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Jaime Cataldo, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios MSUR, advierte que la gestión de residuos de construcción y demolición en la Región Metropolitana enfrenta brechas estructurales en infraestructura, trazabilidad y regulación. En esta entrevista, aborda los desafíos municipales, el rol de la Ley REP y las oportunidades de articulación con la Red ECC.

La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) se ha transformado en uno de los principales desafíos para los municipios de la Región Metropolitana. De hecho, la Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos, Msur, se creó en 2016. 

Hoy agrupa a 22 comunas,  y ha desarrollado una variedad de acciones que le permiten acercarse a su objetivo: la sustentabilidad ambiental, la gestión integral de los residuos generados en las comunas socias y su valorización, para que sus socios integren y/o fortalezcan en su gestión este ámbito de competencia municipal. 

Desde esta experiencia, ven que la disposición sigue concentrada en rellenos sanitarios y la valorización aún no logra consolidarse como una alternativa estructural. 

A ello se suman problemas persistentes como la proliferación de microbasurales, la falta de infraestructura y la necesidad de fortalecer la coordinación entre actores públicos y privados. En este contexto, el secretario ejecutivo de MSUR, Jaime Cataldo, plantea la urgencia de avanzar hacia un modelo más integrado, con incentivos claros, gobernanza territorial y mayor participación del sector construcción.

¿Cómo están enfrentando hoy los municipios la gestión de los RCD?

En la práctica, la mayoría de los municipios continúa enviando los RCD a rellenos sanitarios autorizados, aun cuando el costo de disposición suele ser mayor que otras alternativas. La disposición en lugares autorizados para escombros y la valorización sigue siendo marginal y depende de iniciativas puntuales más que de una política estructural.

Cataldo explica que, si bien existen esfuerzos para diversificar destinos, estos aún no logran consolidarse. “MSUR ha suscrito un Convenio de Colaboración con Greenrec Lepanto, promoviendo la derivación de RCD hacia esta instalación, donde además de disposición se desarrolla selección de materiales, aunque aún no constituye el destino predominante del flujo”, comenta.

A esto se suma un problema estructural en el territorio: “la formación constante de micro basurales en espacios públicos, particularmente asociados al depósito irregular de escombros y residuos domiciliarios voluminosos.

Frente a esto, el ejecutivo plantea que la respuesta debe ser integral: “resulta clave avanzar en estrategias de educación ambiental, reforzar los mecanismos de fiscalización y actualizar las ordenanzas municipales”. En sus palabras, “infraestructura, educación, ordenanza y fiscalización son fundamentales para abordar de manera más efectiva el problema”.

¿Qué aprendizajes deja la implementación de la Ley REP a nivel municipal?

Ya tenemos más de dos años y medio de implementación de la Ley Rep y creemos que estamos superando una etapa de aprendizaje en lo esencial y ahora entramos en régimen a paso firme.

Uno de los principales desafíos ha sido la trazabilidad. “MSUR y sus 33 comunas socias ya supera el millón de hogares con cobertura domiciliaria, pero aún no podemos identificar cuáles hogares sí reciclan y cuáles no”, cuenta.

Sin embargo, en el ámbito de instalaciones, el sistema muestra avances: “la trazabilidad desde nuestros 15 Centros de Acopio y Puntos Limpios, además de nuestra Planta Metropolitana, se realiza adecuadamente para su envío a plantas de valorización”.

Cataldo también destaca el rol de los recicladores de base: “han sido actores muy importantes y trabajamos en conjunto en la mayoría de los programas de reciclaje de nuestra asociación”.

¿Puede el modelo REP aplicarse a los RCD?

El incluir los RCD en la Ley REP desde ya nos parece de suma importancia, dado que los municipios serían beneficiados de manera importante para disminuir los micro basurales en sus barrios.

En ese sentido, señala que los sistemas de gestión existentes pueden aportar aprendizajes, pero advierte que deben cumplir ciertas condiciones: “es importante que tengan calle, conocimiento del modelo de negocios de la construcción, conocimiento del territorio y que tengan una visión amplia en su propósito” .

