El Consejo Estratégico de la Construcción de Construye2025, realizado el 24 de abril en Corfo, dejó una señal clara: más que cerrar una etapa, el programa deja un legado instalado en la industria y una base concreta para seguir empujando la transformación del sector en los próximos años. Durante la jornada se destacó que, a lo largo de una década, Construye2025 articuló una comunidad de más de 625 personas activas, vinculó a 150 instituciones, impulsó más de 60 seminarios y más de 40 manuales, además de consolidar una gobernanza capaz de mantener una conversación sectorial de largo plazo.

Ese balance se expresó también en resultados concretos. En la sesión se informó que el programa llegó al 24 de abril con 100% de avance en 56 actividades, organizadas en 18 iniciativas y 34 acciones, además de haber sostenido 109 comités ejecutivos y 54 consejos estratégicos. A ello se suman hitos como la instalación de la industrialización en la agenda pública, la consolidación de la Hoja de Ruta RCD de Economía Circular en Construcción, la expansión del trabajo en BIM y el fortalecimiento de capacidades en capital humano, con efectos visibles tanto en la industria como en la academia.

La productividad fue uno de los puntos más relevantes del balance. Según lo expuesto, las empresas medidas en 2020 y nuevamente en 2025 mejoraron en torno a un 17% cuando incorporaron herramientas y enfoques impulsados por el programa, como industrialización, digitalización, economía circular y gestión productiva. Junto con ello, el Consejo relevó que hoy existen temas instalados que hace una década no formaban parte de la conversación sectorial de la misma manera, lo que da cuenta de un cambio cultural profundo en la construcción chilena.

En la ocasión, Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, destacó que este programa ha funcionado como una piedra angular en el diseño de las políticas públicas de largo plazo. Según el ejecutivo, “lo que valida este tipo de programas es justamente la capacidad de generar una instancia de interacción directa entre la Corporación y los sectores productivos”.

El gerente enfatizó que la colaboración multisectorial permitió mantener las condiciones necesarias para apostar por cambios estructurales, superando el escepticismo inicial que rodeaba a proyectos como la agenda de economía circular o la implementación de BIM. Para Corfo, Construye2025 no solo representó una asignación de recursos, sino un espacio donde se alinearon expectativas y objetivos comunes, transformando la manera en que se solicita y construye el país.

“El principal aprendizaje que nos deja Construye2025 fue que la colaboración entre el mundo público, el mundo privado y la academia es fundamental para lograr los cambios y proyectar una mejor productividad y sostenibilidad para el sector de la construcción”, afirmó Marcos Brito, director ejecutivo del Instituto de la Construcción y exgerente del programa.

Qué sigue

La proyección también ocupó un lugar central. A partir de una consultoría, talleres y entrevistas a actores del ecosistema, el Consejo revisó los temas que podrían orientar la próxima hoja de ruta: actualización y atracción de capital humano, resiliencia e infraestructura frente al cambio climático, regionalización, foco en pymes, observatorios de datos, inteligencia artificial, sostenibilidad, reforma normativa y una relación más permanente con la política pública. 

En ese horizonte, el rol futuro del programa aparece menos como ejecutor de acciones puntuales y más como articulador estratégico, habilitador de cambios estructurales y plataforma de inteligencia sectorial. 

Durante la jornada, las distintas voces coincidieron en que el principal activo de Construye2025 ha sido la capacidad de articular intereses diversos en torno a un propósito común. Francisco Costabal, presidente del programa, sostuvo que “la gobernanza que se ha creado ha sido útil para transformar el sector de la construcción” y destacó que el encuentro permitió “reflexionar en la nueva hoja de ruta de los próximos 10 años más”. Fernando Hentzschel, por su parte, afirmó que el programa permitió “construir en conjunto metas y expectativas muy concretas” y expresó su expectativa de que este espacio de consenso pueda extenderse “por 10 años más y por todos los años que sea necesario”.

