El pasado miércoles 1 de abril, se llevó a cabo el Taller de resultados y validación de los tres estudios realizados en el marco del Proyecto Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en una alianza pública-privada conformada por Corfo, Construye2025, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y CDT y cuyo objetivo es diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una red circular de la construcción que fomente la valorización de residuos/recursos, el encadenamiento productivo y la simbiosis entre obras de construcción y/o centros de producción, con el fin de habilitar inversiones verdes y compras sustentables.

“El propósito de los estudios es entender el mercado de materiales y residuos de construcción de la región Metropolitana. Básicamente, un análisis territorial de los flujo de materiales y residuos”, señaló Paola Valencia, jefa de Acción climática y economía circular de EBP Chile y una de las expositoras de la jornada, agregando que como principales hallazgos identificaron una necesidad de avanzar tanto en la cantidad como en la calidad de la reportabilidad que tienen las empresas de construcción sobre su generación de residuos. “Hoy en día el 30% de las constructoras en la región Metropolitana está reportando, mientras que hay otras regiones, donde solo el 2% lo hace, pero además, hay muchos errores en la calidad de la información”, comentó.

Los estudios presentados en el taller, se componían de tres módulos sobre: Modelo de gestión de oferta y demanda (Metodología de estimación y proyección de oferta de recursos valorizables y Análisis territorial, mapa de actores y capacidades productivas) y Modelo de inversión y operación – Análisis y diagnóstico de los mecanismos de financiamiento – Propuestas de mecanismos de financiamientos, modelos de negocio, inversión e incentivos.

“Este encadenamiento de información nos lleva a poder proyectar, finalmente, ante proyectos piloto de plantas de valorización en la región Metropolitana que estén ubicados en lugares estratégicos y que respondan realmente a la oferta de residuos y también, a la posible demanda que hay”, explicó Bárbara Silva, coordinadora del proyecto Red ECC, agregando que el desafío es poder empujar esa demanda. “Ahora, desde la Red, debemos darle visibilidad a estos resultados, decantar las observaciones que se levantaron en el Taller y poder entregar guías que sean útiles, que se puedan usar en cada una de las entidades y empresas para que puedan tomar mejores decisiones”, señaló.

Objetivos y oportunidades por estudio

Según se explicó en la actividad, el primer estudio abordó una metodología para estimación y proyección de la oferta de recursos valorizables (RCD). El objetivo de este módulo, es desarrollar esta metodología, que permita caracterizar y cuantificar los residuos generados anualmente en obras de edificación e infraestructura en la región Metropolitana (RM) y también, levantar información en la región para la estimación de la oferta y demanda de residuos/recursos a partir de proyectos de construcción. 

Dentro de las brechas identificadas, se mencionan: la dificultad en entrega de información, escasa desagregación de datos en reportabilidad, reportabilidad ante SINADER presenta datos irregulares y una diferencia entre comunas que más reportan y las que más construyen.

En cuanto a las oportunidades presentadas, se habló sobre una concentración de generación de residuos en la zona norte de la región, y una masa de RCD suficiente para plantas de valorización de residuos (3 plantas de 150 ton/hr) y una tendencia constructiva hacia la edificación en altura (51% de la generación) en la región Metropolitana.

El segundo módulo mostrado en el Taller, era acerca de un análisis territorial con mapa de actores, análisis y diagnóstico de capacidades productivas. Para hacerlo, se requiere conocer las capacidades productivas de la región Metropolitana (materiales y gestión de residuos) y consumos de materias primas, analizar procedencia de estas y de productos, un análisis en producción y uso de materia prima secundaria, así como también el desarrollo de mapa de actores y capacidades y los costos de limpieza y disposición.

Un segundo objetivo para este módulo, apunta también a desarrollar un levantamiento de información y análisis de soluciones y actores dentro del ecosistema que incorporen los principios de la economía circular en la construcción, así como también, definir principios de economía circular, realizar un mapeo de soluciones con estos principios y una matriz de priorización de soluciones con potencial de escalamiento.

En este módulo, se identificaron algunas brechas que apuntan a la alta dependencia de materias primas vírgenes y cadenas de valor lineales, así como también, una concentración productiva en pocos materiales y baja diversificación de abastecimiento. Además, se vio una alta dependencia externa en acero, yeso, poliestireno y arena sílice, baja trazabilidad y escasez de datos públicos (yeso, ladrillo, áridos), falta de infraestructura de valorización fuera de la región Metropolitana, escasa articulación entre proveedores de materias primas secundarias (MPS) y fabricantes y costos logísticos que desincentivan la valorización (>60 km no rentable).

Por su parte, las oportunidades que se identificaron incluían: la sustitución de áridos naturales por áridos reciclados (alto potencial RM), el escalamiento de soluciones compatibles con hormigón y prefabricados, incentivos normativos, de financiamiento y comerciales para aumentar uso de MPS (LEED, CES, DAP) y el desarrollo de hubs territoriales de valorización. También se señaló como oportunidad, el fortalecimiento de demanda mediante compra pública circular y exigencias en licitaciones de obra pública, la simbiosis industrial tipo EcoAZA replicable en otras regiones y la creación de plataformas de articulación entre actores de la cadena de valor.

El tercer y último módulo abordado en el taller, sobre Diagnóstico financiero y Modelo de inversión y operación, cuenta con dos objetivos principales. Según se detalló en el evento, el primero apunta a un análisis y diagnóstico de los mecanismos de financiamiento e inversión públicos y privados, y modelos de negocios de circulación de materiales e incentivos nacionales e internacionales; mientras que el segundo, es sobre propuestas de mecanismos de financiamientos, modelos de negocio, inversión e incentivos como créditos verdes u otros, públicos y privados. 

Dentro de las brechas encontradas en esta sección, se mencionaron: mecanismos de financiamiento con requisito de aval, escaso incentivo a la valorización (para constructoras y plantas), escasa demanda de materia prima secundaria y bajos costos de disposición de escombros.

