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Con avances concretos en gobernanza territorial, innovación tecnológica y estudios de oferta y demanda, y un llamado a acelerar normativas e infraestructura habilitante, la Red ECC presentó su primer balance en un encuentro que reunió a actores clave de la industria, el mundo público, la academia y la sociedad civil.

Con un fuerte llamado a la colaboración multisectorial y la urgencia de destrabar barreras regulatorias, se presentaron los primeros avances del proyecto Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), una iniciativa público-privada que busca transformar los residuos de obras en recursos y dinamizar la inversión en infraestructura sustentable en la Región Metropolitana.

En el encuentro moderado por Katherine Martínez y realizado en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), autoridades y representantes del sector destacaron los hitos alcanzados durante el primer año de ejecución de este ambicioso plan financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y liderado por Corfo, Construye2025, CDT, el Gobierno de Santiago y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la CChC y presidenta de la Red ECC, puso sobre la mesa la urgencia de habilitar infraestructura adecuada. “Los espacios de valorización deben estar disponibles no solo en Santiago, sino en todo el país. La mirada debe ser territorial e integral”. Llamado que obedece al cumplimiento de metas de la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035.

“El año 2018 definimos una hoja de ruta para avanzar hacia una economía circular en el sector. Hoy, la urgencia es mayor, y no basta con buenas intenciones: requerimos del compromiso de todos los actores para construir un nuevo ecosistema productivo”, expresó Francisco Costabal, presidente de Construye2025.

La coordinadora de sustentabilidad del programa, Alejandra Tapia, advirtió sobre los desafíos pendientes, especialmente en materia normativa. “Este proyecto es un piloto con vocación replicable, pero necesitamos certeza jurídica, permisos más ágiles y una reglamentación clara para activar el mercado de valorización de residuos de construcción”, señaló.

Avances para un modelo replicable

Durante la jornada, Bárbara Silva, profesional de la CDT a cargo de la coordinación del proyecto, presentó tres líneas de avance concretas:

1. Gobernanza territorial robusta

• Se constituyó un modelo de gobernanza compuesto por un comité técnico y un comité consultivo, que se reúnen periódicamente para convertir brechas en oportunidades concretas.

2. Plan de innovación con foco en tecnología aplicable

• Una gira tecnológica al Reino Unido permitió identificar maquinaria móvil de valorización aún inexistente en Chile.
• Más de 80 representantes del sector visitaron plantas operativas en la RM, lo que permitió reducir la incertidumbre sobre la viabilidad local de estas soluciones.

“Estamos facilitando la toma de decisiones al mostrar tecnologías disponibles y casos concretos. Eso ayuda a que más empresas se animen a tratar sus residuos como recursos”, comentó Silva.

3. Estudios de oferta, demanda e inversión

Iván Jensen, constructor civil del área de Acción Climática y Economía Circular de EPB Chile, presentó los hallazgos preliminares de la estimación de RCD y el análisis de la capacidad productiva en la RM.

• Metodologías de Estimación de Oferta: Se están levantando y validando cinco metodologías para estimar los RCD, incluyendo tasas de generación basadas en área (INE y SINADER), listas de cantidades (itemizados de obra), clasificación manual en obras, y flujo de materiales.
• Desfase en la Región Metropolitana: El análisis preliminar de permisos de edificación versus residuos declarados en SINADER muestra una brecha significativa, señalando la necesidad de mejorar los indicadores y la declaración de RCD.
• Capacidad Productiva y Brecha de Infraestructura: Las estimaciones iniciales indican que la capacidad actual de las plantas de valorización abarca sólo entre el 2% y 4% del total de residuos generados en la RM. Para procesar la totalidad de los RCD de la región, se necesitan aproximadamente 25 plantas de 50 toneladas por hora.
• Modelo de Inversión y Operación: Las inversiones para una planta de valorización se estiman entre $1,5 y $3 millones de dólares. Hoy, la banca cuenta con productos financieros para empresas que pueden mejorar indicadores ambientales, entre ellos, plantas de valorización de RCD y también empresas que en sus procesos productivos contribuyan a la descarbonización. Los modelos de negocio se centran en el reciclaje mecánico y químico, la extensión de vida de productos, y el cierre de ciclo para empresas.

Para Jensen, el principal reto no está en la generación de residuos, sino en la activación del mercado para los productos valorizados. “Tenemos flujo de RCD suficiente en la región, pero falta demanda e incentivos claros para productos reciclados y compras públicas sustentables”, enfatizó.

