En el marco del convenio de colaboración entre los ministerios de Energía, Obras Públicas y el IC, se desarrolló un completo análisis para el edificio del Centro Día del Adulto Mayor de Punta Arenas. El trabajo realizado por EBP Chile, como equipo consultor, permitió medir la huella de carbono en el ciclo completo, lo cual representa un hito fundamental en el camino hacia Net Zero Carbono.
En el marco del convenio de colaboración entre los ministerios de Energía, Obras Públicas y el Instituto de la Construcción, entidad administradora de CES, se desarrolló un completo análisis para el edificio del Centro Día del Adulto Mayor de Punta Arenas.
El estudio contribuyó con el levantamiento de los sistemas de cálculo de huella de carbono en la construcción y también realizar la evaluación de la intensidad de carbono incorporado y operacional, lo que permite contar con información real y cuantificable, señala Margarita Cordaro.
En una primera etapa, se revisaron las metodologías de cálculo, concluyendo que la más apropiada es la metodología RICS, que es inglesa”, detalla José Antonio Espinoza, asesor CES y Jefe de proyecto del equipo consultor de EBP.
Con dicha metodología seleccionada, analizaron etapas del ciclo de vida de la edificación, tales como la de producción de material, el transporte de materia prima y el fin de ciclo de vida, es decir, la disposición. “Hubo que tener presente que el proyecto estaba ubicado en Punta Arenas, por lo cual evaluar el transporte era fundamental”, explica el arquitecto.
Se revisaron plataformas y herramientas de cálculo para poder seleccionar la que se utilizaría para el desarrollo del estudio. Se consideraron Athena (Canadá), GaBi (Alemania), Rukaru (Chile), Tally (EE.UU), EC3 (EE.UU), ABACO (Chile) y One Click LCA (Finlandia), seleccionándose esta última.
En el escenario base se obtuvo un resultado de 1.467 toneladas de CO2 equivalentes. “Hicimos un estudio de sensibilidad donde fuimos modificando ciertas cosas, agregamos energía renovable, modificamos la ubicación del edificio y, finalmente, tomamos el edificio como si fuese Net Zero con bombas de calor geotérmicas y paneles fotovoltaicos. Hubo una reducción de 57% de la huella del edificio al pasar a 635 toneladas de CO2 en el ciclo de vida”, comenta Espinoza.
Para el asesor CES, José Antonio Espinoza, el beneficio de reducir los consumos energéticos al máximo (nivel de “energía neta cero”), implica un carbono operacional prácticamente nulo, ya que sólo se contabilizan las emisiones producidas por refrigerantes, sin tener que aumentar mayormente el carbono incorporado del proyecto.
Por último, la disposición de materiales a una distancia menor a mil kilómetros, jugó un papel clave en la reducción del carbono incorporado del edificio. Luego, de todo el trabajo en el Centro Día del Adulto Mayor de Punta Arenas, el especialista cree que Chile puede llegar a estándares muy cercanos a los de Inglaterra, donde la medida es de 800 toneladas de CO2 equivalentes. “Tenemos el potencial de mejorar si trabajamos en edificios de energía neta cero. Aunque aún nos faltan estudios para ver las diferencias que existen entre Punta Arenas y Arica”, concluye Antonio Espinoza.
Importancia del estudio
El objetivo general del convenio consistió en “aportar a la ampliación del alcance y a la mejora del modelo técnico de la CES, en cuanto ésta permite evaluar, calificar y certificar el comportamiento ambiental de edificios en Chile y así fomentar su uso en distintos tipos de edificaciones”, señala Bárbara Rodríguez, de la Unidad Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía. A su juicio, “este objetivo es complementario con lo que señalará la futura Ley de Eficiencia Energética respecto a la calificación energética de la edificación de uso público, comercial y oficinas nueva y uno de los objetivos específicos de este convenio apunta a ‘crear una etiqueta informativa que permita mostrar los resultados de eficiencia energética certificados por CES’”.
Por ello, Rodríguez comenta que durante el año 2021 y teniendo presente los nuevos desafíos que impondrá la futura Ley de Eficiencia Energética a la edificación nueva, en conjunto con el equipo técnico de la Unidad Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles, “se trabajó en reformular las actividades del objetivo específico antes mencionado, de manera tal que el nivel de profundidad al desarrollo de la etiqueta, pero también a profundizar en los temas de edificación cero emisiones netas. Desde esta perspectiva, para nosotros este convenio fue un éxito, puesto que permitió sentar las bases de una definición cero emisiones en nuestro país”.
En este contexto, la vicepresidenta del Comité Directivo CES y jefa del Departamento de Construcción Sustentable de la División Edificación Pública de la DA, Margarita Cordaro, destaca la relevancia de poder contar con edificios en operación que reúnen las condiciones para aplicar un proyecto piloto, como fue el caso del Centro Día Adulto Mayor de Punta Arenas. “Es importante destacar que esta medición de huella de carbono se realiza sobre un proyecto de diseño y obra, que obtuvo Premio CES año 2019, alcanzando el nivel de Certificación Destacada y que tiene un tiempo de operación del orden de cuatro años por la institución mandante”, afirma.
Y es que la eficiencia, aplicación y validación es parte del compromiso de la DA para cumplir -a través de la gestión de proyectos- con exigencias nacionales e internacionales. El Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura al Cambio Climático (MOP-Ministerio del Medio Ambiente) y el aporte para postular la cartera a los bonos verdes soberanos (MOP-Ministerio de Hacienda), que se realiza sobre las emisiones en operación, fueron significativos en este sentido. “Es relevante posicionar el valor que tiene la gestión de certificación CES, en la calidad de los edificios públicos y de uso público y, por lo tanto, debemos fortalecer el proceso de medición, evaluación y su constante difusión y mejoramiento”, sostiene la vicepresidenta del comité directivo de CES.
En ese sentido, el trabajo integrado entre el Ministerio de Energía, la Dirección de Arquitectura del MOP y CES, administrada por el Instituto de la Construcción, para estudiar y evaluar la intensidad de carbono incorporado y operacional en un edificio de uso público con alcance desde la cuna a la tumba fue de suma importancia.
“El convenio nos permite seguir avanzando en el desarrollo sustentable de la edificación pública y el cumplimiento de los compromisos internacionales de medio ambiente, que ha adquirido el país. En lo interno, se requiere avanzar en futuros procesos de medición de huella de carbono, que para establecer una línea base de distintas edificaciones en zonas climáticas variadas en Chile”, argumenta la arquitecta.
Los resultados de este estudio están disponible en la sección Documentos del sitio web de CES: https://certificacionsustentable.cl/documentos/?dir=77
Fuente: CES
Desde el inicio de la Revolución Industrial la humanidad ha estado dominada por un sistema económico absolutamente lineal: producir, consumir y desechar. No es necesario detenerse a explicar el impacto que este modelo ha tenido en nuestro medio ambiente. Son tan graves que según un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU nuestro planeta va a alcanzar el decisivo límite de 1,5 ℃ por encima de la temperatura de la época preindustrial en el año 2030.
Es por eso por lo que urge cambiar la economía lineal por una circular y el desafío es trabajar con una visión de largo plazo que permita generar un modelo que vaya más allá del reciclaje y en el que las empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño se hagan cargo adecuadamente de sus residuos, valorizarlos y dándoles una nueva vida o uso.
Todos lo sabemos, pero muchos olvidamos que vivimos en un planeta de recursos finitos y cada día somos más humanos con un modelo de vida que es imposible sustentar, el principal pilar de la economía circular es la regeneración. Sus acciones buscan restaurar el equilibrio que necesita el ecosistema para que nuestra especia pueda prosperar en armonía con la naturaleza.
Ya entrando en materia, en la construcción es habitual la recuperación de los despuntes de acero para reciclarlos y fabricar acero nuevo. Pero no sólo los despuntes de acero son residuos en una obra, también hay madera, hormigón, plásticos y vidrios, entre otros. En el mundo, la construcción es responsable del 35% de los residuos sólidos.
“Actualmente los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), son un gran problema en el mundo, y en Chile generamos mucho más. Por ejemplo, en un país desarrollado la construcción de un edificio habitacional genera 0,14 metros cúbicos (m3) de residuos por cada metro cuadrado (1m2) construido. En cambio, en nuestro país, para ese mismo edificio generamos 0,26 m3 por m2, casi el doble”, explica Felipe Ossio, académico de la Escuela de Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile y vicepresidente del SubComité de Economía Circular del Instituto de la Construcción (IC).
“En una primera etapa en Chile hemos abordado la economía circular en la construcción a través del concepto de gestión de residuos. Tanto públicos como privados han dado pasos fundamentales y con grandes resultados en esa línea, pero es indispensable transitar a modelos circulares que incluyan las etapas de gestión y diseño. Primero, hay que tener claro que los materiales y componentes deben mantenerse circulando en la tecnósfera (ciclos técnicos) y biosfera (ciclos biológicos) por el mayor tiempo posible con la mayor calidad posible; debemos privilegiar uniones físicas antes que químicas que permitan el desmontaje, adaptación, recuperación y mantenimiento de estos”, señala Anamaría De León arquitecta y consultora en economía circular, miembro del SubComité de Economía Circular del IC.
Y agrega que “en la etapa de diseño arquitectónico y de materiales se define entre el 60% y 80% de la sostenibilidad de una obra o producto. El diseño para la deconstrucción, diseño para la reversibilidad, banco de materiales, modulación y estandarización reversibles y diseñar por capas, son algunas de las estrategias que podemos activar en etapas tempranas de un proyecto.”
Para enfrentar este problema, el programa Construye2025, impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción, elaboró una Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción, que se lleva a cabo en conjunto con los ministerios de Vivienda, Medio Ambiente y Obras Públicas.
El objetivo es lograr un país que gestiona sus recursos en forma eficiente, por lo cual trabajan en cinco ejes estratégicos: el ordenamiento y planificación sustentable del territorio; la coordinación y articulación pública; la cadena de valor sustentable y circular; la necesidad de desarrollar y fortalecer plataformas de datos que entreguen información para el diseño de políticas públicas y creación de nuevos mercados en torno a la economía circular en construcción; y la remediación ambiental de los resultados de la extracción de áridos y disposición inadecuada de los RCD.
La iniciativa busca generar una industria más productiva disminuyendo en un 20% los costos de producción; aumentar en un 20% las edificaciones sustentables y disminuir en un 30% las emisiones de CO2 al 2030.
La coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 a cargo de la iniciativa, Alejandra Tapia, señala que la economía circular busca optimizar los recursos mejorando la sustentabilidad, productividad y competitividad de las empresas, así como también impulsar la innovación para la creación de modelos de negocios y servicios que disminuyan la extracción de recursos, constituyendo una oportunidad para ampliar la base de la economía del país.
Así, no sólo tenemos una industria más sustentable, sino que también la economía circular ayuda a generar nuevos empleos que la OIT los cataloga como “empleos verdes” y los califica de la siguiente manera: “Empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o a la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética”. Más aún hace hincapié en que estos empleos verdes permiten: aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas; limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; minimizar los residuos y la contaminación; proteger y restaurar los ecosistemas; y contribuir a la adaptación al cambio climático.
