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Certificaciones nacionales contribuirán a la masificación de la Calificación Energética de Vivienda y de Edificios de Uso Público

Fecha: 11/02/2022

En enero del 2021 se aprobó la Ley de Eficiencia Energética que obliga a las inmobiliarias, constructoras y a proyectos de vivienda pública, a usar la Calificación Energética de Vivienda (CEV) y deja consignado un plazo de 4 años para que se desarrolle y entre en operación la Calificación Energética de Edificios de Uso Público (CEEUP).

Esta ley establece la obligatoriedad de etiquetado energético de viviendas a partir del año 2023 y de edificios de uso público, comercial y oficinas a partir del año 2025.

En este sentido, el Instituto de la Construcción (IC) ha liderado el desarrollo de los estudios que permitirán la creación de ésta última calificación de edificios, coordinada e integrada a la Certificación Edificio Sustentable (CES), a través de un trabajo colaborativo en base a un comité técnico conformado por profesionales de los ministerios de Vivienda, Energía y Obras Públicas.

Yoselin Rozas, profesional de la Unidad Edificación y Ciudades de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, señala que “la colaboración del IC junto a los ministerios en este tipo de estudios permite una mirada que integra los ámbitos público y privado, además de la colaboración con la academia, consultores, y actores relacionados”.

Paola Molina, presidenta del Comité de Economía Circular del IC y presidenta del Directorio de la Certificación CES, señala que la Certificación CES -administrada por el IC- considera dentro de sus variados requerimientos, la demanda de energía, por lo que se vuelve muy necesario el desarrollo de una Calificación Energética de Edificios de Uso Público que permita estandarizar y visibilizar en el sector, la demanda energética de dichos edificios.

”En el proceso de formulación de la CEEUP, ha sido relevante la colaboración desde CES porque ha sido posible traspasar la experiencia y conocimientos de los edificios de uso público adquirida durante los años de funcionamiento, y de esta manera se han incorporado algunas de las condiciones base para la evaluación de edificios, tales como cargas internas, ocupación, desagregación por tipo de uso, entre otras”.

Por otra parte, la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), liderada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y administrada por CTeC, contribuye a la labor que desarrolla la Calificación Energética de Vivienda (CEV), fomentando este sistema como herramienta de evaluación de los aspectos de eficiencia energética de las viviendas en Chile.

Allan Ubilla, coordinador de proyectos de CTeC, señala que la CEV, además de ser por sí sola una herramienta de evaluación energética de viviendas, es el único instrumento de evaluación de los requerimientos de confort térmico pasivo y de reducción de demanda térmica de la Certificación de Vivienda Sustentable (CVS), los cuales, a su vez, son requerimientos obligatorios para acceder a cualquiera de los 3 niveles de certificación que ofrece la CVS. Y esto aplica para las 3 macrozonas que diferencia el sistema CVS.

“Hasta ahora esta calificación es voluntaria, pero con la nueva Ley de Eficiencia Energética ya promulgada y que entrará en vigencia prontamente, se hace obligatorio que las edificaciones, incluyendo viviendas, cuenten con una calificación energética y su etiquetado para obtener la recepción final, por lo que las empresas tendrán prontamente la obligación de calificar sus proyectos”.

Certificaciones nacionales

Las Certificación Edificio Sustentable CES y la Certificación de Vivienda Sustentable CVS incluyen varios aspectos para su análisis como energía, agua, confort, residuos, etc., y las calificaciones energéticas CEV y la futura CEEUP, se enfocan específicamente en el requerimiento de energía y las emisiones que este genera, de manera más detallada, sirviendo para validar este punto con mayor precisión en las certificaciones antes mencionadas.

“Hoy tenemos que estar orgullosos con las herramientas que se han y están levantando en nuestro país, porque están adaptadas a los requerimientos locales y permiten disponer de los recursos necesarios para avanzar en la industria de manera asertiva y pertinente a todos los desafíos que hoy se le plantean para el sector tanto a nivel nacional como mundial. El hacerlo oportunamente, permite una máxima eficiencia y costo, además de una óptima calidad de vida para los usuarios finales”, indica Paola Molina.

Yoselin Rozas, señala que “la Calificación Energética de Viviendas y Edificios formará parte de ambas certificaciones, permitiendo acreditar el ítem de energía, es decir, cuando un mandante decide certificar un proyecto, como parte del proceso de certificación obtendrá también la calificación energética. De esta manera, la contribución de CES y CVS a la calificación es directa”.

“Hay varios beneficios para los usuarios finales de viviendas calificadas y/o certificadas. Primero, al fomentar mejoras en las viviendas en pos de la eficiencia energética a través de la CEV y CVS, el confort térmico al interior debería mejorar ostensiblemente en comparación con una vivienda con los estándares mínimos que establece la OGUC. Asimismo, los gastos operacionales de los usuarios, posiblemente, se verán reducidos por requerir menos energía para calefacción y enfriamiento. Por otro lado, hay algunos instrumentos crediticios para aquellos proyectos que tengan CEV o CVS, lo que ayuda a la ciudadanía a acceder a proyectos más eficientes y sustentables”, agrega Allan Ubilla.

Desafíos

Paola Molina, presidenta del Comité de Economía Circular del IC y presidenta del Directorio de CES, señala que el principal desafío hoy es levantar los estándares mínimos de la Calificación Energética de Vivienda, ya que la letra menor de acuerdo con nuestra actual reglamentación térmica para viviendas es la E, la cual es bastante deficiente en términos de lograr una calidad ambiental térmica interior.