En cuanto a las oportunidades, se explicó que estas se refieren a la alta demanda de centros de tratamiento, tratamiento y valorización de RCD en zona norte de la región Metropolitana, el uso de Ley FUC para plantas móviles y estacionarias de valorización de este tipo de residuos, la optimización en transporte de RCD, así como las tecnologías modulares para la valorización mecánica de estos, además de un alto potencial de sinergia con barrios industriales y alianzas público-privada para asegurar oferta de residuos de construcción y demolición y demanda de materia prima secundaria.

La Red de Economía Circular de la Construcción, Red ECC, dio inicio al ciclo 1 de la etapa 2 de implementación con una nueva programación de actividades  abiertas y gratuitas, previa inscripción, dirigidas a profesionales del sector e interesados en el tema, con el objetivo de fortalecer capacidades, compartir herramientas y generar articulación entre empresas y actores clave del ecosistema de la construcción.

La agenda contempla talleres presenciales y webinars gratuitos, que se desarrollarán entre el 22 de abril y el 12 de mayo, abordando temas como aplicación de herramientas de diagnóstico de circularidad, lanzamiento de la plataforma digital Red ECC, reconocimiento y diagnóstico en economía circular con foco en la familia de normas ISO 59000, articulación del ecosistema circular de residuos de construcción y demolición, y marco normativo para avanzar en circularidad en el sector.

Este nuevo ciclo busca acompañar a las empresas en la incorporación de criterios y herramientas concretas para avanzar hacia modelos más circulares, promoviendo además el intercambio de experiencias, la difusión de casos de éxito y la conexión entre oferta y demanda de recursos y residuos valorizables.

“Esta etapa busca acelerar la implementación de la economía circular en la construcción, poniendo a disposición de las empresas herramientas prácticas, espacios de formación y oportunidades de articulación que permitan avanzar desde el diagnóstico a la acción”, señala Bárbara Silva, coordinadora de la Red ECC.

Entre las actividades programadas se encuentran: un taller sobre la Calculadora de Circularidad dirigido a micro y pequeñas empresas del sector; un webinar de lanzamiento de la plataforma digital Red ECC con casos de éxito en I+D+i; una instancia sobre reconocimiento y diagnóstico en economía circular con marco en la familia ISO 59000; un taller de articulación del ecosistema circular de RCD; y un webinar sobre marco normativo, ISO 59000 y herramientas de diagnóstico.

La Red ECC hizo un llamado a las empresas y actores de la cadena de valor a sumarse a este nuevo ciclo de actividades, que busca seguir habilitando capacidades, conexiones y herramientas para acelerar la transición hacia una economía circular en la construcción. 

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de los canales de la Red ECC. Revisa toda la información aquí: 

1. Taller: Aplicación de herramienta de diagnóstico: Calculadora de Circularidad(presencial)
   Dirigido a micro y pequeñas empresas del sector construcción
   22 de abril, de 15:30 a 17:30 horas, edificio CChC. Inscripciones aquí
2. Webinar: Lanzamiento plataforma digital Red ECC + casos de éxito en I+D+i en economía circular en el sector construcción
   28 de abril, de 11:00 a 12:30 horas. Modalidad online. Inscripciones aquí
3. Taller: Reconocimiento y diagnóstico en Economía Circular con marco en familia de normas ISO 59000 (presencial)
   Dirigido a todas las empresas de la cadena de valor del sector construcción
   29 de abril, de 15:00 a 18:00 horas, edificio CChC. Inscripciones aquí
4. Webinar: marco normativo economía circular, ISO 59000 y herramienta de diagnóstico
   12 de mayo, de 11:00 a 12:30 horas. Modalidad online. Inscripciones aquí

La industrialización aparece cada vez con mayor fuerza como una estrategia para enfrentar los impactos ambientales asociados a la actividad constructiva. Bajo esta premisa se desarrolló el webinar “Industrialización como estrategia de reducción de impactos ambientales”, organizado por Reduciclo y GreenCom, que reunió a especialistas del sector para analizar cómo nuevas metodologías constructivas pueden contribuir a disminuir emisiones, residuos, ruido y otros efectos de las obras en su entorno.

El encuentro fue moderado por Bárbara Silva, coordinadora de proyectos de sostenibilidad ambiental de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción y coordinadora de la Red de Economía Circular de la Construcción. En la instancia, participaron como expositores Lucas Bracho, director y cofundador de Reduciclo; Pabla Ortúzar, vicepresidenta del Consejo de Construcción Industrializada (CCI) y socia de Archiplan; Alejandra Tapia, coordinadora de sustentabilidad de Construye2025; y Marlena Murillo, consejera y secretaria de especialidad civil del Colegio de Ingenieros de Chile.

Durante la jornada, los expositores abordaron desde distintas perspectivas los desafíos ambientales de la industria y las oportunidades que ofrecen la innovación, el diseño y la economía circular para avanzar hacia una construcción más eficiente y sostenible.

Impactos ambientales en obra y criterios de evaluación

La primera exposición estuvo a cargo de Lucas Bracho, director y cofundador de Reduciclo, quien presentó los principales impactos ambientales que se generan en proyectos de construcción a partir de la experiencia de gestión ambiental en terreno.

Bracho explicó que actualmente es posible analizar estos impactos mediante seis criterios de evaluación ambiental: emisiones atmosféricas, ruido, residuos no peligrosos, recursos hídricos y RILES, sustancias y residuos peligrosos, y biodiversidad.

El especialista enfatizó que muchas de las problemáticas ambientales se originan directamente en la dinámica de la obra. Entre ellas mencionó la generación de polvo y material particulado, los altos niveles de ruido que pueden afectar tanto a trabajadores como a comunidades cercanas, y la gran cantidad de residuos que se generan por materiales mal almacenados o dañados durante el proceso constructivo.