Desde hace más de un año, el Instituto de la Construcción articula, junto a un gran número de reparticiones gubernamentales, universidades, oficinas de ingenieros y arquitectos, además de empresas privadas y organismos que las representan, como el Instituto Chileno del Acero y la Corporación de Desarrollo Tecnológico; el Subcomité de Economía Circular, que está trabajando para promover y aplicar en la construcción este modelo, cuyos beneficios son claros y muy palpables. Además de la disminución en el uso de la energía, lo que permite reducir la huella de carbono en la construcción, está el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pues permite contar con ciudades más sustentables y pensadas en beneficio de la sociedad.
Este es un tema muy relevante, pues el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) estimó que en 2050 el 90% de la población latinoamericana vivirá en ciudades, es decir alrededor de 570 millones de personas. Si somos conscientes y trabajamos en beneficio de ellas, muchas de estas personas podrán disfrutar de un medioambiente más sano y una mejor calidad de vida para mediados de este siglo.
Fuente: Instituto de la Construcción
A juicio de la exvicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción, hoy se vive una crisis bastante importante, lo que exige soluciones más desafiantes y dejar de hacer lo que hemos venido haciendo por años.
En el 14º Congreso Anual de AICE, la abogada por la Universidad de Chile y Master of London School of Economics and Political Science, expuso el tema “De la Competencia a la Colaboración: el cambio que se viene en Proyectos de Construcción”, en la que se refirió al estado actual de las relaciones contractuales en la industria y la importancia de hacer un cambio de paradigma en los profesionales que integran el sector, de manera de prevenir el surgimiento de controversias y mejorar los niveles de productividad.
Con más de 20 años de experiencia en Derecho de la Construcción en Chile y otros países de Latinoamérica, Radovic es especialista en manejo de conflictos para contratos de ingeniería y construcción y árbitra del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, Dispute Board de la Cámara de Comercio de Lima, Mediadora, representante en Chile de la Dispute Resolution Board Foundation y fundadora y exvicepresidenta de la Sociedad Chilena de Derecho de la Construcción.
Desde una de sus visitas como Dispute Board a varios proyectos en Perú, la profesional conversó con AICE y profundizó en los temas presentados.
¿Cuál es la visión de cambio necesaria para el sector construcción?
No solo en Latinoamérica, sino que también en el mundo, los resultados de los proyectos están en franco detrimento y, en el fondo, la idea más básica de todo esto es tomar conciencia que si seguimos aproximándonos en la gestión de los proyectos con una mirada transaccional, competitiva y cortoplacista, no vamos a tener mejores resultados, porque eso ya lo probamos y no está dando los resultados que daba, a lo mejor, hace 50 años atrás.
Y esto tiene que ver con un cambio del escenario en el cual se desarrollan los proyectos: un escenario país mucho más complejo, más incierto, más dinámico, más intrincado, donde ya no nos podemos dar el lujo de competir entre las dos partes de un proyecto. Al parecer, la solución que nos permitiría avanzar es hacer un cambio cultural en el que las dos partes aprendan a ser más asertivas y honestas y aprendan a trabajar de manera mancomunada para resolver los muchos obstáculos que los proyectos van presentando a lo largo de su ejecución, en vez de competir en cada una de las decisiones para ganar yo y perder tú.
Esto habla de productividad con sostenibilidad.
Exacto, en este caso, uno también podría mirarlo como una forma de sostenibilidad, pero en este caso sería la sostenibilidad de los vínculos comerciales del sector de la construcción. Quizás hoy puedo ganarte en algún aspecto específico de este contrato, pero lo más probable es que te pierda como contratista o bien, la próxima vez que trabajemos juntos quieras resarcirte por el abuso que cometí, entonces eso va detrimentando el mercado y las posibilidades de mejorar resultados en proyectos futuros. Entonces, al ser relaciones de largo plazo, las tenemos que construir y aprender a cuidar.
¿Esta visión con los proveedores y contratistas es posible extenderla a la relación con las comunidades de cada proyecto?
Este es un paradigma que debiera afectar las relaciones de las partes de un proyecto con todos los stakeholders de los proyectos y uno de ellos es la comunidad. Al menos la actitud debe ser de escucha, de diálogo y de cooperación, en la medida que las posiciones de los distintos actores puedan ser trascendidas y podamos mirar los intereses de cada uno para encontrar puntos de intersección entre todos y crear soluciones que permitan satisfacer la mayor cantidad de intereses, siempre teniendo presente los objetivos del proyecto, que son el marco en el que deben centrarse las soluciones.
¿Es un cambio cultural el que se necesita?
Esto surge hace muchos años atrás en el sector de la construcción de países más desarrollados y acá está llegando recién como una tendencia. Entonces uno puede partir por la cultura, pero en Latinoamérica es difícil, porque aún tenemos una cultura en la que impera la competencia y la falta de transparencia. Por ello, lo que podemos hacer es empezar a conocer herramientas que en los países desarrollados utilizan desde hace varios años y a partir de esas mejores prácticas, ir cambiando la cultura. Se trata de estándares contractuales, mecanismos de gestión de conflictos, procedimientos y metodologías que han dado muy buenos resultados, tanto para preservar las relaciones contractuales como para obtener mejores niveles de productividad en los proyectos.
Se habla poco de los marcos contractuales en Chile.
En Chile todavía estamos muy en pañales en el tema del conocimiento y uso de estándares contractuales internacionales. Para poder avanzar en Chile, es clave que los profesionales, ingenieros y abogados de la industria de la construcción tengan acceso a estas herramientas, que las conozcan y aprendan a aplicarlas. A nivel internacional, existen varios estándares contractuales como FIDIC, NEC, FAC-1, que han dado mucho mejores resultados que las fórmulas tradicionales que usamos en Chile y que han sido diseñadas por ingenieros especialistas a la medida de este tipo de proyectos y que están dando buenos resultados, porque permiten trazabilidad, predictibilidad, confianza entre las partes y mejores rendimientos.
Sector público: normativa atrasada
¿Qué pasa con el Estado en las relaciones contractuales?
Han empeorado por dos factores, porque cuando hablamos de contrataciones del Estado y de obras públicas, estamos hablando de satisfacer necesidades públicas; es decir, acá hay un cliente final, que son las personas, que muchas veces son los que pagan el precio de los conflictos entre las partes, que se producen en construcción en obra pública. Y en segundo lugar, también relacionado con lo mismo, porque los fondos que se usan para construir estos proyectos son fondos de todos los chilenos y, por tanto, existe un nivel de exigencia mayor en su utilización. Como si esto no fuera poco, existe un tercer factor, que es el actual marco normativo del sector público para realizar contrataciones del Estado que, en el caso de Chile, es extremadamente anacrónico y rígido. Estas normativas requieren urgentemente ser modificadas y reemplazadas por una regulación más acorde a la realidad actual. Por ejemplo, para expresamente permitir que el Estado utilice estándares contractuales internacionales, que hoy es absolutamente imposible con la Ley de Concesiones y el Reglamento de Obras Públicas.
¿Y se está haciendo algo para cambiar esa situación?
Sé de algunos actores de la construcción que se especializan en obra pública, que están trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción en esto, pero a un paso bastante lento y a nivel más bien doctrinario. Mientras la autoridad no tenga conciencia del problema, no lo entienda y, por tanto, no lo priorice, a través del Ministerio de Obras Públicas, esto no va a avanzar.
¿Cuáles serían las mejoras que deberían hacerse para mejorar los marcos contractuales?
El marco regulatorio hay que modificarlo sí o sí, y en ese contexto, lo ideal sería una norma que expresamente permitiera al Estado utilizar en sus contrataciones de obras, estándares internacionales de contratación, con enfoques más flexibles y más colaborativos, de todas maneras menos autoritarios. Lo bueno que tienen esos estándares contractuales es que han sido probados durante muchos años en el mundo, con buenos resultados, mejores que los que tenemos en Chile, en términos de productividad, tanto en plazos como en calidad de las obras, y en costos, pero además, incluyen los mecanismos de gestión de conflictos entre las partes, que previenen llegar a un arbitraje o a un litigio, por lo tanto, pueden generar un importante ahorro para el Estado chileno, que hoy se están produciendo en los contratos de construcción de obra pública en Chile.
Además de que el costo implementación de estos contratos, versus sus beneficios económicos que traen aparejados, son bajos. Se puede ir haciendo de manera gradual o para ciertos proyectos de infraestructura pública que sean especialmente críticos e importantes para Chile.
Hablamos de ahorros en tiempo e inversión.
Claro, ahorros en plazos, para poder llegar con las obras no tan atrasadas como hoy, también de mayores costos que hoy se generan en la ejecución de los proyectos y, además, costos que se generan en los litigios a los que dan lugar los contratos de obra pública hoy.
También esto apunta a la relación entre privados.
Claro, pero la situación en el caso del Estado y privados es más grave.
Enfoques contractuales más colaborativos
En este contexto, ¿cómo ves la situación de la profesión de los ingenieros estructurales hoy y cómo es posible que estos profesionales se protejan?
Es súper importante esta pregunta, porque, de alguna manera, los enfoques más colaborativos de los que hemos estado hablando, integran a todos los actores de un proyecto, juntos, desde el inicio. En este caso, por ejemplo, el ingeniero calculista participa desde el inicio junto con el mandante y el contratista, y es parte de las decisiones más importante del proyecto, no como ahora que las decisiones se van tomando de manera fragmentada y secuencial. Cuando usamos enfoques contractuales más colaborativos, todos los actores, incluso los subcontratistas, se reúnen desde el inicio y actúan mancomunadamente como un equipo que está alineado hacia los mismos objetivos.
En ese sentido, ¿los ingenieros estructurales tienen que transitar hacia un trabajo más colaborativo?
Así es, pero es un trabajo colaborativo donde cada profesional se debe ver a sí mismo como un elemento interconectado con los demás.
Para esto, la tecnología es clave, porque con el uso de medios tecnológicos podemos llevar esa colaboración a la realidad con mayor eficiencia, no solamente usando BIM, por ejemplo, sino que otras plataformas que permiten ese trabajo colaborativo a distancia de manera eficiente, porque son muchos los actores y mucha la información que hay que manejar.
¿Qué mensaje le envías a los socios de AICE?
Los invito a reflexionar e investigar sobre estos temas, porque quizás no suenan como que fuera un tema muy técnico, pero, al menos mi experiencia fuera de Chile, participando en proyectos de construcción de gran envergadura, donde se ha utilizado enfoques contractuales colaborativos, es diametralmente opuesto a lo que se da en Chile. Entonces, si soy un profesional de la ingeniería que quiero obtener buenos resultados y, además, una experiencia positiva, porque con los enfoques competitivos que estamos usando hoy nadie lo pasa bien, el trabajo es muy estresante y los resultados son más bien pobres, yo los invitaría a investigar, a informarse y a tratar de encontrar experiencias concretas y reales, como por ejemplo, la implementación de las obras para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú, donde se utilizaron contratos NEC 3 y los resultados fueron muy satisfactorios.
Espero que de a poco que no solamente los ingenieros, sino que los profesionales que trabajan en proyectos de construcción en Chile nos interesemos por estos estándares y empecemos a empujar los cambios necesarios para que el sector de la construcción vuelva a ser un aporte clave para la economía en Chile.
Fuente: AICE
En enero del 2021 se aprobó la Ley de Eficiencia Energética que obliga a las inmobiliarias, constructoras y a proyectos de vivienda pública, a usar la Calificación Energética de Vivienda (CEV) y deja consignado un plazo de 4 años para que se desarrolle y entre en operación la Calificación Energética de Edificios de Uso Público (CEEUP).
