Crisis sociales, estrés por pérdida de empleo, la crisis del estallido social y la pandemia han evidenciado las dificultades en el acceso a la vivienda, cuya demanda ha crecido sostenidamente, llegando a marcar un déficit país de 700 mil hogares. Para dar solución a esta problemática, se congregó a un “Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad”.
Más de 30 representantes de universidades y centros de estudios, asociaciones gremiales, municipios, sociedad civil, fundaciones, dirigentes y consultores, del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, incluido el presidente de Construye2025, Pablo Ivelic, aportaron su mirada al “Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad”. Dicha instancia busca abordar en los próximos 60 días medidas concretas para enfrentar las urgencias en materia habitacional y urbana.
La mesa de trabajo estableció tres objetivos principales: generar un diálogo nacional por la vivienda y la ciudad; aplicar medidas concretas a corto plazo para favorecer el acceso a la vivienda y resolver el hacinamiento y los campamentos; y establecer una agenda de largo plazo para asegurar continuidad y sostenibilidad en el desarrollo de la vivienda y de la ciudad.
El objetivo del Ministerio de Vivienda fue trabajar colaborativamente para solucionar una problemática que requería de múltiples miradas. “Primero, la pandemia visibiliza y afecta la precariedad habitacional. Este aumento del déficit habitacional en el país en los últimos años obedece a un factor de migración vulnerable, también a la pérdida de empleos; segundo, la baja en los ingresos familiares también es un factor; y, la tercera parte, es el Estado, el ministerio. Las comunas donde más ha aumentado el déficit son aquellas donde al Estado le ha costado construir viviendas de interés social. Tiene que ver, en parte, con la poca gestión en la búsqueda de suelo”, explicó el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.
De ahí nació la instancia de diálogo, por acuerdo unánime en el Senado, como primer paso para fijar un plan de acción con medidas de corto y largo plazo que respondan a las necesidades de los 700 mil viviendas que hoy no tienen casa. “Se conformó un programa realista, que dio como fruto al menos 20 medidas principales. En esto, los municipios, especialmente, las direcciones de obra tienen una capacidad de ejecución que no tiene otra unidad. Algunas tenemos implementados sistemas para determinar rápidamente las demandas a partir de los datos del registro social de hogares e implementar soluciones que atiendan con rapidez el déficit de vivienda local”, explica Yuri Rodríguez, director de Obras Municipales de Casablanca.
Demanda vs oferta
Según el especialista, cada municipalidad debería determinar la tipología de demanda y el universo de demanda para tener claridad de hacia dónde ir. Asimismo, el arquitecto valora la participación del mundo académico en estas instancias e invita a las escuelas de arquitectura a extender la enseñanza sobre políticas públicas.
Quienes han podido aprovechar las ventajas de DOM en Línea cuentan con un sistema de información geográfico que permite tener a la vista un catastro que garantiza más de un 99% de asertividad, porcentaje que se compara con el de comunas cuyo catastro no llega ni al 60%. “Ir incorporando la tecnología nos ha permitido ir acortando las brechas. Cuando tenemos nuestro catastro actualizado, lo más probable que suceda es que haya justicia tributaria en las cargas de contribuciones que reciben las personas. La totalidad de la tramitación debe ser electrónica”, comenta Yuri Rodríguez.
En tanto, la gerente de la inmobiliaria social Techo de la Fundación Techo, Loreto Wahr, destaca la discusión en torno a cómo impulsar de mejor forma el parque de vivienda pública para renta, es decir, facilitar el acceso a la vivienda. “Se requiere una acción estatal para avanzar más decididamente. Es lo que me ha parecido más relevante, que existan concursos para hacer más competitivas y de mejor calidad las soluciones de proyectos habitacionales. Tenemos que ver también cómo hacemos para que el Estado tenga más terrenos públicos para poder ofrecer soluciones; generar incentivos para facilitar el acceso a la vivienda y al financiamiento para los sectores medios”, señala.
Y es que, según Loreto Wahr, hay una parte de la población que no está bancarizada, algunas por ingresos y otras por informalidad de la actividad. En este ámbito, cree que deben abrirse posibilidades para hacer más expedito y flexible el acceso. “Armar un banco de suelo a través de glosas, flexibilizar condiciones”, afirma. Pero, además, del problema de falta de acceso al sistema bancario -que se traduce también en falta de acceso a la vivienda- la ejecutiva ve falencias normativas, institucionales y de gestión.
“Para nosotros como representantes de la sociedad civil fue interesante poder participar, pero nos preocupa que se cumplan las medidas. Esperamos que no se queden solo en buenas intenciones. Un buen gobierno necesita una buena fiscalización también y ahí las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol importante”, dice Loreto Wahr.
El objetivo es validar las acciones propuestas para lograr la neutralidad del carbono en el 2050.
El sector de la construcción genera cerca del 40% del total de emisiones de gases de efecto invernadero globales. Por esto, para dar cumplimiento a los desafíos en materia de carbono neutralidad al 2050, es crucial la definición de una estrategia de descarbonización para el sector.
En este escenario, en el año 2019, se formalizó el Comité de Huella de Carbono para el Sector Construcción en el Instituto de la Construcción (IC), al alero de su Convenio de Colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que está conformado por instituciones relacionadas al sector que, de manera voluntaria, ofrecen el conocimiento para redactar y poner en marcha una Estrategia Nacional para la reducción de las emisiones de carbono de todo el sector construcción (edificaciones e infraestructura), a lo largo de todo su ciclo de vida.
Entre los participantes están Certificación Edificio Sustentable, Corporación Chilena de la Madera, Instituto del Cemento y del Hormigón, Cámara Chilena de la Construcción, Volcán, Asociación Chilena del Vidrio y Aluminio, Ministerio de Energía, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Chile Green Building Council, Pontificia Universidad Católica, Universidad Andrés Bello, Universidad de Chile, WSP Chile, AZA, ECOEd y consultores independientes.
A la fecha, ya se han definido los lineamientos principales de una hoja de ruta y desarrollado un completo estudio de análisis del estado de arte en huella de carbono a nivel nacional e internacional.
En base a estos productos, se desarrolló una consultoría para elaborar la primera propuesta de la “Estrategia Nacional de Huella de Carbono para el Sector Construcción” que establece lineamientos, metas e indicadores de seguimiento para fomentar en el sector construcción un manejo sustentable de sus recursos, a través de la gestión eficiente de la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida, aportando así a los objetivos de carbono neutralidad establecidos para esta industria.
Este documento se encuentra disponible para consulta pública hasta el 6 de julio de 2021, con el objetivo de validar las acciones propuestas para lograr la neutralidad del carbono en el 2050.
Cabe señalar que representantes del sector privado, proveedores de materiales de construcción y gremios profesionales, han planteado compromisos muy importantes para el desarrollo y aplicación de la estrategia, tales como certificados de huella de carbono contenida (cuna a puerta) de materiales de construcción, desarrollo de calculadoras para productos específicos, medición de huella en construcción de edificios, actividades de capacitación y difusión.
Dada la relevancia de estas acciones, es fundamental la participación de todos los actores en este proceso de consulta pública.
Accede al documento aquí https://bit.ly/2THy2yo
El objetivo es validar las acciones propuestas para lograr la neutralidad del carbono en el 2050.
El sector de la construcción genera cerca del 40% del total de emisiones de gases de efecto invernadero globales. Por esto, para dar cumplimiento a los desafíos en materia de carbono neutralidad al 2050, es crucial la definición de una estrategia de descarbonización para el sector.
