La reciente entrada en vigor del Decreto N°46 del Ministerio de Salud marca un punto de inflexión en la valorización de escorias de cobre como áridos artificiales en Chile. El reglamento establece condiciones para su uso, habilitando un escenario regulatorio que, por primera vez, permite proyectar una escala mayor en la incorporación de estos materiales en la construcción.

No obstante, desde la industria y el ecosistema de innovación minera, el diagnóstico es claro: la existencia de un marco normativo no garantiza por sí sola la consolidación de un mercado.

Desde la operación productiva, Pedro Venegas, del área de Gestión de Calidad y Producción de Cedric Minería, señala que el nuevo reglamento “constituye, sin dudas, un avance relevante para establecer criterios comunes en el uso de escorias como árido artificial”. Sin embargo, advierte que su implementación no será inmediata: “requerirá un proceso de adaptación gradual de los procesos productivos, no estamos del todo preparados, en materias de trazabilidad, control y certificación”.

A ello se suman desafíos operacionales propios del material. Según explica, “las escorias son más agresivas que el árido natural, lo que impacta en la vida útil de los componentes de chancado y selección”, elevando exigencias técnicas y costos de operación.

En este contexto, subraya la necesidad de articulación: “resulta clave fortalecer la coordinación entre generadores, procesadores y autoridades para asegurar una aplicación técnica y económica viable y sostenible para la industria”.

Demanda: el principal cuello de botella

Uno de los puntos más críticos identificados es la ausencia de demanda estructurada. Desde Cedric Minería, el diagnóstico es categórico: “actualmente la demanda por escorias como árido artificial aún es incipiente o nula”.

La proyección de escalabilidad, por tanto, queda supeditada a cambios en el sector construcción. “Será necesario que el sector construcción incorpore gradualmente este material en sus especificaciones técnicas y proyectos. En ese sentido, la generación de confianza técnica y normativa será clave para consolidar una demanda sostenida”.

Desde una mirada sistémica, David Sepúlveda, Líder de Gestión y Regulación Minera en la Corporación Alta Ley, coincide en que el desafío principal es de mercado: “lo que falta en adelante es la activación de mercado”. En esa línea, enfatiza que será necesario avanzar en “mandantes preferentemente públicos”, junto con la “incorporación de la escoria en bases de licitación, términos de referencia y especificaciones técnicas”.

Además, plantea que será clave “promover un sistema de acreditación para certificar el material” y generar “incentivos al uso de escorias en línea con los compromisos de  sostenibilidad de ambas industrias”.

Usos y viabilidad territorial

En cuanto a aplicaciones, la viabilidad inicial aparece condicionada por factores logísticos. “La generación de escorias suele ubicarse lejos de los principales centros de consumo”, explica Venegas, lo que limita su competitividad frente a áridos naturales.

Por ello, en el corto plazo, los usos más factibles serían de carácter local: “aquellas cercanas a su lugar de generación, mediante procesos de valorización y uso local del material”, incluyendo “caminos internos, infraestructura eléctrica, refuerzo de túneles u otras obras operacionales”.

Esta dimensión territorial refuerza la necesidad de articular oferta y demanda en torno a polos productivos específicos, más que pensar en una distribución nacional inmediata.

Barreras económicas, logísticas y técnicas

Más allá de la normativa, persisten restricciones estructurales. Entre ellas, para Pedro Venegas destacan “la distancia entre los puntos de generación de escorias y los centros de consumo, y los costos de transporte y procesamiento”.

A esto se suma la mayor abrasividad del material, que “incrementa el desgaste en equipos de chancado y selección, elevando los costos de operación y mantenimiento”, afectando su competitividad en el mercado.

Acreditación sanitaria y certeza regulatoria

El Decreto N°46 también introduce exigencias relevantes en materia sanitaria. Desde Cedric Minería, se advierte que “la acreditación de no toxicidad implica desafíos técnicos y económicos relevantes, asociados a ensayos de caracterización química, pruebas de lixiviación y validaciones de estabilidad en el tiempo”.

Estos procesos, agrega, “requieren laboratorios especializados, tiempos de análisis prolongados y costos significativos en relación con el valor de mercado del árido”.

Desde Corporación Alta Ley, en tanto, se releva una mirada complementaria. David Sepúlveda destaca que el reglamento “constituye un avance inédito del enfoque de economía circular entre las industrias minera y construcción” y que “establece una ruta administrativa clara para que la escoria de cobre quede disponible al mercado de la construcción”.

Asimismo, sostiene que existe evidencia técnica acumulada: “la matriz vítrea de la escoria le confiere una estabilidad química que se traduce en lixiviación por debajo del umbral exigido por la normativa; es decir, no es algo por demostrar, sino que es un atributo de no peligrosidad confirmado y documentado por la industria minera”.

