Jaime Cataldo, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios MSUR, advierte que la gestión de residuos de construcción y demolición en la Región Metropolitana enfrenta brechas estructurales en infraestructura, trazabilidad y regulación. En esta entrevista, aborda los desafíos municipales, el rol de la Ley REP y las oportunidades de articulación con la Red ECC.
La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) se ha transformado en uno de los principales desafíos para los municipios de la Región Metropolitana. De hecho, la Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos, Msur, se creó en 2016.
Hoy agrupa a 22 comunas, y ha desarrollado una variedad de acciones que le permiten acercarse a su objetivo: la sustentabilidad ambiental, la gestión integral de los residuos generados en las comunas socias y su valorización, para que sus socios integren y/o fortalezcan en su gestión este ámbito de competencia municipal.
Desde esta experiencia, ven que la disposición sigue concentrada en rellenos sanitarios y la valorización aún no logra consolidarse como una alternativa estructural.
A ello se suman problemas persistentes como la proliferación de microbasurales, la falta de infraestructura y la necesidad de fortalecer la coordinación entre actores públicos y privados. En este contexto, el secretario ejecutivo de MSUR, Jaime Cataldo, plantea la urgencia de avanzar hacia un modelo más integrado, con incentivos claros, gobernanza territorial y mayor participación del sector construcción.
¿Cómo están enfrentando hoy los municipios la gestión de los RCD?
En la práctica, la mayoría de los municipios continúa enviando los RCD a rellenos sanitarios autorizados, aun cuando el costo de disposición suele ser mayor que otras alternativas. La disposición en lugares autorizados para escombros y la valorización sigue siendo marginal y depende de iniciativas puntuales más que de una política estructural.
Cataldo explica que, si bien existen esfuerzos para diversificar destinos, estos aún no logran consolidarse. “MSUR ha suscrito un Convenio de Colaboración con Greenrec Lepanto, promoviendo la derivación de RCD hacia esta instalación, donde además de disposición se desarrolla selección de materiales, aunque aún no constituye el destino predominante del flujo”, comenta.
A esto se suma un problema estructural en el territorio: “la formación constante de micro basurales en espacios públicos, particularmente asociados al depósito irregular de escombros y residuos domiciliarios voluminosos.
Frente a esto, el ejecutivo plantea que la respuesta debe ser integral: “resulta clave avanzar en estrategias de educación ambiental, reforzar los mecanismos de fiscalización y actualizar las ordenanzas municipales”. En sus palabras, “infraestructura, educación, ordenanza y fiscalización son fundamentales para abordar de manera más efectiva el problema”.

¿Qué aprendizajes deja la implementación de la Ley REP a nivel municipal?
Ya tenemos más de dos años y medio de implementación de la Ley Rep y creemos que estamos superando una etapa de aprendizaje en lo esencial y ahora entramos en régimen a paso firme.
Uno de los principales desafíos ha sido la trazabilidad. “MSUR y sus 33 comunas socias ya supera el millón de hogares con cobertura domiciliaria, pero aún no podemos identificar cuáles hogares sí reciclan y cuáles no”, cuenta.
Sin embargo, en el ámbito de instalaciones, el sistema muestra avances: “la trazabilidad desde nuestros 15 Centros de Acopio y Puntos Limpios, además de nuestra Planta Metropolitana, se realiza adecuadamente para su envío a plantas de valorización”.
Cataldo también destaca el rol de los recicladores de base: “han sido actores muy importantes y trabajamos en conjunto en la mayoría de los programas de reciclaje de nuestra asociación”.
¿Puede el modelo REP aplicarse a los RCD?
El incluir los RCD en la Ley REP desde ya nos parece de suma importancia, dado que los municipios serían beneficiados de manera importante para disminuir los micro basurales en sus barrios.
En ese sentido, señala que los sistemas de gestión existentes pueden aportar aprendizajes, pero advierte que deben cumplir ciertas condiciones: “es importante que tengan calle, conocimiento del modelo de negocios de la construcción, conocimiento del territorio y que tengan una visión amplia en su propósito” .
¿Existe hoy infraestructura suficiente para valorizar RCD en la Región Metropolitana?
La infraestructura de disposición de RCD en la Región Metropolitana, con permisos sanitarios, es muy limitada y está territorialmente concentrada.
