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Conocer de cerca las normas es fundamental para la evolución de la cultura de la calidad en nuestra sociedad. Los documentos normativos aportan al crecimiento y la globalización de los mercados, por lo que contribuyen enormemente a los procesos productivos y a generar una infraestructura para la calidad. De ahí la importancia de familiarizarse con ellos.

La necesidad de transitar de una economía lineal a una economía circular en un marco normativo claro, transversal y regulado por expertos fue el tema que convocó el webinar “Navegando hacia la circularidad”, un seminario-conversatorio enfocado en las nuevas normas internacionales. Esta iniciativa fue organizada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y contó con el apoyo de Corfo y del programa Territorio Circular de Sofofa.

Pedro Ibarra, jefe de la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización, destacó la contribución realizada desde nuestro país con la creación de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y la Hoja de Ruta de Economía Circular, publicada en 2021, con miras a hacer de Chile un país circular hacia el año 2040. “El amplio uso de las normas es un precursor necesario para la evolución de la cultura de la calidad en nuestra sociedad, y los documentos normativos, principalmente las normas, aportan al crecimiento y la globalización de los mercados, siendo clave en el desarrollo de los procesos productivos”, destacó. 

En palabras de Ibarra, “el trabajo normativo de la ISO es una contribución siempre muy positiva para ayudar a las organizaciones a evaluar los impactos del cambio climático y a implementar los planes para una acción efectiva”.

La participación de los expertos comenzó con el gerente del programa Territorio Circular, Javier Obach, quien explicó que la Hoja de Ruta de Economía Circular se elaboró en “un proceso muy participativo, con más de 144 personas de 33 sectores involucrados, mesas temáticas ubicadas en distintas localidades de nuestro país, lo que conduce a un documento unificado de muchas miradas al 2021, que se somete una consulta pública, con más de 500 observaciones”. La versión aprobada permitió establecer un programa estratégico de Corfo, Territorio Circular, de carácter público y privado “que va a ayudar a generar acciones habilitantes, empujar a que otros actores empiecen a articularse en torno a esta hoja de ruta así como a poder monitorear y generar muchas acciones que vayan al alero del cumplimiento de este documento”. 

La segunda intervención estuvo a cargo de Ana María Alvarado, coordinadora de Normas y coordinadora del Comité Espejo Economía Circular del INN. Ella explicó el funcionamiento, en términos generales, de las normas ISO en su calidad de organización internacional independiente, que reúne a una red de organismos nacionales de normalización y el rol de nuestro país en la elaboración de las tres primeras normas de economía circular publicadas al alero del Comité 323.

“Nosotros, como comité nacional, participamos a través de los comités espejos, donde conformamos el Comité 323 nominando expertos en los diferentes grupos de trabajo, pero también aparte de estos expertos hay otros miembros del comité espejo que participaron en las reuniones a nivel nacional, donde hicieron sus aportes a la elaboración de estos documentos”, detalló. 

Entre esos expertos estuvieron Alex Godoy, director del Centro de sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo; Cristian Zegers, consultor senior en Economía Circular y fundador de Social Renovable; y Cristian Morales, ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Todos ellos participaron en el webinar, aportando elementos técnicos que permiten comprender el rol de las normas ISO en la implementación de una economía circular.

Alex Godoy puso énfasis en la necesidad de integrar los procesos de producción, entendiendo que el cambio de una economía lineal a una circular es un paradigma que llegó para quedarse. “Tenemos que transitar a una economía más bien circular, reducir la extracción de recursos naturales y obviamente utilizar las vías de residuos para que otras compañías puedan usarlos”. Para esto, continuó, es clave que todos los actores del sistema se eduquen, compartan un lenguaje técnico común, porque “a veces incluso forzar la economía circular es peor, y esta es la gracia de esta la normativa, que nos ordena”.

En la misma línea, Cristian Zegers se refirió a la importancia de acelerar esta transición porque “no tenemos tiempo, eso es algo que es bueno dejar muy claro, como uno de los mitos de la economía circular”. Así, la necesidad de instalar un modelo circular se torna urgente; y la norma ISO 59010, enfocada a las compañías, fue diseñada para “crear e intercambiar valor, pero un valor no pensado exclusivamente de forma lineal, sino que con impactos socioambientales”. Asimismo, resaltó que “lo que necesitamos ahora es una colaboración que acelere la transición del modelo de negocio de cada una de las organizaciones, no hay un modelo que nos haga a todos, esto debe ser un traje a la medida de cada organización, entonces generamos esta metodología para entender el modelo de negocio actual, la esfera de influencia dentro de la cadena de valor, cuáles son las alternativas y oportunidades”. 

Por su parte, Cristian Morales entregó algunos detalles de la norma 59020, que se centra en la medición y evaluación de la circularidad. “El objetivo de este documento es la recolección de la información necesaria y realizar los cálculos para permitir las prácticas de economía circular que minimicen el uso de recursos y optimicen el flujo circular de recursos, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible”, señaló. 

Tras las presentaciones, se dio inicio al conversatorio que fue moderado por Ana María Alvarado y Javier Obach, espacio en el cual los invitados dieron respuestas a muchas de las inquietudes planteadas por el público.

En un seminario organizado por el Instituto Nacional de Normalización, que contó con la participación del INN, Construye2025 y el MOP, se dio cuenta de los avances que han hecho los tres organismos en materia de economía circular y la importancia de las normativas de áridos reciclados para el sector.

El Instituto Nacional de Normalización organizó a fines de noviembre el Seminario “Cambiando la forma de construir: Transformando residuos en áridos para la construcción”, programa desarrollado con aportes de Corfo, para el desarrollo de normas chilenas para la habilitación de la economía circular en el sector construcción.

Este evento contó con la participación de Emilio Rojas, profesional de la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización; Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025; Víctor Reyes, jefe de la Unidad de Carreteras, de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y Pablo Ibañez, asesor ambiental de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Cada uno de los expositores nombrados abarcó diversos tópicos, como el impulso de nuevas normas chilenas sobre este ámbito, la importancia de los áridos, su uso en obras públicas y su impacto en la economía circular entre otros interesantes temas.

Claudia Cerda, jefa de División de Normas del INN, contó, al abrir esta actividad, que Corfo les ha solicitado como Instituto Nacional de Normalización el estudio de normas técnicas que habiliten el desarrollo de la Hoja de Ruta de Economía Circular. “Este ha sido un gran desafío para el INN y nos hemos propuesto ir cumpliendo de manera sostenida y sistemática con ello”, precisó.

