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Crisis sociales, estrés por pérdida de empleo, la crisis del estallido social y la pandemia han evidenciado las dificultades en el acceso a la vivienda, cuya demanda ha crecido sostenidamente, llegando a marcar un déficit país de 700 mil hogares. Para dar solución a esta problemática, se congregó a un “Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad”.

Más de 30 representantes de universidades y centros de estudios, asociaciones gremiales, municipios, sociedad civil, fundaciones, dirigentes y consultores, del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, incluido el presidente de Construye2025, Pablo Ivelic, aportaron su mirada al “Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad”. Dicha instancia busca abordar en los próximos 60 días medidas concretas para enfrentar las urgencias en materia habitacional y urbana.

La mesa de trabajo estableció tres objetivos principales: generar un diálogo nacional por la vivienda y la ciudad; aplicar medidas concretas a corto plazo para favorecer el acceso a la vivienda y resolver el hacinamiento y los campamentos; y establecer una agenda de largo plazo para asegurar continuidad y sostenibilidad en el desarrollo de la vivienda y de la ciudad.

El objetivo del Ministerio de Vivienda fue trabajar colaborativamente para solucionar una problemática que requería de múltiples miradas. “Primero, la pandemia visibiliza y afecta la precariedad habitacional. Este aumento del déficit habitacional en el país en los últimos años obedece a un factor de migración vulnerable, también a la pérdida de empleos; segundo, la baja en los ingresos familiares también es un factor; y, la tercera parte, es el Estado, el ministerio. Las comunas donde más ha aumentado el déficit son aquellas donde al Estado le ha costado construir viviendas de interés social. Tiene que ver, en parte, con la poca gestión en la búsqueda de suelo”, explicó el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando.

De ahí nació la instancia de diálogo, por acuerdo unánime en el Senado, como primer paso para fijar un plan de acción con medidas de corto y largo plazo que respondan a las necesidades de los 700 mil viviendas que hoy no tienen casa. “Se conformó un programa realista, que dio como fruto al menos 20 medidas principales. En esto, los municipios, especialmente, las direcciones de obra tienen una capacidad de ejecución que no tiene otra unidad. Algunas tenemos implementados sistemas para determinar rápidamente las demandas a partir de los datos del registro social de hogares e implementar soluciones que atiendan con rapidez el déficit de vivienda local”, explica Yuri Rodríguez, director de Obras Municipales de Casablanca.

Demanda vs oferta

Según el especialista, cada municipalidad debería determinar la tipología de demanda y el universo de demanda para tener claridad de hacia dónde ir. Asimismo, el arquitecto valora la participación del mundo académico en estas instancias e invita a las escuelas de arquitectura a extender la enseñanza sobre políticas públicas.

Quienes han podido aprovechar las ventajas de DOM en Línea cuentan con un sistema de información geográfico que permite tener a la vista un catastro que garantiza más de un 99% de asertividad, porcentaje que se compara con el de comunas cuyo catastro no llega ni al 60%. “Ir incorporando la tecnología nos ha permitido ir acortando las brechas. Cuando tenemos nuestro catastro actualizado, lo más probable que suceda es que haya justicia tributaria en las cargas de contribuciones que reciben las personas. La totalidad de la tramitación debe ser electrónica”, comenta Yuri Rodríguez.

En tanto, la gerente de la inmobiliaria social Techo de la Fundación Techo, Loreto Wahr, destaca la discusión en torno a cómo impulsar de mejor forma el parque de vivienda pública para renta, es decir, facilitar el acceso a la vivienda. “Se requiere una acción estatal para avanzar más decididamente. Es lo que me ha parecido más relevante, que existan concursos para hacer más competitivas y de mejor calidad las soluciones de proyectos habitacionales. Tenemos que ver también cómo hacemos para que el Estado tenga más terrenos públicos para poder ofrecer soluciones; generar incentivos para facilitar el acceso a la vivienda y al financiamiento para los sectores medios”, señala.

Y es que, según Loreto Wahr, hay una parte de la población que no está bancarizada, algunas por ingresos y otras por informalidad de la actividad. En este ámbito, cree que deben abrirse posibilidades para hacer más expedito y flexible el acceso. “Armar un banco de suelo a través de glosas, flexibilizar condiciones”, afirma. Pero, además, del problema de falta de acceso al sistema bancario -que se traduce también en falta de acceso a la vivienda- la ejecutiva ve falencias normativas, institucionales y de gestión.

“Para nosotros como representantes de la sociedad civil fue interesante poder participar, pero nos preocupa que se cumplan las medidas. Esperamos que no se queden solo en buenas intenciones. Un buen gobierno necesita una buena fiscalización también y ahí las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol importante”, dice Loreto Wahr.