En ese contexto, señaló que la gestión ambiental en obra requiere no solo cumplimiento normativo, sino también cambios en la forma de planificar y ejecutar los proyectos.

Asimismo, sostuvo que la industrialización puede contribuir a disminuir varios de estos impactos al trasladar parte importante del proceso constructivo a entornos controlados.

Casos reales de industrialización y control de impactos

Posteriormente, Pabla Ortúzar, vicepresidenta del Consejo de Construcción Industrializada (CCI) y socia de Archiplan, presentó casos concretos de proyectos donde la industrialización ha permitido mejorar la eficiencia y reducir impactos ambientales en obra.

Ortúzar explicó que la construcción tradicional genera múltiples problemas ambientales simultáneamente, como emisiones, residuos, ruido, vibraciones y consumo de agua. Frente a este escenario, planteó que el desafío no solo consiste en incorporar nuevas tecnologías, sino en transformar el modelo productivo del sector.

“Hoy día la pregunta no es si tenemos que cambiar cómo construimos, sino cómo cambiamos lo que construimos”, reflexionó la arquitecta.

Entre los ejemplos presentados destacó el desarrollo de sistemas de prefabricación en fábrica con control riguroso de producción, planificación mediante BIM y logística just-in-time, lo que ha permitido reducir pérdidas de materiales a menos del 3% a la empresa Axis Desarrollos Constructivos, socio del CCI.

También abordó soluciones aplicadas en proyectos urbanos complejos, como el uso de mantas acústicas para mitigar ruido y polvo en obras de rehabilitación de fachadas en el centro de Santiago, logrando disminuir significativamente los niveles de ruido y material particulado en el entorno.

Finalmente, presentó experiencias de vivienda modular en madera, en los proyectos de Renca y Lo Espejo, a cargo de Archiplan, Tecno Fast, Constructora Vive y Entidad Patrocinante Unión, donde la planificación temprana y el montaje de módulos industrializados permitió reducir tiempos de obra y minimizar molestias para las comunidades vecinas.

Industrialización y economía circular en la estrategia sectorial

La tercera presentación estuvo a cargo de Alejandra Tapia, coordinadora de sustentabilidad de Construye2025, quien expuso la visión sectorial sobre el rol de la industrialización en la transición hacia una construcción más sostenible.

Tapia explicó que desde el inicio del programa Construye2025 dos temas han sido prioritarios para el sector: la industrialización y la gestión de residuos, evolución que posteriormente se integró en una mirada más amplia de economía circular.

Según indicó, el desafío actual consiste en replantear la forma en que se diseñan, construyen y gestionan los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida.

“Necesitamos un cambio de paradigma de cómo avanzar entendiendo nuestro entorno y pensando en una nueva forma de hacer las cosas para impactar lo menos posible en forma negativa”, reflexionó.

La especialista señaló que la economía circular propone eliminar la contaminación y los residuos desde el diseño, mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible y regenerar los sistemas naturales.

En esa línea, destacó estrategias como la construcción modular, el diseño para desmontaje, la reutilización adaptativa de edificios y la gestión circular de la demolición, las cuales permiten extender la vida útil de los materiales y optimizar el uso de recursos.

Diseño, economía circular e industrialización

La última exposición estuvo a cargo de Marlena Murillo, consejera y secretaria de especialidad civil del Colegio de Ingenieros de Chile, quien presentó los resultados de una mesa de trabajo desarrollada durante 2025 para analizar la relación entre economía circular e industrialización en la construcción.

Murillo explicó que el trabajo colaborativo reunió a profesionales de distintas disciplinas e instituciones, con el objetivo de analizar el estado del arte y proponer lineamientos para avanzar hacia un modelo constructivo más circular.

Entre los principales principios destacó la necesidad de eliminar residuos y contaminación desde la etapa de diseño y avanzar desde un modelo lineal hacia uno regenerativo.

Asimismo, subrayó el rol de herramientas como BIM y los pasaportes de materiales para mejorar la trazabilidad de los componentes, evaluar su impacto ambiental y facilitar procesos de reutilización o desmontaje en el futuro.

Hacia una construcción más sostenible

A lo largo del webinar, los especialistas coincidieron en que la industrialización representa una oportunidad para abordar simultáneamente desafíos ambientales, productivos y sociales del sector construcción.

La incorporación de nuevas metodologías de diseño, planificación y ejecución, junto con principios de economía circular, permitiría avanzar hacia proyectos más eficientes, con menor generación de residuos y menor impacto en las comunidades y el entorno.

El webinar está disponible aquí

La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) se ha transformado en uno de los principales desafíos para los municipios de la Región Metropolitana. De hecho, la Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos, Msur, se creó en 2016. 

Hoy agrupa a 22 comunas,  y ha desarrollado una variedad de acciones que le permiten acercarse a su objetivo: la sustentabilidad ambiental, la gestión integral de los residuos generados en las comunas socias y su valorización, para que sus socios integren y/o fortalezcan en su gestión este ámbito de competencia municipal. 

Desde esta experiencia, ven que la disposición sigue concentrada en rellenos sanitarios y la valorización aún no logra consolidarse como una alternativa estructural. 

A ello se suman problemas persistentes como la proliferación de microbasurales, la falta de infraestructura y la necesidad de fortalecer la coordinación entre actores públicos y privados. En este contexto, el secretario ejecutivo de MSUR, Jaime Cataldo, plantea la urgencia de avanzar hacia un modelo más integrado, con incentivos claros, gobernanza territorial y mayor participación del sector construcción.

¿Cómo están enfrentando hoy los municipios la gestión de los RCD?

En la práctica, la mayoría de los municipios continúa enviando los RCD a rellenos sanitarios autorizados, aun cuando el costo de disposición suele ser mayor que otras alternativas. La disposición en lugares autorizados para escombros y la valorización sigue siendo marginal y depende de iniciativas puntuales más que de una política estructural.