En este escenario, en el año 2019, se formalizó el Comité de Huella de Carbono para el Sector Construcción en el Instituto de la Construcción (IC), al alero de su Convenio de Colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que está conformado por instituciones relacionadas al sector que, de manera voluntaria, ofrecen el conocimiento para redactar y poner en marcha una Estrategia Nacional para la reducción de las emisiones de carbono de todo el sector construcción (edificaciones e infraestructura), a lo largo de todo su ciclo de vida.
A la fecha, ya se han definido los lineamientos principales de una hoja de ruta y desarrollado un completo estudio de análisis del estado de arte en huella de carbono a nivel nacional e internacional.
En base a estos productos, se desarrolló una consultoría para elaborar la primera propuesta de la “Estrategia Nacional de Huella de Carbono para el Sector Construcción”, cuyo documento será lanzado para consulta pública el próximo miércoles 16 de junio a las 11:00 horas, con el objetivo de validar las acciones propuestas para lograr la neutralidad del carbono en el 2050.
En este evento online, se expondrá el Estado del Arte Nacional e Internacional en Huella de Carbono del Sector Construcción, presentación que estará a cargo de Pía Wiche, de la empresa consultora EcoEd.
Asimismo, se presentará la Propuesta de Estrategia Nacional de Huella de Carbono para el Sector Construcción, que estará a cargo de Mauricio Villaseñor de la empresa consultora EBP.
Cabe señalar que representantes del sector privado, proveedores de materiales de construcción y gremios profesionales, han planteado compromisos muy importantes para el desarrollo y aplicación de la estrategia, tales como certificados de huella de carbono contenida (cuna a puerta) de materiales de construcción, desarrollo de calculadoras para productos específicos, medición de huella en construcción de edificios, actividades de capacitación y difusión.
Dada la relevancia de estas acciones, es que es fundamental la participación de todos los actores en este proceso de consulta publica.
No te pierdas el lanzamiento e inscríbete aquí https://bit.ly/2Tlolph
La ley 21.305 sobre Eficiencia Energética recientemente promulgada, cuyo objeto es promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, considera diversos procesos participativos. Uno de ellos es la revisión de su implementación a través de sus reglamentos.
La ley contiene iniciativas fundamentales para el desarrollo de la eficiencia energética en Chile, entre los cuales se cuenta el etiquetado energético de toda edificación nueva, lo que permite incorporar la variable de eficiencia energética en la decisión de compra de los consumidores. De esta manera, las personas podrán tomar una decisión informada a la hora de comprar una vivienda.
En su artículo 3, la ley establece que la calificación energética de viviendas, edificios de uso público, comercial y oficinas, será obligatoria para la obtención de la recepción municipal final o definitiva. Esto regirá para proyectos desarrollados por empresas constructoras e inmobiliarias y por los Servicios de Vivienda y Urbanización, debiendo además incluirse la etiqueta de eficiencia energética en toda publicidad de venta que realicen.
Para abordar lo antes mencionado, la ley establece la creación de 3 reglamentos, de los cuales 2 de ellos permitirán la entrada en vigencia de la calificación energética obligatoria.
Uno de ellos es el artículo 3, que mandata al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a desarrollar el Reglamento que regule el procedimiento, exigencias y condiciones del otorgamiento de la calificación y precalificación energética y su publicidad, el que será suscrito por el Ministerio de Energía.
Además, el artículo 4 que crea el Registro Nacional de Evaluadores Energéticos, para efectos de la aplicación de la Calificación Energética, mandatando al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a reglamentar: los requisitos de inscripción; las causales de inhabilidad e incompatibilidad para inscribirse y mantenerse en él; las entidades o profesionales que podrán efectuar la evaluación para la emisión del informe y etiquetado; los mecanismos para su evaluación; acreditación y registro; las competencias para fiscalizar el cumplimiento de las exigencias establecidas en calificación energética y el proceso de etiquetado, entre otros aspectos.
En este contexto, se invita a opinar sobre la propuesta de reglamento sobre “Registro Nacional de Evaluadores Energéticos” y “Calificación Energética de Viviendas en Chile”, a que se refiere la ley N° 21.305.
La consulta pública del reglamento sobre “Registro Nacional de Evaluadores Energéticos” se encuentra abierta desde el 12 de mayo y hasta el 10 de junio de 2021 a las 23:59 horas.
La consulta pública del reglamento sobre “Calificación Energética de Viviendas en Chile” se encuentra abierta desde el 24 de mayo y hasta el 22 de junio de 2021 a las 23:59 horas.
Consulta pública del reglamento sobre “Registro Nacional de Evaluadores Energéticos”
Consulta pública del reglamento sobre “Calificación Energética de Viviendas en Chile”
Fuente: Ministerio de Energía
En una iniciativa que resultará fundamental para la generación de una nueva política urbano-habitacional para el país, esta mañana el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, junto al subsecretario de la cartera, Guillermo Rolando, dieron inicio al “Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad”, instancia de trabajo que reúne a cerca de 30 representantes de universidades y centros de estudios, Congreso, asociaciones gremiales, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, municipios, sociedad civil y fundaciones, dirigentes y consultores, con el fin de abordar en los próximos 60 días medidas concretas para enfrentar las urgencias en materia habitacional y urbana.
En efecto, esta mesa de trabajo estableció tres objetivos principales: Generar un Diálogo Nacional por Vivienda y la Ciudad; Aplicar medidas concretas a corto plazo para favorecer el acceso a la vivienda y resolver el hacinamiento y los campamentos; y, Establecer una agenda de largo plazo para asegurar continuidad y sostenibilidad en el desarrollo de la vivienda y de la ciudad.
Sobre esto, el Ministro Felipe Ward destacó que “creo que en momentos como los que vive nuestro país es más importante que nunca sentarse a conversar. Lo que queremos hacer es convocar a un diálogo por la vivienda y la ciudad que, obviamente tiene diferentes propósitos, objetivos de corto plazo de forma de entregar un producto que pueda ser abordado por el Minvu, por las diferentes organizaciones que hoy día nos acompañan para poder colaborar a solucionar lo que hoy día existe como problemática en materia urbano-habitacional. Vamos a tener una conversación abierta”.
La autoridad ministerial añadió que “agradezco de corazón la confianza de quienes nos acompañan. Yo sé que se han impulsado iniciativas parecidas en el pasado y obviamente que, tomando esos insumos, tomando las buenas experiencias, replicando los buenos ejemplos y evitando lo que no ha resultado también, esperamos concluir esta primera etapa en estos 60 días para seguir conversando más ampliamente respecto a política pública”.
Por parte del mundo académico, el arquitecto Pablo Allard destacó que “vamos a construir puentes de confianza entre el sector privado, el sector público, y las comunidades para que efectivamente los acuerdos que se tomen en esta mesa se implementen y podamos cumplir ese sueño de ser el primer país en el sur global en garantizar el acceso universal a la vivienda en esta década”.
Por su parte, Iván Poduje señaló que “el desafío de la Integración que plantea el ministro tiene que tener una respuesta muy concreta y es que las personas se puedan quedar en sus territorios y creo que el rol que han hecho las dirigentas para visibilizar esto y para trabajar en los comités, es fundamental”.
A sus palabras se sumó Alejandro Aravena, de Elemental, quien indicó que “este es un grupo de gente muy diversa, que piensa distinto y viene de distintos lugares, y tenemos que asegurarnos que, a pesar de esa diversidad, todos aquellos que no estuvieron representados, ver la manera en que puedan estar presentes en las discusiones que tengamos”.
El sector privado estuvo presente a través de la Cámara Chilena de la Construcción, cuyo presidente, Antonio Errázuriz, afirmó que “estamos aquí para ser partícipes de este gran proyecto que apunta a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Como CChC tenemos la misión de ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes viven en nuestro país”.