“Con la esperada pronta actualización de la Reglamentación Térmica, este estándar debiese subir a la letra C y D como mínimo, lo que implica lograr estándares valorados internacionalmente que permitan una adecuada calidad térmica del ambiente interior para todas las personas, lo que tiene un gran impacto positivo en el ámbito social y ambiental”.

Sin embargo, también es importante que todo el sector releve esta herramienta de manera oportuna para hacer las adaptaciones necesarias y lograr los mejores resultados. “Tratar de asimilar esto a presión y contra el tiempo, puede conducir a malos resultados, que perjudiquen a inmobiliarias, constructoras, usuarios finales y al país”, agrega Paola Molina.

Allan Ubilla, coordinador de proyectos de CTeC, comenta que este año 2022 se comenzará a trabajar en conjunto con el Minvu para extender la CVS a viviendas existentes y, “más adelante, esperamos también integrar la certificación de la etapa operacional de las viviendas. Si bien se trata de una certificación nueva, a la fecha ya cuenta con 105 proyectos registrados correspondientes a 17 mil unidades de vivienda con una cobertura en 11 regiones; 4 proyectos precertificados y 2 certificados.

Por su parte, en CES también se encuentran trabajando en la versión de edificios existentes y en sumar la versión de CES Aeropuertos a las ya existentes.

Finalmente, Yoselin Rozas comenta que la implementación de la Calificación Energética de Edificaciones tiene importantes desafíos para su masificación “entre ellos, el fortalecimiento de las herramientas que permitirán su correcta implementación una vez que sea obligatoria; la educación y difusión a consumidores y actores relacionados; la gestión de los datos para el cumplimiento de los compromisos internacionales; y un punto que nos parece muy relevante es el reconocimiento a nivel nacional de la Calificación Energética de Edificaciones como un referente de herramienta de medición de la eficiencia energética de las edificaciones”.

Fuente: Instituto de la Construcción

Necesitamos repensar, aportar y actuar ahora

Fecha: 04/08/2021

Por Paola Molina, presidenta de Certificación Edificio Sustentable (CES).

Hoy, con miras a poder seguir viviendo adecuadamente al 2050, en medio del innegable escenario de cambio climático, debemos no solo trabajar en mitigar sus consecuencias, sino también en planificar y desarrollar la adaptación a futuros escenarios, desde el sector de la construcción. Arquitectos, ingenieros, constructores, técnicos y operarios tenemos mucho que repensar y aportar a este gran desafío.

Nuestra industria representa el 40% del consumo de las materias primas a nivel mundial y es responsable del 34% del total de los residuos sólidos generados en el país. Asimismo, consume aproximadamente un 30% aprox. de la energía, pero, en el mundo, un 36%. A nivel local, genera un 30% de Gases de Efecto Invernadero (GEI), pero a nivel mundial, las emisiones de CO2 son equivalentes a un 39%. Además, el sector consume el 16% del agua del planeta.

Hasta hace poco estas crudas cifras no eran visibles. Pero, ahora que lo son, tenemos la obligación de mitigar el cambio climático, adaptarnos y mejorar la calidad de vida. Hasta ahora, generábamos externalidades con edificaciones que promedian temperaturas interiores fuera de los rangos de confort (19°- 26°C) en épocas de frío y calor, obligando a los usuarios a depender de equipos de calefacción y refrigeración cuando existen los recursos necesarios, y cuando no, obligan a transitar por la pobreza energética. Lo anterior, con un clima que en gran parte de nuestro país es bastante benigno, con una demanda de energía fácil de controlar, si ejecutamos un diseño que logre buenos estándares de calidad de ambiente interior.

Como arquitectos, debemos hacernos cargo de todas las externalidades al momento de diseñar y de disminuir la demanda de energía de la nueva construcción en al menos un 50% con miras a 2030 y del 50% de las emisiones de CO2 de todo el parque edificado para 2035.

Hoy contamos con herramientas como BIM, que facilitan la visualización de las externalidades y la integración de especialidades en fases tempranas de diseño; también con certificaciones nacionales e internacionales, que exponen los aportes en cada uno de estos aspectos; y otros que nos ayudan a mitigar y adaptar nuestros edificios al cambio climático, para mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

Aprovechemos los beneficios de contar con Certificación Edificio Sustentable (CES), Certificación de Vivienda Sustentable (CVS) y Calificación Energética de Vivienda (CVS); y, próximamente, de la Calificación Energética de Edificios de Uso Público (CEEUP), es decir, para edificios no residenciales. Adicionalmente, los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) ya aplican la futura actualización a la Reglamentación Térmica en varias localidades y está vigente ya la Ley de Eficiencia Energética, que hará obligatorias las calificaciones energéticas.

Hagamos propio el Plan Nacional de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y la Estrategia de Economía Circular de la Construcción impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Construye2025 y el Instituto de la Construcción (IC), con la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) como facilitador. Tomemos créditos verdes con tasas preferenciales para proyectos con certificaciones nacionales hoy ya existentes en el mercado.

Necesitamos acelerar y acrecentar la voluntad y determinación de los profesionales, técnicos y operarios del área, para avanzar con la mayor premura en la resolución de este desafío. No podemos seguir diseñando como si nuestros recursos naturales fueran infinitos. Tenemos una gran responsabilidad como arquitectos. Debemos tomarla ahora.