Cataldo explica que, si bien existen esfuerzos para diversificar destinos, estos aún no logran consolidarse. “MSUR ha suscrito un Convenio de Colaboración con Greenrec Lepanto, promoviendo la derivación de RCD hacia esta instalación, donde además de disposición se desarrolla selección de materiales, aunque aún no constituye el destino predominante del flujo”, comenta.

A esto se suma un problema estructural en el territorio: “la formación constante de micro basurales en espacios públicos, particularmente asociados al depósito irregular de escombros y residuos domiciliarios voluminosos.

Frente a esto, el ejecutivo plantea que la respuesta debe ser integral: “resulta clave avanzar en estrategias de educación ambiental, reforzar los mecanismos de fiscalización y actualizar las ordenanzas municipales”. En sus palabras, “infraestructura, educación, ordenanza y fiscalización son fundamentales para abordar de manera más efectiva el problema”.

¿Qué aprendizajes deja la implementación de la Ley REP a nivel municipal?

Ya tenemos más de dos años y medio de implementación de la Ley Rep y creemos que estamos superando una etapa de aprendizaje en lo esencial y ahora entramos en régimen a paso firme.

Uno de los principales desafíos ha sido la trazabilidad. “MSUR y sus 33 comunas socias ya supera el millón de hogares con cobertura domiciliaria, pero aún no podemos identificar cuáles hogares sí reciclan y cuáles no”, cuenta.

Sin embargo, en el ámbito de instalaciones, el sistema muestra avances: “la trazabilidad desde nuestros 15 Centros de Acopio y Puntos Limpios, además de nuestra Planta Metropolitana, se realiza adecuadamente para su envío a plantas de valorización”.

Cataldo también destaca el rol de los recicladores de base: “han sido actores muy importantes y trabajamos en conjunto en la mayoría de los programas de reciclaje de nuestra asociación”.

¿Puede el modelo REP aplicarse a los RCD?

El incluir los RCD en la Ley REP desde ya nos parece de suma importancia, dado que los municipios serían beneficiados de manera importante para disminuir los micro basurales en sus barrios.

En ese sentido, señala que los sistemas de gestión existentes pueden aportar aprendizajes, pero advierte que deben cumplir ciertas condiciones: “es importante que tengan calle, conocimiento del modelo de negocios de la construcción, conocimiento del territorio y que tengan una visión amplia en su propósito” .

¿Existe hoy infraestructura suficiente para valorizar RCD en la Región Metropolitana?

La infraestructura de disposición de RCD en la Región Metropolitana, con permisos sanitarios, es muy limitada y está territorialmente concentrada.

Explica que actualmente “la principal instalación especializada es Greenrec Lepanto, pero solo recepcionan y separan materiales. No hay procesos de valorización propiamente tal”.

Además, existe una brecha territorial relevante: “en la zona norte no existe actualmente una oferta de recepción de este tipo, lo que obliga a trasladar residuos hacia el sur o disponerlos en rellenos sanitarios”.

Incentivos

Cataldo es claro en que se necesitan señales regulatorias y económicas: “se requieren exigencias regulatorias claras, como incorporar porcentajes de material reciclado en obras públicas y sistemas de trazabilidad obligatoria .

A esto se suman condiciones de mercado: “también son necesarios incentivos económicos y contratos estables que reduzcan el riesgo para inversionistas”, dice.

Asimismo, plantea el rol de la escala territorial: “la asociatividad municipal puede generar economías de escala y demanda suficiente para viabilizar nuevas plantas”.

En Países Bajos, por ejemplo, gran parte de las obras de infraestructura incorpora áridos reciclados provenientes de residuos de construcción. En Reino Unido, en tanto, el impuesto al envío de residuos a vertederos ha incentivado fuertemente el reciclaje de escombros. Estos casos muestran que la regulación y la generación de demanda desde el sector público pueden ser claves para desarrollar la valorización de RCD.

¿Qué oportunidades abre la colaboración con la Red ECC?

La colaboración entre MSUR y la Red de Economía Circular de la Construcción abre la oportunidad de impulsar una alianza estratégica para desarrollar un modelo de gestión de RCD con un positivo impacto en nuestros territorios.

En concreto, propone avanzar en pilotos: “se puede implementar un proyecto piloto operativo, con colaboración pública/privada, que permita articular a municipios y actores del sector para acceder a recursos y probar soluciones de manejo y valorización”.

Además, destaca el valor de la información: “el piloto permitiría generar estadísticas sobre generación de RCD, tipologías de residuos y patrones de disposición de la población, información clave para dimensionar el problema y aportar evidencia que facilite, en el futuro, su eventual incorporación en la Ley REP”.

¿Cómo puede aportar la gobernanza territorial de la Red ECC?

La gobernanza propuesta por la Red ECC puede ayudar a fortalecer el trabajo municipal al establecer lineamientos comunes para la gestión de RCD .

Hoy, explica, existe dispersión normativa: “cada municipio define de manera autónoma sus exigencias y criterios”, por lo que un marco común permitiría “armonizar estándares mínimos, protocolos y definiciones técnicas”.

Además, destaca el rol de los municipios en la trazabilidad: “pueden y deben aportar con las obligaciones de solicitar y exigir certificados de disposición de RCD a las empresas constructoras”.

Finalmente, subraya la importancia de una mirada sistémica: “un modelo de gobernanza específico de los materiales y escombros de la construcción debe insertarse en un concepto e instancia de gobernanza de Gestión de Residuos y Economía Circular de la Región Metropolitana, cuya constitución está en proceso en la actualidad”.

La reciente entrada en vigor del Decreto N°46 del Ministerio de Salud marca un punto de inflexión en la valorización de escorias de cobre como áridos artificiales en Chile. El reglamento establece condiciones para su uso, habilitando un escenario regulatorio que, por primera vez, permite proyectar una escala mayor en la incorporación de estos materiales en la construcción.