¿Existe hoy infraestructura suficiente para valorizar RCD en la Región Metropolitana?

La infraestructura de disposición de RCD en la Región Metropolitana, con permisos sanitarios, es muy limitada y está territorialmente concentrada.

Explica que actualmente “la principal instalación especializada es Greenrec Lepanto, pero solo recepcionan y separan materiales. No hay procesos de valorización propiamente tal”.

Además, existe una brecha territorial relevante: “en la zona norte no existe actualmente una oferta de recepción de este tipo, lo que obliga a trasladar residuos hacia el sur o disponerlos en rellenos sanitarios”.

Incentivos

Cataldo es claro en que se necesitan señales regulatorias y económicas: “se requieren exigencias regulatorias claras, como incorporar porcentajes de material reciclado en obras públicas y sistemas de trazabilidad obligatoria .

A esto se suman condiciones de mercado: “también son necesarios incentivos económicos y contratos estables que reduzcan el riesgo para inversionistas”, dice.

Asimismo, plantea el rol de la escala territorial: “la asociatividad municipal puede generar economías de escala y demanda suficiente para viabilizar nuevas plantas”.

En Países Bajos, por ejemplo, gran parte de las obras de infraestructura incorpora áridos reciclados provenientes de residuos de construcción. En Reino Unido, en tanto, el impuesto al envío de residuos a vertederos ha incentivado fuertemente el reciclaje de escombros. Estos casos muestran que la regulación y la generación de demanda desde el sector público pueden ser claves para desarrollar la valorización de RCD.

¿Qué oportunidades abre la colaboración con la Red ECC?

La colaboración entre MSUR y la Red de Economía Circular de la Construcción abre la oportunidad de impulsar una alianza estratégica para desarrollar un modelo de gestión de RCD con un positivo impacto en nuestros territorios.

En concreto, propone avanzar en pilotos: “se puede implementar un proyecto piloto operativo, con colaboración pública/privada, que permita articular a municipios y actores del sector para acceder a recursos y probar soluciones de manejo y valorización”.

Además, destaca el valor de la información: “el piloto permitiría generar estadísticas sobre generación de RCD, tipologías de residuos y patrones de disposición de la población, información clave para dimensionar el problema y aportar evidencia que facilite, en el futuro, su eventual incorporación en la Ley REP”.

¿Cómo puede aportar la gobernanza territorial de la Red ECC?

La gobernanza propuesta por la Red ECC puede ayudar a fortalecer el trabajo municipal al establecer lineamientos comunes para la gestión de RCD .

Hoy, explica, existe dispersión normativa: “cada municipio define de manera autónoma sus exigencias y criterios”, por lo que un marco común permitiría “armonizar estándares mínimos, protocolos y definiciones técnicas”.

Además, destaca el rol de los municipios en la trazabilidad: “pueden y deben aportar con las obligaciones de solicitar y exigir certificados de disposición de RCD a las empresas constructoras”.

Finalmente, subraya la importancia de una mirada sistémica: “un modelo de gobernanza específico de los materiales y escombros de la construcción debe insertarse en un concepto e instancia de gobernanza de Gestión de Residuos y Economía Circular de la Región Metropolitana, cuya constitución está en proceso en la actualidad”.

Más de 50 representantes municipales participaron en el Comité Técnico de la Asociación de Municipios MSur, donde se presentó el proyecto Red de Economía Circular para la Construcción. La instancia promovió la colaboración público-privada para diseñar soluciones territoriales que enfrenten el desafío de los residuos de construcción y demolición (RCD).

En el marco del Comité Técnico realizado el martes 14 de octubre en el Estadio El Llano de San Miguel, la Asociación de Municipios MSur recibió la presentación del proyecto Red de Economía Circular para la Construcción (Red ECC), iniciativa público-privada que busca impulsar modelos territoriales sostenibles mediante la valorización de residuos y el fomento de inversiones verdes.