Esta ley establece la obligatoriedad de etiquetado energético de viviendas a partir del año 2023 y de edificios de uso público, comercial y oficinas a partir del año 2025.
En este sentido, el Instituto de la Construcción (IC) ha liderado el desarrollo de los estudios que permitirán la creación de ésta última calificación de edificios, coordinada e integrada a la Certificación Edificio Sustentable (CES), a través de un trabajo colaborativo en base a un comité técnico conformado por profesionales de los ministerios de Vivienda, Energía y Obras Públicas.
Yoselin Rozas, profesional de la Unidad Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, señala que “la colaboración del IC junto a los ministerios en este tipo de estudios permite una mirada que integra los ámbitos público y privado, además de la colaboración con la academia, consultores, y actores relacionados”.
Paola Molina, presidenta del Comité de Economía Circular del IC y presidenta del Directorio de la Certificación CES, señala que la Certificación CES -administrada por el IC- considera dentro de sus variados requerimientos, la demanda de energía, por lo que se vuelve muy necesario el desarrollo de una Calificación Energética de Edificios de Uso Público que permita estandarizar y visibilizar en el sector, la demanda energética de dichos edificios.
”En el proceso de formulación de la CEEUP, ha sido relevante la colaboración desde CES porque ha sido posible traspasar la experiencia y conocimientos de los edificios de uso público adquirida durante los años de funcionamiento, y de esta manera se han incorporado algunas de las condiciones base para la evaluación de edificios, tales como cargas internas, ocupación, desagregación por tipo de uso, entre otras”.
Por otra parte, la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y administrada por CTeC, contribuye a la labor que desarrolla la Calificación Energética de Vivienda (CEV), fomentando este sistema como herramienta de evaluación de los aspectos de eficiencia energética de las viviendas en Chile.
Allan Ubilla, coordinador de proyectos de CTeC, señala que la CEV, además de ser por sí sola una herramienta de evaluación energética de viviendas, es el único instrumento de evaluación de los requerimientos de confort térmico pasivo y de reducción de demanda térmica de la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), los cuales, a su vez, son requerimientos obligatorios para acceder a cualquiera de los 3 niveles de certificación que ofrece la CVS. Y esto aplica para las 3 macrozonas que diferencia el sistema CVS.
“Hasta ahora esta calificación es voluntaria, pero con la nueva Ley de Eficiencia Energética ya promulgada y que entrará en vigencia prontamente, se hace obligatorio que las edificaciones, incluyendo viviendas, cuenten con una calificación energética y su etiquetado para obtener la recepción final, por lo que las empresas tendrán prontamente la obligación de calificar sus proyectos”.
Certificaciones nacionales
Las Certificación Edificio Sustentable CES y la Certificación de Vivienda Sustentable CVS incluyen varios aspectos para su análisis como energía, agua, confort, residuos, etc., y las calificaciones energéticas CEV y la futura CEEUP, se enfocan específicamente en el requerimiento de energía y las emisiones que este genera, de manera más detallada, sirviendo para validar este punto con mayor precisión en las certificaciones antes mencionadas.
“Hoy tenemos que estar orgullosos con las herramientas que se han y están levantando en nuestro país, porque están adaptadas a los requerimientos locales y permiten disponer de los recursos necesarios para avanzar en la industria de manera asertiva y pertinente a todos los desafíos que hoy se le plantean para el sector tanto a nivel nacional como mundial. El hacerlo oportunamente, permite una máxima eficiencia y costo, además de una óptima calidad de vida para los usuarios finales”, indica Paola Molina.
Yoselin Rozas, señala que “la Calificación Energética de Viviendas y Edificios formará parte de ambas certificaciones, permitiendo acreditar el ítem de energía, es decir, cuando un mandante decide certificar un proyecto, como parte del proceso de certificación obtendrá también la calificación energética. De esta manera, la contribución de CES y CVS a la calificación es directa”.
“Hay varios beneficios para los usuarios finales de viviendas calificadas y/o certificadas. Primero, al fomentar mejoras en las viviendas en pos de la eficiencia energética a través de la CEV y CVS, el confort térmico al interior debería mejorar ostensiblemente en comparación con una vivienda con los estándares mínimos que establece la OGUC. Asimismo, los gastos operacionales de los usuarios, posiblemente, se verán reducidos por requerir menos energía para calefacción y enfriamiento. Por otro lado, hay algunos instrumentos crediticios para aquellos proyectos que tengan CEV o CVS, lo que ayuda a la ciudadanía a acceder a proyectos más eficientes y sustentables”, agrega Allan Ubilla.
Desafíos
Paola Molina, presidenta del Comité de Economía Circular del IC y presidenta del Directorio de CES, señala que el principal desafío hoy es levantar los estándares mínimos de la Calificación Energética de Vivienda, ya que la letra menor de acuerdo con nuestra actual reglamentación térmica para viviendas es la E, la cual es bastante deficiente en términos de lograr una calidad ambiental térmica interior.
“Con la esperada pronta actualización de la Reglamentación Térmica, este estándar debiese subir a la letra C y D como mínimo, lo que implica lograr estándares valorados internacionalmente que permitan una adecuada calidad térmica del ambiente interior para todas las personas, lo que tiene un gran impacto positivo en el ámbito social y ambiental”.
Sin embargo, también es importante que todo el sector releve esta herramienta de manera oportuna para hacer las adaptaciones necesarias y lograr los mejores resultados. “Tratar de asimilar esto a presión y contra el tiempo, puede conducir a malos resultados, que perjudiquen a inmobiliarias, constructoras, usuarios finales y al país”, agrega Paola Molina.
Allan Ubilla, coordinador de proyectos de CTeC, comenta que este año 2022 se comenzará a trabajar en conjunto con el Minvu para extender la CVS a viviendas existentes y, “más adelante, esperamos también integrar la certificación de la etapa operacional de las viviendas. Si bien se trata de una certificación nueva, a la fecha ya cuenta con 105 proyectos registrados correspondientes a 17 mil unidades de vivienda con una cobertura en 11 regiones; 4 proyectos precertificados y 2 certificados.
Por su parte, en CES también se encuentran trabajando en la versión de edificios existentes y en sumar la versión de CES Aeropuertos a las ya existentes.
Finalmente, Yoselin Rozas comenta que la implementación de la Calificación Energética de Edificaciones tiene importantes desafíos para su masificación “entre ellos, el fortalecimiento de las herramientas que permitirán su correcta implementación una vez que sea obligatoria; la educación y difusión a consumidores y actores relacionados; la gestión de los datos para el cumplimiento de los compromisos internacionales; y un punto que nos parece muy relevante es el reconocimiento a nivel nacional de la Calificación Energética de Edificaciones como un referente de herramienta de medición de la eficiencia energética de las edificaciones”.
Fuente: Instituto de la Construcción
Por Carlos Guzmán, Director General de Obras Públicas
La experiencia internacional muestra que existe un gran volumen de residuos valorizables que pueden volver a ser usados como insumos para la construcción. En Chile, las tasas de reciclaje de RCD no superan el 4%. Es por eso que le damos la importancia a este tipo de medidas, que a través de la demanda son capaces de impulsar el cambio hacia una economía circular en la construcción, a partir de licitaciones y proyectos de edificación e infraestructura que incorporan inversión pública.
El Plan de Gestión de Residuos en Obra del Ministerio se alinea con los objetivos que se establecen en la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035. Esto es un puntapié inicial para la implementación de los compromisos que como Ministerio tenemos establecidos y que la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) ha impulsado fuertemente. Si bien, su implementación es un proceso paulatino, esperamos que para el 2022 el 100% de los contratos nuevos estén implementados.
En sintonía con lo anterior, en este Ministerio continuamos generando estrategias público-privadas para avanzar en aquellos lineamientos; destacando recientemente la firma como Dirección General de Obras Públicas en el Acuerdo de Producción Limpia (APL) hacia la Economía Circular en la Construcción con la Región de Valparaíso. Aquí nuestro objetivo es impulsar un enfoque de economía circular en la gestión de los residuos entre los distintos actores de la cadena de valor del sector construcción en la región, en donde como MOP estamos presentes.
La reutilización de material que actualmente se desecha es un desafío que nos permite avanzar en un trabajo colaborativo con nuestros compromisos ministeriales de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035, donde se busca fomentar y promover la gestión sustentable de los residuos.
Es por esto que tenemos el gran desafío de incorporar material reciclado y reutilizado como insumo para la construcción de obras públicas, tarea en la que ya hemos avanzado con pruebas y estudios para así poder usar nuevos materiales que hasta hace unos años eran considerados desechos. Esto es posible con tecnologías de reciclaje de materiales en terreno, que logran reducir la necesidad de transportar áridos de otros sectores y así disminuir la huella de carbono.
Como Ministerio nuestro compromiso es impulsar obras más sustentables que permitan, no sólo mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, sino también proteger y preservar el medioambiente en el que viven.
Por Ricardo Flores, gerente de Desarrollo de Idiem.
Mucho antes de la pandemia, durante el 2015, a partir de los programas estratégicos impulsados por Corfo, un equipo de profesionales de la construcción trabajó en la denominada “Hoja de Ruta del Programa de Productividad y Construcción Sustentable”, que el 2016 pasó a llamarse Construye2025. La elaboración de ese ambicioso plan contempló múltiples sesiones de trabajo y presentaciones respecto del estado del arte de iniciativas en el mundo, dentro de esas presentaciones el equipo de ITeC presentó las ventajas y beneficios de METABASE en España. Como siempre, el desafío es la priorización y por ello la Hoja de Ruta enfocó esfuerzo en elementos habilitadores.
Hoy el contexto es diferente, lo avanzado por Planbim, las iniciativas de DOM en Línea, los esfuerzos en economía circular y el desarrollo de la industria aumentan la factibilidad de una iniciativa como METABASE que a partir de la estandarización de datos y procesos, permiten de forma simple aumentar la productividad del sector, facilitando la comparación y análisis de proyectos, además de incluir herramientas potentes como calculadoras de impacto ambiental, todo sumado a la simplicidad de entornos OPEN BIM.
¿Qué es Metabase?
METABASE es la integración metodológica de BBDD y software, en un entorno estandarizado de datos y procesos, permitiendo el crecimiento escalado, con herramientas de verificación y actualización de información. Los elementos integrantes de METABASE son BEDEC (base de datos), TCQ (software de uso) y BIM (a través de plataformas de OpenBIM).
El conjunto de herramientas permite acceder a herramientas modulares dentro de las cuales se mencionan:
La implementación de METABASE en Chile, sumando la experiencia de ITeC y las capacidades de IDIEM
La implementación de METABASE en Chile, sumando la experiencia de ITeC y las capacidades de IDIEM, permitiría disponer de una metodología de gestión de proyectos de construcción que estandarice los parámetros básicos de definición, de acuerdo con criterios homogéneos de planificación, costos, calidad, índices de productividad, que puedan ser extendidos a los distintos agentes intervinientes en el proceso de diseño y construcción de edificios e infraestructuras. La metodología, inspirada en la de TCQ (Tiempos, Costos y Calidad), se podría adaptar a la singularidad de los modelos de gestión de Chile. Las bases de datos, se adaptarían a las características propias de Chile en cuanto a: materiales, soluciones constructivas, mano de obra, rendimientos, normativa, y precios. Así mismo, se podrían evaluar las diferencias debidas a las distintas zonas geográficas.
¿Qué es ITeC?