En representación de la sociedad civil participó la Fundación Techo. Para su director ejecutivo, Sebastián Bowen, “este es, por sobre todo, un mandato que hoy surge de la ciudadanía, es un mandato que surge de 600.000 familias, como han dicho el Ministro y el Subsecretario, que hoy están viviendo sin acceso a una vivienda digna, justa, adecuada”. A sus palabras se sumó la dirigenta social Karla Urzúa, quien señaló que “son súper valientes, porque lo que están planteando hoy día hacer es tremendamente difícil” e hizo un llamado: “hagámoslo, pero hagámoslo juntos, construyamos Chile juntos de nuevo”.
Por último, el Congreso también es parte de esta mesa y fue el senador David Sandoval quien afirmó que “para el Senado es, sin duda, un motivo de especial satisfacción de que el llamado transversal que se hizo el miércoles recién pasado, hoy abramos espacio para iniciar este diálogo y ojalá un compromiso para que el sueño de la casa propia sea un sueño realizable en calidad y forma en el menor tiempo posible”.
Por su parte, el presidente del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades, Mario Olavarría, indicó que “los gobiernos locales somos los que tenemos que implementar las políticas públicas en materia de vivienda y es por eso que felicito al Ministro y al Ministerio por esta iniciativa para poder, de alguna vez, poner en la discusión temas tan importantes y tan acuciantes para todos los chilenos que es el tema de la vivienda”.
Serán 60 días de trabajo para generar las propuestas, donde se realizarán ocho sesiones -una semanal- con todos los integrantes. Los principales ejes que abordarán serán Acceso a la Vivienda, Integración Social y Urbana, Equidad Territorial, Sustentabilidad y Planificación Urbana.
Los integrantes de la mesa de trabajo son:
Karla Urzúa (dirigentes sociales Antupirén), Ruth Collao (dirigentes sociales campamentos de Atacama), Érika González (dirigentes sociales Glosa 12), Sergio Baeriswyl (CNDU), Alejandro Aravena (Elemental), Juan Pablo Urrutia (FAU), Beatriz Maturana (FAU), Slaven Razmilic (Escuela de Gobierno e IEUT PUC), Luis Eduardo Bresciani (Arquitectura PUC), Pablo Allard (Arquitectura UDD), Francisco Vergara (CPE UDLA), David Sandoval (presidente de la comisión de Vivienda del Senado), Carlos Montes (Vivienda del Senado), Fidel Espinoza (presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados), Antonio Errázuriz (CChC), Mauricio Varela (Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios), Jadille Baza (Colegio de Arquitectos), Mónica Álvarez de Oro (Asociación de Oficinas de Arquitectos), Yuri Rodríguez (Asociación de Directores de Obra), Pilar Jiménez (CNDU), Mario Olavarría (AMUCh), Fernando Paredes (AChM), Cristián Balmaceda (AMUR), Sebastián Bowen (Techo), Loreto Wahr (Techo), Pilar Goycoolea (Urbanismo Social), Pablo Ivelic (Construye2025), Iván Poduje (Atisba).
Por Paola Valencia, encargada de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Desde que en 2012 el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) impulsara y liderara la firma del convenio interministerial de construcción sustentable —firmado en ese entonces por los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Medioambiente y Energía— el avance en los objetivos planteados no se ha detenido. En la actualidad hemos actualizado el convenio sumando a nuevos actores, entre los que cuentan los ministerios de Desarrollo Social y de Economía, Fomento y Turismo; junto con ello creamos las 16 Comisiones Regionales de Construcción Sustentable (CORECS) para articular su Gobernanza.
En la última década se han generado incontables iniciativas que han contribuido a promover, difundir y fomentar la implementación de la construcción sustentable en el desarrollo de la edificación e infraestructura del país, y una de las centrales ha sido la Mesa Interministerial de Construcción Sustentable (MICS), cuyo producto central ha sido la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable (ENCS), publicada en 2013 como una hoja de ruta para el desarrollo del trabajo en este ámbito, y que se configuró en uno de los 6 instrumentos de mitigación para el proceso de implementación y seguimiento a la Contribución Nacional Determinada de Chile en el Acuerdo de París (NDC).
Como el periodo de vigencia de esta estrategia venció en 2020, era necesaria una actualización, lo que nos ofrece la oportunidad de elevar su estatus a Plan Nacional de Construcción Sustentable 2050, con el mérito adicional de estar al alero de la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), por ser un documento que entrega principios orientadores y lineamientos que guían hacia una evolución positiva y sustentable de las ciudades y centros poblados en el territorio.
Por lo anterior, ahora nuestra tarea debe abocarse a elaborar un plan que detalle cuáles deben ser los lineamientos estratégicos en materia de la edificación e infraestructura sustentable. De esta manera será posible identificar objetivos, líneas de acción, mecanismos, indicadores y responsables, para poder llevar a cabo políticas concretas de corto, mediano y largo plazo, las que, además, deberán estar alineadas con los compromisos nacionales e internacionales en sustentabilidad del ambiente construido.
El alcance de este plan será entregar lineamientos estratégicos y metas para la incorporación de la sustentabilidad en el ciclo completo de la edificación e infraestructura nacional. La meta que se propone para la nueva versión de esta estrategia es que el sector construcción nacional tienda a la neutralidad al 2050.
Entre los objetivos ambientales preliminares que se contemplan para dar inicio al proceso de elaboración están la reducción de uso de recursos naturales (agua, áridos, madera, terreno) y la minimización de los efectos ambientales (emisiones, residuos, contaminación) en ecosistemas y espacios naturales dados por las distintas etapas de la edificación, junto con otras consideraciones de mitigación y adaptación al Cambio Climático que estarán muy presentes en el diseño de este instrumento.
Junto con lo anterior, otro objetivo ambiental se relaciona con el mejoramiento de los estándares de habitabilidad de las personas y equidad territorial. En este sentido un elemento central en este plan será la instauración de la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) como instrumento capaz de medir la sustentabilidad en el ciclo de vida completo de los proyectos de vivienda, con lo que se promueve que cada una de las etapas tenga un bajo impacto ambiental, entre otros beneficios, con lo que se confirma el importante rol de las certificaciones de edificaciones sustentables, y su aporte a la disminución de huella de carbono de la industria.
La CVS es relevante, además, porque permite promover la oferta y demanda de viviendas sustentables, considerando que, tanto el mercado, como las personas, están mirando hacia la sustentabilidad como un camino hacia soluciones que ofrezcan reducción de costos de operación de la vivienda, lugares más confortables donde vivir, y la oportunidad de aportar a cuidar el medioambiente, que ciertamente es un factor que cada vez tienen más en cuenta las personas.
Actualmente, la actualización del Plan Nacional de Construcción Sustentable 2050 se encuentra en proceso de licitación para su desarrollo, y se espera que para inicios del segundo semestre de 2022 esté disponible el primer borrador para su revisión y aprobación por parte de los actores involucrados en la Mesa interministerial de Construcción Sustentable.
Fuente: CVS Chile
Arquitectos, ingenieros y constructores civiles interesados pueden inscribirse en el sitio http://www.calificacionenergetica.cl desde el 4 de marzo hasta el 5 de abril de 2021.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió la convocatoria para postular al llamado nacional de profesionales interesados en acreditarse como evaluadores energéticos de la Calificación Energética de Viviendas (CEV), instrumento impulsado por esta cartera de Estado junto al Ministerio de Energía.
Para participar en el proceso, los interesados deberán cumplir los requisitos definidos por el Minvu en la Resolución Exenta Minvu N°162 del 12 de febrero de 2021 y completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: http://calificacionenergetica.minvu.cl/proceso-de-acreditacion-de-evaluadores/.