La Asociación de Municipios MSur, conmemoró en agosto 10 años de funcionamiento, y está compuesta por 32 municipios de la Región Metropolitana, con representación de áreas urbanas, mixtas y rurales. Se dedica a promover la gestión ambiental sostenible y la valorización de residuos en la RM, a través de un enfoque integral que articula de manera estratégica a municipios, recicladores de base y la comunidad.

La actividad, organizada por MSur, reunió a más de 50 representantes municipales, mayoritariamente de departamentos de medioambiente. En la instancia expusieron Bárbara Silva, coordinadora de Proyectos de la CDT, y coordinadora de la Red ECC, junto con Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, quienes detallaron los avances del proyecto y sus oportunidades de colaboración con los gobiernos locales.

“Presentamos el proyecto de la Red de Economía Circular ante el Comité Técnico de la Asociación de Municipios MSur. Hablamos de la colaboración de esta mesa público-privada, tanto para la formulación del fondo ante el BID como en su operación y modelo de gobernanza territorial”, explicó Bárbara Silva.

Durante su exposición, el equipo técnico presentó el objetivo del proyecto: diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una red circular en la construcción, que promueva el encadenamiento productivo y la simbiosis entre obras y centros de producción, con foco en la valorización de residuos.

Uno de los puntos clave de la jornada fue el llamado desde la Red ECC a los municipios a colaborar en el diseño de un anteproyecto piloto que permita evaluar técnica y económicamente soluciones locales. “Estamos buscando con esta presentación motivarlos, invitarlos a ser parte de los actores para este diseño de proyecto piloto, pensando en que puedan tener programas o iniciativas de recolección de residuos de construcción y demolición, que sirvan de punto de partida para este diseño”, señaló Silva.

Durante la jornada, también se aplicó una encuesta presencial a los municipios, orientada a levantar información sobre programas actuales de gestión de RCD, presupuestos asignados y disposición para participar en el diseño del piloto. Según Silva, “hubo una muy buena recepción. Fuimos con la expectativa de que no hubiese muchos programas enfocados a este tema y, sin embargo, nos sorprendió que habían más de lo esperado”.

La exposición de Alejandra Tapia incluyó referencias a casos internacionales y líneas de acción aplicables a contextos municipales, como permisos de demolición, estrategias de recolección diferenciada y experiencias exitosas en Europa. La profesional también complementó la presentación con ejemplos y metas vinculadas a la Hoja de Ruta RCD Economía Circular 2035 y la Estrategia de Economía Circular para la Construcción 2025.

Para Silva, la participación municipal es clave: “En general, reconocen que es un tema relevante y algo que deberían adoptar. Vimos bastantes respuestas positivas en cuanto a que se puede diseñar en conjunto”.

La instancia finalizó con el respaldo explícito de la Asociación de Municipios MSur. “En esta instancia se mostró el claro interés de los municipios por enfrentar y encaminar el tema de los RCD”, destacó Silva.

El proyecto Red ECC es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y liderado por una alianza entre Corfo, Construye2025, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Cámara Chilena de la Construcción y la CDT. Su enfoque es implementar soluciones concretas para cerrar brechas en la gestión de residuos en el sector construcción, con un enfoque de economía circular y desarrollo territorial.

Más de 80 trámites simplificados le están diciendo “adiós” al trabajo análogo que se realizaba en las direcciones de obra, para dar paso a un nuevo ecosistema digital que hace más rápidos y sencillos los trámites.

Permisos de edificación, subdivisión, urbanización, regularizaciones y certificados, entre otros trámites podrán realizarse en forma remota gracias al trabajo mancomunado que comenzó hace poco más de dos años, para el desarrollo de DOM en Línea. “Ha sido una relación de trabajo colaborativo que ha sido importante para avanzar y terminar con la sensación de desamparo en algunas zonas. Podemos ser socios estratégicos para nuestro usuario en común”, comentó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, en el “Taller de Transformación Digital DOM en Línea”, realizado en marzo.