Asimismo, comentó que los primeros pasos que ha dado la institución en economía circular los desarrollaron antes de la hoja de ruta y fueron las normas de gestión de residuos de la construcción y demolición, específicamente, la NCh3562 sobre clasificación y directrices para el plan de gestión de RCD, financiada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el año 2017, y la NCh3727, que establece las consideraciones para la gestión de residuos y para las auditorías previas a las obras de demolición, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, el año 2020.

“En particular, quiero mencionar el uso que se le ha estado dando a la norma 3562, que fue oficializada por el Minvu en septiembre de 2019, y ha sido considerada en la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en la Construcción 2035, a partir de la cual distintos organismos de construcción, como la Cámara Chilena de la Construcción y la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la han considerado como base para impulsar el marco regulatorio relacionado con la gestión de los RCD, así como en la elaboración de manuales de apoyo a las empresas para contribuir a la gestión de ellos”, especificó. 

Cerda añadió que esta normativa “también ha sido considerada como una referencia por organismos públicos, en particular, el Ministerio de Obras Públicas, para la gestión de los residuos en obra, así como también hemos sabido que se utiliza dentro de bases técnicas de licitación de obras públicas”.

A partir de este trabajo, han surgido nuevas necesidades y encargos hacia el INN. Es así como en 2022 se aprobó un nuevo contrato entre el MMA y el INN para la elaboración de siete normas sobre economía circular, las que buscan establecer los atributos e indicadores de circularidad para gran parte de la cadena de valor de la construcción (ver nota).

“En el camino también hemos ampliado este trabajo hacia el sector de minería. Los primeros indicios de incorporar áridos reciclados del sector minero fueron manifestados por este rubro en el comité que hoy se encuentra estudiando la norma 163 que establece los requisitos para los áridos utilizados en morteros y hormigones. Sin embargo, para avanzar en la incorporación de estos nuevos áridos es necesario basarnos en datos científicos y en la tecnología, que sirvan para demostrar los requisitos de calidad y seguridad de éstos”, argumentó.

En paralelo, han ido recopilando información sobre los residuos mineros y siderúrgicos que pueden transformarse y valorizarse como áridos a ser utilizados en el sector de la construcción. “Es aquí donde las disciplinas se juntan y debemos estar preparados para ello. Nos encontramos en un punto relevante, contribuyendo al punto de inflexión en la gestión de los residuos, donde éstos no sean desechados y enterrados, sino más bien, reutilizados y valorizados para seguir construyendo con la economía circular en nuestro país”, comentó.

Áridos reciclados

Emilio Rojas, profesional División de Normas del INN, presentó el tema “Impulsando el uso de áridos no convencionales – Nuevas Normas Chilenas”. En su presentación evidenció dos grandes problemas: la no gestión de los residuos en una obra y la escasez de áridos naturales, lo que lleva a su extracción ilegal y a generar grandes impactos ambientales.

“Como INN vemos oportunidades de mejora en estos problemas, porque una norma chilena parte de la identificación de un problema que se transforma en una necesidad, en este caso, de generar un documento normativo, por lo tanto, todas estas situaciones nos llevan a hacernos cargo de la situación que nos corresponde”, expuso.

En ese contexto, habló sobre el panorama normativo nacional en torno a la materia. A las ya mencionadas por Claudia Cerda, añadió Ley REP 20.920, que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el reciclaje, “por lo tanto, es un puntapié inicial para que podamos hacer desarrollos técnicos”, dijo.

Mencionó el prNCh3849 Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos; clasificación, ensayos y requisitos de caracterización y directrices para la trazabilidad; el prNCh3851 Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico, clasificación y requisitos, el prNCh3848 Pavimentos, Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos, Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos y el prNCh3850 Pavimentos Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico , Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos.

“Este convenio con Corfo tiene la particularidad de que estas normas chilenas se trabajan muy rápido, por lo que en 2023 las normas tenían que estar en consulta pública y tener una primera reunión de comité técnico. Por ello, citamos a un comité de anteproyecto cerrado, con expertos que ya han hecho desarrollos en este tipo de materiales para poder elaborar dichos anteproyectos”, señaló.

Por su parte, Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, se refirió a “La importancia de los áridos: ¿Cómo aseguramos los recursos para una construcción sostenible?”.

Tapia agradeció la instancia de trabajo colaborativo que significan los comités de normas, a Corfo por la voluntad de avanzar en normas de economía circular, invitando a Construye2025 a hacer propuestas, y al INN por el apoyo para sacar adelante estas normas.

Asimismo, sostuvo que es necesario “buscar las formas de asegurar los recursos para tener una construcción más sostenible económica, social y ambiental, pero no solo para las generaciones futuras, sino que para las actuales, porque tenemos tremendas inequidades sociales, entonces mientras se pierden muchos residuos, tenemos comunas con grandes ingresos que construyen mucho, tienen muy buena calidad de espacios públicos, versus otras que pueden tener el hormigón, pero en forma de residuo y no de edificación, lo que afecta la calidad de vida de las personas”, junto con dar cuenta de la pérdida de materiales en la que aún persiste el sector.

La arquitecta evidenció que “son muchos los desafíos, por lo que el cambio tenemos que hacerlo ahora”, refiriéndose a pasar de una economía lineal a una circular, planificar las ciudades, evitando errores de diseño y la generación de pasivos ambientales.

Al finalizar, Alejandra Tapia destacó las iniciativas colaborativas que se están encargando de esta problemática de la construcción, como la Hoja de Ruta RCD Economía Circular de la Construcción 2035, lanzada en 2020 por los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Corfo y Construye2025, así como la Estrategia de Economía Circular en Construcción, liderada por la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción, Construye2025 y la CDT.

En representación del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Reyes, jefe de la Unidad Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad, y Pablo Ibáñez, asesor ambiental de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad, expusieron sobre “Áridos Reciclados en Obras Públicas: Caminando Hacia la Economía Circular”.

Reyes contó que en la Dirección de Vialidad del MOP hablan de economía circular y áridos reciclados desde antes de 2015 y que han avanzado “principalmente en el desarrollo de algún tipo de información y pruebas de laboratorio”. 

A su juicio, “ha sido un camino largo de ir conversando con distintas personas y convenciendo sobre este cambio. Hemos ido sentando las bases de lo que se busca, porque sentimos una responsabilidad importante como ente público para poder impulsar esto. Somos uno de los principales mandantes de obras públicas, en las que se consumen muchos materiales de construcción y si dentro de nuestras exigencias en los contratos, pedimos el uso de otros materiales y avanzar en la utilización de materiales reciclados, eso será una ayuda importante”.

