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El Decreto N°46 del Ministerio de Salud abre la puerta a la masificación del uso de escorias de cobre en construcción. Sin embargo, actores del sector advierten que la consolidación de este mercado dependerá de superar brechas técnicas, logísticas y, principalmente, de generar demanda efectiva desde la industria.

La reciente entrada en vigor del Decreto N°46 del Ministerio de Salud marca un punto de inflexión en la valorización de escorias de cobre como áridos artificiales en Chile. El reglamento establece condiciones para su uso, habilitando un escenario regulatorio que, por primera vez, permite proyectar una escala mayor en la incorporación de estos materiales en la construcción.

No obstante, desde la industria y el ecosistema de innovación minera, el diagnóstico es claro: la existencia de un marco normativo no garantiza por sí sola la consolidación de un mercado.

Desde la operación productiva, Pedro Venegas, del área de Gestión de Calidad y Producción de Cedric Minería, señala que el nuevo reglamento “constituye, sin dudas, un avance relevante para establecer criterios comunes en el uso de escorias como árido artificial”. Sin embargo, advierte que su implementación no será inmediata: “requerirá un proceso de adaptación gradual de los procesos productivos, no estamos del todo preparados, en materias de trazabilidad, control y certificación”.

A ello se suman desafíos operacionales propios del material. Según explica, “las escorias son más agresivas que el árido natural, lo que impacta en la vida útil de los componentes de chancado y selección”, elevando exigencias técnicas y costos de operación.

En este contexto, subraya la necesidad de articulación: “resulta clave fortalecer la coordinación entre generadores, procesadores y autoridades para asegurar una aplicación técnica y económica viable y sostenible para la industria”.

Demanda: el principal cuello de botella

Uno de los puntos más críticos identificados es la ausencia de demanda estructurada. Desde Cedric Minería, el diagnóstico es categórico: “actualmente la demanda por escorias como árido artificial aún es incipiente o nula”.

La proyección de escalabilidad, por tanto, queda supeditada a cambios en el sector construcción. “Será necesario que el sector construcción incorpore gradualmente este material en sus especificaciones técnicas y proyectos. En ese sentido, la generación de confianza técnica y normativa será clave para consolidar una demanda sostenida”.

Desde una mirada sistémica, David Sepúlveda, Líder de Gestión y Regulación Minera en la Corporación Alta Ley, coincide en que el desafío principal es de mercado: “lo que falta en adelante es la activación de mercado”. En esa línea, enfatiza que será necesario avanzar en “mandantes preferentemente públicos”, junto con la “incorporación de la escoria en bases de licitación, términos de referencia y especificaciones técnicas”.

Además, plantea que será clave “promover un sistema de acreditación para certificar el material” y generar “incentivos al uso de escorias en línea con los compromisos de  sostenibilidad de ambas industrias”.

Usos y viabilidad territorial

En cuanto a aplicaciones, la viabilidad inicial aparece condicionada por factores logísticos. “La generación de escorias suele ubicarse lejos de los principales centros de consumo”, explica Venegas, lo que limita su competitividad frente a áridos naturales.

Por ello, en el corto plazo, los usos más factibles serían de carácter local: “aquellas cercanas a su lugar de generación, mediante procesos de valorización y uso local del material”, incluyendo “caminos internos, infraestructura eléctrica, refuerzo de túneles u otras obras operacionales”.

Esta dimensión territorial refuerza la necesidad de articular oferta y demanda en torno a polos productivos específicos, más que pensar en una distribución nacional inmediata.

Barreras económicas, logísticas y técnicas

Más allá de la normativa, persisten restricciones estructurales. Entre ellas, para Pedro Venegas destacan “la distancia entre los puntos de generación de escorias y los centros de consumo, y los costos de transporte y procesamiento”.

A esto se suma la mayor abrasividad del material, que “incrementa el desgaste en equipos de chancado y selección, elevando los costos de operación y mantenimiento”, afectando su competitividad en el mercado.

Acreditación sanitaria y certeza regulatoria

El Decreto N°46 también introduce exigencias relevantes en materia sanitaria. Desde Cedric Minería, se advierte que “la acreditación de no toxicidad implica desafíos técnicos y económicos relevantes, asociados a ensayos de caracterización química, pruebas de lixiviación y validaciones de estabilidad en el tiempo”.

