Más de 80 trámites simplificados le están diciendo “adiós” al trabajo análogo que se realizaba en las direcciones de obra, para dar paso a un nuevo ecosistema digital que hace más rápidos y sencillos los trámites.
Permisos de edificación, subdivisión, urbanización, regularizaciones y certificados, entre otros trámites podrán realizarse en forma remota gracias al trabajo mancomunado que comenzó hace poco más de dos años, para el desarrollo de DOM en Línea. “Ha sido una relación de trabajo colaborativo que ha sido importante para avanzar y terminar con la sensación de desamparo en algunas zonas. Podemos ser socios estratégicos para nuestro usuario en común”, comentó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, en el “Taller de Transformación Digital DOM en Línea”, realizado en marzo.
Estas instancias partieron en marzo, con encargados de DOM de cada municipio, ADOM y Colegio de Arquitectos, para actualizarlos de los avances de la pltaforma y su importancia de implementación en cada comuna, según cuenta Enrique Matuschka, jefe de la División de Desarrollo Urbano (DDU). “Nuestra meta es tener el segundo trimestre de este año, a lo menos 100 comunas adscritas. Los invito a todos a fortalecer este espacio y trabajar con el objetivo de mejorar la gestión en cada región, para juntos ir encaminados hacia la modernización del Estado y la reactivación económica”, señala el jefe de la DDU.
Desde enero de 2019, el avance ha sido sustancial, según la arquitecta Liliane Etcheberrigaray, coordinadora nacional de DOM en Línea, que ha liderado el desarrollo de una plataforma transparente y gratuita, al alcance de todas las municipalidades que deseen implementarla. Hoy, diversos módulos hacen posibles las integraciones con Clave Única, Pago en línea a través de Transbank y Tesorería General de la República, Firma Electrónica Avanzada de SEGPRES, seguimiento de solicitudes, gestión de plazos y derivación de trabajo al interior de las DOM.
“De los tres certificados iniciales, hemos potenciado la herramienta hasta contar con 80 trámites, en las fases de anteproyecto, permiso, modificación y recepción, los que actualmente se pueden solicitar por internet en las 92 comunas que se encuentran habilitadas”, explica la coordinadora nacional de DOM en Línea, quien detalla que este año se inició un plan de acompañamiento y capacitación nacional, que significó disponer de profesionales altamente capacitados en regiones. Éstos se encuentran trabajando para apoyar la implementación de esta importante herramienta, para contribuir a la realización de un diagnóstico nacional de la situación de las Direcciones de Obras Municipales en todo el país, de cara a una transformación digital y a un proceso de mejora de los servicios que actualmente se entregan a la ciudadanía.
“Durante 2021 se planteó el desafío de llegar a la mayor cantidad de comunas, teniendo como meta implementar la plataforma en 100 comunas durante el primer semestre, capacitar a 3.000 funcionarios municipales en el uso de la plataforma y en temáticas relacionadas al urbanismo y la construcción, y seguir creciendo con las integraciones del sistema en sus trámites más complejos, en paralelo con la interoperabilidad de la plataforma con organismos del Estado en vías de digitalización, como SII, INE, MINECON; MTT y con municipalidades que cuenten con plataformas propias”, detalla Liliane Etcheberrigaray.
Reactivación económica
Lo anterior ha sido fruto de la alianza público-privada que se ha fortalecido para avanzar hacia la modernización estatal, agilizando procedimientos, evitando trámites presenciales y realizando el seguimiento en línea de los mismos. En este sentido, DOM en Línea es un proyecto de futuro. Así lo cree la coordinadora nacional de la plataforma, que espera que una vez que se encuentre implementado e interoperando con otros organismos, reduzca los plazos de tramitación de las solicitudes, otorgue certezas y contribuya a mejorar la productividad y fomentar la reactivación económica.
En los próximos dos años, la plataforma ya debería integrar tecnología BIM, disponer de herramientas de revisión, mejorar los estándares de aplicación normativa y, en definitiva, convertirse en la plataforma base, sobre la cual, se tramiten todos los permisos a nivel nacional. “Esta iniciativa, de origen público privado, gracias al apoyo de los socios de la Mesa Público Privada, se perfila como una herramienta clave, a través de la cual el Ministerio de Vivienda contribuye a la modernización del Estado, al fortalecimiento de los gobiernos locales y a la equidad territorial y digital”, concluye Liliane Etcheberrigaray.