Por lo mismo, “hemos estado trabajando bastante con el INN en el desarrollo de estas normativas, como Manual de Carreteras en la Dirección de Vialidad para ir impulsando estos temas con el Laboratorio Nacional de Vialidad, con el Comité de Normas del MOP”, afirmó el ingeniero.

En tanto, Pablo Ibáñez se refirió a los áridos naturales y mencionó que teniendo la normativa y la Hoja de Ruta RCD, “se genera una serie de desafíos para la Dirección de Vialidad con la utilización de áridos reciclados, los que se presentan en todo el ciclo de vida de un proyecto vial. En la preinversión, estos proyectos nuevos o alternativas de mejoramiento, donde utilizando las 9R, la idea es repensar o rediseñar pensando en materiales de construcción que puedan reutilizarse en estos trazados o disminuyendo el uso de materiales vírgenes”.

Así, “durante el diseño podemos establecer los tipos de pavimentos que pueden utilizar, reutilización de áridos en el diseño, analizar y comparar los tipos de pavimentos a realizar, avanzar en los términos de referencia, con los requisitos y lineamientos, junto con el Laboratorio de Vialidad”, complementó.

En la etapa de construcción precisó que es posible utilizar materiales alternativos, pero fundamentalmente, está la posibilidad de reciclar y reutilizar los rechazos y residuos provenientes de la obra. Y en el caso de mantenimiento, está la reposición de elementos, y reciclaje de pavimentos, a través de RAP, o espumado, entre otros, y el manejo de residuos.

En resumen, “desde el punto de vista del uso de carpetas de rodadura referidas a asfaltos, tenemos bastante experiencia, pero nos falta todavía en la reutilización de agregados de hormigón”, especificó Ibáñez.

Finalmente, Víctor Reyes presentó algunos ejemplos de experiencias que se han realizado desde la Dirección de Vialidad y comentó que en el MOP se está trabajando en una nueva política de sustentabilidad que les permita reducir el impacto ambiental de las obras, usar eficientemente los recursos e integrar la economía circular.

El seminario completo puede ser consultado aquí:

El uso de áridos reciclados plantea una serie de beneficios ambientales, económicos y sociales, aunque también desafíos. Por ello, Corfo priorizó frente al convenio de desempeño anual con el INN, el desarrollo de cuatro proyectos de normas que buscan potenciar y regular su uso, en concordancia con las acciones que propone la Hoja de ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 y el plan de trabajo de Construye2025.

Solo hace unos días, el Instituto Nacional de Normalización (INN), informó la apertura de la consulta pública de los cuatro proyectos de norma relacionados con áridos reciclados y áridos artificiales. Se trata del prNCh3849 Áridos – Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos – Clasificación, ensayos y requisitos de caracterización, y directrices para la trazabilidad, y del prNCh3851 Áridos – Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico – Clasificación y requisitos, cuyo plazo para enviar comentarios en el sitio https://www.consultapublica.cl/ vence el 8 de diciembre. 

En tanto, también se desarrollaron las propuestas de normas para su uso en pavimentos, el prNCh3848 Pavimentos – Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos – Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos y el prNCh3850 Pavimentos – Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico – Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos, tienen plazo hasta el 14 de diciembre para el envío de comentarios o propuestas de modificación.

Estos proyectos de norma chilena forman parte de un convenio de desempeño anual que suscriben Corfo y el INN, que busca contribuir a la sociedad con el aseguramiento y mejora de la calidad, a través del desarrollo y difusión de normas técnicas. Este 2023, se puso foco en la construcción sostenible, por lo que “se incluyó en este convenio el estudio de cuatro temáticas vinculadas al sector construcción, priorizadas en conjunto con el programa Transforma Construye2025”, precisa Edelmira Dote, Ejecutiva Programa Transforma de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo.

Y es que a juicio de Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, “las normativas son una herramienta muy importante para definir estándares y los requisitos mínimos que deben cumplir, en este caso, los materiales y productos, de acuerdo a su desempeño y aplicaciones, por lo que son fundamentales para generar confianza para su uso”.

En ese sentido, Edelmira Dote confirma que “el programa Construye2025 ha liderado esfuerzos importantes en materia de economía circular, donde la generación de estándares y normas técnicas es un elemento relevante para aportar en el desempeño del sector”.

Y si bien estas normas son de aplicación voluntaria, “al ser desarrolladas mediante metodologías de consenso y con participación amplia de distintos actores representativos del sector, se promueve su uso y permiten avanzar en mejorar los estándares en la generación de productos o procesos dentro de las organizaciones, y con ello, avanzar en un mejor desempeño”, añade la ejecutiva de Corfo.

En este caso particular, “se destaca que se ha generado una valiosa sinergia entre las temáticas priorizadas por el programa Construye2025 y el trabajo realizado con el INN a través del Convenio de Desempeño que se suscribe anualmente, permitiendo orientar la formulación de dicho convenio y a su vez, avanzando en la materialización de las iniciativas del Programa Transforma”, precisa Dote. 

De esta manera, “en el caso de los proyectos de normas prNCh3849 y prNCh3848, se han propuesto requisitos generales en base a experiencias internacionales y nacionales que deberán ser profundizadas a partir de las observaciones derivadas de las consultas públicas”, comenta la Dra. Viviana Letelier, profesora asociada de la Universidad de La Frontera. 

Por ello, Alejandra Tapia cree importante “la participación en la consulta pública de expertos en áridos, hormigón, y sus aplicaciones en vialidad y obras de infraestructura, que cuenten con conocimientos técnicos y, sobre todo, conozcan el estado del arte internacional, ya que si alguna persona no está bien informada, podría ralentizar y complicar el proceso”.

El proyecto de NCh163

Como cuenta la Dra. Viviana Letelier, el prNCh163 ya pasó por su proceso de consulta pública y se encuentra en la etapa de revisión de las observaciones. “Al ser el árido reciclado de hormigón un material nuevo y existir pocas experiencias nacionales asociados a su uso, ha sido necesario presentar en diversas instancias, resultados de investigación nacionales e internacionales que demuestran que el uso correcto (tanto en calidad, como en porcentajes) de los áridos reciclados de hormigón permite obtener nuevos hormigones con desempeños similares a aquellos con áridos naturales”.

En ese sentido, “el Comité Técnico de esta norma está integrado por diversos actores asociados a los áridos en su producción, control, uso y certificación, lo que ha permitido que la temática se pueda abordar desde distintas visiones, permitiendo, a su vez, proponer requisitos que permitan obtener experiencias exitosas asociadas al uso de este nuevo material en hormigones”, precisa Letelier.