ITeC es una fundación privada sin ánimo de lucro. Con representación de los principales agentes de la construcción: públicos y privados. Es una organización neutral, independiente, transversal, pluridisciplinar. Puedes conocer más de ITeC en https://itec.es/
Prototipo de Metabase Chile (ITeC + IDIEM)
Recientemente finalizó un concurso de innovación del MOP, denominado “Precios Unitarios de Obra”, en que se demostraron las funcionalidades de METABASE en un prototipo aplicado en Chile, a través del trabajo conjunto de ITeC e IDIEM. Para ello se seleccionó un proyecto ejecutado por el MOP (Rutas del Loa) y se construyó una BBDD (BEDEC Chile) replicando la estructura del modelo Español.
El prototipo permitió revisar en detalle las funcionalidades de TCQ (software que permite hacer consultas y análisis al presupuesto) y además, a través de aplicaciones de OPEN BIM se logró coordinar todo en un modelo digital de fácil análisis, consulta y visualización. Permitiendo interactuar con el proyecto y revisar en línea los impactos de las modificaciones en valor y comparar las propuestas de los oferentes. De esta forma se observaron los beneficios que tiene METABASE en las etapas de:
El trabajo conjunto de instituciones como MOP, ITeC e IDIEM, permitió validar que es posible adaptar el modelo español y los aprendizajes de 30 años de uso en dicho país. Se observaron de forma tangible los beneficios de la estandarización de datos y procesos, en pos de la creación de activos digitales. Además de, capturar los beneficios de integrar BIM en el análisis de presupuestos.
La mayor complejidad estuvo en el levantamiento de la información y por ello se considera que iniciativas como esta deben tener respaldo de instituciones públicas.
Con 74,5 puntos, el edificio que beneficiará a miles de personas de la Región
del Maule acaba de certificarse. Su diseño integrado, aislación acústica,
iluminación, cuidada selección de materiales y hasta su manejo de residuos, lo
destacan.
Construido por OHL con la asesoría de B-Green, el Hospital de Curicó se impone en la Región del Maule con más de 109 mil m2 construidos, lo que multiplica por casi cinco veces la superficie del recinto anterior que atendía a parte importante de la población en la Región del Maule. El edificio de alta complejidad hospitalaria acaba de obtener una certificación CES sobresaliente, nada menos que con 74,5 puntos.
Bajo el mandato de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas del Maule y el Servicio de Salud Maule, este hospital tendrá 400 camas de hospitalización, 54 de ellas para la atención de pacientes críticos. Además, contará con sillones de diálisis, 9 box de emergencia, 12 pabellones, 5 salas de parto, 16 salas de procedimientos, 800 estacionamientos y un helipuerto disponible para traslados de alta complejidad.
Con siete pisos de altura y dos niveles subterráneos, esta moderna infraestructura no solo cuenta con un alto grado de autonomía energética, sino que, además, es totalmente amigable con el entorno. Éste fue el resultado del trabajo mancomunado de un gran equipo multidisciplinario, tal como relatan sus protagonistas.
“En el proceso de ejecución de obra estaban considerados los parámetros con los cuales se establecen los requerimientos de eficiencia energética como envolvente térmica, fachada ventilada, iluminación, ahorro de agua, paisajismo, aislación acústica, etc. Velamos por cumplir todo lo establecido, durante todo el proceso de ejecución de obra. Además, nos preocupamos de la certificación de los materiales a utilizar y su trazabilidad”, explica Juan Pablo Sepúlveda, jefe de Calidad del Hospital Provincial de Curicó en OHL.
En este sentido, el especialista de la empresa constructora comenta que la preocupación por la certificación incluso alcanzó a los materiales y su trazabilidad. “El manejo de residuos de la obra también estaba asociado a CES. Se consideró cuánto se podía reutilizar en obra. No fue solo un cumplimiento llevado a cabo de manera documental, fue de la mano de la ejecución en terreno. Velamos por cumplir con la tipología de materiales descritos y la ejecución de acuerdo al diseño de eficiencia energética”, detalla Sepúlveda.
Tope de línea
Para el arquitecto Javier Durán, socio de B-Green Chile, entidad encargada de la asesoría CES, en este proyecto se reúnen todas las buenas prácticas de un edificio sustentable. “Los términos de referencia exigían contar con esta certificación y este proyecto consigue el máximo puntaje en instalaciones y energía gracias a que el edificio combina reducciones de puentes térmicos, mejoramiento de la envolvente, sistemas altamente eficientes, iluminación de alta calidad. Desde el inicio suponía estar en el tope de línea de los requerimientos”, comenta.
Aunque no se trata del primer edificio certificado por B-Green, la obra cobra relevancia debido a las particularidades de la metodología CES Hospitales, que permite incluir estrategias pasivas de ahorro energético. “Estamos súper contentos. Este proyecto es muy significativo. Aunque no es el primero que certificamos fue sobresaliente. Cuando partimos desarrollando este proyecto, el sistema CES sólo cubría los sistemas más convencionales. Comenzamos con la versión borrador y para el equipo fue complejo traducir estos requerimientos sin errar ni perder puntos en el proceso. Felizmente, el manual final resultó con una evaluación bastante favorable”, explica Javier Durán.
Debido a las condiciones en que debía desarrollarse el proyecto y a su alto nivel de exigencia, parecía que técnicamente el trabajo se hacía cuesta arriba. Sin embargo, avanzar en equipo lo hizo todo más fácil. “La cantidad de gente que participó en el diseño, en la construcción, los cambios en los roles, te obligan a tener una metodología. Organizar todo es una labor que a medida que aumenta la complejidad es más engorrosa. Pero, el diseño integrado exige el cruce entre especialidades y la discusión de los aspectos sustentables y de eficiencia energética”, recuerda el arquitecto socio de B-Green.
Y es que la arquitectura se desarrollaba en Santiago, el proyecto y la obra se ejecutaba en Curicó y gran parte de las especialidades radicaba en España. Por eso, el esfuerzo de todo el equipo fue enorme. “Tal vez los aspectos de eficiencia energética son invisibles para los usuarios, pero para ellos las condiciones ambientales son muy relevantes. Esto se ha cuidado muchísimo y se ha intentado generar un buen óptimo entre esas variables: la selección de materiales para tener una mínima o cero contaminantes en el interior, la selección de colores que busca mejorar la experiencia de los usuarios”, detalla Javier Durán.
En la categoría Certificado, la Piscina Temperada de Talca obtuvo el primer lugar; mientras que como Precertificado, fue reconocido el proyecto Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho de Temuco.
En un país altamente vulnerable al cambio climático, que requiere incorporar estrategias de sustentabilidad en sus edificaciones, la Certificación Edificio Sustentable (CES) reconoce anualmente a edificios que las han incorporado, de modo de poner en valor las mejores prácticas sustentables y el esfuerzo de certificarlas.
Este jueves 9 de septiembre, se realizó la ceremonia de la tercera versión del Premio CES 2021, donde fueron reconocidas las edificaciones con mejores puntajes en las categorías Certificado y Precertificado.
“Nos llena de orgullo contar con más de 400 proyectos trabajando con CES de los cuales 74 se encuentran certificados, 238 precertificados y el resto en proceso de asesoría. CES, además de ser un reconocimiento al esfuerzo y logro obtenido por cada equipo en cada proyecto, acredita el aporte a mejorar la calidad de vida de las personas en sus ambientes de trabajo, atención, servicios, deporte, esparcimiento y estudio, donde pasan gran parte del día, impactando positivamente en nuestra sociedad”, comentó la presidenta de CES, Paola Molina.
Este año, el primer lugar se quedó en la Región del Maule, donde la Piscina Temperada de Talca, mandatada por el Gobierno Regional y el Instituto Nacional del Deporte, logró un aumento significativo del confort térmico pasivo, una reducción de las demandas de energía para climatización e iluminación superior al 29% y una reducción del consumo de agua de más del 49%.
“La eficiencia energética de CES se nota en el comportamiento interior de los edificios, en el confort. No sientes ni frío ni calor, es un confort muy especial. Si vas a la piscina lo vas a sentir”, afirmó el director regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas Maule, Ervin Castillo.
El edificio -que cuenta con más de 1.900 metros cuadrados de superficie construida total- obtuvo 70 puntos de un total de 100 durante 2020, lo que le permitió alcanzar el nivel de Certificación Sobresaliente. “La certificación CES ha sido un tremendo paso en la calidad, el confort y la eficiencia de muchos proyectos. Nos pone muy contentos ser parte de esta misión, porque las nuevas generaciones tienen que vivir en edificaciones que no impacten en el planeta”, comentó José Antonio Espinoza, arquitecto de EBP Chile, entidad evaluadora CES.
Cambio climático
Durante la ceremonia de premiación, la presidenta del Colegio de Arquitectos, Jadille Baza, valoró el aporte de la certificación en la búsqueda de estándares de sustentabilidad en todas las edificaciones de uso público y el papel que cumplen los arquitectos en el proceso, incorporando las estrategias de sustentabilidad en los diseños. “Del registro de asesores CES más del 80% son arquitectos o arquitectas y en el caso de las evaluadoras CES el porcentaje llega a 70%. Esas cifras nos llenan de orgullo, pero también nos entregan una responsabilidad enorme. Celebramos a quienes se han acreditado y a quienes no lo han hecho, nos gustaría incentivarlos porque solo así podremos lograr edificios viables para los próximos 50 años”, señaló.
Según Jadille Baza, el cambio climático nos obliga -desde este momento y a 2030- a tener estándares que cumplan con lo necesario para poder mitigarlo. “En esa dirección, CES es una herramienta importantísima. Como Colegio de Arquitectos seguiremos comprometidos en visibilizar la certificación que refleja parte de la bella y compleja identidad climática y geográfica de nuestro país”, dijo.
En tanto, Gabriel Prudencio, jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, ratificó el compromiso de seguir colaborando con la certificación CES y poder levantar edificaciones sostenibles en Chile, ya que son en estas donde las personas pasan la mayor parte de su vida.
El segundo lugar en la categoría Certificado se lo llevó la Escuela Los Troncos de Teodoro Schmidt, Región de La Araucanía, un proyecto de 360 m2, que destacó por su envolvente y diseño pasivo capaz de soportar los requerimientos climáticos del lugar. En tanto, el tercer puesto, lo obtuvo la Subcomisaría de Nonguén, ubicada en la Región del Biobío, logró que un 89% de la superficie tuviera condiciones para funcionar solo con iluminación natural.
Los mejores precertificados
El primer lugar en la categoría Precertificado, con 75 puntos, fue para la Sala Cuna y Jardín Infantil Pinocho de Temuco, proyecto mandatado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). “Los educadores y los niños van a poder realizar sus actividades en espacios de óptima calidad ambiental interior, es decir, con alto estándar de luz natural, confort térmico, acústico y calidad del aire”, explicó Rodrigo Escobar, asesor CES de Serrago Consultores.
Para el arquitecto Fabián Morales, de Arquiferreira, el trabajo coordinado en este proyecto fue fundamental. “Sin las indicaciones de nuestro asesor en eficiencia energética y sin la relación tanto de la arquitectura como del resto de las especialidades no se logra llevar a cabo un proyecto que sea coordinado, que sea eficiente y que cumpla con todos los requisitos del sistema de precertificación CES”, afirmó.