Estas instancias partieron en marzo, con encargados de DOM de cada municipio, ADOM y Colegio de Arquitectos, para actualizarlos de los avances de la pltaforma y su importancia de implementación en cada comuna, según cuenta Enrique Matuschka, jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU). “Nuestra meta es tener el segundo trimestre de este año, a lo menos 100 comunas adscritas. Los invito a todos a fortalecer este espacio y trabajar con el objetivo de mejorar la gestión en cada región, para juntos ir encaminados hacia la modernización del Estado y la reactivación económica”, señala el jefe de la DDU.

Desde enero de 2019, el avance ha sido sustancial, según la arquitecta Liliane Etcheberrigaray, coordinadora nacional de DOM en Línea, que ha liderado el desarrollo de una plataforma transparente y gratuita, al alcance de todas las municipalidades que deseen implementarla. Hoy, diversos módulos hacen posibles las integraciones con Clave Única, Pago en línea a través de Transbank y Tesorería General de la República, Firma Electrónica Avanzada de SEGPRES, seguimiento de solicitudes, gestión de plazos y derivación de trabajo al interior de las DOM.

“De los tres certificados iniciales, hemos potenciado la herramienta hasta contar con 80 trámites, en las fases de anteproyecto, permiso, modificación y recepción, los que actualmente se pueden solicitar por internet en las 92 comunas que se encuentran habilitadas”, explica la coordinadora nacional de DOM en Línea, quien detalla que este año se inició un plan de acompañamiento y capacitación nacional, que significó disponer de profesionales altamente capacitados en regiones. Éstos se encuentran trabajando para apoyar la implementación de esta importante herramienta, para contribuir a la realización de un diagnóstico nacional de la situación de las Direcciones de Obras Municipales en todo el país, de cara a una transformación digital y a un proceso de mejora de los servicios que actualmente se entregan a la ciudadanía.

  “Durante 2021 se planteó el desafío de llegar a la mayor cantidad de comunas, teniendo como meta implementar la plataforma en 100 comunas durante el primer semestre, capacitar a 3.000 funcionarios municipales en el uso de la plataforma y en temáticas relacionadas al urbanismo y la construcción, y seguir creciendo con las integraciones del sistema en sus trámites más complejos, en paralelo con la interoperabilidad de la plataforma con organismos del Estado en vías de digitalización, como SII, INE, MINECON; MTT y con municipalidades que cuenten con plataformas propias”, detalla Liliane Etcheberrigaray.

Reactivación económica

Lo anterior ha sido fruto de la alianza público-privada que se ha fortalecido para avanzar hacia la modernización estatal, agilizando procedimientos, evitando trámites presenciales y realizando el seguimiento en línea de los mismos. En este sentido, DOM en Línea es un proyecto de futuro. Así lo cree la coordinadora nacional de la plataforma, que espera que una vez que se encuentre implementado e interoperando con otros organismos, reduzca los plazos de tramitación de las solicitudes, otorgue certezas y contribuya a mejorar la productividad y fomentar la reactivación económica.

En los próximos dos años, la plataforma ya debería integrar tecnología BIM, disponer de herramientas de revisión, mejorar los estándares de aplicación normativa y, en definitiva, convertirse en la plataforma base, sobre la cual, se tramiten todos los permisos a nivel nacional. “Esta iniciativa, de origen público privado, gracias al apoyo de los socios de la Mesa Público Privada, se perfila como una herramienta clave, a través de la cual el Ministerio de Vivienda contribuye a la modernización del Estado, al fortalecimiento de los gobiernos locales y a la equidad territorial y digital”, concluye Liliane Etcheberrigaray.

Para realizar un trámite en DOM en Línea, simplemente, los usuarios deben ingresar su Clave Única, verificar que su municipio está utilizando este sistema y comenzar a vivir la experiencia de la transformación digital.

Cuatro especialistas estudiaron el manejo de los residuos de construcción y demolición e hicieron propuestas orientadas a la construcción sustentable, en línea con los desafíos actuales.