Por qué fomentar y normar su uso

El uso de áridos reciclados tiene distintos beneficios económicos, ambientales, y sociales, como reducir la extracción de recursos naturales, porque cada vez hay una mayor escasez de áridos naturales, lo que comienza a ser un tema de relevancia nacional. 

“A nivel de las regiones más industrializadas, cada vez empiezan a haber menos permisos de extracción, lo que significa que se van alejando de las zonas centrales, hay un tema de transporte y costos, por lo tanto, el árido reciclado pudiese tener una alternativa ahí”, cree Letelier.

Por otro lado, los residuos de hormigón, de donde provienen los áridos reciclados, son unos de los más abundantes a nivel de los residuos de la construcción y demolición (RCD). “Hay distintos porcentajes, algunos hablan de 50, otro de 70%, pero al disminuir la cantidad de este residuos que es tan abundante a nivel nacional, también disminuimos la cantidad que va a vertederos, y por lo tanto se aumenta la vida útil de ellos, que es problemática, porque aún hay muchas regiones que no tienen vertederos de RCD autorizados”, comenta la académica.

A ello se suma que “a partir de investigaciones, hemos podido descubrir que hay beneficios asociados a la absorción de CO2. Por su naturaleza, los áridos reciclados de hormigón tienen este mortero adherido, que tiene una mayor capacidad de absorber CO2 que los áridos naturales, lo que empieza a ser una alternativa atractiva de absorción y encapsulación de CO2”, plantea.

En cuanto a los costos, internacionalmente se ha establecido que los áridos reciclados son entre 35% y 50% más económicos que los naturales, de acuerdo con la Dra. Letelier, lo que es atractivo para los productores de hormigón o aquellos que requieran áridos en sus obras. “A nivel nacional, esta industria está comenzando, así que creo que de a poco se irá regulando el tema de los precios”, añade.

Y por supuesto, están los beneficios sociales, asociados al lanzamiento de nuevos mercados, nuevos puestos de trabajo y “a una disminución a nivel social de este escombro que lo podemos ver en distintos vertederos, tanto legales como ilegales, que pudieran afectar a la salud de la población”.

Por ello, sobre los alcances del uso de este nuevo material, “si es que los vamos a utilizar en hormigones, es importante la correcta separación de este árido y que cuidemos en su producción que no se contaminen. También es ideal conocer el origen de los áridos para poder sub clasificarlos, porque cuando van a ser usados en hormigones, tienen que ser los de mejor calidad. También está la alternativa de bases y subbases, que es muy real y muy utilizada a nivel internacional, y de ahí también necesitamos que el árido esté limpio y conocer su origen”, advierte la profesora de la Universidad de La Frontera.

Asimismo, está el uso como subrasante o ripio, que requiere de menos requisitos, aunque también es importante la segregación o separación correcta por caracterización de los áridos reciclados.

Por Marcos Brito, gerente de Construye2025.

En el año 2020, mientras nos encontrábamos confinados, se produjo el inicio de un primer trabajo mancomunado -en formato “virtual”- para desarrollar lo que sería el Anteproyecto de Norma de Construcción Industrializada – Definiciones y Términos Generales (prNCh3744), al alero del Instituto de la Construcción y con financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). 

La participación fue masiva, habiendo llegado a contar con 64 destacados representantes del sector, quienes, tras más de un año de comprometido trabajo, lograron generar un primer borrador para esta norma, que se revisó en consulta pública, como el procedimiento establece. Luego de varios meses adicionales de trabajo, se revisaron uno por uno los comentarios de la consulta. Así, finalmente, la NCh3744 fue aprobada como Norma Chilena a finales de agosto de 2023, por el Instituto Nacional de Normalización (INN), tras un proceso que fue impecablemente conducido por Emilio Rojas, de la misma institución.

La norma logra establecer términos y definiciones de construcción industrializada y prefabricada, aplicables al diseño y construcción de obras de edificación, obras civiles e infraestructura, aunando criterios de un conjunto de profesionales de empresas privadas, arquitectos, ingenieros calculistas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Construye2025. El camino al consenso fue arduo, ya que al tratarse de conceptos que han ido evolucionando en el tiempo, es complejo aunar criterios generales para definir acepciones, que tengan sentido para quienes las utilizan, en diversos tipos de proyectos, con diferentes sistemas constructivos, así como alcances, aplicaciones, materialidades, etc.

En definitiva, en Chile, la construcción industrializada se refiere a una forma de construir que busca lograr mejoras: en productividad, sostenibilidad, gestión RCD, plazos y costos, entre otros, y que, además puede o no incluir prefabricados. Este último punto es muy relevante, ya que ambos conceptos, la prefabricación y la industrialización no son sinónimos. Ver NCh3744 en www.inncoleccion.cl.

Gracias al empuje que Construye2025 le ha dado al concepto mismo de la Construcción Industrializada, como cambio de paradigma hacia una construcción más eficiente, productiva y sustentable, se crea en Chile, en 2017, el Consejo de Construcción Industrializada (CCI), organización que ha sido clave en lograr difundir este nuevo paradigma, relevar su importancia, dar un espacio de difusión a quienes han trabajado en la industrialización de la construcción y concientizar a todo un sector con la relevancia de incorporar en mayor o menor medida los elementos clave que conlleva la industrialización, entre otros objetivos. 

En 2023, se logra un hito sin precedentes, con el Encuentro Nacional de Construcción Industrializada #ENCI2023, que logra reunir a más de 2.000 personas en una semana, en diversas actividades presenciales y virtuales sobre construcción industrializada. También se releva este concepto en diversas mesas de trabajo, en organizaciones privadas y públicas, tales como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA), el Colegio de Arquitectos y el Minvu, en su Plan de Emergencia Habitacional. Asimismo, la construcción industrializada ya forma parte de gran parte de los cursos de postgrado en diversas casas de estudio. Hoy, al menos, ya tenemos la atención de todo el sector.

La norma NCh3744 establece, en definitiva, una mayor claridad sobre lo que la construcción industrializada involucra y sus objetivos. Asimismo, ofrece claridad sobre otros conceptos clave, tales como la construcción modular, la constructabilidad y la prefabricación, que muchas veces pueden entenderse de otras formas en el idioma coloquial, pero que es importante definir bajo una estructura normativa, para que así estos sean entendidos de manera clara en Chile. 

Por otra parte, el Minvu está preparando una Norma Técnica llamada “Construcción industrializada – Planificación, diseño, fabricación y montaje”, la que fue sometida a consulta pública durante 2023 y se está a la espera de sus resultados. 