Estos procesos, agrega, “requieren laboratorios especializados, tiempos de análisis prolongados y costos significativos en relación con el valor de mercado del árido”.

Desde Corporación Alta Ley, en tanto, se releva una mirada complementaria. David Sepúlveda destaca que el reglamento “constituye un avance inédito del enfoque de economía circular entre las industrias minera y construcción” y que “establece una ruta administrativa clara para que la escoria de cobre quede disponible al mercado de la construcción”.

Asimismo, sostiene que existe evidencia técnica acumulada: “la matriz vítrea de la escoria le confiere una estabilidad química que se traduce en lixiviación por debajo del umbral exigido por la normativa; es decir, no es algo por demostrar, sino que es un atributo de no peligrosidad confirmado y documentado por la industria minera”.

De residuo a subproducto: una transición en curso

El avance normativo reciente configura una base robusta para esta transición. Sepúlveda destaca que hoy existen “cimientos sólidamente constituidos”, resultado de un trabajo de articulación entre minería y construcción.

Entre estos avances, releva el “estatus jurídico de la escoria de cobre como subproducto” (definido en la Ley 21.800), así como la normalización de su identidad técnica mediante normas como la NCh3894:2025 y la actualización de la NCh163:2024.

Sin embargo, la consolidación como subproducto dependerá de factores habilitantes adicionales, particularmente en el lado de la demanda y la implementación.

Escalabilidad: condiciones para un mercado real

Ambos actores coinciden en que el paso desde pilotos a mercado requiere condiciones concretas. Desde Cedric Minería, se plantea que será necesario “generar una demanda estable desde el sector construcción mediante la incorporación de estos materiales en especificaciones técnicas y proyectos de infraestructura” .

A esto se suma la necesidad de “fortalecer la trazabilidad desde el origen, asegurar condiciones logísticas viables y avanzar en mecanismos que permitan equilibrar los mayores costos asociados a su procesamiento” .

En paralelo, desde Alta Ley se enfatiza que el desafío es aprovechar la arquitectura normativa ya desplegada. “El creciente compromiso de actores clave —MOP, MINVU, productores de áridos, constructoras, mandantes— será importante para aprovechar en los próximos años la arquitectura normativa que se ha logrado desplegar”, dice David Sepúlveda.

Así, por lo pronto, el Decreto N°46 configura un habilitante clave para la economía circular en construcción y minería, y su impacto dependerá de la capacidad del ecosistema —minería, construcción y sector público— para traducir este marco en demanda efectiva, certezas técnicas y modelos de negocio viables a escala.

En una jornada realizada el 2 de diciembre, los integrantes de la gobernanza y del comité técnico de la Red ECC pudieron validar los avances en los estudios que definirán las capacidades productivas, oportunidades de valorización y escenarios de inversión para la Región Metropolitana.

El martes 2 de diciembre se realizó el Taller de Presentación de Resultados del proyecto Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), instancia dedicada a validar avances técnicos de los estudios del Modelo Territorial que busca habilitar un ecosistema circular en la Región Metropolitana.

Durante la jornada expusieron la arquitecta Paola Valencia y el constructor civil Iván Jensen, del área de Acción Climática y Economía Circular de EPB Chile, quienes presentaron los progresos de los módulos de trabajo asociados a oferta y demanda de recursos valorizables; análisis territorial y capacidades productivas; y diagnóstico financiero y modelo de inversión y operación.

Este proyecto —liderado por Corfo junto a Construye2025, el Gobierno Regional Metropolitano, la CDT y Cámara Chilena de la Construcción, con el financiamiento del BID— tiene por objetivo diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una Red de Economía Circular de la Construcción que fomente la valorización de residuos/recursos, el encadenamiento productivo y la simbiosis industrial.

Estudio de oferta y demanda de recursos valorizables: primeros resultados

El primer módulo abordó la metodología para estimar la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) y su potencial como materiales secundarios (áridos reciclados, madera, metales, entre otros).

Los expositores explicaron que el levantamiento actual constituye un primer ejercicio de validación, cuyo objetivo es proyectar la disponibilidad futura de recursos valorizables a partir del crecimiento de la superficie construida y las tendencias del mercado. En esta fase, el equipo logró avanzar en la cuantificación de volúmenes y en la elaboración de escenarios preliminares que servirán de base para futuros análisis territoriales.