Para elevar los estándares ambientales y favorecer una construcción centrada en el medio ambiente, cuatro investigadores se unieron para trabajar en el capítulo IX del Concurso de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica “Políticas municipales estandarizadas para el manejo sustentable de residuos de construcción y demolición”.

Felipe Ossio y Juan Molina de la Escuela de Construcción Civil; Homero Larraín de la Escuela de Ingeniería y Cristián Schmidt de la Escuela de Arquitectura fueron los responsables de abordar la problemática de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), desde un enfoque interdisciplinario, considerando sus impactos ambientales, sociales y económicos. 

“Nos dimos cuenta que la alta generación de RCD y su inadecuada disposición final es un problema multifactorial, que involucra a todos los actores en el ciclo de vida del proyecto y al cuadro normativo, regulatorio y legal respectivo. Sin embargo, este último se encuentra atomizado y fragmentado, lo que puede apreciarse en la cantidad de instrumentos asociados a diferentes actores”, explica Felipe Ossio. 

De hecho, para el caso específico de los RCD existen más de 20 tipos de normativas dependientes de diferentes organismos públicos. Según el estudio, lo anterior dificultaría su conocimiento y aplicación, dejando al Estado una capacidad limitada de fiscalización en materias sanitarias y ambientales, algo que agudiza el problema. En efecto, el 60% de las empresas constructoras en Chile declara no conocer leyes, reglamentos, normativas ni manuales sobre gestión de residuos. 

El equipo interdisciplinario de la UC se propuso contribuir proponiendo una política pública que lleve a las municipalidades a ser un agente de cambio y aportar al cumplimiento reglamentario ante las instituciones de nivel regional y nacional. Al mismo tiempo, su trabajo apuntó a elevar los estándares ambientales y permitir así una construcción centrada en el medio ambiente que responda a los desafíos que hoy exige la humanidad.

Disparidad normativa

El estudio reveló que los municipios en Chile presentan un dispar nivel de exigencias en materia de gestión de RCD, desde la nula consideración hasta una serie de normativas no necesariamente bien enfocadas. “Pero, principalmente, pudimos identificar comunas generadoras y receptoras de RCD. Las primeras se caracterizan por generar una alta proporción de los residuos a nivel de su región y no poseen sitios de disposición legal de residuos. Por su parte, las receptoras no producen una gran proporción de RCD a nivel regional y, en general, son comunas que poseen sitios de disposición final legal en su jurisdicción y/o deben hacer frente a sitios de disposición ilegal como micro basurales o vertederos ilegales”, detalla Ossio.

Luego de que el estudio reconociera dos tipos de comunas: generadoras y receptoras de RCD, los investigadores establecieron recomendaciones de acción que, si bien son vinculadas a un tipo de comuna, no son excluyentes para las otras. Asimismo, hicieron sugerencias generales que toda comuna, independiente de si es generadora o receptora de RCD, debería adoptar. “Estas 15 propuestas tienen por objetivo avanzar en la minimización de la generación de RCD y la disminución de sus impactos socioambientales, basados en los principios de la justicia ambiental (Hervé, 2010) y siguiendo la jerarquía de manejo de los residuos”, acota el profesor de la Escuela de Construcción Civil de la UC.

De este modo, las propuestas para las comunas generadoras se asociarán a los primeros eslabones de esta jerarquía, es decir, se centrarán en reducir la generación de RCD en origen y fomentar la valorización de los RCD mediante su reutilización, recuperación o aprovechamiento para otras aplicaciones. Mientras que las propuestas asociadas a las comunas receptoras buscarán asegurar el correcto destino de los residuos no valorizados que son llevados a un botadero.

Y es que, según la investigación, las municipalidades son actores clave dentro de la cadena de instituciones encargadas, tanto en la definición de reglas para la adecuada disposición de RCD como en la supervisión de su cumplimiento en el territorio comunal.

El estudio puede ser descargado desde AQUÍ.

Fotografía gentileza Plataforma Industria Circular + Viconsa.