Con todo, avanzamos como país en la construcción de un relato técnico consensuado, que, sin duda, ayudará a utilizar estos conceptos en futuros documentos formales, tales como contratos o reglamentos públicos. La construcción industrializada avanza hoy rápidamente, pero también es importante que lo haga de manera ordenada y desarrollando estándares técnicos, así también como un lenguaje claro y unificado.

Luego de una serie de avances impulsados por el Comité Consultivo Público de la Hoja de Ruta RCD y ECC 2035, el Ministerio de Medio Ambiente solicitó al INN el desarrollo de siete normas técnicas para definir atributos de circularidad e indicadores de desempeño circular en la construcción.

Dada la relevancia de la economía circular para la construcción, en 2020 se lanzó la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción (ECC) 2035, cuya elaboración fue liderada por el Comité Consultivo Público conformado por los Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Corfo y Construye2025. En dicho instrumento de política pública, hay 5 ejes, siendo el “Eje 2 Coordinación pública para el marco regulatorio y fomento a la economía circular en construcción” de particular relevancia, dado que plantea importantes desafíos en los ámbitos legales, regulatorios, y también en el desarrollo normativo, específicamente en su lineamiento 7 plantea: “Desarrollar reglamentación, normativa y herramientas habilitantes para el desarrollo de una economía circular en construcción”, contexto en el que se enmarcan varias iniciativas actualmente en curso. 

Comenta Rubén González Aguayo, profesional de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, que “el ámbito de las normas técnicas, se considera uno de los que juega un rol fundamental en el avance para el desarrollo de economía circular del sector, ​​ya que éstas son un instrumento de apoyo eficaz para lograr consensos necesarios en el sector, previos a la regulación”. 

El Comité Consultivo Público inició el trabajo con normas para la gestión de residuos, con la NCh3562:2019, encargada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que establece directrices para los planes de gestión de residuos para obras de construcción y demolición. Según González, “tal como ocurrió con el desarrollo de la NCh3562, su desarrollo permitió avanzar en aspectos conceptuales y operativos mínimos que se vuelven básicos para una gestión moderna -en este caso para el manejo de residuos-; acuerdos entre el sector público y privado que quedan plasmados en el texto como normativa voluntaria en primera instancia y que luego al ser estas oficializadas son exigibles de forma obligatoria”. 

Para complementar, señala: “las normas técnicas permiten cambiar progresivamente prácticas y estándares, hacia mejores desempeños, de forma voluntaria. También constituyen una señal del estándar mínimo deseable, anticipándose al posterior desarrollo de reglamentos; e incluso, permiten al Estado directamente impulsar estos cambios, a través de su especificación en compras públicas, generando un aumento práctico en los estándares del sector, en cumplimiento de las políticas públicas. Finalmente, el desarrollo de normas técnicas es la base para la formación de una infraestructura para la calidad que aporta certezas a los mercados de consumidores y estándares a los prestadores de servicios y sector productivo; en el caso de la construcción facilitando la especificación de proyectos”.

Y añade que “es por ello que como MMA secundamos a Minvu con el abordaje de una norma técnica para el subsector menos normalizado del gremio, y encargamos la NCh3727, para demolición selectiva y auditorías previas a la demolición, Norma que esperamos oficializar este año. Y es que como sector público el esfuerzo centrado en la normalización es considerado una semilla, se trata de normas generales y habilitadoras para una economía circular”.

Todo este trabajo ha sido coordinado a través del Comité Consultivo Público en esta materia, “una sub mesa de trabajo derivada del Convenio Interministerial de Construcción Sustentable, cuya orgánica acelera estos cambios”, explica Rubén González.

“A lo anterior se suma que a fines de 2022 como MMA encargamos a Instituto Nacional de Normalización (INN) el desarrollo de siete normas técnicas para definir atributos de circularidad para el sector de la construcción e indicadores generales, y en la actualidad estamos ya en pleno proceso de su elaboración”, puntualiza el profesional del MMA. 

Normativa para demoliciones y gestión de sus residuos

La implementación de la NCh3727:2021 – “Gestión de residuos – Consideraciones para la gestión de residuos en obras de demolición y auditorías previas a obras de demolición”, que el Ministerio de Medio Ambiente encargó al INN, está disponible en este link: https://ecommerce.inn.cl/nch3727202180045

“Es una norma voluntaria complementaria a la NCh3562:2019 (estándar para los planes de gestión de residuos) y ya está siendo ofertada por algunas empresas de demolición como parte de sus estándares. La recomendación al sector es: si diseña, especifíquela; si construye, úsela; si transporta RCD; asegúrese de que se los entregan segregados según los criterios establecidos en la regulación y en la norma técnica. Con ello, todos se aseguran de implementar medidas para no cometer delito de tráfico de residuos peligrosos, penado con cárcel por la Ley 20.920. art 44”, aconseja Rubén González.

Las normas técnicas voluntarias (complementarias a la regulación obligatoria) están para ayudar, no sólo para homologar estándares entre las empresas de cada rubro, sirven para colaborar a tener las consideraciones necesarias para facilitar un cumplimiento legal. En este caso, en materia de residuos de demolición.

Nuevas normas técnicas

A estas normas técnicas era necesario agregar otras que aborden toda la cadena de valor y el ciclo de vida de los activos construidos, y que se enfoquen más allá de materiales y residuos. Por ello, el MMA encargó al INN, al cierre de 2022, el desarrollo de un set de normas técnicas para atributos e indicadores de desempeño circular, “que abarcan desde un marco general, pasando por las diferentes escalas como materiales, recursos, sistemas constructivos, edificaciones e infraestructura, barrios y ciudades, con el fin de preparar al sector hacia la economía circular. Éstas abrirán el marco conceptual para el desarrollo de otras, más específicas, y posibilitará el desarrollo futuro de nuevos estándares en todo el ciclo de vida de los activos construidos. Serán la base de la definición de atributos e indicadores de circularidad para el sector construcción, en toda la cadena de valor y escalas de intervención, desde los materiales a las ciudades, pasando por el diseño y las obras. Se trata de un proyecto muy esperado”, asegura el profesional.

Las normas encargadas son:

1. Marco de trabajo, vocabulario, principios, directrices, consideraciones y metodología para determinar atributos de circularidad y un conjunto de indicadores de economía circular en todo el ciclo de vida de activos construidos.
2. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para materiales y productos de construcción.
3. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para sistemas constructivos.
4. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para diseño y planificación de proyectos de edificación e infraestructura.
5. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para la construcción (obra) de proyectos de edificación e infraestructura.
6. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para la planificación y diseño de barrios y entornos construidos.
7. Directrices y consideraciones para determinar atributos de circularidad y un conjunto de atributos e indicadores de desempeño circular para la planificación, diseño y operación de ciudades circulares.

