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Con más de 50.000 solicitudes cursadas en la plataforma y 208 comunas en el sistema, DOM en Línea trabaja para mejorar estas cifras. La gestión del cambio y la capacitación de las personas están entre los principales desafíos. 

A varios desafíos se ha enfrentado el proyecto DOM en Línea, según contó su coordinadora nacional Liliane Etcheberrigaray a los representantes del Consejo Directivo de Construye2025, en su reunión número 45. La arquitecta se refiere a la gestión del cambio digital en el Estado propiamente tal, y en las personas, porque no solo es “implantar una plataforma de gestión en una DOM, sino que también es usarla, es decirle a la gente que está disponible, que confíen en el Estado y también asegurar como Estado una continuidad en el servicio”. 

A 2021, de acuerdo con la coordinadora nacional, había 195 municipios en DOM en Línea, en tanto que a la fecha, 208 comunas ya están con el sistema, pero con más de 80 trámites disponibles. De ellas, 148 se encuentran con el Módulo de Ingresos (96 habilitadas al público y 52 en lanzamiento), equivalente al 47,1%; otras 45 comunas están en Módulo de Emergencia, es decir, el 13%, y 15 en configuración. Del total de municipios a nivel nacional, el 17,9% hace uso de plataformas privadas, y el 22% se encuentra sin plataforma.

A partir de este 2023, “se está realizando la implementación de módulos que incorporarán información de bases catastrales e integraciones. Asimismo, se pondrá en marcha la interoperabilidad del sistema con organismos públicos y privados”, contó Etcheberrigaray.

Principales desafíos

Desde 2019, se registran 51.824 solicitudes cursadas en DOMEL, con un total de 35.304 certificados y 16.520 permisos.

A partir de reportes obtenidos desde la plataforma, para estudiar el levantamiento del nivel de digitalización y experiencia de los usuarios, “se observa que los niveles de uso del sistema no aumentan. Además, la cantidad de trámites digitalizados se concentran en aproximadamente un 20% de las municipalidades”, comentó la profesional.

Para analizar esta situación, se seleccionó una muestra representativa del país, considerando diversidad de tamaño, niveles de uso (de acuerdo a los reportes de la plataforma) y condición urbana/rural. Así, se consideraron 28 comunas levantadas, de un universo de 142 comunas habilitadas en DOM en Línea.

Del total de 28 comunas levantadas, Andacollo, Coyhaique, Iquique, Villa Alegre y Yerbas Buenas presentan 0% de digitalización tanto en certificados como en permisos. En tanto que en certificados, Graneros presenta 38,15% de digitalización, y Los Ángeles 36,64%. Por su parte, en permisos, las mismas comunas lideran los resultados: Graneros con 80,56% de digitalización y Los Ángeles con 75,44%. 

La coordinadora del Minvu explicó que los factores determinantes de éxito apuntan a una “efectiva comunicación entre la DOM y el equipo Minvu, mayor difusión del proyecto a los solicitantes, apoyo de autoridades municipales, flujo de solicitudes moderado y funcionarios capacitados”.

Así, en base a conclusiones de aspectos técnicos, de gestión territorial y normativos, desde el Minvu se generó una estrategia a corto plazo.

Cuatro especialistas estudiaron el manejo de los residuos de construcción y demolición e hicieron propuestas orientadas a la construcción sustentable, en línea con los desafíos actuales.

Para elevar los estándares ambientales y favorecer una construcción centrada en el medio ambiente, cuatro investigadores se unieron para trabajar en el capítulo IX del Concurso de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica “Políticas municipales estandarizadas para el manejo sustentable de residuos de construcción y demolición”.

Felipe Ossio y Juan Molina de la Escuela de Construcción Civil; Homero Larraín de la Escuela de Ingeniería y Cristián Schmidt de la Escuela de Arquitectura fueron los responsables de abordar la problemática de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), desde un enfoque interdisciplinario, considerando sus impactos ambientales, sociales y económicos. 

“Nos dimos cuenta que la alta generación de RCD y su inadecuada disposición final es un problema multifactorial, que involucra a todos los actores en el ciclo de vida del proyecto y al cuadro normativo, regulatorio y legal respectivo. Sin embargo, este último se encuentra atomizado y fragmentado, lo que puede apreciarse en la cantidad de instrumentos asociados a diferentes actores”, explica Felipe Ossio. 