Colaboración público-privada: condición indispensable

La jornada incluyó un panel con actores de distintos ámbitos, quienes coincidieron en que el marco normativo y la habilitación de terrenos son barreras críticas.

“Sin terreno, no hay proyecto. Necesitamos definir criterios claros para instalar plantas de valorización en la Región Metropolitana”, enfatizó Paola Cofré, jefa del área de economía circular de la Seremi de Medio Ambiente RM.

Desde el sector privado, Julio Manterola, jefe de Sostenibilidad y Comunicaciones de Eco AZA, destacó que el desarrollo normativo técnico ha sido esencial para validar productos como el árido artificial, pero que ahora el desafío es masificar su uso en el mercado formal, especialmente a través de exigencias en proyectos públicos.

En tanto, Jorge Romero, gerente de Operaciones de MSUR, subrayó el valor estratégico de la red como espacio de conexión entre iniciativas y actores: “Esta red no solo visibiliza lo que se está haciendo, sino que también permite articular soluciones concretas, desde el mundo privado, público y académico. Nos abre la posibilidad de actuar como ecosistema”.

Por su parte, Marisol Cortéz recalcó que muchas empresas del rubro ya están avanzando a través de Acuerdos de Producción Limpia (APL), lo que ha permitido reducir significativamente la generación de residuos y mejorar procesos desde el diseño.

“Queremos reciclar más, pero también generar menos residuos. Esta red nos da la oportunidad de abordar el problema desde todos los frentes”, puntualizó.

Lo que viene: pilotos, plataformas y guía territorial

El proyecto, que culmina en octubre de 2026, contempla:

• Modelo de oferta y demanda: Entrega de una guía con el diseño de la región, que incluirá sugerencias de ubicación, tamaño y tipo de plantas de valorización.
• Modelo de inversión y operación: Diseño y factibilidad técnica y económica de dos proyectos piloto escalables para la implementación dentro de la RM.

Innovación: Desarrollo de una plataforma digital para visibilizar soluciones, casos de estudio y proyectos de I+D. También se realizarán capacitaciones para transferir herramientas de diagnóstico y modelos de negocio al sector privado.

En una jornada realizada el 2 de diciembre, los integrantes de la gobernanza y del comité técnico de la Red ECC pudieron validar los avances en los estudios que definirán las capacidades productivas, oportunidades de valorización y escenarios de inversión para la Región Metropolitana.

El martes 2 de diciembre se realizó el Taller de Presentación de Resultados del proyecto Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), instancia dedicada a validar avances técnicos de los estudios del Modelo Territorial que busca habilitar un ecosistema circular en la Región Metropolitana.

Durante la jornada expusieron la arquitecta Paola Valencia y el constructor civil Iván Jensen, del área de Acción Climática y Economía Circular de EPB Chile, quienes presentaron los progresos de los módulos de trabajo asociados a oferta y demanda de recursos valorizables; análisis territorial y capacidades productivas; y diagnóstico financiero y modelo de inversión y operación.

Este proyecto —liderado por Corfo junto a Construye2025, el Gobierno Regional Metropolitano, la CDT y Cámara Chilena de la Construcción, con el financiamiento del BID— tiene por objetivo diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una Red de Economía Circular de la Construcción que fomente la valorización de residuos/recursos, el encadenamiento productivo y la simbiosis industrial.

Estudio de oferta y demanda de recursos valorizables: primeros resultados

El primer módulo abordó la metodología para estimar la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) y su potencial como materiales secundarios (áridos reciclados, madera, metales, entre otros).

Los expositores explicaron que el levantamiento actual constituye un primer ejercicio de validación, cuyo objetivo es proyectar la disponibilidad futura de recursos valorizables a partir del crecimiento de la superficie construida y las tendencias del mercado. En esta fase, el equipo logró avanzar en la cuantificación de volúmenes y en la elaboración de escenarios preliminares que servirán de base para futuros análisis territoriales.

Desde Construye2025, Alejandra Tapia introdujo un elemento crítico: la importancia de cerrar el círculo verificando si existe demanda real por los productos resultantes. En su intervención, enfatizó que “sabemos que va a haber oferta suficiente de residuos para procesar, pero su valor de venta y quiénes lo compran es algo que hay que validar” .

Además, Tapia subrayó la necesidad de contar con claridad respecto a los modelos de negocio priorizados internacionalmente y en Chile, para orientar correctamente las oportunidades de reconversión industrial.