Estos nombres y el alcance de cada una de las normas serán discutidos y finalmente ajustados por el comité. 

“Me siento muy contento de que lográramos esta compra, espero que las normas se desarrollen con un enfoque atrevido y certero, dado que serán normas técnicas pioneras, seguramente referente para varios países de Latinoamérica y también para otras latitudes. A la vez, serán referente para otras más específicas que debería desarrollar el sector privado” (…), “No hay que olvidar que empiezan a correr las metas REP y es buen momento para avanzar en proyectos para materiales valorizados para la construcción. Este escenario, es una tremenda oportunidad para que los emprendedores del sector construcción, los desarrolladores de nuevos materiales y sistemas constructivos, agrupados, propongan a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) nuevos APL y se pueda profundizar sobre este trabajo, avanzado y en curso, con nuevas normas técnicas”, sostiene González.

El rol del sector privado

Si bien se han realizado importantes esfuerzos para avanzar hacia el cumplimiento de lo señalado en la Hoja de Ruta de Economía Circular del sector construcción al 2035, desde el sector público y también desde el privado, por ejemplo con la “Estrategia de Economía Circular en Construcción 2025” y los Acuerdos de Producción Limpia (APL) del sector; “se requiere implementar más iniciativas concretas referidas a normativa técnica. Ahora es momento de que el sector privado se movilice para financiar y encargar nuevas normas técnicas que le permitirán hacer su parte en la formación de una infraestructura para la calidad en la implementación de economía circular en construcción”, sostiene González.

Hasta el 18 de diciembre se realizará la consulta pública para el proyecto de la norma NCh3744 Construcción Industrializada – Términos y definiciones, desarrollada por un grupo de destacados profesionales del área pertenecientes al Consejo de Construcción Industrializada, en el marco del Convenio de Cooperación y Transferencia de Recursos entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Instituto de la Construcción (IC).

Francis Pfenniger, presidente del Comité Anteproyecto de Norma de Industrialización y director del IC, señala que, entre los grandes desafíos estaba el coordinar a un grupo muy grande de personas representantes de todos y los más diversos actores de la construcción.

“La gran participación demuestra el interés y necesidad de contar con este instrumento. Gracias a esto se pudo levantar un universo de más de 90 conceptos que luego se redujo a los términos que actualmente están en la norma en consulta. Los debates fueron intensos, informados y muy productivos, y el resultado refleja este esfuerzo”.

Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) del Minvu, señala que la mejor manera de posicionar este tema es contar con un documento de conocimiento y uso público, aprobado en consenso por el sector y un organismo reconocido.

“El Instituto de la Construcción fue un aliado estratégico para el Minvu en este anteproyecto de norma. Su trabajo y aporte fue clave para cumplir con el objetivo. Agradecemos el esfuerzo y compromiso a Francis Pfenniger y Sebastian Lüders, por asumir la presidencia y vicepresidencia respectivamente, y también a Ítalo Sepúlveda, José Luis Mena, Oscar Zacarelli y Yasmila Herrera por su participación y compromiso en el trabajo del comité que realizó el documento”.

Por su parte, Yasmila Herrera, encargada Centro de Costos de la Ditec, y participante del comité, señala que llegar a una definición final consensuada por todos, implicó mucha discusión y entender todos los puntos de vista.

“El trabajo fue enriquecedor, permitió conocer las necesidades, opiniones y experiencias de todos los rubros, en un ambiente de mucho trabajo y respeto, por lo que fue una gran experiencia”.

Beneficios de la norma

Contar con una normativa de construcción industrializada permitirá sentar las bases de la industrialización en Chile y desarrollar un trabajo y una comunicación coordinados óptimamente con los actores del sector, de manera de potenciar el desarrollo de iniciativas que detonen el impulso que se requiere para elevar el estándar constructivo a través de este concepto.

Erwin Navarrete, señala que “la construcción industrializada nos permite llegar a una mejora en la calidad de los procesos y productos. Reduce los tiempos en los que se ejecutan las obras, permite un mejor control de calidad y reduce los desechos de construcción, lo que da el gran potencial de entregar viviendas de calidad y sostenibles en menor tiempo y para más familias”.

En este sentido, los principales beneficiados con esta normativa son quienes reciben el producto final, es decir, una vivienda, una ampliación, una avenida o una plaza, entre otros elementos.

“Si todos los actores del sector entendemos y aplicamos de la mejor manera las bases de la normativa en Chile, esto se traducirá siempre en una mejora en su calidad. Los actores que utilizaremos esta norma estamos en todos los ámbitos, el público, el privado, la academia, el diseño, empresas constructoras y productoras, entre otros”, añade Yasmila Herrera.

Por su parte, Fancis Pfenniger agrega que esta norma implica un primer paso para tener un lenguaje común y una terminología y conceptos claramente establecidos y consensuados que facilite y haga más fluida la comunicación entre los distintos actores. “Esto permitirá, por la vía de la precisión en el lenguaje, evitar discrepancias y facilitar el correcto entendimiento entre distintos documentos normativos y reglamentarios”.

Consulta Pública

Cabe señalar que los procesos de consulta pública son abiertos, por lo tanto cualquier persona del sector que tenga relación con el tema y esté interesada, puede participar de esta etapa.

“La participación en esta consulta pública es una tremenda oportunidad para validar, mejorar y sancionar un documento que es de gran relevancia para todo el sector. Mientras más personas se pronuncien, mejor”, comenta Francis Pfenniger.

Cabe recordar que el plazo para participar vence el próximo 18 de diciembre. Para acceder al documento se debe ingresar a www.consultapublica.cl, luego a la norma de interés y hacer click en el botón “participar” donde se deberán ingresar los datos para el registro.

Fuente: Instituto de la Construcción

En seminario del Instituto Nacional de Normalización se conocieron los avances en regulación que buscan lograr una construcción más sostenible, considerando todo el ciclo de vida de los edificios.

El seminario “Marco normativo para la planificación de la vida útil en edificaciones” fue la primera actividad de difusión del proyecto “Innova – CORFO: herramientas normativas para la planificación de la vida útil en edificaciones, método de cálculo y planificación”. Ejecutado por el Instituto Nacional de Normalización y Chile GBC y respaldado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el estudio dio origen a ocho nuevas normas que buscan determinar la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, para facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida.

En la apertura de la jornada, Emilio Rojas, profesional de la División de Normas del INN recordó que el sector construcción es responsable del 34% de la generación de residuos sólidos y de, al menos, el 33% de las emisiones de gases efecto invernadero. En este sentido, afirmó que pequeños cambios pueden generar una mejora significativa, siempre y cuando haya una concientización de todos los actores relevantes de la cadena productiva. 

