptora de RCD, debería adoptar. “Estas 15 propuestas tienen por objetivo avanzar en la minimización de la generación de RCD y la disminución de sus impactos socioambientales, basados en los principios de la justicia ambiental (Hervé, 2010) y siguiendo la jerarquía de manejo de los residuos”, acota el profesor de la Escuela de Construcción Civil de la UC.

De este modo, las propuestas para las comunas generadoras se asociarán a los primeros eslabones de esta jerarquía, es decir, se centrarán en reducir la generación de RCD en origen y fomentar la valorización de los RCD mediante su reutilización, recuperación o aprovechamiento para otras aplicaciones. Mientras que las propuestas asociadas a las comunas receptoras buscarán asegurar el correcto destino de los residuos no valorizados que son llevados a un botadero.

Y es que, según la investigación, las municipalidades son actores clave dentro de la cadena de instituciones encargadas, tanto en la definición de reglas para la adecuada disposición de RCD como en la supervisión de su cumplimiento en el territorio comunal.

El estudio puede ser descargado desde AQUÍ.

Fotografía gentileza Plataforma Industria Circular + Viconsa.