Según Juan Pablo Orlandini, director regional de Junji Araucanía, contar con un espacio certificado a nivel sustentable, permite no solo asegurar que los niños asistan a establecimientos libres de contaminación, sino que, además, les brinda un confort térmico y ambiental acorde a sus necesidades y, desde, la educación inicial les ayuda a generar conciencia respecto del cuidado del medioambiente.
El segundo lugar en Precertificación se lo adjudicó el Centro Limnológico Araucanía de la Dirección General de Aguas; mientras que el tercer premio CES en esta categoría se lo llevó la Escuela Manzanar de Lumaco en la misma región.
La lista con los ganadores está disponible AQUÍ.
Los integrantes del Comité Consultivo Público: MMA, MOP, Minvu, Corfo y Construye2025, se han preocupado especialmente de avanzar colaborativamente, para lograr las metas trazadas que buscan convertir a la construcción en una economía circular.
Tanto en el mundo público como en el mundo privado, la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 ha sido bien acogida. Cuando los servicios públicos demandaban una guía para mejorar la sustentabilidad de las obras y adoptar rutas hacia la circularidad, el sector privado respondió con la elaboración de una Estrategia de Construcción Circular 2025, a corto plazo que trazó los ejes y acciones de la Hoja de Ruta.
“Nuestra ministra ha mostrado gran entusiasmo con el desafío de la circularidad para el sector construcción y derivado de ello ha sostenido un activo apoyo al desarrollo de las gestiones y avances, a través de la participación en todas las actividades a las que le hemos convocado, junto con un respaldo a las acciones intersectoriales”, comenta Rubén González, encargado de RCD en la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente.
En este ámbito, los temas referidos al avance en la circularidad para el sector construcción como acciones en la Hoja de Ruta Nacional para un Chile Sin Basura al 2040, acción que permite reforzar desde el instrumento rector de mayor escala en la materia las definiciones de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035.
“Además de la agenda multisectorial en la que se trabaja colaborativamente con otros ministerios desde el nivel central, ya sea en el marco del convenio interministerial de construcción sustentable, como en mesas bilaterales o multilaterales con servicios como MDSF, Minvu, MOP, Minsal, Subdere; a nivel regional se participa activamente en los Consejos Regionales de Construcción Sostenible, los Corecs, en las que se ha priorizado materias de economía circular y RCD, en la mayoría de las regiones del país”, añade González.
Además, el especialista del Ministerio del Medio Ambiente, hace hincapié en que las Secretarías de Residuos (SER) se han preocupado de posicionar la temática y de promover instancias de planificación regional, esto es la bajada de las guías de la hoja de ruta, así como de los lineamientos de nuevas áreas metropolitanas. “Asimismo, se ha prestado apoyo para circularizar proyectos emblemáticos en algunas regiones como el proyecto de master plan para el Morro de Arica”, indica.
Trabajo colaborativo
En materia de articulación gremial del sector privado, el Ministerio del Medio Ambiente participa activamente del APL actualmente en el desarrollo en la Región de Valparaíso para una economía circular en construcción. “Se ha impulsado la articulación con municipios, y convocado al sector privado, y mundo académico a sumarse a los desafíos de la hoja de ruta”, comenta el encargado de RCD en la Oficina de Economía Circular.
Igualmente, destaca la iniciativa de formar una alianza para crear una academia e industria circular. Para ello, se formalizarán convenios de cooperación con Sofofa y con distintas universidades e institutos técnicos, para impulsar una agenda común tanto con la industria como con las unidades de investigación y desarrollo en el mundo académico.
Desde el punto de vista normativo, el MMA ha participado activamente en la elaboración de la NCh3562 “Gestión de residuos — Residuos de construcción y demolición (RCD) – Clasificación y directrices para el plan de gestión” y ha encargado al INN el desarrollo de una nueva norma técnica en el ámbito de las demoliciones, que por primera vez incorpora lineamientos para procesos de deconstrucción y un manejo ambientalmente racional de residuos en demoliciones.
Asimismo, en el aspecto regulatorio la Oficina de Economía Circular ha propuesto en las instancias ministeriales la elaboración de ajustes al DS40, que esclarecen y facilitan la tramitación de proyectos de valorización de RCD en el SEIA; ha participado en la elaboración del Reglamento sanitario para el manejo de los residuos de la construcción y demolición – RCD, en conjunto con los demás ministerios del consejo consultivo, y Construye2025, que recientemente fue sometido a consulta pública, y ha avanzado en la definición y articulación con Minsal, para definir una reglamentación con foco en economía circular, que complementará, desde el punto de vista ambiental y sanitario, a la reglamentación existente y en curso.
En materia de fortalecimiento del capital humano para la valorización de RCD, el ministerio se encuentra levantado financiamiento privado, en alianza con Construye2025, para el desarrollo de un proyecto de certificación de competencias laborales para los actores en la cadena de valorización de RCD, el que será prontamente comunicado toda vez que se postule, así mismo se encuentra activamente buscando financiamiento en el sector retail para abordar el desarrollo de competencias laborales en materia de economía circular en el sector relacionado al diseño industrial y de BTL.
Plan de gestión
Por su parte, para el Ministerio de Obras Públicas, el primer gran avance para este fue la elaboración de un Plan de Gestión de RCD homologado para todas las obras MOP, el cual se instruyó en diciembre de 2020 para implementar paulatinamente en nuevas obras MOP a partir de enero 2021. “Este plan de gestión, además de ser una herramienta para conocer de manera sistematizada los residuos que generan nuestras obras, nos permitirá en el corto plazo conocer datos respecto de los residuos generados por cada tipo de obras ejecutadas por este ministerio, conociendo la trazabilidad y destino final de estos”, señala el director general de Obras Públicas, Carlos Guzmán.
Lo anterior, según la autoridad del MOP, será información relevante para futuras metas de reducción, reutilización e incluso de generación de nuevos mercados de productos derivados de los residuos generados.
La mirada al futuro
Uno de los desafíos es el desarrollo de un plan de acción ministerial en materia de economía circular y sustentabilidad en construcción, que vaya más allá de la Oficina de Economía Circular y que permita definir una agenda propia. Esto implica impulsar una agenda regulatoria y legislativa para incorporar la economía circular en el quehacer cotidiano de la construcción pública y privada desde una arista centrada en el control del riesgo ambiental de los residuos, la reducción de estos, las garantías de ecodiseño, durabilidad y reciclabilidad de componentes y partes constructivas, y de maximizar los beneficios ambientales de los proyectos.
Otro de los desafíos, en lo relativo a la implementación de medidas, constituye el desarrollo de una infraestructura para la calidad en torno a la economía circular del sector construcción; lo que implica nuevos desarrollos de normas técnicas, sobre todo, en lo referido a la definición de estándares para distintas aplicaciones de material valorizado, respecto la composición de materiales para facilitar la valorización, para el desarrollo de partes, piezas y componentes constructivos reutilizables, reversibles, durables (entre otras características); pero también la elaboración de sistemas de auditoría, acreditación, certificación de productos, servicios, procesos y personas, sistemas de inspección y evaluación de conformidad, la implementación de capacidades de ensayo, laboratorios, y sistemas de muestreo. Con este objetivo, el MMA está evaluando el desarrollo de un convenio con INN, para abordar estas materias.
Complementariamente y dado el desafío financiero y de recursos humanos que significa avanzar en todas estas materias, se trabaja actualmente en la elaboración de un proyecto para conseguir financiamiento de organizaciones multilaterales, sobre el que podremos contar más adelante.
Para Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Sustentabilidad y Cambio Climático del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), los avances desde su cartera han sido de preparación y, teniendo como horizonte el próximo año, lo sintetiza así.
En tanto, el director general de Obras Públicas, Carlos Guzmán, plantea el desafío de crear incentivos en las licitaciones de obras, para que los contratistas cuenten con criterios sustentables como, por ejemplo, reutilización de material, cálculo de huella de carbono, compromisos con la comunidad, certificaciones, etc. Esto lo resume en los siguientes compromisos futuros: avanzar en la eliminación de barreras en la regulación y normativas que impidan la valorización, reciclaje de residuos, RCD, y la producción de materias primas secundarias para productos de la construcción; incentivar compras públicas y licitaciones de proyectos de infraestructura y edificación, que traicionen el desarrollo de la economía circular en construcción; promover las ventajas y oportunidades de una prevención y gestión sustentable de los RCD en obra y, en consecuencia, las mejoras en productividad, seguridad.
Además, Guzmán, hace hincapié en otros dos retos: participar activamente en procesos que generen herramientas, políticas públicas, iniciativas y acciones que fomenten mercados circulares en construcción, que incluyan criterios de economía circular en la evaluación de la inversión pública y permitan contar con información para mercados circulares; y, finalmente, coordinar entre los distintos servicios, el uso de material RCD.
“A partir del liderazgo y visión del programa Construye 2025, como país estamos siendo pioneros en materia de economía circular en el sector construcción a nivel latinoamericano. La hoja de ruta recientemente lanzada promueve a cambiar el paradigma de los residuos de la construcción y demolición (RCD) hacia la sustentabilidad”, complementa Elizabeth Zapata, directora de Desarrollo Tecnológico de Corfo.
La ejecutiva también comenta que a través de la convocatoria “Reto de Innovación: Economía circular en el sector construcción” buscan conectar a la industria de la construcción con el ecosistema de emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico, para que este pueda aportar en la generación de soluciones tecnológicas innovadoras que disminuyan la pérdida de recursos y las externalidades negativas, en ámbitos tales como nuevos materiales, uso eficiente de recursos o gestión de residuos. “Esperamos que los proyectos ganadores representen un impulso relevante para promover la circularidad en el sector, acorde a las brechas y desafíos plasmados en la hoja de ruta”, sostiene.
En tanto, ha sido “fundamental el rol de articulador y coordinador que tiene el programa para avanzar y lograr las metas propuestas en la ambiciosa hoja de ruta”, destaca la coordinadora de Sustentabilidad Alejandra Tapia. En las temáticas lideradas por Construye2025, destaca el proyecto “Portafolio de Modelos de Negocio en Economía Circular en Construcción”, cuyo objetivo es disponer información a emprendedores e innovadores para implementar nuevos negocios, y por otra parte, desde el punto de vista regulatorio, pronto se dará inicio a la consultoría “Propuesta para un marco regulatorio integrado y fomento a la valorización de los residuos de la construcción y demolición, RCD”, cuyo propósito es contribuir a acelerar los cambios en el marco regulatorio y fomento, que se requieren para implementar actividades productivas relacionadas a la valorización de residuos de construcción y demolición, entregando una orientación a los distintos servicios públicos.
Fotos gentileza Constructora Viconsa, Joaquín Cuevas.
Con el Estudio 1, desarrollado el segundo semestre de 2020 por un equipo de la Universidad del Biobío, se avanzó en el estado del arte, propuestas de tipologías y de edificios de referencia, considerando las certificaciones y calificaciones ya existentes en el país.
Dos años después del Convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Energía, la Dirección de Arquitectura del MOP, el Instituto de la Construcción como Administradora de la Certificación Edificio Sustentable, se comienzan a ver los primeros frutos en esta línea de trabajo.
Entre 2019 y 2020, este convenio tuvo alcance en seis iniciativas: crear los Archivos climáticos (disponibles aquí); Actualización de CES (Manual CES 1.1, CES Edificios Existentes y nueva plataforma web); Monitoreo de edificios certificados; el Estudio 1 de Calificación energética de edificios de uso público; Huella de carbono (documentos disponibles aquí) y Lineamientos CES Net Zero.