“Es una primera ganancia sentar las bases, hablar de una terminología común y establecer cuáles son los lineamientos generales para comenzar a hablar de la vida útil de las edificaciones”, afirmó el especialista del INN. Asimismo, Emilio Rojas comentó que al hablar de la vida útil, muchas veces no se consideraba la parte de diseño, porque “probablemente, algunos pensaban que las edificaciones son eternas y que jamás se iba a terminar su periodo de vida útil”, argumentó. 

Además, el profesional sostuvo que no se consideraba que los materiales pudieran tener su desempeño completo durante cierta cantidad de tiempo o se pensaba que siempre iba a ser así: “que el material se iba a comportar de la misma manera frente a distintos ambientes”, dijo. 

Sin embargo, según Emilio Rojas, el proyecto que ejecutan el INN y Chile GBC podría disminuir las brechas e identificar en el Programa Estratégico Nacional de Productividad y Construcción Sustentable de Construye2025 un marco de normas técnicas que especifiquen una metodología para la determinación de la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, lo cual permita facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida. 

El impacto de las nuevas normas

“Tuvimos ocho normas que las podemos identificar en tres aspectos. Una norma general que es la norma NCh 3447 parte 1, que establece los principios generales y un marco de trabajo para la estimación de la vida útil de las edificaciones; todos aquellos documentos que son fuentes de datos o entregan la manera de poder estimar estos datos y una evaluación de desempeño; la parte tres que son las auditoría y análisis de desempeño; y la parte cuatro que es planificación de la vida útil utilizando BIM”, comentó el profesional del INN.

 Las otras normas establecen los procedimientos y la metodología, el cálculo para el costo del ciclo de vida, la vida útil de referencia y su estimación. “Hemos identificado que existe la planificación, luego la fase de diseño, después la de construcción, la de gestión del activo, la de rehabilitación y la fase de fin de la vida útil. Asimismo, tenemos la identificación de las etapas por cada una de las fases”, explicó Emilio Rojas. 

Posteriormente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable y profesional de la Ditec-Minvu, Paola Valencia, expuso sobre la “Hoja de ruta para la estrategia nacional de huella de carbono del sector construcción”, cuyo primer primer pilar es la educación, para desarrollar estándares, normas y contenido que defina qué es sustentabilidad en la construcción. Igualmente, la especialista destacó el eje de habitabilidad y bienestar, que vela por la calidad de vida de las personas y del ecosistema. Junto con eso, valoró la innovación y la competitividad, en relación con la gobernanza multinivel e intersectorial que el Estado ha estado promoviendo. 

“El cálculo de la huella de carbono en la edificación tiene que ser de ciclo completo y, particularmente, necesitamos definir y ojalá tender a que la industria de la construcción vele por una vida útil que nos asegure una menor huella de carbono y promover construcciones de mayor durabilidad. Esta normativa que estamos trabajando acá, nosotros la apoyamos y la impulsamos porque nos interesa introducirla a las metodologías y en el trabajo de la mesa de huella de carbono”, acotó Paola Valencia. 

Además, recordó que con el apoyo del Construye2025 se ha impulsado la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción”, con un enfoque de economía circular; y el plan de adaptación al cambio climático de ciudades donde participan diez instituciones lideradas por el Minvu. Finalmente, la secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, destacó la Calificación Energética de Viviendas y la Certificación Edificio Sustentable (CES), que nació en 2014, administrada por el Instituto de la Construcción con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, el Colegio de Arquitectos y la Cámara Chilena de la Construcción. 

“Con respecto a la huella de carbono, tenemos una mesa que nace el 2018 en el Ministerio de Vivienda, instalada en el Instituto de la Construcción (IC) donde participan muchas instituciones, pero las mandantes son de carácter público y gremiales, principalmente”, comentó Paola Valencia. En este aspecto, recordó que en 2016 se empezaron a armar los lineamientos de trabajo para la metodología de monitoreo, reporte y verificación de huella de carbono para el ciclo de vida completo; levantamiento de base de datos; y calculadoras de huellas de carbono.

Enseguida, Gabriela Sabadini, jefa del Área Técnica de Proyectos y Estudios de Chile Green Building Council, explicó que también es importante apoyar la formación profesional. “Tenemos un equipo técnico con bastante conocimiento y experiencia y tenemos una serie de capacitaciones, no solamente asociadas a sistemas de certificación, sino que nos hemos ido moviendo un poquito más allá, implementando estrategias como por ejemplo en economía circular, manejo de residuos, salud y bienestar; incorporando no solamente el concepto de la edificación, sino el por qué este mandante o este dueño de este edificio decidió implementar alguna estrategia de sustentabilidad o certificar un edificio”, acotó.

En este contexto, la especialista de Chile GBC puso énfasis en la visión holística de los impactos del sector construcción y sus emisiones. “La gran mayoría de las emisiones que conocemos son las asociadas a las emisiones operacionales, esto es, durante el periodo de uso del edificio. Sin embargo, éstas representan no más del 20% de las emisiones totales del ciclo completo de esta edificación, no se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la distribución del material, la fabricación del mismo y qué hago cuando este edificio llega a su fin de uso o se transforma”, dijo. 

El rol de Construye2025

Al cierre del seminario, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia, destacó las oportunidades en economía circular, tanto en la construcción como en la vida útil de un edificio. “Como programa tenemos distintos grupos de trabajo. Uno es el comité gestor de RCD y economía circular; y, en conjunto y bajo la visión estratégica de los ministerios, se formó un comité consultivo público que dio lugar a una hoja de ruta sobre economía circular en construcción. Partimos de la visión del uso eficiente de los recursos en el ciclo de vida de los proyectos, tanto de edificación como infraestructura, involucrando a toda la cadena de valor con el objetivo de alcanzar una gestión ambientalmente racional de los residuos e impactar en forma positiva en lo social, ambiental y económico”, detalló.

En este contexto, Alejandra Tapia presentó los 5 ejes estratégicos de Construye2025, valorando el de planificación territorial con enfoque circular y el de la coordinación pública que fomenta licitaciones con una buena gestión de recursos y residuos y que busca que en se apliquen herramientas y metodologías para implementar criterios de economía circular a partir del año 2035.

En cuanto a ecosistema y cadena de valor, la especialista en sustentabilidad enfatizó en la necesidad de desarrollar una industria de proveedores, pero también en la investigación, el desarrollo, la innovación y en la importancia de la colaboración de la academia para formular proyectos, para nuevos materiales, para generar información que nos sirva para la implementación de la economía circular. 

