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Jaime Cataldo, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios MSUR, advierte que la gestión de residuos de construcción y demolición en la Región Metropolitana enfrenta brechas estructurales en infraestructura, trazabilidad y regulación. En esta entrevista, aborda los desafíos municipales, el rol de la Ley REP y las oportunidades de articulación con la Red ECC.

La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) se ha transformado en uno de los principales desafíos para los municipios de la Región Metropolitana. Desde la experiencia de la Asociación de Municipios MSUR, que agrupa a 33 comunas, ven que la disposición sigue concentrada en rellenos sanitarios y la valorización aún no logra consolidarse como una alternativa estructural.

A ello se suman problemas persistentes como la proliferación de microbasurales, la falta de infraestructura y la necesidad de fortalecer la coordinación entre actores públicos y privados. En este contexto, el secretario ejecutivo de MSUR, Jaime Cataldo, plantea la urgencia de avanzar hacia un modelo más integrado, con incentivos claros, gobernanza territorial y mayor participación del sector construcción.

¿Cómo están enfrentando hoy los municipios la gestión de los RCD?

En la práctica, la mayoría de los municipios continúa enviando los RCD a rellenos sanitarios autorizados, aun cuando el costo de disposición suele ser mayor que otras alternativas. La disposición en lugares autorizados para escombros y la valorización sigue siendo marginal y depende de iniciativas puntuales más que de una política estructural.

Cataldo explica que, si bien existen esfuerzos para diversificar destinos, estos aún no logran consolidarse. “MSUR ha suscrito un Convenio de Colaboración con Greenrec Lepanto, promoviendo la derivación de RCD hacia esta instalación, donde además de disposición se desarrolla selección de materiales, aunque aún no constituye el destino predominante del flujo”, comenta.

A esto se suma un problema estructural en el territorio: “la formación constante de micro basurales en espacios públicos, particularmente asociados al depósito irregular de escombros y residuos domiciliarios voluminosos .

Frente a esto, el ejecutivo plantea que la respuesta debe ser integral: “resulta clave avanzar en estrategias de educación ambiental, reforzar los mecanismos de fiscalización y actualizar las ordenanzas municipales”. En sus palabras, “infraestructura, educación, ordenanza y fiscalización son fundamentales para abordar de manera más efectiva el problema”.

¿Qué aprendizajes deja la implementación de la Ley REP a nivel municipal?

Ya tenemos más de dos años y medio de implementación de la Ley Rep y creemos que estamos superando una etapa de aprendizaje en lo esencial y ahora entramos en régimen a paso firme .

Uno de los principales desafíos ha sido la trazabilidad. “MSUR y sus 33 comunas socias ya supera el millón de hogares con cobertura domiciliaria, pero aún no podemos identificar cuáles hogares sí reciclan y cuáles no”, da cuenta.

Sin embargo, en el ámbito de instalaciones, el sistema muestra avances: “la trazabilidad desde nuestros 15 Centros de Acopio y Puntos Limpios, además de nuestra Planta Metropolitana, se realiza adecuadamente para su envío a plantas de valorización”.

Cataldo también destaca el rol de los recicladores de base: “han sido actores muy importantes y trabajamos en conjunto en la mayoría de los programas de reciclaje de nuestra asociación”.

¿Puede el modelo REP aplicarse a los RCD?

El incluir los RCD en la Ley REP desde ya nos parece de suma importancia, dado que los municipios serían beneficiados de manera importante para disminuir los micro basurales en sus barrios.

En ese sentido, señala que los sistemas de gestión existentes pueden aportar aprendizajes, pero advierte que deben cumplir ciertas condiciones: “es importante que tengan calle, conocimiento del modelo de negocios de la construcción, conocimiento del territorio y que tengan una visión amplia en su propósito” .

¿Existe hoy infraestructura suficiente para valorizar RCD en la Región Metropolitana?

La infraestructura de disposición de RCD en la Región Metropolitana, con permisos sanitarios, es muy limitada y está territorialmente concentrada.

Explica que actualmente “la principal instalación especializada es Greenrec Lepanto, pero ellos solo recepcionan y separan materiales. No hay procesos de valorización propiamente tal”.

Además, existe una brecha territorial relevante: “en la zona norte no existe actualmente una oferta de recepción de este tipo, lo que obliga a trasladar residuos hacia el sur o disponerlos en rellenos sanitarios”.

Incentivos

Cataldo es claro en que se necesitan señales regulatorias y económicas: “se requieren exigencias regulatorias claras, como incorporar porcentajes de material reciclado en obras públicas y sistemas de trazabilidad obligatoria .

A esto se suman condiciones de mercado: “también son necesarios incentivos económicos y contratos estables que reduzcan el riesgo para inversionistas”, dice.

Asimismo, plantea el rol de la escala territorial: “la asociatividad municipal puede generar economías de escala y demanda suficiente para viabilizar nuevas plantas” .

¿Qué oportunidades abre la colaboración con la Red ECC?

La colaboración entre MSUR y la Red de Economía Circular de la Construcción abre la oportunidad de impulsar una alianza estratégica para desarrollar un modelo de gestión de RCD con un positivo impacto en nuestros territorios.

En concreto, propone avanzar en pilotos: “se puede implementar un proyecto piloto operativo, con colaboración pública/privada, que permita articular a municipios y actores del sector para acceder a recursos y probar soluciones de manejo y valorización”.

Además, destaca el valor de la información: “el piloto permitiría generar estadísticas sobre generación de RCD, tipologías de residuos y patrones de disposición de la población, información clave para dimensionar el problema y aportar evidencia que facilite, en el futuro, su eventual incorporación en la Ley REP”.

¿Cómo puede aportar la gobernanza territorial de la Red ECC?

La gobernanza propuesta por la Red ECC puede ayudar a fortalecer el trabajo municipal al establecer lineamientos comunes para la gestión de RCD .

Hoy, explica, existe dispersión normativa: “cada municipio define de manera autónoma sus exigencias y criterios”, por lo que un marco común permitiría “armonizar estándares mínimos, protocolos y definiciones técnicas”.

Además, destaca el rol de los municipios en la trazabilidad: “pueden y deben aportar con las obligaciones de solicitar y exigir certificados de disposición de RCD a las empresas constructoras”.

Finalmente, subraya la importancia de una mirada sistémica: “un modelo de gobernanza específico de los materiales y escombros de la construcción debe insertarse en un concepto e instancia de gobernanza de Gestión de Residuos y Economía Circular de la Región Metropolitana, cuya constitución está en proceso en la actualidad”.