Gracias a los buenos resultados de esta primera etapa, se decidió ampliar el trabajo durante 2021, para desarrollar acciones como el Monitoreo de edificios certificados; el Estudio 2 de Calificación energética de edificios de uso público, y en Huella de carbono, un piloto en edificio gestionado por la DA-MOP y certificado con CES.
La Ley de Eficiencia Energética establece, entre otras cosas, la obligatoriedad la Calificación Energética de Viviendas en dos años más y la Calificación Energética de Edificios de Uso Público, Comerciales y Oficinas en cuatro años a partir de su promulgación.
Actualmente, está operando en forma voluntaria la Calificación Energética para Viviendas, pero la de Edificios de Uso Público, Comerciales y Oficinas no existe, por lo que este convenio se modificó para considerar dos estudios de base para el desarrollo de esta Calificación Energética, siempre teniendo en cuenta la experiencia y sincronía con las certificaciones de sustentabilidad existentes en el país (CVS y CES).
Dado que la certificación de edificios de uso público (CES) ya lleva cinco años de funcionamiento, “tenemos la experiencia desde el trabajo con edificios de uso público, comerciales y de oficina que se ha traspasado al desarrollo de la calificación energética para este tipo de edificación”, precisó Hernán Madrid, jefe de CES.
Por ello, hoy el foco está puesto en que el área de energía de la futura Calificación Energética de Edificios de Uso Público, Comerciales y Oficinas se encuentre en sincronía con los requerimientos de energía de CES en futura versión 2.
Particularmente, el Estudio 1, que se centró en el estado del arte, tipologías y edificios de referencia, se desarrolló durante el segundo semestre de 2020, con un equipo consultor y de trabajo de la Universidad del Biobío, en el que participaron profesionales internacionales, que transmitieron experiencias relevantes de Alemania, Australia, España, Japón y Estados Unidos. A ello se suma la activa participación en el Comité Técnico de profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, como lo establece la Ley de Eficiencia Energética será el encargado de administrar la futura Calificación.
Por su parte, Bárbara Rodríguez, profesional de la Unidad Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía y contraparte técnica del convenio de colaboración, detalló los alcances de los tres estudios. El primero, como se mencionó antes, enfocado en el estado del arte, tipologías representativas y características del edificio de referencia y prospección de la línea base. En tanto, el segundo, está centrado en la metodología de cálculo y diseño de la herramienta de cálculo, y también hay un tercer estudio, contemplado para 2022, que permitirá el desarrollo de escalas de la calificación energética y el diseño de la etiqueta, que ejecutará directamente Minvu.
“Los tres estudios son muy importantes, porque esta es la primera vez que tendremos la obligatoriedad de una calificación energética en nuestro país, y específicamente con respecto a la edificación de uso público, porque hoy no lo tenemos dentro de nuestra Ordenanza, dado que la obligatoriedad ahora en términos de reglamentación térmica, es para viviendas”, aseguró la profesional de la cartera de Energía.
La profesional también agregó que “mientras no tengamos la actualización de la reglamentación térmica, no vamos a ver requisitos para edificación de uso público”, por lo que están frente a un desafío grande, porque a diferencia de lo que sucede en el ámbito de la vivienda, existe gran diversidad de tipologías arquitectónicas y energéticas. “No solo estamos hablando de edificios de oficinas, comerciales desde el ámbito público, sino que también de hospitales, centros de salud, colegios, entre otros”, especificó Rodríguez.
Estudio 1
Dado que no es posible contar con 100 tipologías o más, fue necesario encontrar una forma de caracterizar el parque nacional de edificios de uso público, comerciales y de oficinas, de forma estratégica. Al mismo tiempo, llegar a la prospección de una línea base.
“Para nosotros es sumamente relevante poder establecer este sistema de calificación en el mercado que ya tenemos de certificaciones y calificaciones en el país. Tenemos una capacidad instalada de más de 10 años, con trabajo en distintos comités e iniciativas, tanto en el sector público como privado”, señaló la profesional del Ministerio de Energía.
Caracterizar energéticamente el parque de edificios nuevos, dado que la ley establece su obligatoriedad solamente para la edificación nueva, es otro de los aspectos que Rodríguez destacó. En ese sentido, se estableció lo mínimo que se tiene que solicitar para caracterizar a estos edificios.
“Se evaluaron los atributos de la mayoría de los sistemas existentes a nivel mundial, que en su mayoría son obligatorios, y hubo elementos muy relevantes, como que la mayoría se caracteriza por tipología de uso, en el caso de la edificación no residencial, donde también hay un principio de evaluación justo”, resumió Rodríguez.
Y algo que, a su juicio, es muy importante de considerar tiene que ver con la gestión de la información, dado que en la mayoría de estos sistemas internacionales, especialmente en el de Australia y Estados Unidos, hay un sistema central relacionado con registrar la información y utilizarla para generar conocimiento sobre el mercado. “Y en este estudio la evaluación de los atributos de estos dos sistemas, tanto el australiano como el estadounidense, eran los más robustos en ese aspecto”, precisó.
La gobernanza, por su parte, también es relevante, ya que existen ejemplos muy importantes, como los directorios de CVS y CES, que son muy determinantes para la mejora continua.
Autoridades del ministerio saludaron a los funcionarios que se dedican a proveer y conservar la edificación pública, para favorecer la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida en Chile.
El 25 de enero de 1875 nació la Oficina de Arquitectos Civiles, que luego pasó a ser la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. En sus 146 años, las principales autoridades del MOP, saludaron a sus más de 400 funcionarios que dedican su trabajo a la construcción de edificios públicos de alto estándar. La directora general de Obras Públicas, Mariana Concha, fue una de ellas: “Quiero darles las gracias porque nos acercan a la comunidad, porque hacen obras hermosas que tienen sentido para la gente”, dijo.
Lo mismo hicieron el director de Obras Hidráulicas, Claudio Darrigrandi; la directora nacional de Aeropuertos, Claudia Carvallo; el director nacional de Vialidad, Jaime Retamal; y algunas autoridades regionales que quisieron expresar su reconocimiento por la gran labor que realizan los funcionarios, tanto en la conservación como en la edificación de infraestructura pública.
Acá te dejamos el video.
Propuestas en economía circular, reforestación e inspección de obras podrán acceder a campos de prueba y apoyo del MOP para desarrollar sus prototipos.
En un entorno colaborativo, el Ministerio de Obras Públicas está convocando, por segunda vez en menos de seis meses, al ecosistema innovador del país para que presente propuestas en la construcción que hayan ideado nuevas soluciones para los desafíos que hoy enfrenta la industria. Los seleccionados podrán acceder a una serie de facilidades que les permitirán prototipar sus soluciones.
“En febrero, queremos presentar tres problemáticas. Una está relacionada con economía circular, que incluye, por ejemplo, reutilización de materiales de construcción, gestión de los desechos de la construcción, recuperación de espacios destinados a vertederos de desechos de construcción, etc. Todo eso lo estamos redactando y detallando para que el ecosistema los conozca y nos ofrezca soluciones”, explica el jefe de la Secretaría Ejecutiva de Innovación Tecnológica de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) del MOP, Reynaldo Cabezas.
Otra necesidad es la de reforestar los entornos de infraestructuras que hace el MOP, incluso en las laderas de los embalses o en un nudo vial, no sólo para hermosear sino porque se requiere hacer compensación de vegetación nativa reforestando. “No es sólo por un tema estético, sino además normativo”, señala el especialista en innovación.
Finalmente, para el MOP es relevante el reto de utilizar tecnología para hacer inspección de avance de obras de manera remota y lograr que con la información que se captura se optimicen los procesos del MOP. “Cuando lanzamos los desafíos lo que ofrecemos como ministerio es campos de prueba. A veces hay startup que no han podido probar su tecnología. En este proceso voluntario, el MOP colabora con los campos de prueba y los profesionales”, detalla Reynaldo Cabezas.
De esta manera, el MOP espera impulsar la innovación para hacer obras que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad. El llamado se realizará las primeras semanas de febrero, en los canales del ministerio.
Por: Pablo Ibáñez González, Departamento de Medio Ambiente y Territorio Dirección de Vialidad
La economía circular es un modelo de gestión que tiene por objetivo reducir tanto la utilización de materiales vírgenes, como la producción de desechos.
Artículo publicado en Revista Obras PúblicasN° 54 Octubre – Noviembre – Diciembre 2020
Introducción
El término “economía circular” se utilizó por primera vez por Pearce y Turner (1990), en su libro “Economics of Natural Resources and the Environment”, para describir un sistema cerrado de interacciones entre economía y medio ambiente.
En algunos países como Alemania y Japón, la interpretación de la economía circular está basada en el manejo de los residuos a través de la Reducción, Reutilización y Reciclaje (3R), pero usualmente el modelo va más allá de eso y se establece como la contraparte a la denominada economía lineal, donde el flujo de materiales relaciona recursos-producto-residuo.
De esta manera, el modelo aboga por utilizar la mayor parte posible de materiales biodegradables en la fabricación de bienes de consumo, los cuales son catalogados como “nutrientes biológicos” y cuyo fin es que estos materiales puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil.
Asimismo, para el caso que no sea posible utilizar materiales eco-amigables, la idea es utilizar “nutrientes técnicos”, vale decir, componentes que faciliten su reutilización o reciclaje, reincorporándolos al ciclo de producción o la elaboración de nuevos elementos.
En Chile, a partir de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, se profundiza la idea de desarrollo sustentable, elaborándose una serie de políticas públicas y regulaciones, dentro de las cuales se cuenta el D.S. N° 1/2013 MMA, que establece la economía circular es un modelo de gestión que tiene por objetivo reducir tanto la utilización de materiales vírgenes, como la producción de desechos. entre otros aspectos, el reporte de información y generación de residuos peligrosos y no peligrosos, la Ley 20.920/2016, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje y la Norma Chilena 3562/19 que establece la clasificación y la gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
Debe mencionarse que en estos se encuentra tramitando una modificación a la NCh 163 “Áridos para morteros y hormigones”, que incorporará los áridos reciclados. De esta manera, la legislación chilena ha ido incorporando nuevos aspectos a considerar en la producción de bienes y servicios y en el manejo de los residuos que se generan producto de la realización de éstos.
En sintonía con lo anterior, el Ministerio de Obras Públicas ha elaborado lineamientos y políticas específicas, tendientes a incorporar los principios de la economía circular en sus proyectos, dentro de los cuales destaca la Política de Sustentabilidad Ambiental del MOP (2016) y la participación en la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción, 2035”.
La Dirección de Vialidad no se encuentra ajena a este proceso y a partir del año 2017, se encuentra en un proceso de actualización del Vol. 9 del Manual de Carreteras que incorporará la sustentabilidad y establecerá criterios de economía circular en el desarrollo de las obras, ya sea como buenas prácticas o a través de requisitos normativos.
Uno de los lineamientos que se incorporará a la nueva versión del MCV9, corresponde a la “Reducción de Residuos”, para lo cual se contempla como primer paso, conocer cuáles serán los residuos que se generarán, sus cantidades y los sitios específicos dónde éstos se producirán, con el fin de aplicar medidas de minimización y gestión, determinando el costo de las mismas. Lo anterior tiene relación con la reducción en origen y es parte de la denominada “tecnología limpia”.