El llamado de acreditación está dirigido a arquitectos, ingenieros y constructores civiles, que cumplan con los requisitos descritos en la resolución N° 162. Los postulantes debidamente inscritos serán seleccionados para rendir una prueba de conocimientos mínimos habilitante para el siguiente paso del proceso. El resultado de la etapa de inscripción se publicará el 9 de abril de 2021 en la página web de la Calificación Energética de Viviendas (http://www.calificacionenergetica.cl).
Calificación Energética de Viviendas
La Calificación Energética de Viviendas (CEV) es un instrumento disponible para uso voluntario desde el año 2012, que permite realizar una evaluación objetiva y estandarizada para estimar y clasificar el requerimiento energético de casas y departamentos para lograr una temperatura considerada como apropiada para sus usuarios.
La CEV evalúa la eficiencia energética de las viviendas en su etapa de uso considerando el desempeño de su envolvente, el aporte de energías renovables y el consumo de energía para obtener agua caliente sanitaria, iluminación y calefacción. El resultado de dicha evaluación se materializa en una etiqueta que muestra el porcentaje de ahorro en la demanda de energía y la cantidad de energía necesaria para calefacción y enfriamiento.
Nueva Ley de Eficiencia Energética: Más calidad para las viviendas
Respecto de este instrumento de medición, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, expresó que: “como Ministerio, estamos incorporando criterios de eficiencia energética en nuestros programas y proyectos, porque estamos convencidos de que este tipo de iniciativas, junto con disminuir el consumo energético de las viviendas, permiten optimizar la temperatura en el interior y dar una mejor calidad de vida a las familias. Con esto, reducimos al mismo tiempo la emisión de gases de efecto invernadero, lo que va en la línea de lo que estamos impulsando en el Minvu: estándares de construcción más sustentables y comprometidos con el medio ambiente”.
Por su parte, Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu, añadió que: “La información que proporciona la CEV es relevante en muchos sentidos, pero, por sobre todo, para los usuarios finales, ya que una vivienda energéticamente eficiente, no sólo involucra un menor gasto energético, sino también tiene un impacto directo en la calidad de vida de las familias y en la vida útil y plusvalía de la vivienda”.
Asimismo, relevó que: “La CEV fomenta la edificación de viviendas más eficientes, aportando en la introducción de un gran cambio en la forma en que se diseñan y construyen las viviendas en nuestro país, al concebir las medidas de sustentabilidad desde la génesis de los proyectos y no como elementos anexos” y agregó que estamos trabajando para que la eficiencia energética sea un atributo que influya al momento de adquirir una vivienda, ya que no solo mejora la calidad de vida de las familias que viven en ellas, sino que también es un importante atributo de calidad que las hace más competitivas, tal como ocurre en mercados más desarrollados. En esta tarea es fundamental el rol de evaluadores energéticos, que son los profesionales acreditados para aplicar la calificación; por esta razón abrimos una nueva convocatoria para sumar nuevos evaluadores a los 1.051 que ya operan a lo largo del país”.
“Un hito crucial en este ámbito se relaciona con la reciente promulgación de la Ley de Eficiencia Energética –agregó Erwin Navarrete–, que hace obligatorio mostrar la CEV en toda publicidad de proyectos inmobiliarios y la recepción municipal definitiva de viviendas desde el 2023. Este nuevo escenario generará un alza en la demanda de evaluaciones, la que requerirá una mayor masa crítica de evaluadores energéticos de los ya existentes, por lo cual seguimos trabajando en mejorar los procesos de acreditación de nuevos evaluadores”, precisó.
Las principales fechas del primer proceso de acreditación de 2021 son las siguientes:
Hito | Fechas 1er proceso 2021 |
Inscripción en formulario web | Desde 4/3/2021 hasta 5/4/2021 |
Formulación consultas | Desde 1/3/2021 hasta 26/3/2021 |
Publicación de inscritos correctamente | 9/4/2021 |
Envío instrucciones prueba conocimientos mínimos (PCM) | 19/4/2021 |
Realización PCM | 20/4/2021 |
Publicación resultados PCM | 23/4/2021 |
Realización prueba de acreditación (PA) | 17/6/2021 |
Publicación resultados PA | 24/6/2021 |
Avances en la Calificación Energética de Viviendas
La calificación energética está vigente desde 2012. Al 31 de diciembre de 2020, y a lo largo de todo el país, se han realizado más de 76 mil evaluaciones y se han acreditado como evaluadores energéticos de la CEV 1.051 profesionales.
En 2015 ya se había logrado un gran avance en la instalación de capacidades para el uso masivo de la CEV, lo que permitió recoger la experiencia de distintos actores de los sectores académico, industrial y gubernamental, además de la retroalimentación que aportaron los evaluadores energéticos de distintas regiones a lo largo del país. A partir de esta información se desarrolló la actualización de la CEV que entró en vigencia el 21 de abril de 2018, y que afina el proceso de cálculo, incorporando nuevas variables que incluyen los cambios introducidos en la reglamentación térmica (4.1.10 Bis de la OGUC), y entrega resultados más detallados y útiles, tales como la demanda de enfriamiento y horas fuera de la temperatura confortable.
En los primeros años de operación fue necesario realizar importantes esfuerzos para instalar capacidades a lo largo del país y comunicar los atributos de la CEV a los mandantes de proyectos. Este trabajo se puede ver en el progreso de las evaluaciones de viviendas desarrolladas por inmobiliarias privadas, que, al principio, fue discreta, pero que en 2019 mostró una evolución muy significativa, sobrepasando el volumen de evaluaciones anuales históricas realizadas a viviendas sociales (ver gráfico).
Este tema, prioritario para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ya presenta un 95% de avance por lo que pronto podría ser ingresado al Instituto Nacional de Normalización.
En 2020, se creó un comité de anteproyecto de norma, para definir el concepto de industrialización. Para la realización de este trabajo, se conformó un comité que contó con la participación del arquitecto de la Universidad de Chile y director del Instituto de la Construcción Francis Pfenniger, como presidente; Sebastián Lüders de Baumax; Oscar Zaccarelli del Colegio Arquitectos de Chile; Ítalo Sepúlveda de la Universidad Autónoma; José Luis Mena de la Constructora Bravo Izquierdo; y Yasmila Herrera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entre otros profesionales.
El documento del anteproyecto se encuentra al 95% de avance aproximadamente, con solo un par de definiciones pendientes, las que se están trabajando en conjunto con otros integrantes del CCI. Durante este primer trimestre, se pondrá el pie en el acelerador, para tener el documento en su totalidad.
“Estamos muy contentos con el compromiso, participación, calidad y entrega de los profesionales que participan en este comité, los cuales durante sus reuniones en 2020 han tenido un gran interés de participar, a pesar de lo especial y difícil que fue el trabajo durante la pandemia. El compromiso y aporte de los integrantes ha sido fundamental para el éxito del trabajo, que esperamos concluya durante estos próximos meses”, afirma Yasmila Herrera profesional de la Ditec del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Actualmente, la Ditec está elaborando el Plan de Trabajo 2021 con el Instituto Nacional de Normalización (INN), ya que la norma de industrialización es una prioridad para la cartera, según Yasmila Herrera. “Por lo mismo, una vez terminado el anteproyecto de norma, este será ingresado al INN para inicio del proceso de consulta pública y conformación del comité técnico que discutirá las observaciones y alcances de la norma hasta consensuar el documento final: la primera norma chilena de industrialización. Concluido el proceso en INN iniciaremos el proceso interno para la oficialización”, detalla.
El camino recorrido
Para Francis Pfenniger, director del CCI y presidente del Comité de Anteproyecto de la Norma de Construcción Industrializada, el camino ha sido fructífero. “El Comité de Anteproyecto de la Norma de Construcción Industrializada sesionó a partir del segundo semestre de 2020 con una gran participación de profesionales, lo que demuestra el interés y la importancia que el sector le otorga a este tema”, dice.
