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El proyecto busca redefinir las viviendas sociales en Biobío. Las construcciones cuentan con mayor aislación térmica y ecopilotes desmontables.

La iniciativa denominada “Diseño para la Manufactura y el Montaje. Propuestas de Viviendas Sociales para la Región del Biobío” tiene como objetivo satisfacer las necesidades habitacionales de la región y  también establecer un camino hacia la carbono neutralidad para el año 2050.

En este contexto, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía (FAUG) de la Universidad de Concepción lidera el  ambicioso proyecto que busca redefinir el estándar de las viviendas sociales en el Biobío, bajo la dirección de la académica y jefa de proyectos del programa Polomadera,  Valentina Torres Poblete.

La iniciativa es parte de una iniciativa de bienes públicos cofinanciada por Corfo, en el marco del Programa Estratégico Regional de Métodos Modernos de Construcción Sostenible en Madera (PER Biobío Madera). A través de este esfuerzo, se ha diseñado y construido un prototipo de vivienda social panelizada, que actualmente se está materializando en las instalaciones de FAUG.

“La madera está disponible, es un material sostenible, renovable y si sabemos y entendemos cómo trabajarlo de la manera correcta, acompañado con otros materiales para mejorar su desempeño en una construcción, podemos lograr resultados de alta calidad y durabilidad como lo hacen países de una alta trayectoria de construcción en madera, como Finlandia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos y Alemania”, explicó la académica.

El uso de este material se dispuso como requisito para la presentación de proyectos y la madera, añadió Valentina Torres, permite una mayor eficiencia energética debido a que el diseño de las viviendas incrementa el espesor de la aislación en muros, techos y pisos, reduciendo significativamente las infiltraciones de aire y mejorando así el confort térmico interior, en línea con las nuevas actualizaciones de normativas.

Entre los retos del proyecto, según relató la docente del Departamento de Arquitectura, no solo estuvo el cumplimiento cabal de las normativas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), sino también la adaptación a un proceso de construcción especial.

“Uno de los desafíos fue elaborar estos diseños de vivienda que eran particularmente diferentes a los tradicionales. No se trató solo generar diseños de viviendas sociales aplicando el cuadro normativo exigido por Serviu sino que, adicionalmente, había que contemplar la estandarización de los recintos ya que se trataría de viviendas panelizadas, diseñadas para la manufactura y el montaje”, explicó Valentina Torres.

Esto, en palabras simples, demandaba que la construcción de gran parte de la estructura se efectúe en un ambiente controlado y no en el lugar final de instalación como se acostumbra en las construcciones tradicionales. “Había que detallar todos los elementos constructivos para que se pudieran fabricar en una planta prefabricadora”, agregó.

La empresa IDV ha sido clave en la fabricación y montaje del prototipo, mientras que la empresa R&D se encargó de la instalación de los ecopilotes, un sistema de fundaciones puntuales que prescinde del uso de hormigón, lo que permite que la vivienda sea desmontable y trasladable.

Estas características permitirán dar continuidad a la vivienda fuera del Campus Central: “Después de dos años que estará en la Universidad se podrá desmontar y llevar a Santa Juana, donde esta vivienda tendrá un usuario final. Tenemos un convenio con la Municipalidad, quienes la van a recibir después del tiempo de monitoreo y testeo acá en la Universidad”, detalló.

Valentina Torres sostuvo que este proyecto busca trascender a la mera construcción del prototipo, dejando un legado en la industria de la construcción regional.

“Más allá de las innovaciones tecnológicas aquí lo que se quiere es transferir, como bien público. La información quedará abierta a empresas constructoras, empresas prefabricadoras que deseen o que ya estén construyendo viviendas sociales, pero que pretendan a posteriori construir viviendas con un estándar superior, según la nueva reglamentación térmica que así lo va a exigir”, dijo la docente.

La transferencia de conocimiento se realizará a través de talleres y plataformas de acceso público a partir de 2025.

Fuente: El Mostrador

Paola Valencia, encargada de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable del Minvu.

Cruzamos una crisis global que está impactando todos los aspectos de la existencia humana sobre este planeta. La pandemia de Covid-19 no sólo está generando un lamentable récord de mortalidad a nivel mundial y el colapso de los sistemas de salud, sino que está produciendo serios efectos en otras esferas como la social, económica y medioambiental.

Claramente esto afectará los procesos de desarrollo a nivel mundial, especialmente considerando que la meta de los países ONU al 2030 era alcanzar globalmente un modelo de crecimiento sostenible para las sociedades. 

Cabe recordar que en 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, en el marco de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consideran acciones en áreas sensibles de la humanidad y el planeta, que se integran e interrelacionan, por lo que la afectación de una tiene repercusiones en las otras definitivamente.