Adicionalmente, el MC solicitará implementar medidas de recuperación, reutilización y/o reciclaje, con lo cual se pretende lograr una reducción de los residuos y generar obras más amigables con el medio ambiente. Lo indicado en el Manual de Carreteras, se traducirá en requerimientos a los contratistas y se incluirá en las Bases de Licitación de las Obras.
Asimismo, se espera que a partir del año 2021, todas las obras MOP incorporen un Plan de Manejo para RCD, de acuerdo a la NCh 3562.
Insumos y Residuos en Proyectos Viales
Para la ejecución de un proyecto vial se requiere de una serie de insumos de construcción, los cuales dependerán de la tipología del proyecto. Los insumos directos, son fácilmente identificables a través del análisis de las partidas que conforman los requisitos y cubicaciones expuestas en las Bases de Licitación o en los proyectos de conservación.
Uno de los principales insumos de la construcción vial corresponde a los áridos, los cuales representan aproximadamente el 80% del hormigón y el 95% de los morteros y aglomerados asfálticos. En general en Chile, gran parte de los áridos utilizados para la construcción de obras viales, corresponden a áridos vírgenes, lo que implica la habilitación de pozos o extracción desde cursos de agua.
Otros insumos necesarios para la realización de proyectos viales, corresponden a imprimantes, asfalto, cemento, acero, estructuras prefabricadas, tubos de acero corrugado, HPDE, alambre, madera, pintura, señales, tachas, geotextil, etc.
Debe mencionarse que muchas veces, los materiales poseen embalajes, lo que determina la llegada a la obra de cartón, plumavit, poliestileno, madera, plástico, metal y otros tipos de envases. Por otro lado, dentro de los insumos necesarios para la ejecución de un proyecto, se cuentan todos los elementos propios del proceso constructivo, vale decir los materiales y elementos que permiten el funcionamiento de la maquinaria (aceite, petróleo, baterías, neumáticos, filtros, etc.) y el trabajo de operarios, administrativos y profesionales (comida, ropa de trabajo, EPP, agua, papel, etc.), los cuales también, en muchos casos, llegan con embalajes específicos.
Teniendo a la vista lo anterior, se entiende que se generarán excedentes de los insumos, además elementos de embalaje, que eventualmente pueden transformarse en Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
De acuerdo a la NCh 3562:2019, los RCD provienen de la construcción de nuevos proyectos, de la rehabilitación, reparación y reacondicionamiento de obras existentes, de los procesos de preparación de terrenos y de la demolición de obras que han perdido su valor de uso o demoliciones que se generan por situaciones de catástrofe. Para el caso de los proyectos viales, el listado de residuos dependerá del tipo de obra y de sus características, atendiendo además si se trata de un proyecto de construcción, ampliación, mejoramiento o conservación. En general, las partidas relacionadas con la remoción de elementos, tendrán como resultado una serie de residuos de los materiales específicos que componen dichos elementos (cercos, defensas, aceras, obras de arte, señalización, etc.).
Asimismo, otras partidas como despeje y limpieza de faja, la excavación de escarpe, remoción de material inadecuado, excavación TNC, excavación en roca, etc., tienen como resultado principal, materiales inertes naturales y rastrojos vegetales, entre otros. Adicionalmente a lo indicado, se encuentran todos aquellos residuos, que derivan del proceso de construcción mismo, vale decir embalajes, despuntes de madera y metal, basura doméstica, baterías, neumáticos, hormigón, aceites, telas, geotextiles, restos de asfalto, etc.
La clasificación y codificación de los residuos de construcción y demolición, puede observarse en el Anexo A de la Norma Chilena NCh3562. De acuerdo a dicha clasificación y a las características de los proyectos viales, puede visualizarse que muchos de estos residuos, son elementos que pueden ser revalorados con tecnologías disponibles y que no requieren demasiado trabajo para ello, siendo fundamental la selección y clasificación para su posterior recolección y uso.
Lineamientos para la implementación de la Economía Circular en la Dirección de Vialidad
Teniendo a la vista que la economía circular nace como una alternativa al sistema lineal de producción y se plantea como una forma de atacar los problemas de una manera económicamente viable, se reconoce que la aplicación de ésta, generará nuevas dinámicas sociales y técnicas, desarrollando una producción y consumo responsable. De esta manera el sistema conserva y optimiza el uso de los recursos utilizados en cada proceso y cada etapa de vida del material (Fundación Basura 2017).
De acuerdo a la Fundación Hellen MacArthur (citada en CORFO, 2020), existen tres principios en la Economía Circular.
Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural, controlando las existencias finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables.
Principio 2: Optimizar los rendimientos de los recursos, haciendo circular productos, componentes y materiales en uso con la mayor utilidad en todo momento, tanto en ciclos técnicos como biológicos.
Principio 3: Fomentar la efectividad del sistema al revelar y diseñar externalidades negativas, al agua, el aire, el suelo y la contaminación acústica, cambio climático, toxinas congestión, y efectos negativos para la salud relacionados con el uso de recursos.
Estos principios generales de la economía circular, pueden resumirse en dos grandes lineamientos tendientes a la incorporación de la economía circular en los proyectos de la Dirección de Vialidad.
1. Diseño ecoeficiente: Corresponde al diseño del proyecto propiamente tal, el cual puede incorporar desde su concepción, materias primas recicladas (pavimento, acero, neumáticos, etc.) además de trazados que minimicen la necesidad de áridos u otros elementos.
2. Gestión de Residuos: Conocer y cuantificar los insumos y residuos que generará un proyecto, permitiendo minimizar los insumos y embalajes o clasificarlos de manera efectiva, segregando los que pueden ser reutilizados en la obra y seleccionando los que pueden ser reciclados para otros usos.
Estos dos grandes lineamientos engloban una serie de actividades pre-constructivas (diseño) y constructivas, estableciendo aspectos a considerar en el desarrollo de éstas, lo que implica la incorporación de requisitos de sustentabilidad en las bases de concurso y bases de licitación de los contratos.
Debe mencionarse que el año 2020, se publicó la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción, 2035”, la cual establece una serie de Ejes Estratégicos, dentro de los cuales se cuenta el Eje 2, que pretende Fomentar en Licitaciones Públicas la Gestión Sustentable de los RCD con foco en Economía Circular en Construcción.
Específicamente dentro de las acciones de dicho eje estratégico se cuenta la acción 6, que promueve el “uso de áridos reciclados en obras viales rurales y urbanas, así como en infraestructura y edificación.” Cabe destacar que las técnicas de reciclaje de pavimentos (asfalto espumado, pavimentos con caucho reciclado y RAP), se encuentran incorporadas dentro del Manual de Carreteras desde los años 2002, 2015 y 2017, respectivamente, por lo que son técnicas validadas técnicamente en estos momentos.
De acuerdo a lo indicado, en la actualidad se encuentran los elementos necesarios, para comenzar un trabajo sistemático que permita desarrollar diseños más amigables y gestionar adecuadamente los residuos de las obras.
Esto permitirá realizar un esfuerzo guiado y coordinado, pasando desde los proyectos piloto y buenas prácticas, generadas hasta la fecha, a un trabajo sistemático, tendiente a generar proyectos más sustentables.
Ejemplo de Buenas Prácticas
A continuación se presentan algunos proyectos desarrollados por la Dirección de Vialidad, donde se han implementado medidas asociadas a Economía Circular. Si bien a la fecha el reciclaje de pavimento y embalajes, la reutilización de elementos en desuso y otras medidas propias de la economía circular, no forman parte aún de una política nacional de la Dirección de Vialidad que privilegie esta visión, en los siguientes ejemplos se demuestra cómo a través de diversas iniciativas (proyectos piloto, gestiones internas, proyectos de conservación e iniciativas de contratistas, entre otras), se han logrado implementar soluciones innovadoras, que han mejorado la gestión ambiental y disminuido la generación de RCD.
a) Reciclaje de Pavimento Diversas obras de la Dirección de Vialidad han efectuado reciclaje de pavimento (pavimento espumado, mejoramiento de base).
En la Región de Antofagasta el año 2011 se efectuó la reposición de la Ruta 5 entre los Km. 1.059 al 1.307, mediante reciclado del pavimento existente con asfalto espumado y una nueva carpeta de asfalto.
En la Región de Valparaíso, el año 2019 se reutilizaron materiales de los procesos de conservación de la Ruta 68, en la pavimentación de caminos secundarios. Otros proyectos de conservación donde se ha efectuado reciclaje de mezcla asfáltica y estabilización con asfalto espumado, son los siguientes:
● Conservación Camino Básico Ruta A-31 Km. 25 al Km. 47, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, 2020 (en desarrollo)
● Conservación Camino Básico Ruta A-31 Km. 47 al Km. 77, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota 2020 (en desarrollo)
Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-27, Sector San Miguel de Azapa Punta de Cabuza, por sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota (2018)
● Conservación de la Red Vial Comunal Ruta 90 por Sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O’Higgins. (2018)
● Conservación de la Red Vial Comunal Ruta I-62-G, Por Sectores Comuna de Litueche, Provincia de Cardenal Caro, Región de O’Higgins. (2018)
● Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca -Pica, Dm. 30,000 al Dm. 53,330, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. (2017)
Para el caso de mezclas asfálticas que incorporan RAP (pavimento de asfalto reciclado), se cuentan los siguientes proyectos asesorados por el LNV:
● Mantenimiento de Pavimentos Concesión Camino Santiago – Colina – Los Andes
● Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo: Avda. El Salto – Príncipe de Gales
● Concesión Sistema Oriente Poniente – Prolongación Costanera Norte, entre Puente La Dehesa y calle Padre Arteaga (Obra PLD-PA) – Etapa 2 del Programa Santiago Centro Oriente.
b) Uso de neumáticos en desuso (caucho) en Mezclas Asfálticas
En algunas obras de la Dirección de Vialidad se han incorporado tramos de prueba de 500 m, para observar el comportamiento de las mezclas asfálticas con caucho.
● Reposición RUTA G-184, sector el Noviciado, tramo Km. 0,007 al Km. 5,400 Comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
● Mejoramiento Ruta F-50, Lo Orozco Quilpué, Km 17.578 al Km 29.498, Región de Valparaíso
● Reposición Ruta E-46, Catapilco – La Laguna, Región de Valparaíso
c) Uso de barreras metálicas y prefabricadas de hormigón en desuso para la construcción de muros de contención
Esta iniciativa desarrollada por la Dirección de Vialidad de la Región de Valparaíso, consistió en evaluar los materiales en desuso y buscarle nuevas alternativas de uso, con lo cual pudieron efectuarse una serie de obras que redujeron significativamente los costos de inversión. De esta manera, las defensas camineras metálicas y de hormigón, fueron utilizadas para fines distintos a los originales, manteniendo un funcionamiento adecuado.
d) Reciclaje de Cartones (embalajes)
En el contrato “Diseño y Construcción Puente Chacao” actualmente en ejecución, el Contratista (Consorcio Puente Chacao) ha implementado un procedimiento de selección de los cartones de embalaje de diferentes materiales de construcción, de oficina y alimentos, con el fin de reducir la generación de residuos y sus efectos ambientales.
