Norma que establece el vocabulario y marco de referencia de la economía circular para la construcción está en consulta pública hasta el 28 de agosto
En 20 días concluye el proceso digital para hacer observaciones sobre el proyecto de la norma chilena 3835 (prNCh3835): “Vocabulario y marco de referencia para atributos e indicadores de circularidad en entornos construidos”. El documento forma parte de una serie de siete normas que se encuentran en desarrollo para el sector de la construcción bajo el título general de “Economía circular-Atributos de circularidad e indicadores de circularidad”. Los especialistas en urbanismo sustentable María Fernanda Aguirre, de Chile GBC, y Jonathan Barton, de CEDEUS, valoran muy positivamente que se dicte una norma relativa a conceptos y definiciones, porque permite actualizar y unificar criterios; asimismo, destacan la relevancia de que diversos sectores públicos y privados participen en la consulta.
Los residuos de la construcción y demolición (RDC) son considerados como uno de los grandes problemas que se deben abordar a nivel mundial para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Esto se debe al gran volumen de este tipo de residuos que, en Chile, son el 35% del total de desechos sólidos. Para dimensionar ese volumen, según proyecciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), se prevé que para 2025 los RDC alcanzarán los 7,4 millones de toneladas anuales, es decir, una cantidad con la que se podría llenar más de 15 veces el Estadio Nacional.
La disposición de esos residuos, en lugares autorizados y también vertederos ilegales, genera un impacto negativo en la flora y fauna, altera los drenajes naturales, genera contaminación del suelo y de las aguas, tanto superficiales como subterráneas; asimismo, se contamina el aire con su disposición y transporte. Pero el impacto medioambiental de este sector es más amplio; por ejemplo, la producción de hormigón y de acero genera una gran cantidad de emisiones de CO2 y otros gases responsables del cambio climático; y consume muchos recursos hídricos, por mencionar solo algunos impactos.
En el país, tanto el sector privado como el público han tomado conciencia de este problema y desde hace unos años se empezó a trabajar en diversas estrategias para abordar la situación. Uno de los objetivos principales es transitar desde el modelo lineal de economía -extraer, producir y desechar-, a un modelo de economía circular. Si bien este último se suele asociar al reciclaje de residuos, es mucho más que eso y apunta a reducir el uso de recursos naturales en los procesos productivos, evitar la producción de los residuos, mantener los materiales circulando, etc.
En ese contexto, el Instituto Nacional de Normalización (INN) se encuentra elaborando una serie de normas técnicas para el sector de la construcción, bajo el título general de “Economía circular-Atributos de circularidad e indicadores de circularidad”. Son siete normas -NCh3835 a NCh3841- que se refieren a: Vocabulario y marco de referencia para atributos e indicadores de circularidad en entornos construidos; Materiales, productos y elementos de construcción; Sistemas constructivos; Diseño de proyectos de edificación e infraestructura; Construcción de proyectos de edificación e infraestructura; Barrios y entornos construido; Ciudades.
Para la primera de ellas, NCh3835, sobre vocabulario y marco de referencia, ya existe un proyecto que en estos momentos se encuentra en la etapa de consulta pública, desde el 28 de julio hasta el 28 de agosto próximo.
Sobre la necesidad de tener esta norma, María Fernanda Aguirre, Directora Ejecutiva de Chile Green Building Council (Chile GBC), explica que “todo cuerpo normativo debe contar con una lista de definiciones y referencia a otras normas, ya que esto facilita que exista interacción entre distintos documentos oficiales y, asimismo, unificar criterios tanto a nivel de instrumentos regulatorios nacionales como de uso internacional facilitando la estandarización de conceptos y marcos de referencia”.
A su vez, Jonathan Barton, investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) de la UC y la UdeC, comenta que “la economía circular es la versión más reciente de un fenómeno que ya tiene más de 30 años de desarrollo, empezando con la gestión ambiental, pasando por el ecoeficiencia, y normas como las LEED sobre certificación de procesos de construcción, etc. La economía circular es a nueva versión de esos procesos y busca minimizar el uso de materiales, de recursos en los procesos de producción y también en procesos de destrucción y reutilización de estos mismos recursos, por eso es clave tener un vocabulario actualizado y que permita integrar estas normas y certificaciones de ecoeficiencia en la transición socioecológica justa, que es un proyecto entre la Naciones Unidas y el gobierno chileno”.
“Es fundamental tener normas y no solo buenas intenciones y políticas, es la forma de aterrizarlo, de llevarlo a la práctica, y también es necesario asociar claramente los costos de la economía circular en la construcción, ¿quién asume el costo?, ¿el productor?, ¿el financista, siendo el Estado tal vez en muchos casos, o el comprador de ese casa o departamento?”, añade Barton.
“Todo cuerpo normativo debe contar con una lista de definiciones y referencia a otras normas, ya que esto facilita que exista interacción entre distintos documentos oficiales y, asimismo, unificar criterios tanto a nivel de instrumentos regulatorios nacionales como de uso internacional, facilitando la estandarización de conceptos y marcos de referencia”.