En este nuevo escenario de crisis, más que nunca tenemos la certeza de lo imperativo que resulta ejercer una mirada sostenible del desarrollo de las sociedades, que considere las vulnerabilidades de nuestros sistemas y propenda al cuidado de la vida en todas sus formas. Entonces, los compromisos país que hemos adquirido en materia de desarrollo humano y sostenible, deben estar presentes y modelar las decisiones y acciones que se definan para avanzar desde hoy en adelante, considerando las condiciones sociales, económicas y medioambientales que tendremos que enfrentar luego de esta pandemia. En definitiva, debemos asumir esta crisis como una oportunidad para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera de avanzar en la reducción de desigualdades de todo tipo.

Uno de los ámbitos relevantes en los ODS se relaciona con la carbono neutralidad, que es un factor preponderante en las condiciones de vida de las sociedades, dado que el calentamiento global y el cambio climático están directamente relacionados con el aumento sostenido de los gases de efecto invernadero, en especial del CO₂.

Chile, en el marco del Acuerdo de París, se comprometió a alcanzar el carbono neutralidad al año 2050 y llegar a un peak de emisiones de gases de efecto invernadero en 2027. Para alcanzar estas metas se considera que una de las estrategias más costo-efectivas es descarbonizar el sector de la edificación, dado que las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie del planeta, pero representan el 75% de las emisiones de carbono y consumen entre el 60 y 80% de la energía.

Por otra parte, se estima que el 36% del uso de energía primaria en el mundo, y casi el 40% de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) estuvieron asociadas al sector edificación durante el 2018. De estas emisiones, un 28% proviene de la operación del edificio y un 11% del carbono incorporado de sólo tres productos de construcción: cemento, acero y aluminio.

En el caso de Chile, existe un importante vacío de información respecto de este tema, ya que sólo tenemos el dato que entrega el Balance Nacional de Energía (BNE) sobre el consumo energético del sector construcción durante la operación, del cual se desprende que el 22% de la energía total consumida se utiliza en la operación de edificaciones. Lamentablemente, no contamos con información objetiva a la fecha para la estimación de la huella de carbono del ciclo completo del sector construcción.

Sumado a lo anterior, tenemos que el sector construcción, a nivel global, es una de las industrias que mayor cantidad de recursos naturales utiliza, y Chile no escapa a esta realidad. Hace pocos días el organismo internacional Global Footprint Network, publicó que la huella ecológica del país es mayor a su biocapacidad de reserva, siendo el con mayor déficit de la región. Las categorías que presentan mayor déficit son: Terreno edificado, tierras de absorción de carbono, tierras de cultivo y tierras de pastoreo.

Es por esto que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha implementado hace varios años una agenda de construcción sustentable que tiene varios principios, entre los que destacan: Promover la reducción de impactos ambientales del sector, gestionar en forma responsable los recursos naturales, aportar con una mejor calidad de vida a las personas y construir ciudades más amigables con el medio ambiente y las personas.

Es fundamental en este trabajo levantar información sobre los impactos del sector ya que, como menciono anteriormente, hay escasez de estos datos en el país. Respondiendo a esta necesidad es que el Minvu ha creado un comité público-privado, cuyo objetivo es desarrollar e implementar una estrategia nacional para la gestión de la huella de carbono de la construcción.

El objetivo de esta mesa es acordar una planificación estratégica y metodológica durante 2020 y, a partir de 2021, comenzar con un fuerte trabajo de levantamiento de datos, creación de plataformas de difusión e implementación de calculadoras, además de implementar un sistema de monitoreo reporte y verificación de huella del sector. Todo esto debe estar articulado con los sistemas de certificación vigentes, y enlazado con instrumentos de fomento financiero que aporten incentivos a la industria y a los usuarios que utilicen productos más sustentables y de baja huella ecológica y de carbono.

Para nuestro ministerio esta tarea es crucial, pues sabemos que gestionar la huella nos va a permitir reducir impactos ambientales, hacer más eficientes los procesos y utilizar menos recursos naturales, lo que traerá, además, beneficios para el medioambiente y la productividad del sector.

Fuente: Certificación Edificio Sustentable

Compromiso de mitigación y adaptación de Chile para cumplir Acuerdo de París incorpora de forma inédita un “Pilar social de transición justa-Desarrollo sostenible” como un componente estructurante para enfrentar el cambio climático. Además, en adaptación se pone foco en recursos hídricos y los reconoce como áreas de mayor urgencia, así como la incorporación de restauración de la naturaleza y su provisión de bienes y servicios. Se incrementa protección de océanos y se duplican metas forestales respecto de 2015. Ministra de Medio Ambiente señaló que los NDC “son las guías que deben marcar el rumbo para la recuperación sustentable de la crisis socioeconómica post COVID-19”.