En este caso, los cartones son entregados a una empresa dedicada al reciclaje, que cuenta con resolución sanitaria y cuya misión es reducir la cantidad de residuos y reutilizar dichos materiales.
e) Reciclaje de acero
En la Región de Los Lagos, en el año 2007, durante la reposición del Puente Pilmaiquén, se efectuó la demolición del antiguo puente ferroviario, el cual incluyó el rescate de las enfierraduras y su posterior venta. Por su parte en el contrato “Diseño y Construcción Puente Chacao”, el contratista efectúa la recolección de los despuntes de acero, señales en mal estado, alambres, etc., los cuales son tratados como chatarra y ofrecidos a recicladores de la zona. Con esto se dinamiza la economía, se disminuyen los RCD y se obtienen beneficios económicos del manejo adecuado de los Residuos.
f) Alternativas Pavimentos en Estudios de Ingeniería Para los Estudios de Ingeniería que se refieren a reposición de pavimento y que no implican cambios de trazados importantes, en varios casos se ha efectuado un análisis de alternativas de pavimento que incluye el reciclado de éstos. Si bien esta medida, no se efectúa para todos los proyectos, en los casos donde se ha visto la posibilidad de realizar un rescate de los áridos o pavimentos, se ha solicitado a los consultores, efectuar los análisis respectivos.
Conclusiones
Actualmente, la Dirección de Vialidad se encuentra avanzando hacia la incorporación de la Economía Circular en sus obras, para lo cual ha implementado una serie de iniciativas, las cuales han tenido buenos resultados y han contribuido con un adecuado manejo ambiental. Buena parte de estas iniciativas provienen del mundo de la Conservación, lo cual ha permitido a esta área de vialidad, avanzar de manera más rápida que otras, implementando innovaciones tendientes al reciclaje de pavimentos y áridos.
Por otra parte, para el caso de los proyectos de construcción, los avances se han centrados en la realización de tramos piloto y en las condiciones operativas de la ejecución de las obras, vale decir en la reducción y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición.
De esta manera se establece, que si bien la Dirección de Vialidad ha avanzado en la incorporación de los conceptos de Economía Circular en sus proyectos, esto aún no se transforma en una política nacional que abarque la totalidad del ciclo de vida de los proyectos.
Se espera que con la nueva versión del MCV9 y Bases de Licitación, esta temática pueda transformarse en un esfuerzo sistemático, que asegure el adecuado manejo de los RCD y contribuya a la generación de proyectos más sustentables.
Esto permitirá favorecer la implementación de técnicas de reciclaje ya incluidas en las actuales versiones del MC, permitiendo su incorporación a las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos viales.
Fuente: Revista Obras Públicas
Jornada de trabajo encabezada por la directora general de Obras Públicas, Mariana Concha, repasó los nuevos modelos de negocio y los alcances de la recién lanzada “Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción”, de la cual el ministerio tuvo un importante rol.
Para introducir a los profesionales del Ministerio de Obras Públicas (MOP), sus distintas direcciones, en los conceptos de economía circular y avanzar en planes de acción para implementar la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción” y sus ejes, impulsada por Construye2025, se realizó el workshop “Introducción de la economía circular en obras MOP”.
La jornada de trabajo la abrió la directora general de Obras Públicas del MOP, Mariana Concha, quien destacó el lanzamiento de dicho documento, el cual presenta importantes desafíos para los gestores de la construcción, y, en general, a quienes participan del mundo de la infraestructura pública. “Si no avanzamos como entes públicos en la ‘economía circular’, difícilmente el sector privado va a poder hacerlo, por un tema de escala y de mercado. Nosotros tenemos que generar las redes logísticas y la tecnología a través de la demanda”, señaló.
En este ámbito, la autoridad del MOP, explicó que la demanda impulsará al sector privado a utilizar los servicios que se crean en torno a la economía circular de la construcción. “Nuestro foco final es que no hablemos de residuos, sino que de insumos intermedios”, afirmó.
Posteriormente, el académico de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Católica Felipe Ossio, compartió una serie de conceptos vinculados a la economía circular en construcción que, según dijo, se contrapone a los orígenes de la industria, cuya operación ha sido tradicionalmente lineal. Sin embargo, su visión apunta a nuevos modelos de negocio.
“Cuando construyen un colegio o un hospital no compran una grúa y la botan; la arriendan y el propietario quiere que esa grúa tenga todas sus mantenciones al día para tenerla el mayor tiempo posible. La economía circular tiende a los servicios y nuevos modelos de negocios, porque a ti no te interesa tener una ampolleta sino la iluminación”, explicó Ossio.
Incentivo en el sector público
Enseguida, la jefa de la Unidad de Gestión Ambiental de la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio (SEMAT), Evelyn Galdames, detalló los alcances de la “Hoja de ruta RCD y Economía Circular en Construcción y compromisos MOP”. “Como ministerio nos toca incentivar los mercados en los programas públicos, que fomenten el uso de materiales de origen valorizado. El país cuenta con plataformas de trazabilidad en materiales y residuos para la economía circular”, afirmó.
Enseguida, expuso la coordinadora de Construye2025, Alejandra Tapia, quien se refirió a la problemática lineal y los impactos RCD, pero también a la importancia de contar con un plan de gestión de residuos, que se traduce en generar un tratamiento, diseñar un proceso, clasificar por tipo, disponer, trazar y establecer responsabilidades. “En las obras hacemos pretratamiento, que tiene que ver con operaciones como la separación el desembalaje la compactación, empaque, trituración para reducir el volumen del residuo, lo que nos puede generar ahorros económicos”, señaló Alejandra Tapia, quien cerró su presentación con un didáctico video sobre las ineficiencias en obras.
Finalmente, el jefe del Departamento de Medio Ambiente de la Constructora Viconsa, Joaquín Cuevas, se refirió a la importancia de generar conciencia y trabajar en conjunto por la sustentabilidad. Enseguida, compartió su experiencia gestionando residuos en obra. “Sin el apoyo de la gerencia, de los dueños de la empresa esto no es posible. Las cabezas que dirigen los trabajos tienen que estar convencidas porque el paso que viene a continuación es aumentar la productividad. A mayor cantidad de residuos, menos productividad”, aseguró.
Al cierre del workshop, el secretario ejecutivo de Medio Ambiente y Territorio del MOP, Mauricio Lavín, recordó que el Ministerio de Obras Públicas es parte del ciclo en el que busca colaborar y agradeció tanto a los participantes como a quienes hicieron posible su realización. “Como ministerio tenemos un plan de gestión que vamos a incorporar en las licitaciones, basado siempre en la norma, donde se va a poder ver -en los contratos nuevos- la solicitud de un plan de gestión”, afirmó.
Miles de trabajos perdidos y suspendidos mantuvieron en vilo a quienes se desempeñan en la industria. Pero, la reciente autorización para que obras privadas de construcción puedan operar en zonas en cuarentena, abrió una luz de esperanza.
Más de seis mil puestos de trabajo perdidos y otros 16 mil suspendidos, solo en Concepción, es el balance que hace la presidenta regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Helen Martin. Por eso, reactivar la industria tomó carácter de urgencia en las empresas. “Las mujeres también han perdido una posición que había costado mucho ganar. La reactivación permitirá que todas las que perdieron su trabajo puedan recuperar sus empleos y tener una vida más estable desde el punto de vista económico”, señala.
Según la presidenta regional de la CChC, muchas empresas están complicadas desde hace más de un año, tras el estallido social. La productividad, dice, ha caído hasta en 40% y a ese impacto hay que sumar el incremento de los costos debido a la implementación de todos los protocolos COVID-19. “Hoy las empresas están sumamente debilitadas. Por cada empresa que se pierde toma mucho tiempo recuperarla. Así es que entre más rápido se echen a andar los proyectos mejores probabilidades tenemos”, añadió Helen Martin.
Igual de preocupado se mostró el representante de la CChC en el Consejo Directivo de Construye2025, Enrique Loeser. “Con la Cámara hemos intentado infructuosamente que la construcción fuera declarada actividad esencial, porque es demasiado importante para la actividad económica del país. Eso es lo que ha sucedido en otros países, especialmente europeos, donde se dieron cuenta que parar la construcción es una complicación grave para la cantidad de trabajadores que están involucrados, más las empresas, pequeñas empresas, subcontratistas, es una cadena muy grande”, dijo.
En este sentido, en la industria aseguran que activar la cadena de la construcción tendrá un gran efecto multiplicador, ya que ayudaría a mejorar los números de desempleo de forma inmediata. “Las medidas son urgentes, porque la construcción es un mundo muy grande con pymes que trabajan como los subcontratistas, cuya capacidad de aguantar no es indefinida, hoy en periodos de cuarentena salen a buscar trabajo en otros lugares porque necesitan llevar el pan a la casa, lo cual es más riesgoso”, apuntó Helen Martin.
La trazabilidad del COVID-19
Un protocolo muy estricto acordado entre los ministerios de Economía y Hacienda le ha puesto freno a los contagios en obra y las empresas están tomando todas las medidas para garantizar la salud de sus trabajadores. Todos aquellos que tuvieron contacto estrecho con una persona contagiada deben cumplir con la cuarentena preventiva. Asimismo, algunas empresas han dispuesto transporte propio para sus trabajadores, donde existen listas que muestran qué personas viajaron juntas en el mismo bus y, además, llevan un registro de todas las cuadrillas.
En tanto, desde la Dirección General de Obras Públicas, se piden reportes semanales, en los cuales se controlan todos los efectos COVID-19: cantidad de personas enfermas, número de personas que están en cuarentena, si la obra está o no en una zona con restricción, etc. Toda la masa crítica de trabajadores se mantiene controlada, así como el mapa completo de obras paralizadas o en reprogramación.
Según el jefe de la División de Edificación Pública de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Rodolfo Rojas, uno de los primeros indicadores que muestra si sube o baja la economía es el sector construcción. Esto porque es intensiva en mano de obra si se considera toda la cadena, que incluye a proveedores, transportistas y profesionales que prestan servicios, por ejemplo. “El MOP tiene una ley especial que se está tramitando, sobre reactivación económica y también estamos preocupados de ver el avance de las licitaciones, del monitoreo de los contratos, de la mano de obra de cada proyecto”, señaló.
Sin embargo, aún cuando se hagan todos los ajustes necesarios para reactivar al sector, el economista de la Comisión Nacional de Productividad, Esteban Rojas, cree que la productividad de la construcción está rezagada en comparación al resto de la economía. “Los plazos y costos nos muestran que, en promedio, en Chile hay mayores proyectos con sobre costo, versus el análisis internacional, y que los proyectos con retrasos, si bien son parecidos en cuanto a número, el porcentaje de retraso es mucho más alto en Chile que en la vivencia internacional”, argumentó.
En este ámbito, la investigación que lleva adelante la Comisión Nacional de Productividad, reveló que en más de 27.000 proyectos de infraestructura pública -desde 2009- las grandes obras tardan en promedio más de tres ciclos políticos en materializarse: los hospitales, las obras de riego, los puentes, y las grandes obras viales. Esto abriría un espacio de mejora, al menos, en la trazabilidad de los sistemas de información, para poder impulsar el desarrollo de este tipo de obras.
Pero también, el economista apunta a aspectos culturales y a que la industria es reacia al cambio, lo que dificulta la adopción de innovación y tecnología. A esto se suma el shock negativo de productividad en las empresas debido a los mayores costos de ajuste, a las nuevas condiciones del funcionamiento, en un régimen en que primará el distanciamiento social, al menos en lo que resta del año, según el economista de la Cámara Chilena de la Construcción, Byron Idrovo. “Esperamos que las expectativas de los empresarios tenderán a ser menos pesimistas, en la medida que se vayan disipando este escenario de incertidumbre”, agregó.
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