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En una visita guiada al CIPYCS, tanto empresas de construcción como otras, pudieron acceder a los detalles de la postulación a esta ley, que evalúa proyectos en la modalidad de ventanilla abierta y para este 2023 tiene $380 mil millones.

InnovaChile de Corfo organizó hace unas semanas una visita guiada al Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable (CIPYCS), en el Campus San Joaquín. De esta manera, junto con un recorrido por los laboratorios de Infraestructura Modular Adaptativa (IMA), Observatorio de Productividad y construcción sustentable, Laboratorio de experiencias virtuales inmersivas y aumentadas y el de Prototipado a Escala real, los asistentes pudieron acceder a charlas sobre los fundamentos de la Ley I+D, las formas de aplicar y casos de éxito.

“La experiencia de innovación tiene por objetivo fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial. Por ello, tenemos instrumentos que son cofinanciamiento, relacionados con subsidios; certificación que tiene que ver con la Ley I+D y el acompañamiento, que tiene que ver con este tipo de actividades de difusión”, comentó Manuel Neira Cardenas, líder de la Ley I+D desde InnovaChile, en la oportunidad.

En este contexto, dicha ley tiene un rol predominante, con $380 mil millones para este 2023; en tanto para la certificación los proyectos tienen un tope mínimo de $6,5 millones (100 UTM) y los topes máximos se relaciones con el crédito tributario, pero “el más grande que nos ha llegado es de “140 millones”, precisó Neira.

El ejecutivo contó que la Ley I+D es ventanilla abierta, por lo que cada proyecto se evalúa en su mérito, es decir, “se define si tiene I+D o no, y en función de eso, la empresa obtiene el beneficio”. En tanto que hay un calendario de convocatorias para los fondos concursables, cuyos subsidios se evalúan en el marco de una competencia, donde hay un fondo acotado que se distribuye.

Ley I+D

El objetivo de la Ley I+D es contribuir a mejorar la capacidad productiva de las empresas chilenas, a través de un beneficio tributario a la inversión privada, investigación y/o desarrollo. “Esto se materializa en la postulación de contratos o proyectos. Lo más relevante es qué vamos a entender por I+D, la definición está establecida en la propia ley, con definiciones donde básicamente está la investigación, que es la generación de conocimiento a través de procesos sistemáticos y metódicos”, explicó Manuel Neira.

A su vez, ésta puede ser investigación básica, es decir, generación de conocimiento que es sin un objetivo específico, o también podría ser investigación aplicada, que va a ser la generación de un nuevo conocimiento, pero con un objetivo específico, “que es más bien lo que llega de parte de la empresa y lo que va a llegar es el desarrollo, que consiste en los trabajos sistemáticos que aprovechan el conocimiento disponible o la experiencia ya disponible y están enfocados a generar nuevos materiales, procesos o dispositivos nuevos, la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, la mejora sustancial de lo ya existente y, en específico, el desarrollo software”, agregó.

También Neira precisó que están excluidas algunas actividades como la puesta en marcha de una tecnología ya existente. “Esto tiene que ver más con transferencia tecnológica”, comentó. Asimismo, otra razón recurrente de rechazo tiene que ver con que se postulan servicios profesionales o de carácter rutinario: “Si yo le pregunto a alguien que está al tanto del conocimiento de las materias, si puede resolver un problema y tiene la respuesta, eso probablemente no es I+D, porque es más bien un servicio profesional. Ahora, si alguien que está al conocimiento de la técnica y de las materias en el área y no tiene la respuesta, va a tener que buscar un camino, que es un desarrollo experimental, eso está más ligado a un proyecto I+D”, aclaró el ejecutivo de InnovaChile.

¿Qué beneficios otorga la ley? Básicamente, de todo lo invertido, el 35% es crédito tributario, que se rebaja directamente al pago de impuestos, en tanto que el otro 65% va a ser gastos necesarios para producir la renta. “Eso significa que disminuye la tasa imponible, por lo cual genera un efecto indirecto que llega a un beneficio de un 52,55%. Matemáticamente, podemos ver un ejercicio que es una empresa que tenga ingresos operacionales de 750 millones, con costos operacionales de 380 millones, si tiene un proyecto de I+D de 100 millones, pero no lo ha certificado y no es parte del giro, va a pagar en total 99.900.000, casi 100 millones de impuestos”, ejemplifica Neira.

Ahora, “si este mismo proyecto lo certifica, pasarían 65%, equivalente a 65 millones, a ser gastos necesarios para producir la renta, entonces ya el impuesto bajó a $82.350.000, porque aumentaron más gastos y luego, el crédito tributario, los 35 millones, rebajan directamente al impuesto a pagar al final y pagó en total 47 millones y fracción. Pasó de casi 100 a 47 millones, se ahorró el 52% del proyecto que certificó”, analiza.

Con respecto al uso de la ley desde 2012, Neira afirmó que ha habido una evolución importante que ha permitido aumentar la cantidad de empresas que postulan, y que la tasa de aprobación es del orden del 63%. “Inicialmente, era muy alta, sobre el 80%, pero de ahí aumentó la masividad y eso significó que hubiera más proyectos que postularan que tenían menos nociones de qué era I+D”, aseguró.

Más antecedentes de la ley pueden ser conocidos en https://www.corfo.cl/sites/cpp/incentivo_tributario