Análisis territorial y mapa de actores

En el segundo módulo se presentaron los avances del análisis territorial, que incluye identificación de actores relevantes, capacidades productivas y georreferenciación de fuentes de generación y demanda de materiales.

El estudio se articula con los antecedentes recogidos en el Modelo Territorial, donde se establece que el proyecto busca fortalecer la cadena de valor y propiciar el encadenamiento productivo con materias primas secundarias y subproductos del coprocesamiento.

Asimismo, la región cuenta con iniciativas como Santiago Industria Circular, impulsada por el Gobierno Regional Metropolitano, cuyo objetivo es facilitar y monitorear el intercambio de materias primas secundarias en la RM. Este ecosistema permitirá acelerar la adopción del modelo propuesto por Red ECC.

En el espacio de diálogo, varios actores aportaron visiones complementarias. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Marisol Cortez, presidenta de la Gobernanza de la RED ECC, valoró que el análisis territorial integre los avances ya establecidos en la Hoja de Ruta RCD y las normativas emergentes, subrayando la importancia de alinear este trabajo con los desafíos normativos y de mercado que enfrenta el sector. Cortez también destacó la importancia de contar con datos reportados en Sinader, e investigar la brecha que hay entre quienes deciden compartir con esa data y las motivaciones que tienen para hacerlo y quienes aún no están reportando.

Por su parte, Ricardo Fernández, gerente técnico & Desarrollo Sostenible en Volcán y presidente de la Certificación Edificio Sustentable (CES), reforzó la relevancia de conectar estos resultados con los estándares de construcción sustentable y certificaciones, abriendo oportunidades para que los materiales reciclados sean incorporados en lineamientos técnicos y criterios de evaluación. Además, llamó la atención sobre los datos efectivamente declarados versus lo ocurrido en la realidad, y sugirió ahondar en las declaraciones de las constructoras que no están declarando para no tener conclusiones erradas.

Modelo financiero y de inversión: hacia proyectos icónicos de valorización

El tercer módulo abordó el modelo de inversión y operación, cuyo objetivo es orientar al sector privado sobre viabilidad técnica, comercial y financiera de nuevas instalaciones para la valorización de RCD.

El estudio sigue los lineamientos del Modelo Territorial, que establece la necesidad de propiciar la inversión en centros de reciclaje, estaciones de transferencia y otras instalaciones, además de promover un proyecto piloto icónico para atraer inversionistas.

Paola Valencia destacó que el modelo debe entregar información útil para que los privados evalúen riesgos, proyecten retornos y comprendan el comportamiento del mercado. En esta línea, las brechas detectadas en el proceso —como falta de datos de costos operacionales, demanda efectiva o precios de mercado— serán abordadas en la siguiente fase del estudio.

Este enfoque fue valorado por los asistentes, quienes señalaron la importancia de identificar dónde y cómo la inversión privada puede entrar al ecosistema, y qué incentivos se requieren para que ello ocurra.

Conclusiones 

La jornada dejó en evidencia el avance sustantivo del proyecto y la relevancia de contar con metodologías robustas para calcular oferta y demanda de materiales, así como la importancia de integrar a los actores territoriales en la validación de supuestos y resultados.

Entre las principales conclusiones destacan las siguientes:

• Existe oferta suficiente de residuos, pero es crucial validar la demanda por materiales reciclados.
• El análisis territorial debe articularse con normativas, iniciativas regionales y certificaciones.
• El modelo de inversión debe ofrecer certezas para atraer capital privado.
• La gobernanza público–privada será clave para destrabar barreras e impulsar medidas habilitantes.

La coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 y miembro del Comité Técnico de la Red ECC, habla sobre los avances, desafíos y aprendizajes claves para consolidar un modelo territorial que habilite infraestructura, gobernanza y nuevos negocios circulares en el sector construcción.

Alejandra Tapia ha sido una de las voces más influyentes en la construcción de una visión de largo plazo para la economía circular en el sector construcción. Desde su rol como coordinadora de Sustentabilidad del programa Construye2025, ha liderado el desarrollo de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 y ha impulsado la Estrategia de Economía Circular 2025, iniciativas que hoy dialogan directamente con los objetivos de la Red Circular de la Construcción (RED ECC).

Con la mirada puesta en el año 2035, Tapia imagina un escenario ambicioso, pero alcanzable, donde el 70% de los residuos de construcción y demolición (RCD) sean valorizados, el 100% de las licitaciones públicas gestionen sustentablemente sus residuos, y donde exista infraestructura para la valorización en todas las regiones del país. “La economía circular en la construcción es una oportunidad para transformar toda la cadena de valor. Pero para lograrlo, necesitamos habilitantes reales: normativas, plataformas, inversión y articulación”, afirma.