María Fernanda Aguirre, Directora Ejecutiva de Chile GBC.
¿Quiénes debieran participar en la consulta?
La Directora Ejecutiva de Chile GBC dice que el contar con una norma de vocabulario y que por primera vez aplica a circularidad en el sector construcción, “implica que a nivel de consulta pública se invita a todos los actores de la cadena de valor de la industria, a hacer observaciones para favorecer un proceso consensuado y que se utilice léxico que por un lado sea de conocimiento local, para así favorecer la homologación de un lenguaje que aplique a la realidad nacional, y que por otro lado esté alineado con herramientas de uso internacional y que se han definido como mandatorias en los distintos procesos y etapas del ciclo de vida de materiales, elementos de construcción, edificación, infraestructura y comunidades”.
A su juicio, normar aspectos de circularidad para el sector construcción, es un proceso complejo, porque debe abordar las etapas del ciclo de vida e incorporar consideraciones de flujos de materiales y logística reversa, al tiempo que es vinculante con otros sectores, como transporte y energía. Por esa razón, dice, la convocatoria de la consulta “aplica a todas y todos los actores que no solo estén involucrados directamente en distintas actividades propias de edificación e infraestructura, como son manufactura y distribución de productos, arquitectura, construcción y montaje, administración y facility management y valorización de residuos, sino también a quienes se desempeñan a nivel de gobierno central, regional y municipal y que intervienen en ordenamiento territorial y planificación urbana”.
“Asimismo, es de gran relevancia contar con el aporte de academia, centros de investigación y organizaciones de profesionales y gremios para poder lograr instrumentos consensuados, que sean de uso masivo y permitan levantar datos de la industria y estandarizar el desempeño”, agrega María Fernanda Aguirre.
Coincide con la especialista el investigador de CEDEUS, en relación a que “los actores clave son las mismas empresas constructoras y las agencias del Estado que fijan estándares en la producción de vivienda pública (…) La consulta pública en normas nacionales, o normas ISO, es principalmente para expertos en el rubro, tanto del Estado como del sector privado, que producen y diseñan, además del mundo académico, que tiene un rol en promover ciertas normas en aislación, en la selección de materiales, etc.”
No obstante, Jonathan Barton añade que también pueden entregar su opinión “las organizaciones que participan en demandas de vivienda, para ver cómo las puede impactar. En general hay poca conciencia de lo que significa comprar o habitar una vivienda o edificación sustentable, no ha sido muy difundido, pero poco a poco en ciertos sectores hay conciencia de que una edificación bien construida reduce potencialmente el costo en calefacción, en enfriamiento, potencialmente el uso agua -la posibilidad de separar aguas grises, por ejemplo-. Por eso, todos los consumidores, habitantes de la ciudad, habitantes de vivienda, somos participantes en esta producción del espacio y la construcción”.
El académico agrega otro actor como potencial participante de la consulta: los bancos y otras instituciones que financian la vivienda. “Es fundamental que ellos participen porque, de cierta forma, es un riesgo que ellos toman asociados con la persona que tiene la deuda habitacional. (…) Es importante tener una idea de cuánto cuesta la ciudad más sustentable, la edificación más sustentable, en el mediano y largo plazo, dónde están las ganancias y quién debe asumir los costos. Porque en este momento estamos todos asumiendo costos, por ejemplo, de una edificación en malas condiciones, en el sentido que implica mayores gastos en energía y agua asociados con los materiales y la forma de construir”.
“Es fundamental tener normas y no solo buenas intenciones y políticas, es la forma de aterrizarlo, de llevarlo a la práctica, y también es necesario asociar claramente los costos de la economía circular en la construcción, ¿quién asume el costo?, ¿el productor?, ¿el financista, siendo el Estado tal vez en muchos casos, o el comprador de esa casa o departamento?”.
Jonathan Barton, investigador CEDEUS y UdeC.
La necesidad de las normas
Las siete normas que están actualmente en elaboración por el INN se vinculan con una serie de otras iniciativas y normas, como la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular 2040 elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA); la Hoja de Ruta RCD (Residuos de Construcción y Demolición) de Economía Circular en Construcción 2035 elaborada por los Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de Obras Públicas, del Medio Ambiente y Corfo; y la Estrategia Climática de Largo Plazo hasta 2050 establecida en la Ley 21.455 Ley Marco de Cambio Climático.
En la introducción del proyecto de la NCh3835 sometido a consulta pública se señala que “específicamente para el sector de la construcción, la transición hacia una economía circular es un desafío importante puesto que implica considerar el ciclo de vida de los activos construidos, desde la concepción de un proyecto, incluyendo la selección del terreno, el diseño, la elección de materiales y sistemas constructivos, las especificaciones técnicas y la gestión de residuos durante la construcción”.