Los primeros acuerdos -destacados por el arquitecto- fueron la definición del objetivo y alcance de la norma, es decir, “establecer un lenguaje común respecto a términos y definiciones de diseño y construcción industrializada, de forma que todos puedan hablar bajo los mismos conceptos consensuados”, acordando que puedan ser aplicados en diseño y construcción de obras de construcción, edificación, obras complementarias y obras civiles o infraestructura.
“Entre las primeras acciones, se hizo una encuesta a los participantes para que indicaran los conceptos que -a su juicio- deberían incluirse en la norma. Se recibieron más de 30 respuestas y se consolidaron 92 conceptos a definir e incluir en la norma. Dicho listado fue sometido a una nueva encuesta para validar la pertinencia de cada uno, filtrándose los conceptos en los que había un consenso se aprobación mínima de 75% de las respuestas. Los conceptos excluidos fueron revisados en las sesiones siguientes”, explicó Francis Pfenniger.
Tras establecerse un cronograma de sesiones semanales, a poco andar, se modificó la metodología y frecuencia de trabajo, dada la complejidad que significaba avanzar y cumplir con el cronograma propuesto de terminar con el anteproyecto a fines de 2020, debido a la amplitud de la muestra y el interés de los participantes. Por eso, nacieron el Comité de Redacción y el Comité Ejecutivo de la Norma, presidido por Pfenniger, los que en conjunto pudieron hacer un trabajo más detallado para su discusión y ratificación.
Dicho esquema aceleró el ritmo, hasta lograrse el objetivo de contar con un total de 30 conceptos con su respectiva definición consensuada por el Comité ampliado en los últimos días de diciembre de 2020, quedando pendiente exclusivamente un concepto que se espera consensuar con los resultados de otros comités de trabajo del CCI (específicamente el de KPI).
La próxima reunión ampliada del Comité de Anteproyecto de Norma de Construcción Industrializada se realizará en marzo, para validar la redacción final y los diseños de cuadros complementarios a incluir en el Anexo de la Norma. “No puedo menos que agradecer el interés, trabajo y apoyo de todos los integrantes del Comité y saludar especialmente a los integrantes del Comité de Redacción por el esfuerzo, la discusión y los acuerdos logrados”, comenta Pfenniger.
La auspiciosa mirada del CCI radica en la transversalidad de los participantes, que aseguró una gran representatividad de todos los actores del sector público y el privado, y, por cierto, también del mundo académico.
Fuente: CCI
En seminario del Instituto Nacional de Normalización se conocieron los avances en regulación que buscan lograr una construcción más sostenible, considerando todo el ciclo de vida de los edificios.
El seminario “Marco normativo para la planificación de la vida útil en edificaciones” fue la primera actividad de difusión del proyecto “Innova – CORFO: herramientas normativas para la planificación de la vida útil en edificaciones, método de cálculo y planificación”. Ejecutado por el Instituto Nacional de Normalización y Chile GBC y respaldado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el estudio dio origen a ocho nuevas normas que buscan determinar la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, para facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida.
En la apertura de la jornada, Emilio Rojas, profesional de la División de Normas del INN recordó que el sector construcción es responsable del 34% de la generación de residuos sólidos y de, al menos, el 33% de las emisiones de gases efecto invernadero. En este sentido, afirmó que pequeños cambios pueden generar una mejora significativa, siempre y cuando haya una concientización de todos los actores relevantes de la cadena productiva.
“Es una primera ganancia sentar las bases, hablar de una terminología común y establecer cuáles son los lineamientos generales para comenzar a hablar de la vida útil de las edificaciones”, afirmó el especialista del INN. Asimismo, Emilio Rojas comentó que al hablar de la vida útil, muchas veces no se consideraba la parte de diseño, porque “probablemente, algunos pensaban que las edificaciones son eternas y que jamás se iba a terminar su periodo de vida útil”, argumentó.
Además, el profesional sostuvo que no se consideraba que los materiales pudieran tener su desempeño completo durante cierta cantidad de tiempo o se pensaba que siempre iba a ser así: “que el material se iba a comportar de la misma manera frente a distintos ambientes”, dijo.
Sin embargo, según Emilio Rojas, el proyecto que ejecutan el INN y Chile GBC podría disminuir las brechas e identificar en el Programa Estratégico Nacional de Productividad y Construcción Sustentable de Construye2025 un marco de normas técnicas que especifiquen una metodología para la determinación de la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, lo cual permita facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida.
El impacto de las nuevas normas
“Tuvimos ocho normas que las podemos identificar en tres aspectos. Una norma general que es la norma NCh 3447 parte 1, que establece los principios generales y un marco de trabajo para la estimación de la vida útil de las edificaciones; todos aquellos documentos que son fuentes de datos o entregan la manera de poder estimar estos datos y una evaluación de desempeño; la parte tres que son las auditoría y análisis de desempeño; y la parte cuatro que es planificación de la vida útil utilizando BIM”, comentó el profesional del INN.
Las otras normas establecen los procedimientos y la metodología, el cálculo para el costo del ciclo de vida, la vida útil de referencia y su estimación. “Hemos identificado que existe la planificación, luego la fase de diseño, después la de construcción, la de gestión del activo, la de rehabilitación y la fase de fin de la vida útil. Asimismo, tenemos la identificación de las etapas por cada una de las fases”, explicó Emilio Rojas.
Posteriormente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable y profesional de la Ditec-Minvu, Paola Valencia, expuso sobre la “Hoja de ruta para la estrategia nacional de huella de carbono del sector construcción”, cuyo primer primer pilar es la educación, para desarrollar estándares, normas y contenido que defina qué es sustentabilidad en la construcción. Igualmente, la especialista destacó el eje de habitabilidad y bienestar, que vela por la calidad de vida de las personas y del ecosistema. Junto con eso, valoró la innovación y la competitividad, en relación con la gobernanza multinivel e intersectorial que el Estado ha estado promoviendo.
“El cálculo de la huella de carbono en la edificación tiene que ser de ciclo completo y, particularmente, necesitamos definir y ojalá tender a que la industria de la construcción vele por una vida útil que nos asegure una menor huella de carbono y promover construcciones de mayor durabilidad. Esta normativa que estamos trabajando acá, nosotros la apoyamos y la impulsamos porque nos interesa introducirla a las metodologías y en el trabajo de la mesa de huella de carbono”, acotó Paola Valencia.
Además, recordó que con el apoyo del Construye2025 se ha impulsado la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción”, con un enfoque de economía circular; y el plan de adaptación al cambio climático de ciudades donde participan diez instituciones lideradas por el Minvu. Finalmente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, destacó la Calificación Energética de Viviendas y la Certificación Edificio Sustentable (CES), que nació en 2014, administrada por el Instituto de la Construcción con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos y la Cámara Chilena de la Construcción.
“Con respecto a la huella de carbono, tenemos una mesa que nace el 2018 en el Ministerio de Vivienda, instalada en el Instituto de la Construcción (IC) donde participan muchas instituciones, pero las mandantes son de carácter público y gremiales, principalmente”, comentó Paola Valencia. En este aspecto, recordó que en 2016 se empezaron a armar los lineamientos de trabajo para la metodología de monitoreo, reporte y verificación de huella de carbono para el ciclo de vida completo; levantamiento de base de datos; y calculadoras de huellas de carbono.