Desde Construye2025, Alejandra Tapia introdujo un elemento crítico: la importancia de cerrar el círculo verificando si existe demanda real por los productos resultantes. En su intervención, enfatizó que “sabemos que va a haber oferta suficiente de residuos para procesar, pero su valor de venta y quiénes lo compran es algo que hay que validar” .

Además, Tapia subrayó la necesidad de contar con claridad respecto a los modelos de negocio priorizados internacionalmente y en Chile, para orientar correctamente las oportunidades de reconversión industrial.

Análisis territorial y mapa de actores

En el segundo módulo se presentaron los avances del análisis territorial, que incluye identificación de actores relevantes, capacidades productivas y georreferenciación de fuentes de generación y demanda de materiales.

El estudio se articula con los antecedentes recogidos en el Modelo Territorial, donde se establece que el proyecto busca fortalecer la cadena de valor y propiciar el encadenamiento productivo con materias primas secundarias y subproductos del coprocesamiento.

Asimismo, la región cuenta con iniciativas como Santiago Industria Circular, impulsada por el Gobierno Regional Metropolitano, cuyo objetivo es facilitar y monitorear el intercambio de materias primas secundarias en la RM. Este ecosistema permitirá acelerar la adopción del modelo propuesto por Red ECC.

En el espacio de diálogo, varios actores aportaron visiones complementarias. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Marisol Cortez, presidenta de la Gobernanza de la RED ECC, valoró que el análisis territorial integre los avances ya establecidos en la Hoja de Ruta RCD y las normativas emergentes, subrayando la importancia de alinear este trabajo con los desafíos normativos y de mercado que enfrenta el sector. Cortez también destacó la importancia de contar con datos reportados en Sinader, e investigar la brecha que hay entre quienes deciden compartir con esa data y las motivaciones que tienen para hacerlo y quienes aún no están reportando.

Por su parte, Ricardo Fernández, gerente técnico & Desarrollo Sostenible en Volcán y presidente de la Certificación Edificio Sustentable (CES), reforzó la relevancia de conectar estos resultados con los estándares de construcción sustentable y certificaciones, abriendo oportunidades para que los materiales reciclados sean incorporados en lineamientos técnicos y criterios de evaluación. Además, llamó la atención sobre los datos efectivamente declarados versus lo ocurrido en la realidad, y sugirió ahondar en las declaraciones de las constructoras que no están declarando para no tener conclusiones erradas.

Modelo financiero y de inversión: hacia proyectos icónicos de valorización

El tercer módulo abordó el modelo de inversión y operación, cuyo objetivo es orientar al sector privado sobre viabilidad técnica, comercial y financiera de nuevas instalaciones para la valorización de RCD.

El estudio sigue los lineamientos del Modelo Territorial, que establece la necesidad de propiciar la inversión en centros de reciclaje, estaciones de transferencia y otras instalaciones, además de promover un proyecto piloto icónico para atraer inversionistas.

Paola Valencia destacó que el modelo debe entregar información útil para que los privados evalúen riesgos, proyecten retornos y comprendan el comportamiento del mercado. En esta línea, las brechas detectadas en el proceso —como falta de datos de costos operacionales, demanda efectiva o precios de mercado— serán abordadas en la siguiente fase del estudio.

Este enfoque fue valorado por los asistentes, quienes señalaron la importancia de identificar dónde y cómo la inversión privada puede entrar al ecosistema, y qué incentivos se requieren para que ello ocurra.

Conclusiones 

La jornada dejó en evidencia el avance sustantivo del proyecto y la relevancia de contar con metodologías robustas para calcular oferta y demanda de materiales, así como la importancia de integrar a los actores territoriales en la validación de supuestos y resultados.

Entre las principales conclusiones destacan las siguientes:

• Existe oferta suficiente de residuos, pero es crucial validar la demanda por materiales reciclados.
• El análisis territorial debe articularse con normativas, iniciativas regionales y certificaciones.
• El modelo de inversión debe ofrecer certezas para atraer capital privado.
• La gobernanza público–privada será clave para destrabar barreras e impulsar medidas habilitantes.