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, entregó hoy formalmente a la presidenta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Patricia Espinosa, el Compromiso Determinado a nivel Nacional (NDC) de mitigación y adaptación de Chile -así como las medidas e instrumentos concretos para su implementación- en el marco de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de París, el que fue definido como una meta intermedia en el camino a alcanzar la carbono neutralidad del país al año 2050.

En materia de mitigación, Chile se compromete a alcanzar un peak máximo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al año 2025, y alcanzar un nivel de emisiones absolutas de 95 millones de toneladas de CO2 equivalente al año 2030. Ambos compromisos implican una reducción respecto de la propuesta original que fue sometida a consulta pública, donde el peak de emisiones se había establecido en 2027 y las emisiones absolutas en 97 millones de toneladas de CO2 eq a 2030.

A esto se suma un presupuesto de carbono para el período 2020-2030 de 1.100 millones de toneladas de CO2 eq, y el compromiso de reducción de al menos un 25% de las emisiones de carbono negro al año 2030, con base a 2016.

La actualización de la NDC nacional, tras el proceso de consulta pública que fue “abierto a escuchar y cambiar, lo que permitió mejorarla fuertemente” -señaló la ministra Schmidt-, incorporó algunas de las 1.573 observaciones provenientes de la sociedad, la academia, el sector productivo y financiero, así como el aporte entregado por el Comité Científico de la COP25 a través de sus siete mesas temáticas.

Así, se incorporó de forma inédita lo que se denominó “Pilar social de transición justa-Desarrollo sostenible” como un componente estructurante en los compromisos de Chile para enfrentar el cambio climático, y dar cumplimiento al Acuerdo de París, teniendo como orientador principales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que componen la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

“Este pilar permea a los anteriores, y es tremendamente fundamental porque le da un foco a la NDC en las personas en sus territorios. Este pilar social establece un proceso de transición justa para la descarbonización, así como el aporte de cada compromiso adquirido a los ODS, con especial foco en género, superación de la pobreza, agua y saneamiento, energías limpias y no contaminantes, entre otros”, dijo la ministra Schmidt.

El foco de los compromisos establecidos en la NDC, agrego la titular del Ministerio del Medio Ambiente, está determinado por la transformación de Chile hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima, enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas en sus territorios.

“Son las guías -agregó- que deben marcar el rumbo para la recuperación sustentable de la crisis socioeconómica post COVID-19. Es por esto que Chile, como presidencia de la COP25, hace un especial llamado a los países a presentar la actualización de la NDC con mayor ambición y mayor transparencia durante este año 2020”.

Según indicó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet -quien también estuvo en la presentación de la NDC junto al ministro de Ciencias, Andrés Couve-, la contribución de cada uno de los sectores en las medidas necesarias para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 -de la que la NDC es un punto intermedio- serán de un 25% por parte de la industria sostenible, un 21% por el uso de hidrógeno verde en reemplazo del diésel en la minería e industria, un 17% de la electromovilidad, otro 17% de la edificación sostenible y un 13% del retiro de centrales de generación a carbón, y un 7% corresponde a la eficiencia energética.

Todas estas medidas se calcularon en términos de costo-beneficio incluyendo todos los sectores -energía, forestal y otros-, lo que determinó que el costo de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 requiere de una inversión inicial de US$ 41.300 millones, las que van a generar un ahorro en el tiempo de US$ 78.400 millones.

“Por lo tanto -agregó-, en el neto este plan de carbono neutralidad va a generar beneficios de más de US$ 27.000 millones para la economía chilena, y esto sin incluir los co beneficios por reducción de emisiones locales, en el cuidado de la salud de las personas y otros. Por tanto, ese número que ya es positivo está subestimando los beneficios de estas medidas”.

Por su parte, el ministro Couve destacó el que “por primera vez la comunidad científica nacional participó activamente para aportar con evidencia en la actualización de la NDC. Esta participación se materializó a través del Comité Científico COP25, donde más de 600 científicos nacionales organizados en siete mesas de trabajo aportaron con evidencia que permitió contextualizar qué significa incorporar el presupuesto de carbono en la realidad chilena y, junto con ello, establecer con claridad una meta y un año peak en materia de emisiones de Gases Efecto Invernadero”.

Cuatro áreas de integración

En materia de integración, un aspecto que fue considerado por primera vez en esta NDC y que incluye compromisos que implican componentes de mitigación ya adaptación, se establecieron metas específicas para cuatro pilares: océanos y humedales costeros, turberas, bosques y economía circular.

“La incorporación de los océanos es un compromiso muy relevante para Chile. La COP Azul (como fue denominada la COP25) permitió incorporar a los océanos en la acción climática, y Chile está promulgando que se incorporen compromisos específicos de los océanos en la NDC. Por lo tanto, por primera vez nuestro país está estableciendo compromisos específico en materia de océanos”, dijo la ministra Schmidt.