Explica que actualmente “la principal instalación especializada es Greenrec Lepanto, pero solo recepcionan y separan materiales. No hay procesos de valorización propiamente tal”.
Además, existe una brecha territorial relevante: “en la zona norte no existe actualmente una oferta de recepción de este tipo, lo que obliga a trasladar residuos hacia el sur o disponerlos en rellenos sanitarios”.
Incentivos
Cataldo es claro en que se necesitan señales regulatorias y económicas: “se requieren exigencias regulatorias claras, como incorporar porcentajes de material reciclado en obras públicas y sistemas de trazabilidad obligatoria .
A esto se suman condiciones de mercado: “también son necesarios incentivos económicos y contratos estables que reduzcan el riesgo para inversionistas”, dice.
Asimismo, plantea el rol de la escala territorial: “la asociatividad municipal puede generar economías de escala y demanda suficiente para viabilizar nuevas plantas”.
En Países Bajos, por ejemplo, gran parte de las obras de infraestructura incorpora áridos reciclados provenientes de residuos de construcción. En Reino Unido, en tanto, el impuesto al envío de residuos a vertederos ha incentivado fuertemente el reciclaje de escombros. Estos casos muestran que la regulación y la generación de demanda desde el sector público pueden ser claves para desarrollar la valorización de RCD.
¿Qué oportunidades abre la colaboración con la Red ECC?
La colaboración entre MSUR y la Red de Economía Circular de la Construcción abre la oportunidad de impulsar una alianza estratégica para desarrollar un modelo de gestión de RCD con un positivo impacto en nuestros territorios.
En concreto, propone avanzar en pilotos: “se puede implementar un proyecto piloto operativo, con colaboración pública/privada, que permita articular a municipios y actores del sector para acceder a recursos y probar soluciones de manejo y valorización”.
Además, destaca el valor de la información: “el piloto permitiría generar estadísticas sobre generación de RCD, tipologías de residuos y patrones de disposición de la población, información clave para dimensionar el problema y aportar evidencia que facilite, en el futuro, su eventual incorporación en la Ley REP”.
¿Cómo puede aportar la gobernanza territorial de la Red ECC?
La gobernanza propuesta por la Red ECC puede ayudar a fortalecer el trabajo municipal al establecer lineamientos comunes para la gestión de RCD .
Hoy, explica, existe dispersión normativa: “cada municipio define de manera autónoma sus exigencias y criterios”, por lo que un marco común permitiría “armonizar estándares mínimos, protocolos y definiciones técnicas”.
Además, destaca el rol de los municipios en la trazabilidad: “pueden y deben aportar con las obligaciones de solicitar y exigir certificados de disposición de RCD a las empresas constructoras”.
Finalmente, subraya la importancia de una mirada sistémica: “un modelo de gobernanza específico de los materiales y escombros de la construcción debe insertarse en un concepto e instancia de gobernanza de Gestión de Residuos y Economía Circular de la Región Metropolitana, cuya constitución está en proceso en la actualidad”.
Por Fernando Hentzschel Martínez, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo.
En los últimos años, el sector de la construcción se ha visto fuertemente afectado, primero por la crisis social y luego por la crisis sanitaria. De acuerdo con el Balance 2019 realizado por la Cámara Chilena de la Construcción, más de un 20% de las empresas declara haber sufrido efectos por la crisis social, un 62% declara haber paralizado al menos uno de sus proyectos y casi un 70% señaló la necesidad de postergar en inicio de sus obras. Por su parte, el estudio de productividad realizado por Matrix Consultores (octubre de 2020), nos reconfirma un dato ya conocido; el estancamiento de la productividad en esta industria, que se ha mantenido prácticamente inalterable en los últimos 15 años, y el rezago del sector construcción en relación con el comportamiento de la economía nacional; mientras la productividad de esta última aumentó en 20% en el período 2018-2020, la construcción casi no varió. Por último, el sector se ve enfrentado a nuevos desafíos en torno al cambio climático; la Hoja de Ruta de Residuos de Construcción y Demolición y la Estrategia de Economía Circular en Construcción, imponen la necesidad de actuar en esta materia, ya que se han fijado metas al respecto: se espera que un 15% al 2025 de los materiales y sistemas constructivos cuenten con certificación de atributos circulares, meta que aumenta al 30% para el 2035; y al 2050 se espera que al menos el 30% del volumen de los RCD se valoricen.
