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Por Jorge Canals De la Puente, socio de Moraga & Cía.

La situación actual de los RCD en Chile es crítica. Estimaciones respecto a su generación con origen en edificación, a partir de datos oficiales de permisos de construcción y de modelos de generación de residuos, arrojan una cifra cercana a los 7 millones de toneladas al año, sin considerar los RCD generados por la construcción de edificios públicos, infraestructura, demoliciones ni tampoco los escombros originados tras desastres naturales (tan solo como afectación de viviendas se calcula que el terremoto de 2010 pudo haber generado más de 20 millones de toneladas de RCD). 

Del total de residuos generados, no más de un 6% es valorizado. La falta de valorización y, en consecuencia, de uso de material reciclado en la construcción, presiona, entre otras cosas, sobre la extracción ilegal de áridos naturales en el desierto y en riberas de ríos, aumentando el riesgo de desastres de origen antrópico y la vulnerabilidad de la población. 

Además, una cantidad no conocida de estos residuos se maneja en un ámbito de informalidad, siendo depositados en lugares sin autorización, y generando impactos ambientales, económicos y sociales. Luego, no solo falta infraestructura para su debido tratamiento, sino que nueve regiones de Chile, ni siquiera cuentan con lugares autorizados de disposición.

Reglas claras. Gran parte de esta situación se explica por la ausencia de un marco normativo claro para los RCD, que genere las condiciones para su valorización (dado su alto potencial), para la generación de una industria que la fomente, y para la creación de los mercados secundarios que demanden el uso de material reciclado.

La experiencia comparada indica que estas reglas se construyen sobre ciertas constantes: Principio de jerarquía en el manejo de los residuos; determinación de objetivos vinculantes de preparación para la reutilización, reciclado y otra forma de valorización de los RCD; exigencia de planes de gestión y de auditorías previas a la demolición, de separación in situ y de demolición selectiva; sistemas de fianza; medidas restrictivas para la descarga de RCD en vertederos; impuestos al uso de materiales vírgenes; control y sanción del vertido ilegal y garantías de calidad y seguridad para el uso del material reciclado.

Si bien hemos tenido avances significativos recientes en el país, como la oficialización de la NCh 3562, que define los RCD, y determina los contenidos de los planes de gestión de éstos, y como la pronta publicación de un Reglamento Sanitario en la materia, sigue pendiente la creación e implementación de un marco regulatorio coherente e integrado, que reglamente las etapas de generación, acopio, transporte, pretratamiento y tratamiento (con énfasis en la valorización) de los RCD, y fomente los mercados secundarios.

Por de pronto, y a la espera de una Ley General de Residuos, es perfectamente posible avanzar en un Plan Nacional, que fije objetivos relativos a la valorización y al aumento de uso de material reciclado de los RCD, e incentive el desarrollo de infraestructura, generando instancias de coordinación entre las distintas agencias públicas con competencia en la materia, y ordenando la aplicación de la serie de normas dispersas que hoy se aplican a estos residuos.