No obstante, desde la industria y el ecosistema de innovación minera, el diagnóstico es claro: la existencia de un marco normativo no garantiza por sí sola la consolidación de un mercado.

Desde la operación productiva, Pedro Venegas, del área de Gestión de Calidad y Producción de Cedric Minería, señala que el nuevo reglamento “constituye, sin dudas, un avance relevante para establecer criterios comunes en el uso de escorias como árido artificial”. Sin embargo, advierte que su implementación no será inmediata: “requerirá un proceso de adaptación gradual de los procesos productivos, no estamos del todo preparados, en materias de trazabilidad, control y certificación”.

A ello se suman desafíos operacionales propios del material. Según explica, “las escorias son más agresivas que el árido natural, lo que impacta en la vida útil de los componentes de chancado y selección”, elevando exigencias técnicas y costos de operación.

En este contexto, subraya la necesidad de articulación: “resulta clave fortalecer la coordinación entre generadores, procesadores y autoridades para asegurar una aplicación técnica y económica viable y sostenible para la industria”.

Demanda: el principal cuello de botella

Uno de los puntos más críticos identificados es la ausencia de demanda estructurada. Desde Cedric Minería, el diagnóstico es categórico: “actualmente la demanda por escorias como árido artificial aún es incipiente o nula”.

La proyección de escalabilidad, por tanto, queda supeditada a cambios en el sector construcción. “Será necesario que el sector construcción incorpore gradualmente este material en sus especificaciones técnicas y proyectos. En ese sentido, la generación de confianza técnica y normativa será clave para consolidar una demanda sostenida”.

Desde una mirada sistémica, David Sepúlveda, Líder de Gestión y Regulación Minera en la Corporación Alta Ley, coincide en que el desafío principal es de mercado: “lo que falta en adelante es la activación de mercado”. En esa línea, enfatiza que será necesario avanzar en “mandantes preferentemente públicos”, junto con la “incorporación de la escoria en bases de licitación, términos de referencia y especificaciones técnicas”.

Además, plantea que será clave “promover un sistema de acreditación para certificar el material” y generar “incentivos al uso de escorias en línea con los compromisos de  sostenibilidad de ambas industrias”.

Usos y viabilidad territorial

En cuanto a aplicaciones, la viabilidad inicial aparece condicionada por factores logísticos. “La generación de escorias suele ubicarse lejos de los principales centros de consumo”, explica Venegas, lo que limita su competitividad frente a áridos naturales.

Por ello, en el corto plazo, los usos más factibles serían de carácter local: “aquellas cercanas a su lugar de generación, mediante procesos de valorización y uso local del material”, incluyendo “caminos internos, infraestructura eléctrica, refuerzo de túneles u otras obras operacionales”.

Esta dimensión territorial refuerza la necesidad de articular oferta y demanda en torno a polos productivos específicos, más que pensar en una distribución nacional inmediata.

Barreras económicas, logísticas y técnicas

Más allá de la normativa, persisten restricciones estructurales. Entre ellas, para Pedro Venegas destacan “la distancia entre los puntos de generación de escorias y los centros de consumo, y los costos de transporte y procesamiento”.

A esto se suma la mayor abrasividad del material, que “incrementa el desgaste en equipos de chancado y selección, elevando los costos de operación y mantenimiento”, afectando su competitividad en el mercado.

Acreditación sanitaria y certeza regulatoria

El Decreto N°46 también introduce exigencias relevantes en materia sanitaria. Desde Cedric Minería, se advierte que “la acreditación de no toxicidad implica desafíos técnicos y económicos relevantes, asociados a ensayos de caracterización química, pruebas de lixiviación y validaciones de estabilidad en el tiempo”.

Estos procesos, agrega, “requieren laboratorios especializados, tiempos de análisis prolongados y costos significativos en relación con el valor de mercado del árido”.

Desde Corporación Alta Ley, en tanto, se releva una mirada complementaria. David Sepúlveda destaca que el reglamento “constituye un avance inédito del enfoque de economía circular entre las industrias minera y construcción” y que “establece una ruta administrativa clara para que la escoria de cobre quede disponible al mercado de la construcción”.

Asimismo, sostiene que existe evidencia técnica acumulada: “la matriz vítrea de la escoria le confiere una estabilidad química que se traduce en lixiviación por debajo del umbral exigido por la normativa; es decir, no es algo por demostrar, sino que es un atributo de no peligrosidad confirmado y documentado por la industria minera”.

De residuo a subproducto: una transición en curso

El avance normativo reciente configura una base robusta para esta transición. Sepúlveda destaca que hoy existen “cimientos sólidamente constituidos”, resultado de un trabajo de articulación entre minería y construcción.

Entre estos avances, releva el “estatus jurídico de la escoria de cobre como subproducto” (definido en la Ley 21.800), así como la normalización de su identidad técnica mediante normas como la NCh3894:2025 y la actualización de la NCh163:2024.

Sin embargo, la consolidación como subproducto dependerá de factores habilitantes adicionales, particularmente en el lado de la demanda y la implementación.

Escalabilidad: condiciones para un mercado real

Ambos actores coinciden en que el paso desde pilotos a mercado requiere condiciones concretas. Desde Cedric Minería, se plantea que será necesario “generar una demanda estable desde el sector construcción mediante la incorporación de estos materiales en especificaciones técnicas y proyectos de infraestructura” .

A esto se suma la necesidad de “fortalecer la trazabilidad desde el origen, asegurar condiciones logísticas viables y avanzar en mecanismos que permitan equilibrar los mayores costos asociados a su procesamiento” .

En paralelo, desde Alta Ley se enfatiza que el desafío es aprovechar la arquitectura normativa ya desplegada. “El creciente compromiso de actores clave —MOP, MINVU, productores de áridos, constructoras, mandantes— será importante para aprovechar en los próximos años la arquitectura normativa que se ha logrado desplegar”, dice David Sepúlveda.