“También implica considerar otras etapas antes no consideradas, como la etapa de post venta, incluyendo el mantenimiento, la renovación, la adaptación y la rehabilitación de los activos construidos. Incluso podría contemplar la demolición parcial en ciertos proyectos, con la extracción selectiva de partes y piezas reutilizables mediante procesos de deconstrucción. En última instancia, considera la demolición destructiva y la valorización de los RCD para obtener materiales que puedan ser utilizados en nuevos ciclos de construcción”, agrega la introducción.
Asimismo, añade que implementar la economía circular en este sector productivo implica un cambio de paradigma, lo que hace necesario establecer un marco de referencia con atributos e indicadores para poder medir sus avances.
En ese contexto, ¿cómo aporta la normativa a impulsar una construcción más sostenible? La Directora Ejecutiva de Chile Green Building Council responde haciendo referencia a algunas carencias del sector donde las normas pueden ser un aporte: “Una de las principales problemáticas en el sector construcción es la falta de datos relacionados con uso de materias primas, valorización de recursos, información de procesos logísticos y caracterización de tipos de productos y residuos utilizados en un país tan diverso geográfica y climáticamente como Chile. La carencia de información dificulta el determinar líneas base de desempeño y, por lo tanto, definir metas asociadas a uso de materias primas no renovables, restauración y regeneración y emisiones de carbono”.
“Contar con una normativa de indicadores permitirá, por un lado, que se estandarice los parámetros de evaluación favoreciendo la comparabilidad y mejora continua, y que, en consecuencia ,se incentive la medición, transparencia y comunicación de desempeño, relacionando la comunicación de desempeño circular con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Marcos ESG (Criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa)”, subraya Aguirre.
Barton, por su parte, es tajante: “La normativa es clave para tener una construcción más sustentable, un sector de edificación más sustentable”.
El investigador de CEDEUS explica que “si pensamos en los grandes planteamientos, las visiones, los imaginarios de la ciudad sustentable, y vamos bajando a estrategias, políticas, planes, diseño, terminamos con las normas, que son los elementos fundamentales que rigen las condiciones, los estándares de construcción, la procedencia de los materiales, qué hacer con los desechos, la circularidad en el corto plazo en el proceso de construcción y en el largo plazo de la vida útil de la vivienda. Entonces, es primordial que tengamos normas claras, y que vayan evolucionando en el tiempo”.
“Las normas son indispensable porque afectan el día a día de las operaciones de las empresas de construcción, y son normas que pueden ser fiscalizadas. Por eso es importante esta posibilidad de tener normas y estándares que tengan aceptación generalizada, y que sean fiscalizados, para asegurar que somos capaces de implementar estas grandes visiones en la práctica. Las normas van aterrizando estas grandes ambiciones en las prácticas cotidianas”, resume Barton.
Definiciones, principios y la invitación a hacer comentarios
Entre otros aspectos, el proyecto de norma Ch3835 incluye 38 términos y definiciones: 30 relativas a economía circular; 3 relacionadas a materiales, productos y elementos de construcción; 2 vinculados a sistemas constructivos (tradicionales y no tradicionales); 2 a barrios y entornos construidos; y 1 relativo a ciudad.
Entre los términos destacan, por ejemplo: economía circular, definida como “sistema económico que utiliza un enfoque sistémico para mantener un flujo circular de recursos, mediante la recuperación, conservación o aumento de su valor, contribuyendo al desarrollo sostenible”; ecodiseño, explicado como “diseño y desarrollo basado en el pensamiento del ciclo de vida destinado a apoyar el desarrollo sostenible”; y resiliencia, que se expone como la “capacidad para soportar, resistir, adaptarse o recuperarse de eventos o condiciones disruptivas, ya sean naturales o antropogénicas”; regenerar, que consiste en “mejorar o restaurar un ecosistema degradado”.
También se definen, entre otros: reparación, reúso, reacondicionamiento, refabricación, readaptar, recursos naturales, sistema económico y trazabilidad.
Asimismo, la propuesta normativa incluye 13 principios con los que se deben llevar a cabo las actividades de todos los actores de la economía circular en el sector construcción. Uno de esos principios es Regenerar sistemas naturales y proveer resiliencia, lo que se explica de la siguiente forma: “Se busca conservar el medio ambiente, evitar el daño ambiental, y aportar en la regeneración de los ecosistemas, su protección, el aumento de la biodiversidad y resiliencia de ciudades, la prestación de servicios ecosistémicos, reduciendo posibles impactos derivados del cambio climático y de los desequilibrios ambientales”.
El documento elaborado por el INN contiene apartados como “Iniciativas, herramientas y normas”. “Atributos de circularidad”, “Indicadores de circularidad, entre otros.
En el apartado 5.3, sobre “Niveles de aplicación en el sector de construcción”, hay dos ítem donde se ha incorporado la siguiente Nota de Secretaría: “Se requiere completar esta sección. Se invita a hacer comentarios en la Consulta Pública”. Se trata de los niveles correspondientes a “Barrios y Entornos construidos”, “Ciudades”.
El proceso de consulta pública se realiza de manera digital en el sitio http://www.consultapublica.cl/ y aún quedan 20 días para hacer observaciones y comentarios.
Fuente: CDT