De residuo a subproducto: una transición en curso

El avance normativo reciente configura una base robusta para esta transición. Sepúlveda destaca que hoy existen “cimientos sólidamente constituidos”, resultado de un trabajo de articulación entre minería y construcción.

Entre estos avances, releva el “estatus jurídico de la escoria de cobre como subproducto” (definido en la Ley 21.800), así como la normalización de su identidad técnica mediante normas como la NCh3894:2025 y la actualización de la NCh163:2024.

Sin embargo, la consolidación como subproducto dependerá de factores habilitantes adicionales, particularmente en el lado de la demanda y la implementación.

Escalabilidad: condiciones para un mercado real

Ambos actores coinciden en que el paso desde pilotos a mercado requiere condiciones concretas. Desde Cedric Minería, se plantea que será necesario “generar una demanda estable desde el sector construcción mediante la incorporación de estos materiales en especificaciones técnicas y proyectos de infraestructura” .

A esto se suma la necesidad de “fortalecer la trazabilidad desde el origen, asegurar condiciones logísticas viables y avanzar en mecanismos que permitan equilibrar los mayores costos asociados a su procesamiento” .

En paralelo, desde Alta Ley se enfatiza que el desafío es aprovechar la arquitectura normativa ya desplegada. “El creciente compromiso de actores clave —MOP, MINVU, productores de áridos, constructoras, mandantes— será importante para aprovechar en los próximos años la arquitectura normativa que se ha logrado desplegar”, dice David Sepúlveda.

Así, por lo pronto, el Decreto N°46 configura un habilitante clave para la economía circular en construcción y minería, y su impacto dependerá de la capacidad del ecosistema —minería, construcción y sector público— para traducir este marco en demanda efectiva, certezas técnicas y modelos de negocio viables a escala.

Con la meta de minimizar la generación de residuos sólidos y aumentar su valorización entre los años 2018 y 2021, se llevó a cabo una iniciativa público-privada liderada por Acción Empresas en conjunto con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y los ministerios de Salud y Medio Ambiente. Esta alianza, denominada Acuerdo de Producción Limpia (APL), estableció metas a las compañías participantes para certificar a quienes las cumplieran en un 100%

42 empresas de distintos rubros adhirieron voluntariamente el APL, certificando un total de 72 instalaciones. Entre nuestros socios, se sumaron a la iniciativa AZA Acero Sostenible, CAP, CBB, Polpaico y Melón, quienes participaron en la ceremonia de certificación realizada de forma telemática el pasado 24 de enero y que contó con la participación de Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresas, Giovanni Calderón, director ejecutivo de la ASCC, además de los representantes de las compañías certificadas.

La importancia de la certificación de APL para los socios de ICH

Para Carolina Zúñiga, subgerente de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Cbb, la obtención de este sello “reconoce el compromiso de Cbb con la sostenibilidad y el crecimiento responsable, en beneficio de las comunidades y sociedad en general” y agregó que “como empresa, llevamos más de 60 años innovando y desarrollando iniciativas que generan valor agregado a nuestros distintos públicos de interés, a través de nuevos productos, servicios y mejoras en nuestros procesos”.

“Además, desde nuestros inicios estamos trabajando con el concepto de economía circular, y recibir esta certificación es un paso importante para nosotros, y para este 2022 participaremos en un nuevo APL de Economía Circular para nuestras plantas de Hormigones de Chuquicamata y planta de Cal de Copiapó”, adelantó. En el caso de CBB, se certificaron la planta de cementos en Teno y el edificio corporativo de la firma.

Desde Polpaico, mostraron su emoción por el cumplimiento del 100% de las metas establecidas en el APL. “Nuestro compromiso con la economía circular ha significado un gran cambio cultural en Polpaico BSA, permitiéndonos, entre otros logros, reducir en un 50% los residuos dispuestos en rellenos sanitarios en las plantas de Mejillones y Coronel, y un 26% en Cerro Blanco. ¡Seguimos adelante por Una Vida Mejor!”

En AZA Acero Sostenible, por su parte, destacaron la implementación de “una serie de medidas, entre ellas la elaboración de un compromiso firmado, la creación de un diagnóstico de la situación de sus residuos, la definición de acciones y metas a cumplir, además de una constante medición y monitoreo” que les permitió certificar a sus plantas ubicadas en las comunas de Colina y Renca.

Los otros socios de ICH que participaron en esta iniciativa fueron CAP, que certificó las instalaciones de su planta en Maipú, y Melón, que realizó el mismo proceso para las instalaciones de su planta de cemento en La Calera.

Para conocer más detalles de la importancia de esta certificación y su impacto en los sectores productivos, revisen AQUÍ.

Fuente: ICH