Así, por lo pronto, el Decreto N°46 configura un habilitante clave para la economía circular en construcción y minería, y su impacto dependerá de la capacidad del ecosistema —minería, construcción y sector público— para traducir este marco en demanda efectiva, certezas técnicas y modelos de negocio viables a escala.

La Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC) avanza hacia una nueva etapa en su implementación, marcada por el paso desde la articulación institucional y el levantamiento de información hacia el desarrollo de modelos concretos de gestión, inversión y operación para la valorización de residuos de construcción y demolición (RCD).

Luego de una primera fase centrada en la conformación de una gobernanza público-privada, la identificación de actores clave y el diseño de una hoja de ruta compartida, el proyecto entra ahora en una etapa de profundización técnica y activación, orientada a habilitar condiciones reales para la economía circular en el sector construcción.

En esta segunda fase, uno de los focos principales será el desarrollo del modelo de gestión de oferta y demanda, que permitirá proyectar la generación de residuos, identificar materiales valorizables y estimar las necesidades de infraestructura para su tratamiento. Este proceso considera el levantamiento de información sobre permisos de edificación y demolición, el análisis de capacidades productivas existentes y la caracterización del mercado de materiales secundarios.

A partir de estos insumos, se avanzará en el diseño de una Red Territorial Circular para la Región Metropolitana, que integrará centros de valorización, estaciones de transferencia y puntos de acopio, articulando la oferta de residuos con la demanda del sector construcción.

En paralelo, la Red ECC impulsará el desarrollo de un modelo de inversión y operación, que incluirá el análisis de mecanismos de financiamiento, la identificación de barreras económicas y regulatorias, y la elaboración de propuestas de modelos de negocio. Como parte de este componente, se contempla el diseño de dos proyectos piloto de centros de reciclaje de RCD, que permitirán evaluar su factibilidad técnica, económica y ambiental.

Otro eje relevante será la elaboración de medidas habilitantes, orientadas a identificar orientaciones para destrabar barreras para la inversión, generar incentivos y fortalecer el marco normativo e institucional necesario para el desarrollo de la economía circular en construcción.

Junto con ello, el proyecto continuará fortaleciendo la gobernanza mediante su operación periódica, el seguimiento de compromisos y la articulación entre actores públicos y privados, consolidando un espacio de coordinación clave para el sector.

Finalmente, esta etapa incorpora un robusto componente de difusión y transferencia, que considera el desarrollo de contenidos, casos de éxito, actividades de formación, una gira tecnológica internacional y la generación de herramientas prácticas para empresas y actores del ecosistema.

Asimismo, contempla el Plan de Acción para la Innovación Circular con capacitaciones mediante webinars y talleres presenciales, que se llevarán a cabo entre abril y julio, en temáticas como ISO 59.000, herramientas de diagnósticos, modelos de negocios en economía circular, i+d, emprendimiento, financiamiento, etc.

De esta forma, la Red ECC da un paso decisivo hacia su consolidación, transitando desde el diagnóstico y la articulación hacia la implementación de soluciones concretas, con el objetivo de transformar la gestión de residuos en la construcción y habilitar un mercado circular a escala territorial.

La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en Chile enfrenta un desafío estructural que trasciende lo operativo y se instala como un problema territorial. Así lo evidencia el Diagnóstico Nacional de Sitios de Disposición Ilegal de Residuos, elaborado por Ossio, F. y Faúndez, J. (2021), basado en la investigación del laboratorio CYMA Lab, que levanta por primera vez un catastro a nivel país sobre la magnitud de este fenómeno.

El estudio, basado en información proporcionada por 317 municipios —equivalente al 91,88% del total nacional—, identifica la existencia de 3.735 sitios de disposición final ilegal de residuos a lo largo del país, lo que da cuenta de una problemática extendida y persistente.

RCD: un factor crítico en la proliferación de sitios ilegales

El origen del estudio está directamente vinculado a la alta generación de residuos de construcción y demolición. Según el documento, en Chile se generan 2.753.527 m³ de RCD al año solo por concepto de viviendas nuevas, una magnitud que permite dimensionar la presión que ejerce este flujo sobre el sistema de gestión de residuos.

De este volumen, cerca de la mitad se concentra en la Región Metropolitana, con más de 1,15 millones de m³ anuales, seguida por las regiones de Valparaíso y Biobío.

El estudio advierte que esta generación tiene impactos “a nivel ambiental, social y económico”, los que se ven agravados por la proliferación de microbasurales y vertederos ilegales.

Un problema extendido y concentrado territorialmente

Los resultados muestran que los sitios ilegales se distribuyen en todas las regiones del país, aunque con alta concentración en algunas zonas. La Región Metropolitana lidera con 931 sitios ilegales (24,93% del total nacional), seguida por Valparaíso (603) y Coquimbo (413).

En conjunto, un grupo reducido de regiones concentra una proporción significativa del problema: el 31,25% de las regiones agrupa el 72,74% de los sitios ilegales del país.

A nivel comunal, la concentración también es relevante. Un 3,15% de los municipios concentra el 31,06% de los sitios ilegales, evidenciando una fuerte desigualdad territorial en la distribución del problema.

Microbasurales: la cara más extendida del problema

Del total de sitios identificados, la gran mayoría corresponde a microbasurales. El estudio estima que 3.492 sitios (microbasurales menores a 1 hectárea) y 243 corresponden a vertederos ilegales de mayor tamaño.

Además, se observa que una proporción significativa de estos sitios carece de información detallada sobre su superficie o características, lo que refleja limitaciones en el registro y monitoreo del fenómeno.

En términos de emplazamiento, más de la mitad de los sitios —51,73%— se ubican en bienes nacionales de uso público, lo que complejiza su gestión y control desde el ámbito municipal.

Déficit de infraestructura y disposición legal

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la relación entre la existencia de sitios ilegales y la falta de infraestructura formal. En Chile, a la fecha del estudio, 7 regiones no contaban con sitios legales específicos para la disposición de RCD, lo que implica que más de un 20% de estos residuos no tenía una alternativa regulada en su territorio de origen. Desde el 2021 en adelante, las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Los Lagos sumaron sitios de disposición final autorizados. 