Enseguida, Gabriela Sabadini, jefa del Área Técnica de Proyectos y Estudios de Chile Green Building Council, explicó que también es importante apoyar la formación profesional. “Tenemos un equipo técnico con bastante conocimiento y experiencia y tenemos una serie de capacitaciones, no solamente asociadas a sistemas de certificación, sino que nos hemos ido moviendo un poquito más allá, implementando estrategias como por ejemplo en economía circular, manejo de residuos, salud y bienestar; incorporando no solamente el concepto de la edificación, sino el por qué este mandante o este dueño de este edificio decidió implementar alguna estrategia de sustentabilidad o certificar un edificio”, acotó.
En este contexto, la especialista de Chile GBC puso énfasis en la visión holística de los impactos del sector construcción y sus emisiones. “La gran mayoría de las emisiones que conocemos son las asociadas a las emisiones operacionales, esto es, durante el periodo de uso del edificio. Sin embargo, éstas representan no más del 20% de las emisiones totales del ciclo completo de esta edificación, no se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la distribución del material, la fabricación del mismo y qué hago cuando este edificio llega a su fin de uso o se transforma”, dijo.
El rol de Construye2025
Al cierre del seminario, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia, destacó las oportunidades en economía circular, tanto en la construcción como en la vida útil de un edificio. “Como programa tenemos distintos grupos de trabajo. Uno es el comité gestor de RCD y economía circular; y, en conjunto y bajo la visión estratégica de los ministerios, se formó un comité consultivo público que dio lugar a una hoja de ruta sobre economía circular en construcción. Partimos de la visión del uso eficiente de los recursos en el ciclo de vida de los proyectos, tanto de edificación como infraestructura, involucrando a toda la cadena de valor con el objetivo de alcanzar una gestión ambientalmente racional de los residuos e impactar en forma positiva en lo social, ambiental y económico”, detalló.
En este contexto, Alejandra Tapia presentó los 5 ejes estratégicos de Construye2025, valorando el de planificación territorial con enfoque circular y el de la coordinación pública que fomenta licitaciones con una buena gestión de recursos y residuos y que busca que en se apliquen herramientas y metodologías para implementar criterios de economía circular a partir del año 2035.
En cuanto a ecosistema y cadena de valor, la especialista en sustentabilidad enfatizó en la necesidad de desarrollar una industria de proveedores, pero también en la investigación, el desarrollo, la innovación y en la importancia de la colaboración de la academia para formular proyectos, para nuevos materiales, para generar información que nos sirva para la implementación de la economía circular.
“La economía circular tiene tres principios que tienen que ver con preservar y mejorar el capital natural controlado por existencia finita y equilibrando los flujos de los recursos naturales o renovables, optimizar los rendimientos y recursos haciendo recircular los componentes y materiales, y fomentar la efectividad del sistema diseñando la externalidades negativas, eliminando por ejemplo, la toxicidad de materiales y todo esto”, afirmó Alejandra Tapia.
En este aspecto, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 reiteró que hay mucho que hacer en capacitación y regulación de mantenciones preventivas para alargar la vida útil de nuestras edificaciones. “Mil millones de dólares al año se gastan solamente en mantenciones, por lo que hay enormes oportunidades para las empresas; por parte del Estado también hay gastos considerables, ya sea por daño, por obsolescencia de bienes públicos”, indicó.
Asimismo, Alejandra Tapia destacó las oportunidades que se abren al proyectar a partir del diseño, al considerar cuánto va a durar cada una de las capas de los componentes de los materiales para, luego, renovarlos o reutilizarlos; y también valoró los espacios que se abren para las pymes en la reparación de componentes, de elementos constructivos y de revestimiento, entre otros. “Si no puedes cambiarlo, tenemos que cambiar la forma de pensarlo”, concluyó.
El Seminario completo está disponible AQUÍ.
Gracias al trabajo público-privado, el país contará con lineamientos, metas, responsables e indicadores de seguimiento para fomentar el uso sustentable de los recursos, a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos.
Debido al impacto que genera la construcción y operación de las edificaciones en el medioambiente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Instituto de Cemento y Hormigón de Chile (ICH) formaron, en 2018, una mesa público- privada que buscaba definir metodologías de levantamiento de monitoreo reporte y verificación, bases de datos y calculadoras para promover la gestión y reducción de Huella de Carbono en la Construcción.
Con este fin, el Minvu –a través de la Secretaría ejecutiva de Construcción Sustentable de la Ditec- convocó a 10 instituciones del sector construcción, entre ellos, los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y Energía, el Instituto de Cemento y Hormigón de Chile (ICH), el Instituto Chileno del Acero (ICHA), Madera21 de Corma y el Instituto de la Construcción, con la participación de Hernán Madrid, jefe de CES, como representante.
El primer año se dedicó a nivelar conocimiento y gestionar acuerdos. Luego, se acordó formalizar una mesa técnica, cuyo fin era definir una visión estratégica y plan de trabajo a mediano plazo, asociado a actividades, productos y estrategia de financiamiento. Así fue como, a mediados de 2019, en el Instituto de la Construcción, se consolidó el Comité de Huella de Carbono del Sector Construcción, como una de las iniciativas del programa de trabajo del Convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el IC, en el que también participó el jefe de CES.
Uno de los logros de este comité fue el estudio “Estado del arte nacional e internacional de alternativas metodológicas para levantamiento de datos, monitoreo, reporte y verificación y calculadoras de Huella de Carbono”, que permitió conocer el estado del arte nacional e internacional y hoy están disponibles en el sitio web de CES. Como segunda etapa, se definieron objetivos y hoja de ruta para los próximos tres años, lo que llevó a pensar en la implementación de una estrategia a largo plazo para la gestión de la huella de carbono del sector.
Hoy, se desarrolla la “Estrategia Nacional de Huella de Carbono Sector Construcción, Chile”, que establecerá lineamientos, metas, responsables e indicadores de seguimiento para fomentar el uso sustentable de los recursos, a través de la gestión eficiente de la huella de carbono del sector a lo largo de todo el ciclo de vida, es decir, incluyendo tanto el carbono incorporado como el carbono operacional.
Los documentos de la estrategia ya están disponibles para consulta en el sitio web de Certificación Edificio Sustentable.
Descarga aquí la Estrategia Nacional Huella de Carbono y la presentación del Minvu.
Como una forma de incentivar el desarrollo de proyectos sustentables en beneficio de la comunidad, la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y administrada por el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTeC), lanzó este lunes 4 de enero y hasta el 15 del mismo mes, una campaña que invita a los desarrolladores inmobiliarios a registrar de forma gratuita sus proyectos e iniciar el proceso para obtener la certificación CVS.
¿Quiénes pueden postular?
Todos aquellos proyectos que incorporen en su desarrollo criterios de sustentabilidad, considerando características como: alto desempeño ambiental y energético, como calidad del aire; temperatura confortable; iluminación natural; sistemas de climatización eficientes; sellos contra infiltraciones; artefactos sanitarios eficientes; sistemas de riego; relación con el medio ambiente; uso eficiente de los materiales; manejo de los residuos generados por la construcción; manejo de los residuos generados por los usuarios; conectividad con transporte y servicios, entre muchas otras variables.
El proceso de precertificación y/o certificación consta de 6 pasos:
Más información sobre el proceso de certificación: https://cvschile.cl/#/certification
¿Qué es la CVS?
La Certificación de Vivienda Sustentable CVS es un sistema voluntario de certificación ambiental que evalúa el desempeño de los proyectos residenciales a nivel nacional. Es aplicable a cualquier tipo de vivienda nueva, ya sea pública o privada, y busca incentivar la mejora de la calidad, a través de la verificación de la correcta implementación de buenas prácticas de diseño y construcción, que permiten, entre otras ventajas, reducir los costos de operación y mantenimiento de los hogares, cuidar el medio ambiente, y mejorar la calidad de vida de las personas.