En este aspecto, se establece una meta específica de proteger al menos el 10% de la Zona Económica Exclusiva en aquellas regiones sub-representadas, principalmente en la zona centro-norte del país. Junto con ello, todas las Áreas Marinas Protegidas (AMP) creadas al año 2020 contarán con planes de manejo y se encontrarán en implementación, y se evaluaran sus co-beneficios en mitigación y adaptación. La gestión de estas áreas marinas deberá realizarse con comunidades locales para el desarrollo sustentable de la actividad pesquera y de comunidades vulnerables.

Para los humedales costeros, se establecen metas específicas: la protección de 20 humedales costeros a 2025, y otros 10 adicionales al año 2030. En cuanto a las turberas, el compromiso establece la ceración de un inventario nacional de estas a 2025, y para 2030 el desarrollo de indicadores para la evaluación de la capacidad de adaptación y mitigación de las turberas. Adicionalmente, se implementarán acciones para potenciar estos co-beneficios en cinco áreas protegidas públicas o privadas del país.

En materia de bosques, Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación de 200 mil hectáreas de bosques nativos sin condiciones a 2030 (el doble que la NDC de 2015), lo que permitirá capturas de hasta 1,2 millones de toneladas de CO2 eq anuales. Esto considerará una planificación a largo plazo y el cumplimiento de parámetros de rendimiento (corta que garantice crecimiento).

Según señaló la ministra Schmidt, la NDC busca establecer “la relevancia de los bosques para la mitigación y la adaptación. Chile es un país forestal con gran capacidad de captura de carbono, que debemos potenciar de manera sustentable, particularmente haciendo relevancia en la adaptación”.

Adicionalmente, la NDC establece que se forestarán 200 mil hectáreas (también duplica la meta de la NDC de 2015), de las cuales el 50% corresponderá a cubierta forestal permanente -con al menos 70 mil ha de especies nativas- al año 2030, lo que permitirá capturas de hasta 3,4 millones de toneladas de CO2eq anuales. Tras la consulta pública, se especificaron requerimientos para esta medida: se realizará en suelos sin vegetación y de aptitud forestal, promover el uso de especies nativas, favorecer áreas que ayuden a protección de suelos, humedales y cabeceras de cuencas), y la elaboración de un reporte bianual de avances por parte de Conaf al Congreso y al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Adicionalmente, se establece una meta de reducción de emisiones del sector forestal por degradación y deforestación del bosque nativo en un 25% al 2030, considerando las emisiones promedio entre el periodo 2001-2013. Esto implica la realización de acciones como la gestión para la prevención de incendios, para compatibilizar la actividad ganadera y fortalecer la protección fitosanitaria en recursos nativos.

También se incorpora a la naturaleza y su rol en la provisión de bienes y servicios, a través de un mecanismo de restauración a escala de paisajes, el que no estaba considerado ni en la NDC de 2015 ni en la propuesta original, sino que se incorporó a partir del proceso de participación ciudadana. Esto considera la elaboración de un Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes, y la incorporación de un millón de hectáreas al proceso de restauración de paisajes a 2030, priorizando aquellos con mayor vulnerabilidad social, económica y ambiental.

Finalmente, en economía circular es establece la creación de una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos y de una Hoja de Ruta de Economía Circular 2020-2040 durante este año, así como la generación de métricas e indicadores de circularidad al año 2022 para monitorear los avances del país en esta materia.

Compromisos de adaptación: foco en recursos hídricos

En materia de adaptación, se mantiene el compromiso de actualización del Plan Nacional y de los planes sectoriales en esta materia, así como el desarrollo de planes de acción regionales para la adaptación, y la creación de mapas de vulnerabilidad a nivel comunal. A esto se agrega la determinación de los costos de la inacción en esta materia, y al evaluación de riesgo para grupos más vulnerables con enfoque de género.

Pero uno de los focos más importantes se encuentra en materia de agua y saneamiento, el que no estaba especificado en la NDC de 2015. La nueva propuesta de Chile reconoce a los recursos hídricos como el área de mayor urgencia, y compromete la elaboración de planes estratégicos en todas las cuencas del país (101 cuencas), la definición de un indicador de riesgo hídrico, y la creación de un programa de gestión del consumo de agua a través de Huella del Agua, en el marco del programa Huella Chile.

Tras la consulta, se incorporaron además compromisos de saneamiento, y la obligación para toda nueva infraestructura hídrica (embalses) de considerar en su evaluación el proteger a la población y atender de forma prioritaria el consumo humano en situaciones de riesgo, así como la implementación de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

Fuente: País Circular