El documento señala que esta ausencia de infraestructura contribuye directamente a la proliferación de sitios ilegales, especialmente en regiones con alta generación de residuos.

Una problemática con impacto territorial

La magnitud del fenómeno también se refleja en su escala física. El estudio estima que los sitios ilegales ocupan una superficie total de 1.444 hectáreas a nivel nacional, equivalente al 101% de la superficie de la comuna de Providencia.

Este dato permite dimensionar el impacto territorial de la disposición ilegal de residuos, con efectos sobre el suelo, el agua y la calidad de vida de las comunidades.

El diagnóstico deja en evidencia que la gestión de RCD en Chile no solo es un desafío técnico, sino también institucional y territorial. La combinación de alta generación de residuos, falta de infraestructura y débil trazabilidad configura un escenario donde la disposición ilegal se transforma en una solución de facto, reforzando la necesidad de avanzar hacia modelos integrados de gestión y valorización a escala regional.

El documento está disponible aquí: https://www.economiacircularconstruccion.cl/biblioteca/

En los últimos años, Chile ha avanzado en el desarrollo de normas técnicas que permiten incorporar áridos reciclados y artificiales en distintas aplicaciones, desde pavimentos hasta hormigones. Estos avances son particularmente relevantes en un contexto donde la disponibilidad futura de áridos naturales comienza a ser una preocupación creciente, debido al aumento de la demanda de materiales para edificación, infraestructura, vialidad y desarrollo urbano.

Estas normas son un paso clave para valorizar los residuos de construcción y demolición (RCD), reducir la extracción de áridos naturales y abrir nuevas oportunidades para la innovación en materiales.

Este avance es particularmente relevante para el sector construcción, que enfrenta el desafío de reducir su impacto ambiental y avanzar hacia modelos productivos más circulares, donde los residuos puedan transformarse en nuevos recursos dentro de la cadena de valor.

A continuación, revisamos algunas de las principales normas que hoy están sentando las bases para este cambio.

NCh 163:2024 Áridos para morteros y hormigones

La actualización de la NCh 163:2024 marca un hito relevante para la economía circular en construcción.

Esta norma establece los requisitos para áridos utilizados en morteros y hormigones, e incorpora la posibilidad de utilizar áridos reciclados y artificiales bajo condiciones específicas de calidad y desempeño.

Su actualización permite avanzar hacia un uso más amplio de materiales provenientes del reciclaje de hormigón y otras industrias, contribuyendo a:

• reducir la extracción de áridos naturales
  
• disminuir pasivos ambientales asociados a los RCD
  
• impulsar nuevos mercados para materiales secundarios
  

Se trata de un paso importante para integrar criterios de circularidad en uno de los materiales más utilizados en la construcción.

Normas para áridos reciclados

En paralelo, se han desarrollado normas específicas para el uso de áridos reciclados en infraestructura vial, donde existe un alto potencial de valorización.

NCh 3849 Áridos reciclados en base a hormigón endurecido y materiales de construcción sin clasificar – Clasificación y requisitos

Esta norma define criterios de clasificación y requisitos técnicos para áridos reciclados provenientes de hormigón y otros materiales de construcción, facilitando su incorporación en distintas aplicaciones.

NCh 3848 Pavimentos – Áridos reciclados – Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases

Esta norma establece criterios de trazabilidad y control de calidad para el uso de áridos reciclados en capas estructurales de pavimentos. Su objetivo es asegurar que estos materiales cumplan con los estándares técnicos necesarios para su aplicación en obras.

Ambas normas contribuyen a entregar mayor confianza técnica al mercado, un aspecto clave para ampliar el uso de materiales reciclados en proyectos de infraestructura.

Normas para áridos artificiales

El desarrollo normativo también considera los llamados áridos artificiales, materiales que se obtienen a partir de subproductos industriales y que pueden reemplazar parcialmente a los áridos naturales.

NCh 3851 Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico y del proceso de minería del cobre – Clasificación y requisitos

Define los criterios técnicos para el uso de áridos artificiales provenientes de escorias industriales, permitiendo valorizar subproductos de sectores como la siderurgia y la minería.

NCh 3850 Pavimentos – Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico – Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos.

Establece los requisitos para utilizar áridos artificiales en capas de pavimento, asegurando su trazabilidad y desempeño técnico.

Estas normas amplían las posibilidades de reincorporar materiales al ciclo productivo, fortaleciendo el enfoque de economía circular en el sector construcción.

Normativa: un paso clave para habilitar mercados circulares

El desarrollo de normas técnicas es un elemento fundamental para destrabar barreras en la valorización de residuos de construcción y demolición, y de otras industrias.

Las normas permiten establecer estándares de calidad, generar confianza en el mercado y facilitar la incorporación de materias primas secundarias en nuevas obras. Al mismo tiempo, abren oportunidades para vincular al sector construcción con otras industrias, como la siderúrgica y la minería del cobre, mediante el uso de subproductos industriales —como escorias— que pueden transformarse en áridos artificiales.

En este contexto, avanzar en regulación y normativa es parte de los desafíos identificados para impulsar la economía circular en el sector construcción y fomentar el desarrollo de nuevos mercados de valorización de materiales.

Hacia una construcción más circular

El avance en normas técnicas es una señal clara de que la circularidad en construcción comienza a consolidarse en Chile. A medida que se desarrollan estándares, capacidades tecnológicas y modelos de negocio asociados al reciclaje de materiales, se abre la oportunidad de reducir residuos, disminuir la extracción de recursos naturales y fortalecer nuevas cadenas de valor circulares en el sector.

El desafío ahora es seguir impulsando su adopción en proyectos, infraestructura y políticas públicas, para avanzar hacia una construcción más eficiente, sostenible y alineada con los principios de la economía circular.