De hecho, para el caso específico de los RCD existen más de 20 tipos de normativas dependientes de diferentes organismos públicos. Según el estudio, lo anterior dificultaría su conocimiento y aplicación, dejando al Estado una capacidad limitada de fiscalización en materias sanitarias y ambientales, algo que agudiza el problema. En efecto, el 60% de las empresas constructoras en Chile declara no conocer leyes, reglamentos, normativas ni manuales sobre gestión de residuos. 

El equipo interdisciplinario de la UC se propuso contribuir proponiendo una política pública que lleve a las municipalidades a ser un agente de cambio y aportar al cumplimiento reglamentario ante las instituciones de nivel regional y nacional. Al mismo tiempo, su trabajo apuntó a elevar los estándares ambientales y permitir así una construcción centrada en el medio ambiente que responda a los desafíos que hoy exige la humanidad.

Disparidad normativa

El estudio reveló que los municipios en Chile presentan un dispar nivel de exigencias en materia de gestión de RCD, desde la nula consideración hasta una serie de normativas no necesariamente bien enfocadas. “Pero, principalmente, pudimos identificar comunas generadoras y receptoras de RCD. Las primeras se caracterizan por generar una alta proporción de los residuos a nivel de su región y no poseen sitios de disposición legal de residuos. Por su parte, las receptoras no producen una gran proporción de RCD a nivel regional y, en general, son comunas que poseen sitios de disposición final legal en su jurisdicción y/o deben hacer frente a sitios de disposición ilegal como micro basurales o vertederos ilegales”, detalla Ossio.

Luego de que el estudio reconociera dos tipos de comunas: generadoras y receptoras de RCD, los investigadores establecieron recomendaciones de acción que, si bien son vinculadas a un tipo de comuna, no son excluyentes para las otras. Asimismo, hicieron sugerencias generales que toda comuna, independiente de si es generadora o receptora de RCD, debería adoptar. “Estas 15 propuestas tienen por objetivo avanzar en la minimización de la generación de RCD y la disminución de sus impactos socioambientales, basados en los principios de la justicia ambiental (Hervé, 2010) y siguiendo la jerarquía de manejo de los residuos”, acota el profesor de la Escuela de Construcción Civil de la UC.

De este modo, las propuestas para las comunas generadoras se asociarán a los primeros eslabones de esta jerarquía, es decir, se centrarán en reducir la generación de RCD en origen y fomentar la valorización de los RCD mediante su reutilización, recuperación o aprovechamiento para otras aplicaciones. Mientras que las propuestas asociadas a las comunas receptoras buscarán asegurar el correcto destino de los residuos no valorizados que son llevados a un botadero.

Y es que, según la investigación, las municipalidades son actores clave dentro de la cadena de instituciones encargadas, tanto en la definición de reglas para la adecuada disposición de RCD como en la supervisión de su cumplimiento en el territorio comunal.

El estudio puede ser descargado desde AQUÍ.

Fotografía gentileza Plataforma Industria Circular + Viconsa.

Con una circular dirigida a todos los Directores de Obras Municipales (DOM) de Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó sobre las facilidades y flexibilización -como la postergación y suspensión de algunos trámites- para la construcción de viviendas, en el marco de la situación que se vive a raíz del Covid-19.

“El estado de Catástrofe decretado en el país debido a la emergencia sanitaria, producto de una situación de caso fortuito, nos permite al Minvu tomar algunas definiciones con el fin de garantizar la continuidad del servicio público, resguardando la vida y salud de las personas”, señaló el Ministro Cristián Monckeberg.

El titular de Vivienda explicó que “habrá prórrogas en plazos cuando algún DOM, justificadamente, no pueda dar esa continuidad al trabajo. También se suspenden plazos en casos como para corregir observaciones a anteproyectos, otorgamiento de permisos de construcción o de la modificación de un proyecto y la vigencia de estos”.

Monckeberg agregó que “además solicitamos a los DOM que puedan reforzar o implementar algunos trámites por vía electrónica. La idea es facilitar las cosas y ayudar a quienes más lo necesitan, sobre todo ante esta emergencia sanitaria. En el Minvu y el Gobierno redoblaremos esfuerzos para salir de esta situación y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

Fuente: EMBConstruccion.cl