En cuanto a iniciativas habilitantes, Tapia plantea 11 propuestas concretas —seis para el sector público y cinco para el privado y la academia—, que se basan en experiencias europeas, buenas prácticas nacionales, y buscan cerrar brechas normativas, operativas y de trazabilidad.

Las iniciativas para el sector público incluyen la integración de planes de gestión de residuos en los permisos de edificación y recepción final; mejoras en los permisos de demolición con trazabilidad de residuos; permisos temporales para acopio en vía pública; implementación obligatoria de planes de gestión en obras públicas; concesiones para plantas de reciclaje; y licitaciones públicas que habiliten la simbiosis industrial. En tanto, las propuestas dirigidas al sector privado abarcan desde la reutilización adaptativa y el flipping inmobiliario, hasta la gestión circular de la demolición, las auditorías previas, y el desarrollo de plataformas de valorización para la trazabilidad y el reuso de materiales.

“La clave está en anticipar. Desde el diseño mismo, se puede pensar en cómo los materiales volverán al ciclo productivo”, sostiene. En esa línea, destaca la importancia de incorporar normativas como la NCh3727 y la NCh3562, que permiten planificar las demoliciones y valorizar materiales, aportando también a la generación de nuevos empleos y soluciones digitales.

Sobre el rol de la Red ECC, Alejandra es clara: “Será un ecosistema habilitador de valorización de RCD”, donde toda obra —grande o pequeña— podrá gestionar sus residuos de forma fácil y a costos razonables. Esta red permitirá, según afirma, reducir la extracción de materias primas vírgenes, generar oportunidades de inversión, habilitar nuevas cadenas de valor, e integrar a actores que hasta hoy han estado fuera del radar de la circularidad.

Finalmente, destaca la importancia de una gobernanza transversal, que reúna al sector público, privado, la academia y la sociedad civil. “Los programas Transforma de Corfo, como Construye2025 han demostrado que el trabajo colaborativo, con un orquestador neutro, permite avanzar con propósito común y generar compromisos de largo plazo. La Red ECC recoge esa experiencia y la proyecta a nivel territorial”, concluye.

Una visión al 2035

Tapia proyecta que, si el sector avanza decididamente, al 2035 Chile podría contar con:

• Infraestructura para la valorización de RCD (residuos de construcción y demolición) en todas las regiones.
• Zonas habilitadas en las áreas metropolitanas para estaciones de transferencia y disposición final autorizada.
• 60% de los municipios participando en asociaciones que impulsen la circularidad.
• 100% de las licitaciones públicas incorporando gestión sustentable de residuos.
• 70% de los RCD valorizados, ya sea mediante reutilización o reciclaje.

“Desde Construye2025 hemos impulsado principalmente la valorización de residuos como medida de urgencia, desde las normativas técnicas, el reglamento y el fomento a la innovación. No obstante, hay muchos temas más que abordar en los próximos 10 años para consolidar una industria sin desechos ni pérdidas”.

Propuestas habilitantes

La propuesta de Tapia para el acuerdo incluye 11 iniciativas habilitantes, basadas en experiencias europeas y buenas prácticas nacionales:

Seis iniciativas para el sector público:

1. Permisos municipales para edificación y recepción final: incorporar planes de gestión de residuos (NCh3562:2019) en los informes exigidos por la OGUC, incluyendo guías de despacho, certificación y trazabilidad de los residuos.
2. Permisos de demolición: mejorar los formularios actuales para incluir información sobre tipo, cantidad y gestión de residuos generados.
3. Permisos temporales de acopio en vía pública: permitir acopio segregado en zonas urbanas con logística y gestión adecuada.
4. Plan de gestión obligatorio en obras públicas: seguir el ejemplo del MOP y replicar su experiencia de trazabilidad y registros.
5. Concesiones para plantas de reciclaje: promover modelos público-privados con tecnologías modulares y equipamiento especializado.
6. Licitaciones públicas con simbiosis industrial: escalar experiencias como las de Casablanca y Melipeuco con reutilización de materiales viales.