Desde su rol en la CDT de la Cámara Chilena de la Construcción, Katherine Martínez ha sido una de las voces clave en el diseño y articulación del modelo de colaboración que impulsa la Red ECC. Para ella, la importancia de esta iniciativa es que “el principal valor es la vinculación de actores del sector público y privado, ambos compartiendo las necesidades y buscando potenciar soluciones de economía circular”.

Esta vinculación, asegura, ha permitido que “desde una instancia colaborativa como Red ECC, hemos podido alinear visiones y priorizar acciones que ayuden a dinamizar el ecosistema en la región, de una forma escalable a nivel nacional”.

En cuanto a las oportunidades para las empresas socias de la CChC, señala que uno de los desafíos es precisamente lograr su vinculación activa. “Como parte del plan de innovación, se realizó una gira internacional para acercar a las empresas a distintas tecnologías de valorización de residuos”, comenta. Además, se están preparando herramientas concretas: “se están desarrollando guías que orienten a las empresas para desarrollar sus plantas de gestión de residuos, acompañado de información sobre alternativas de inversión y financiamiento”, explica.

La estrategia incluye también incentivar modelos colaborativos, como señala: “Esperamos que puedan existir modelos asociativos, tanto entre empresas como público-privados, que potencien la economía circular”.

Respecto al modelo de Gobernanza Territorial que propone la Red ECC, destaca el rol articulador de la CDT: “ha sido la entidad que convoca y acerca a los distintos actores. Además, facilita la transferencia de conocimientos e información, para generar confianza y potenciar este modelo de colaboración, que esperamos sea habilitante para el ecosistema circular”.

Pero no todo son oportunidades. Existen importantes desafíos normativos que deben abordarse para habilitar la valorización de residuos: “Actualmente, existen barreras normativas, dado ciertos vacíos regulatorios, o porque la normativa no responde a la tecnología actual”, dice la arquitecta. Como solución, propone una mirada proactiva: “Es clave el poder levantar los temas, y plantear propuestas de solución. Por ejemplo, existen algunas restricciones para la reincorporación de subproductos de la construcción (catalogados como residuos) para reintegrarse a procesos”.

Finalmente, proyectando el impacto de la Red ECC hacia 2026, Katherine Martínez es enfática: “Me encantaría que se gatillen proyectos de economía circular e inversión en centros de valorización de residuos en la RM, utilizando como insumo los estudios de mercado y guía que están desarrollándose en el marco de la Red ECC”. Y agrega: “Creo que el modelo de colaboración, mostrando frutos tempranos, sin duda puede servir de referente para otras regiones y países”.

Fundación Chile, junto al liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente, implementa uno de los proyectos más ambiciosos para la transición del país hacia una economía circular y descarbonizada en el sector de la construcción. Bajo el nombre “Entorno+Circular: Programa Nacional para una Construcción Resiliente y Regenerativa”, esta iniciativa se enmarca en la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035 y la Estrategia Climática de Largo Plazo 2050, articulándose con la Estrategia de Economía Circular en Construcción 2025.

“El proyecto fue diseñado tomando en consideración las líneas de trabajo y metas de los instrumentos estratégicos indicativos, para apoyar su cumplimiento e implementación”, señala Cecilia Vidal. Agrega que, con la ley de cambio climático y la NDC 2025, muchas de esas metas son hoy exigibles: “Este proyecto viene a colaborar con el cumplimiento de los compromisos de diversos servicios públicos y del país en su conjunto”.

Respecto a la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), Vidal reconoce su rol articulador a escala regional. “Claramente se ha contemplado como una de las líneas de trabajo, hacer sinergias para apoyar la continuidad y ampliar el alcance de lo que la Red ECC va a desarrollar para la RM, contribuyendo así al fortalecimiento de la infraestructura necesaria para hacer posible la valorización de los RCD. Dada la escala nacional del Programa Entorno+Circular, lograr el escalamiento de los avances y aprendizajes que la Red ECC desarrollará, será un aporte relevante a todo Chile”.

En su conjunto, el proyecto contempla seis componentes y más de 100 productos, abordando desde el fortalecimiento del marco legal hasta la promoción de entornos circulares y la movilización de financiamiento. Vidal detalla: “Se pretende abordar las principales metas de la Hoja de Ruta RCD y la Estrategia Climática de Largo Plazo, lo que implica ir más allá que el objetivo de reciclar residuos de construcción, sino que abordar fuertemente los ámbitos de diseño y especificación de proyectos”.

En esa línea, resalta oportunidades para movilizar inversión: “Desde lo público, existe una gran oportunidad en el marco del Sistema Nacional de Inversiones a través de la inclusión de criterios de circularidad en la evaluación de proyectos de infraestructura pública. Desde el sector privado, destacamos el rol clave de la banca, especialmente por su capacidad de ofrecer distintos instrumentos financieros que incentiven la inversión en proyectos de economía circular”.

Sobre los componentes críticos para el cambio real, Vidal es clara: “La construcción circular requiere pasar de experiencias piloto aisladas a un cambio estructural del sector, y eso solo es posible con un marco regulatorio moderno, confiable y alineado con los objetivos de descarbonización, eficiencia de recursos y resiliencia climática del país”.

El proyecto no solo apuesta por normativa, también por gobernanza y escalabilidad territorial. Con más de 30 instituciones comprometidas, Fundación Chile implementa un modelo de gobernanza multiescalar: “Incluye instancias de co-construcción público-público y espacios públicos-privados. En el nivel estratégico, dimos inicio a nuestro comité Estratégico en el que participan Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, PNUMA y nosotros.

Finalmente, Vidal proyecta el rol de Fundación Chile como un catalizador: “Puede y debe consolidarse como un articulador sistémico del cambio en la transición hacia una construcción circular y descarbonizada, cumpliendo un rol puente entre política pública, sector productivo, territorio y conocimiento técnico”.