Es importante señalar que esta industria es fundamental para el crecimiento de nuestra economía, representa cerca del 8% del PIB nacional y en torno al 8,5% del empleo en el país y es un pilar de desarrollo que tiene como misión mitigar el creciente déficit habitacional que nos aqueja.
Esta situación nos impone la necesidad de tomar acciones para enfrentar estos desafíos, y al mismo tiempo, nos abre una tremenda oportunidad de impulsar iniciativas transformacionales en una industria que ha sido históricamente lineal, hacia un modelo productivo no solo más sustentable gracias a los avances tecnológicos en materias de eficiencia energética, sino que también capaz de aprovechar las ventajas que los modelos de economía circular ofrecen en orden de empujar también la productividad del sector.
Ahí es donde Corfo tiene un claro rol que jugar, ya que, a través de nuestros distintos programas e instrumentos hemos apoyado a empresas y emprendedores de toda la cadena de valor de la industria, a dar un paso en materia de innovación y desarrollo tecnológico, en ámbitos tan relevantes como la digitalización, la construcción industrializada, la sustentabilidad en el sector y por cierto introduciendo elementos de la economía circular.
Es así, como desde el año 2015 asumimos el compromiso de articular y coordinar a los distintos actores vinculados a la industria, en el programa Transforma Construye2025, el que nos ha permitido identificar brechas y oportunidades concretas para apoyar en el desafío de transformar al sector desde la productividad y la sustentabilidad.
Como parte de la hoja de ruta de Construye2025, han surgido iniciativas claves como el Centro Tecnológico, CTEC, que busca promover la transformación digital, la adopción de tecnologías y la industrialización en el sector. Además, dispone de infraestructura y capacidades para que las empresas y emprendedores prueben nuevas tecnologías y desarrollos tecnológicos que las hagan más productivas y competitivas; por su parte, PlanBIM busca potenciar el uso de metodología BIM a través del poder de compra del Estado, dotando de capacidades al sector público e incorporando exigencias de BIM en proyectos públicos.
En lo que respecta a los desafíos ambientales, durante el 2021 articulamos la primera convocatoria de Retos de Innovación en Economía Circular en el Sector Construcción, la que, a través de un proceso de innovación abierta, buscó soluciones que apuntan a disminuir la pérdida de recursos en el sector construcción y las externalidades negativas, a través de soluciones tecnológicas que incorporen la economía circular.
A través de esta convocatoria estamos conectando al ecosistema emprendedor e innovador del país, con las empresas, para dar respuesta a problemas y desafíos que estas enfrentan en ámbitos como uso de nuevos materiales, sistemas constructivos sustentables, soluciones tecnológicas para uso eficiente de recursos y la gestión sustentable de sus residuos. Así es como hoy contamos con ocho proyectos que se encuentran validando este tipo de soluciones en entornos reales, de la mano de las empresas o instituciones que serán los usuarios de estas tecnologías una vez completados sus ciclos de desarrollo.
Para este año tenemos el desafío de seleccionar las tres mejores soluciones, las cuales apoyaremos con financiamiento y acompañamiento técnico y estratégico, en el desarrollo de su plan de escalabilidad. Esperamos que estas soluciones se encuentren en el mercado durante el primer semestre de 2023.
En cuanto a otros apoyos disponibles para el sector, contamos con los programas de innovación y de emprendimiento, así como la Ley de Incentivo Tributario, que si bien, su uso ha aumentado en los últimos años, creemos que aún puede ser más explotado como herramienta innovación empresarial de la mano con los Centros Tecnológicos especializados en esta materia. Del mismo modo, estamos próximos a lanzar una nueva convocatoria a programas tecnológicos asociativos que buscan abordar los desafíos de transformación productiva ante el cambio climático en sectores específicos como el de la Construcción.
Por ello, invitamos a las empresas del sector a abordar estas necesidades de transformación productiva mediante la innovación y el desarrollo tecnológico como parte de su quehacer, apoyándose en la infraestructura y capacidades tecnológicas desplegadas en Chile como los son los Centros Tecnológicos, así como los lineamientos que el programa Transforma Construye2025 ha puesto a disposición.