La aplicación de la certificación ayuda a reducir los costos de operación y mantención de las viviendas, particularmente en temas de consumo energético y de agua. Por otro lado, permite reducir los impactos ambientales relacionados con el cambio climático.
La CVS es liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con apoyo de los ministerios de Energía y del Medio Ambiente, además de la colaboración del Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectura, el Instituto de la Construcción, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la Cámara Chilena de la Construcción y el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, entre otras entidades públicas y privadas.
Construye2025 fue parte de la jornada en la que representantes de la industria se reunieron con startups que buscan llevar a cabo ideas destinadas a mejorar el desempeño de la industria.
A mediados de diciembre se realizó uno de los encuentros más valorados por emprendedores y fundadores de startups vinculados al I+D en la construcción, como antesala a las rondas bilaterales entre empresas y representantes de la industria. Con expositores del Centro de Tecnologías de la Innovación (CTeC), del Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable (Cipycs), del Centro de Innovación e Madera (CIM-UC), de Corfo y del Ministerio de Vivienda se realizó el evento CorfoConecta “Innovando en el Sector de la Construcción”.
Dicha actividad buscó tanto propiciar y generar redes, como aumentar los niveles de conocimiento y adquisición de herramientas para aumentar las probabilidades de éxito de los proyectos. Para Corfo, organizar este tipo de reuniones entre partners y beneficiarios es una tarea constante, debido al impacto que las vinculaciones generan en los emprendimientos.
La transformación digital fue una de las temáticas clave del encuentro en el que participó Ignacio Peña, coordinador de I+D de Construye2025, quien se refirió a los desafíos y tendencias que está abordando el programa. El director de programas estratégicos de Corfo, Carlos Ladrix, dio la bienvenida a la jornada destacando el foco de nuestra industria hacia la industrialización, la digitalización y la sustentabilidad.
Al menos cuatro son los desafíos en los que se centran empresas de base tecnológica para potenciar a la industria:
1. Construcción digital: hacia una industria basada en datos
Mejoramiento de la capacidad de levantamiento, gestión, predicción y gobernanza de datos en la industria, digitalización e interconectividad de áreas y procesos, e implementación de tecnologías existentes.
2. Nuevas tecnologías para la industrialización
Tecnologías para mejorar la colaboración entre áreas de diseño, arquitectura, inmobiliaria y proveedores, reducción de tiempo y costo a lo largo de la cadena de valor de la industria.
3. Construcción sostenible: futuro y evolución
Soluciones que permitan medir, impulsar y adoptar el uso de nuevos materiales que disminuyan el impacto ambiental, mejoramiento de la gestión de residuos y la visibilización de indicadores de impacto ambiental y ciclo de vida del producto.
4. La construcción como motor de desarrollo social
Soluciones que reduzcan el impacto en las comunidades (ruidos, polvo, residuos) y nuevos mecanismos de medición de impacto social – ambiental.
El Instituto Nacional de Normalización (INN), en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Chile Green Building Council (Chile GBC) han desarrollado el proyecto INNOVA-CORFO Herramientas normativas para la planificación de la vida útil en edificaciones – Método de cálculo y planificación’ (18BPE-93896). El proyecto, que se inició el segundo semestre del año 2018 y tuvo como resultado la elaboración de 8 normas técnicas orientadas a proporcionar un marco de normas técnicas que especifiquen una metodología para la determinación de la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, lo cual permita facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida.
La industria de la construcción es un sector que contribuye al crecimiento de la economía y un importante pilar de desarrollo. Según el Informe de Productividad en el Sector de la Construcción (Comisión Nacional de Productividad, CNP), el sector de la construcción representa cerca de un 7% del PIB de la economía (2019), alcanzando 19.500 millones de dólares, distribuyéndose en servicios anexos (31%), obras de ingeniería (34%) y edificación (35%). En términos de empleo corresponde a un 8,3%
La construcción es el mayor consumidor de materias primas y otros recursos, utilizando alrededor del 50% de la producción mundial de acero y más de 3 mil millones de toneladas de materias primas. Por otra parte, se desperdician millones de toneladas de residuos de la construcción año a año, en el caso de Chile para el año 2023, se proyecta que la generación de residuos sea de 7.455.602 toneladas anuales, sólo considerando vivienda (Minvu 2019)
Por lo anterior, la industria de la construcción está basada en un marcado concepto de economía lineal, en la que se extrae, fabrica y construye; luego se desecha y demuele. Sin embargo, los nuevos desafíos globales vinculados a la disponibilidad de materias primas, agua y energía, movilizan a las empresas hacia un cambio de paradigma, en el que la economía circular es una clara oportunidad de creación de valor. Este enfoque de circularidad y la incorporación de estrategias de sostenibilidad en los distintos procesos vinculados a la construcción es fundamental si se desea abordar en forma eficiente, tanto los desafíos ambientales que enfrenta el planeta, como contribuir al desarrollo de las comunidades en lo social y lo económico a través de una visión orientada hacia bienestar de las personas y al cuidado del entorno.
En Chile, a partir de los acuerdos y compromisos logrados en el marco de la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable, se han desarrollado e implementado una serie de iniciativas, con el objetivo de reducir los impactos generados por la construcción y sus procesos, mejorando la productividad del sector; fomentando el desarrollo sostenible de nuestro país además de fortalecer el marco regulatorio que ha sido una de las brechas detectadas como parte de los procesos de levantamiento del Programa Estratégico de CORFO CONSTRUYE 2025.
En respuesta a las brechas detectadas por el Programa Estratégico de CORFO, CONSTRUYE 2025, diversos proyectos se han originado, es en este contexto que en el año 2018 el Instituto Nacional de Normalización, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Chile Green Building Council (ChileGBC), el primero en calidad de ‘Beneficiario’ y los dos últimos en calidad de ‘Mandante’ y ‘Coejecutor’, respectivamente, postularon a la línea de financiamiento de CORFO ‘Bienes Públicos Para la Competitividad’, siendo adjudicado el financiamiento, para la elaboración de normativa técnica para un set de normas técnicas que definan la directrices para una metodología para la determinación de la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, como aspecto relevante para el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida, impactos y desempeños.
Este proyecto INNOVA-CORFO, viene a dar continuidad al Proyecto Herramientas Normativas para el desarrollo de la evaluación de la sostenibilidad en la construcción’ (15BP-45415), desarrollado entre los años 2015 al 2017 y que tuvo como resultado la elaboración de 6 normas técnicas orientados a proporcionar y definir los principios generales y pautas de indicadores de sostenibilidad relacionados con obras de construcción, elementos y componentes (Ver Tabla 1).
En el actual proyecto ‘Herramientas normativas para la planificación de la vida útil en edificaciones – Método de cálculo y planificación’ (18BPE-93896)’ se desarrollaron normas que promueven el uso del concepto de planificación de la vida útil a lo largo del ciclo de vida, con el objetivo de entregar mayor certeza que la vida útil estimada cumplirá o excederá la vida útil de diseño. Esta serie de normas, basadas en la serie de normas ISO15686, enfatiza el principio de transparencia mediante procedimientos estandarizados para el uso, captura y verificación de datos e información disponible de la vida útil, registros de desempeño de elementos y componentes. Esta serie de normas son de particular relevancia para evaluar y gestionar la sostenibilidad en las obras de construcción a través de sus materiales, dado que genera entradas para establecer vida útil de referencia y vida útil estimadas, requeridos en el análisis de ciclo de vida de productos, según ISO21930. Por lo anterior, este proyecto deja a disposición las herramientas metodológicas para la declaración del desempeño técnico y funcional de los productos de construcción.
En la Tabla 2, se entrega un breve detalle de cada una de las normas.