Para realizar un trámite en DOM en Línea, simplemente, los usuarios deben ingresar su Clave Única, verificar que su municipio está utilizando este sistema y comenzar a vivir la experiencia de la transformación digital.
Cuatro especialistas estudiaron el manejo de los residuos de construcción y demolición e hicieron propuestas orientadas a la construcción sustentable, en línea con los desafíos actuales.
Para elevar los estándares ambientales y favorecer una construcción centrada en el medio ambiente, cuatro investigadores se unieron para trabajar en el capítulo IX del Concurso de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica “Políticas municipales estandarizadas para el manejo sustentable de residuos de construcción y demolición”.
Felipe Ossio y Juan Molina de la Escuela de Construcción Civil; Homero Larraín de la Escuela de Ingeniería y Cristián Schmidt de la Escuela de Arquitectura fueron los responsables de abordar la problemática de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), desde un enfoque interdisciplinario, considerando sus impactos ambientales, sociales y económicos.
“Nos dimos cuenta que la alta generación de RCD y su inadecuada disposición final es un problema multifactorial, que involucra a todos los actores en el ciclo de vida del proyecto y al cuadro normativo, regulatorio y legal respectivo. Sin embargo, este último se encuentra atomizado y fragmentado, lo que puede apreciarse en la cantidad de instrumentos asociados a diferentes actores”, explica Felipe Ossio.
De hecho, para el caso específico de los RCD existen más de 20 tipos de normativas dependientes de diferentes organismos públicos. Según el estudio, lo anterior dificultaría su conocimiento y aplicación, dejando al Estado una capacidad limitada de fiscalización en materias sanitarias y ambientales, algo que agudiza el problema. En efecto, el 60% de las empresas constructoras en Chile declara no conocer leyes, reglamentos, normativas ni manuales sobre gestión de residuos.
El equipo interdisciplinario de la UC se propuso contribuir proponiendo una política pública que lleve a las municipalidades a ser un agente de cambio y aportar al cumplimiento reglamentario ante las instituciones de nivel regional y nacional. Al mismo tiempo, su trabajo apuntó a elevar los estándares ambientales y permitir así una construcción centrada en el medio ambiente que responda a los desafíos que hoy exige la humanidad.
Disparidad normativa
El estudio reveló que los municipios en Chile presentan un dispar nivel de exigencias en materia de gestión de RCD, desde la nula consideración hasta una serie de normativas no necesariamente bien enfocadas. “Pero, principalmente, pudimos identificar comunas generadoras y receptoras de RCD. Las primeras se caracterizan por generar una alta proporción de los residuos a nivel de su región y no poseen sitios de disposición legal de residuos. Por su parte, las receptoras no producen una gran proporción de RCD a nivel regional y, en general, son comunas que poseen sitios de disposición final legal en su jurisdicción y/o deben hacer frente a sitios de disposición ilegal como micro basurales o vertederos ilegales”, detalla Ossio.
Luego de que el estudio reconociera dos tipos de comunas: generadoras y receptoras de RCD, los investigadores establecieron recomendaciones de acción que, si bien son vinculadas a un tipo de comuna, no son excluyentes para las otras. Asimismo, hicieron sugerencias generales que toda comuna, independiente de si es generadora o receptora de RCD, debería adoptar. “Estas 15 propuestas tienen por objetivo avanzar en la minimización de la generación de RCD y la disminución de sus impactos socioambientales, basados en los principios de la justicia ambiental (Hervé, 2010) y siguiendo la jerarquía de manejo de los residuos”, acota el profesor de la Escuela de Construcción Civil de la UC.
De este modo, las propuestas para las comunas generadoras se asociarán a los primeros eslabones de esta jerarquía, es decir, se centrarán en reducir la generación de RCD en origen y fomentar la valorización de los RCD mediante su reutilización, recuperación o aprovechamiento para otras aplicaciones. Mientras que las propuestas asociadas a las comunas receptoras buscarán asegurar el correcto destino de los residuos no valorizados que son llevados a un botadero.
Y es que, según la investigación, las municipalidades son actores clave dentro de la cadena de instituciones encargadas, tanto en la definición de reglas para la adecuada disposición de RCD como en la supervisión de su cumplimiento en el territorio comunal.
El estudio puede ser descargado desde AQUÍ.
Fotografía gentileza Plataforma Industria Circular + Viconsa.