“La economía circular tiene tres principios que tienen que ver con preservar y mejorar el capital natural controlado por existencia finita y equilibrando los flujos de los recursos naturales o renovables, optimizar los rendimientos y recursos haciendo recircular los componentes y materiales, y fomentar la efectividad del sistema diseñando la externalidades negativas, eliminando por ejemplo, la toxicidad de materiales y todo esto”, afirmó Alejandra Tapia. 

En este aspecto, la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 reiteró que hay mucho que hacer en capacitación y regulación de mantenciones preventivas para alargar la vida útil de nuestras edificaciones. “Mil millones de dólares al año se gastan solamente en mantenciones, por lo que hay enormes oportunidades para las empresas; por parte del Estado también hay gastos considerables, ya sea por daño, por obsolescencia de bienes públicos”, indicó.

Asimismo, Alejandra Tapia destacó las oportunidades que se abren al proyectar a partir del diseño, al considerar cuánto va a durar cada una de las capas de los componentes de los materiales para, luego, renovarlos o reutilizarlos; y también valoró los espacios que se abren para las pymes en la reparación de componentes, de elementos constructivos y de revestimiento, entre otros. “Si no puedes cambiarlo, tenemos que cambiar la forma de pensarlo”, concluyó.

El Seminario completo está disponible AQUÍ.

El Instituto Nacional de Normalización (INN), en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el Chile Green Building Council (Chile GBC) han desarrollado el proyecto INNOVA-CORFO Herramientas normativas para la planificación de la vida útil en edificaciones – Método de cálculo y planificación’ (18BPE-93896). El proyecto, que se inició el segundo semestre del año 2018 y tuvo como resultado la elaboración de 8 normas técnicas orientadas a proporcionar un marco de normas técnicas que especifiquen una metodología para la determinación de la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, lo cual permita facilitar el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida.

La industria de la construcción es un sector que contribuye al crecimiento de la economía y un importante pilar de desarrollo. Según el Informe de Productividad en el Sector de la Construcción (Comisión Nacional de Productividad, CNP), el sector de la construcción representa cerca de un 7% del PIB de la economía (2019), alcanzando 19.500 millones de dólares, distribuyéndose en servicios anexos (31%), obras de ingeniería (34%) y edificación (35%). En términos de empleo corresponde a un 8,3%

La construcción es el mayor consumidor de materias primas y otros recursos, utilizando alrededor del 50% de la producción mundial de acero y más de 3 mil millones de toneladas de materias primas. Por otra parte, se desperdician millones de toneladas de residuos de la construcción año a año, en el caso de Chile para el año 2023, se proyecta que la generación de residuos sea de 7.455.602 toneladas anuales, sólo considerando vivienda (Minvu 2019)

Por lo anterior, la industria de la construcción está basada en un marcado concepto de economía lineal, en la que se extrae, fabrica y construye; luego se desecha y demuele. Sin embargo, los nuevos desafíos globales vinculados a la disponibilidad de materias primas, agua y energía, movilizan a las empresas hacia un cambio de paradigma, en el que la economía circular es una clara oportunidad de creación de valor. Este enfoque de circularidad y la incorporación de estrategias de sostenibilidad en los distintos procesos vinculados a la construcción es fundamental si se desea abordar en forma eficiente, tanto los desafíos ambientales que enfrenta el planeta, como contribuir al desarrollo de las comunidades en lo social y lo económico a través de una visión orientada hacia bienestar de las personas y al cuidado del entorno.

En Chile, a partir de los acuerdos y compromisos logrados en el marco de la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable, se han desarrollado e implementado una serie de iniciativas, con el objetivo de reducir los impactos generados por la construcción y sus procesos, mejorando la productividad del sector; fomentando el desarrollo sostenible de nuestro país además de fortalecer el marco regulatorio que ha sido una de las brechas detectadas como parte de los procesos de levantamiento del Programa Estratégico de CORFO CONSTRUYE 2025.

En respuesta a las brechas detectadas por el Programa Estratégico de CORFO, CONSTRUYE 2025, diversos proyectos se han originado, es en este contexto que en el año 2018 el Instituto Nacional de Normalización, en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y Chile Green Building Council (ChileGBC), el primero en calidad de ‘Beneficiario’ y los dos últimos en calidad de ‘Mandante’ y ‘Coejecutor’, respectivamente, postularon a la línea de financiamiento de CORFO ‘Bienes Públicos Para la Competitividad’, siendo adjudicado el financiamiento, para la elaboración de normativa técnica para un set de normas técnicas que definan la directrices para una metodología para la determinación de la vida útil de elementos y componentes de edificaciones, como aspecto relevante para el desarrollo de edificaciones sostenibles a partir de la comprensión de su ciclo de vida, impactos y desempeños.

Este proyecto INNOVA-CORFO, viene a dar continuidad al Proyecto Herramientas Normativas para el desarrollo de la evaluación de la sostenibilidad en la construcción’ (15BP-45415), desarrollado entre los años 2015 al 2017 y que tuvo como resultado la elaboración de 6 normas técnicas orientados a proporcionar y definir los principios generales y pautas de indicadores de sostenibilidad relacionados con obras de construcción, elementos y componentes (Ver Tabla 1).

En el actual proyecto ‘Herramientas normativas para la planificación de la vida útil en edificaciones – Método de cálculo y planificación’ (18BPE-93896)’ se desarrollaron normas que promueven el uso del concepto de planificación de la vida útil a lo largo del ciclo de vida, con el objetivo de entregar mayor certeza que la vida útil estimada cumplirá o excederá la vida útil de diseño. Esta serie de normas, basadas en la serie de normas ISO15686, enfatiza el principio de transparencia mediante procedimientos estandarizados para el uso, captura y verificación de datos e información disponible de la vida útil, registros de desempeño de elementos y componentes. Esta serie de normas son de particular relevancia para evaluar y gestionar la sostenibilidad en las obras de construcción a través de sus materiales, dado que genera entradas para establecer vida útil de referencia y vida útil estimadas, requeridos en el análisis de ciclo de vida de productos, según ISO21930. Por lo anterior, este proyecto deja a disposición las herramientas metodológicas para la declaración del desempeño técnico y funcional de los productos de construcción.

En la Tabla 2, se entrega un breve detalle de cada una de las normas.

Finalmente con este proyecto, se pone a disposición un lenguaje común y metodología estandarizada, que con el esfuerzo colectivo de los distintos actores de la cadena de valor de la industria de la construcción permita avanzar en introducir criterios de sostenibilidad y a fortalecer la infraestructura de la calidad en el ámbito de la normalización.

Fuente: El Mercurio