Finalmente con este proyecto, se pone a disposición un lenguaje común y metodología estandarizada, que con el esfuerzo colectivo de los distintos actores de la cadena de valor de la industria de la construcción permita avanzar en introducir criterios de sostenibilidad y a fortalecer la infraestructura de la calidad en el ámbito de la normalización.
Fuente: El Mercurio
Junto con optimizar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, esta actualización de la Reglamentación Térmica permitirá mejorar la eficiencia energética del parque habitacional y reducir las emisiones de material particulado (MP) y Gases de Efecto Invernadero (GEI), contribuyendo a descontaminar el país y a mitigar los efectos del cambio climático.
Desde el 2000 Chile cuenta con una Reglamentación Térmica que establece requerimientos mínimos a las viviendas nuevas, en materia de eficiencia energética y habitabilidad. Actualmente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se encuentra tramitando una propuesta de actualización de los estándares que fija esta reglamentación, que mejoran la calidad de las edificaciones.
Puedes leer el artículo completo AQUÍ.
Fuente: Revista Negocio&Construcción
Gran interés ha generado en los desarrolladores inmobiliarios la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), lanzada en mayo por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), con el propósito de poner a disposición de la industria de la construcción una herramienta que permita elevar los estándares constructivos de la vivienda residencial en Chile.
Si bien hay múltiples certificaciones internacionales consolidadas en el mercado, existía una necesidad por contar con un modelo nacional enfocado exclusivamente en las construcciones residenciales, que permitiera reflejar las distintas realidades constructivas, climáticas y contextos de la industria chilena a lo largo del territorio.
En palabras de Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Minvu, la CVS es un paso crucial en materia de sustentabilidad en la construcción pues “gracias la colaboración de importantes actores del sector, hemos logrado implementar una herramienta que permitirá evaluar la sostenibilidad de lo construido y que nos pone en una posición de liderazgo en estas materias en Latinoamérica. Seguiremos trabajando porque los beneficios de la sustentabilidad lleguen a todos los sectores, en especial a los más vulnerables, pues es un buen camino para mejorar su calidad de vida”.
Actualmente la CVS cuenta con 41 proyectos registrados, tanto para precertificación como certificación, alcanzando con ello una cobertura de 462.626 m2 a lo largo de Chile. Las viviendas registradas en www.cvschile.cl están, principalmente, emplazadas en la Región Metropolitana, sin embargo, hay que destacar el trabajo desarrollado por el resto de las regiones, las que están fuertemente comprometidas por sumar más proyectos. Tal es el caso de la Región de los Lagos, que es la segunda zona con más proyectos inscritos, seguida por la Región de La Araucanía. En cuanto a las características de los proyectos, un 92% de ellos son viviendas en extensión y altura, y un 8% corresponde a viviendas unifamiliares.
Goycolea 100, de Inmobiliaria Tarragona, ubicado en la Comuna de La Cisterna, se convirtió en el primer proyecto en precertificarse, alcanzando la categoría más alta del sistema, correspondiente al nivel sobresaliente. Gracias a las estrategias de sustentabilidad implementadas por Inmobiliaria Tarragona, en términos de eficiencia energética e hídrica, entre otros aspectos, el proyecto logra un ahorro promedio de un dividendo al año, el cual va en directo beneficio del usuario final.
Para Natalia Reyes, Jefa de Sustentabilidad del Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, entidad que está a cargo de la administración de la certificación “desde nuestras labores de administración del sistema hemos podido constatar el gran interés que ha suscitado la Certificación de Vivienda Sustentable, tanto a nivel de profesionales consultores en sustentabilidad y eficiencia energética, como entre los desarrolladores inmobiliarios. Es así como a la fecha, ya se cuenta con 142 profesionales acreditados como Asesores CVS y hemos visto entre los desarrolladores, que además de poner en valor los atributos sustentables de sus proyectos, buscan insertar el pilar de la sustentabilidad a nivel integral en sus propias operaciones”.
Gracias a herramientas como la CVS, se incentiva al mercado inmobiliario a redoblar sus esfuerzos para avanzar hacia un modelo más sustentable y amigable con el medioambiente y, de esta manera, movilizar, tanto la oferta como la demanda por este tipo de construcciones.
Fernando Colchero, Asesor de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Chile (ADI) e integrante del Comité Directivo de la CVS complementa “la creación de la CVS constituye un hito relevante en el camino para profundizar la penetración de la sustentabilidad en proyectos de vivienda. La CVS permite al comprador tomar una decisión más informada respecto al nivel de sustentabilidad de su vivienda, así como también, permite al desarrollador planificar de forma más precisa cuáles son las medidas de sustentabilidad que permiten alcanzar cada nivel de certificación”.
Desafío de los próximos años
Para complementar y potenciar todas las iniciativas que se están desarrollando para incorporar estrategias de sustentabilidad en el mercado inmobiliario nacional, es indispensable contar con instrumentos de fomento para promover este tipo de iniciativas. Tal es el caso de Banco Estado, que recientemente lanzó su plataforma “Mundo Verde”, la que agrupa, tanto a productos de inversión, como de financiamiento, cuyo objetivo es apoyar la reactivación económica de forma sostenible. Entre estos productos se destaca el crédito hipotecario denominado Ecovivienda, que consiste en un préstamo destinado a la adquisición de viviendas nuevas que cuenten con calificación energética con letra D o superior (A-B-C). Este dispondrá de una tasa del 1,79% anual, con un financiamiento del 80% y a 20 años plazo.
Beneficios para el desarrollador
Una vivienda con atributos de sustentabilidad, según la experiencia internacional, aporta un gran valor al activo inmobiliario desde el punto de vista de su comercialización. Junto con mejorar la imagen de la empresa posicionándola como un actor preocupado por los actuales desafíos medioambientales que enfrenta la sociedad y demuestra un uso eficiente de los recursos, tanto en su construcción como posterior operación.
Beneficios para el usuario
La CVS permite al usuario mejorar su calidad de vida, pues transparenta la información sobre el estándar de una vivienda en términos de habitabilidad, confort interior, gasto de energía y agua. Contar con viviendas certificadas permite aportar al cuidado del medioambiente, ya que en éstas se han utilizado métodos y materiales amigables con el entorno, lo que reduce la huella de carbono de la vivienda.
Acerca de la Certificación de Vivienda Sustentable
Cabe recordar que la CVS es una herramienta que evalúa y valora, de manera objetiva, el estándar de viviendas en etapa de diseño y construcción, considerando criterios ambientales, sociales y económicos. A través de esta certificación es posible evaluar la correcta implementación de más de setenta estrategias o requerimientos de sustentabilidad, las cuales se encuentran agrupadas en seis categorías: salud y bienestar, energía, agua, materiales y residuos, impacto ambiental y entorno inmediato.
La CVS cuenta con dos etapas de certificación; por un lado, está la Precertificación, la cual se puede obtener en la fase de diseño, una vez que se ha obtenido el respectivo permiso de edificación, con el propósito de que el proyecto pueda comercializarse dando a conocer este atributo. Por otro lado, está la Certificación, la cual se obtiene luego de la recepción final de las obras, pues esta evalúa el proyecto ya construido. Y por otra parte, la CVS cuenta con tres niveles de certificación denominados el más básico es “Vivienda Sustentable certificada”, el segundo nivel es “Vivienda sustentable destacada” y el tercer nivel y el más exigente es “Vivienda Sustentable Sobresaliente” según el puntaje que acumula el proyecto en el cumplimiento de los requerimientos de la certificación.
Su creación y desarrollo ha sido liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con apoyo de los ministerios de Energía y del Medio Ambiente, además de la colaboración del Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectura, el Instituto de la Construcción, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la Cámara Chilena de la Construcción y el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, entre otras entidades públicas y privadas. Esta última institución, será la encargada de administrar el sistema, durante los próximos diez años.