Cinco iniciativas para el sector privado y academia:

1. Reutilización adaptativa: rehabilitación de inmuebles en desuso, alargando la vida útil de materiales y evitando demoliciones innecesarias.
2. Flipping inmobiliario: compra, rehabilitación y venta de activos construidos, integrando criterios de circularidad desde el diseño.
3. Gestión circular de la demolición: planificación anticipada para maximizar reutilización, minimizar residuos y proteger la salud y el ambiente (NCh3727:2021).
4. Auditoría e inventario previo a la demolición: diagnóstico del activo construido antes de su intervención, obligatorio en Europa para obras mayores a 1000 m2.
5. Plataformas y guías de valorización: desarrollo de herramientas digitales para trazabilidad, gestión de datos y promoción de nuevas soluciones.

“Estas acciones pueden generar nuevas oportunidades de negocio, empleo e innovación. Hay que dejar de ver los residuos como un problema y verlos como recursos”, subraya Tapia.

Más de 50 representantes municipales participaron en el Comité Técnico de la Asociación de Municipios MSur, donde se presentó el proyecto Red de Economía Circular para la Construcción. La instancia promovió la colaboración público-privada para diseñar soluciones territoriales que enfrenten el desafío de los residuos de construcción y demolición (RCD).

En el marco del Comité Técnico realizado el martes 14 de octubre en el Estadio El Llano de San Miguel, la Asociación de Municipios MSur recibió la presentación del proyecto Red de Economía Circular para la Construcción (Red ECC), iniciativa público-privada que busca impulsar modelos territoriales sostenibles mediante la valorización de residuos y el fomento de inversiones verdes.

La Asociación de Municipios MSur, conmemoró en agosto 10 años de funcionamiento, y está compuesta por 32 municipios de la Región Metropolitana, con representación de áreas urbanas, mixtas y rurales. Se dedica a promover la gestión ambiental sostenible y la valorización de residuos en la RM, a través de un enfoque integral que articula de manera estratégica a municipios, recicladores de base y la comunidad.

La actividad, organizada por MSur, reunió a más de 50 representantes municipales, mayoritariamente de departamentos de medioambiente. En la instancia expusieron Bárbara Silva, coordinadora de Proyectos de la CDT, y coordinadora de la Red ECC, junto con Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, quienes detallaron los avances del proyecto y sus oportunidades de colaboración con los gobiernos locales.

“Presentamos el proyecto de la Red de Economía Circular ante el Comité Técnico de la Asociación de Municipios MSur. Hablamos de la colaboración de esta mesa público-privada, tanto para la formulación del fondo ante el BID como en su operación y modelo de gobernanza territorial”, explicó Bárbara Silva.

Durante su exposición, el equipo técnico presentó el objetivo del proyecto: diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una red circular en la construcción, que promueva el encadenamiento productivo y la simbiosis entre obras y centros de producción, con foco en la valorización de residuos.

Uno de los puntos clave de la jornada fue el llamado desde la Red ECC a los municipios a colaborar en el diseño de un anteproyecto piloto que permita evaluar técnica y económicamente soluciones locales. “Estamos buscando con esta presentación motivarlos, invitarlos a ser parte de los actores para este diseño de proyecto piloto, pensando en que puedan tener programas o iniciativas de recolección de residuos de construcción y demolición, que sirvan de punto de partida para este diseño”, señaló Silva.

Durante la jornada, también se aplicó una encuesta presencial a los municipios, orientada a levantar información sobre programas actuales de gestión de RCD, presupuestos asignados y disposición para participar en el diseño del piloto. Según Silva, “hubo una muy buena recepción. Fuimos con la expectativa de que no hubiese muchos programas enfocados a este tema y, sin embargo, nos sorprendió que habían más de lo esperado”.

La exposición de Alejandra Tapia incluyó referencias a casos internacionales y líneas de acción aplicables a contextos municipales, como permisos de demolición, estrategias de recolección diferenciada y experiencias exitosas en Europa. La profesional también complementó la presentación con ejemplos y metas vinculadas a la Hoja de Ruta RCD Economía Circular 2035 y la Estrategia de Economía Circular para la Construcción 2025.

Para Silva, la participación municipal es clave: “En general, reconocen que es un tema relevante y algo que deberían adoptar. Vimos bastantes respuestas positivas en cuanto a que se puede diseñar en conjunto”.

La instancia finalizó con el respaldo explícito de la Asociación de Municipios MSur. “En esta instancia se mostró el claro interés de los municipios por enfrentar y encaminar el tema de los RCD”, destacó Silva.

El proyecto Red ECC es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y liderado por una alianza entre Corfo, Construye2025, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Cámara Chilena de la Construcción y la CDT. Su enfoque es implementar soluciones concretas para cerrar brechas en la gestión de residuos en el sector construcción, con un enfoque de economía circular y desarrollo territorial.