En la misma línea, Erwin Navarrete, gerente de Construye2025, planteó que la sesión mostró “los avances de 10 años, pero también los temas relevantes que vienen para los próximos 10 años”, subrayando que se trata de “una transición a un nuevo programa”. Pabla Ortúzar, presidenta del Consejo de Construcción Industrializada (CCI), instancia nacida a partir del programa, resumió el momento como “una pausa para ver lo que sigue” y valoró que hoy exista “un CCI robusto” y que “la industrialización hoy día sea un tema país”.

Los asistentes también reforzaron los temas que deberían marcar la siguiente etapa. Susana Jara, profesional del Departamento de Tecnologías de la Construcción de la Ditec del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), destacó que Construye2025 logró “levantar las temáticas, transferirlas a las personas” y valoró especialmente que “el tema del capital humano” haya trascendido “incluso a las universidades”.

Por su parte, Carolina Garafulich, expresidenta del programa y gerenta general de PlanOK, habló de “nostalgia” por esta instancia, pero al mismo tiempo de “un impulso de seguir una nueva etapa con nuevos desafíos”, invitando a que empresas, instituciones públicas y academia sigan movilizando al sector. 

Liliana Calzada, encargada de Economía Circular en Depto Sostenibilidad y Cambio Climático del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en tanto, valoró que esta instancia de encuentro entre academia, sector público y privado haya sido “tan efectiva” y expresó que “ojalá logremos darle algún tipo de continuidad”.

Una opinión similar manifestó Mauricio Salinas, presidente del Instituto de la Construcción: “Esperamos que estos 10 años no sean el fin de un ciclo, al contrario, el inicio de uno nuevo”.

La dimensión territorial también apareció como uno de los énfasis de futuro. Frane Zilic, gerente de Biobío Madera, sostuvo que la nueva articulación debe incluir “una mejor vinculación con las regiones”, recordando que “la construcción no sucede solamente en Santiago” y que cada zona del país enfrenta desafíos propios. Edelmira Soto, coordinadora de la Unidad de Articulación Sectorial de Corfo valoró que el programa haya logrado “instalar capacidades” y “fortalecer el ecosistema”, abriendo espacio a “nuevos desafíos” que podrían ser abordados en una próxima iniciativa sectorial.

Si algo dejó este Consejo Estratégico, fue la constatación de que Construye2025 no solo impulsó proyectos, pilotos o herramientas: también ayudó a instalar una comunidad, una manera de coordinar al sector y una agenda de transformación que hoy ya forma parte del lenguaje de la construcción chilena. Ese legado —hecho de gobernanza, evidencias, aprendizajes y temas ya instalados— es el punto de partida para una nueva etapa, con desafíos más complejos, pero también con una base mucho más robusta para abordarlos.

Con un ambiente de balance, orgullo y proyección, Construye2025 realizó el último Comité Ejecutivo de sus 10 años de historia, marcando un hito para uno de los programas más relevantes en la transformación de la construcción en Chile. Durante la sesión, se subrayó que este encuentro no debía leerse como un cierre definitivo, sino como un momento de transición: un punto de inflexión para reconocer lo avanzado y mirar hacia adelante.

La magnitud del trabajo realizado quedó reflejada en una cifra simbólica: en esta década se concretaron más de 100 comités ejecutivos, un promedio cercano a 11 por año, junto con la realización sistemática de comités estratégicos y espacios de gobernanza que permitieron sostener el trabajo del programa en el tiempo.

En la reunión también se informó que, al 24 de abril de 2026, Construye2025 alcanzó el 100% de avance de sus iniciativas comprometidas en esta etapa. En total, el programa trabajó en cinco ejes, con 18 iniciativas, 34 acciones y 56 actividades, incluyendo avances en gestión de residuos de construcción, reportabilidad y huella de carbono, formación en BIM, capital humano, inclusión laboral femenina, economía circular y la difusión de la Ley I+D en el sector.

Uno de los puntos más relevantes del balance fue el impacto del programa en movilización de recursos. Durante la presentación se destacó un aporte basal de $2.400 millones por parte de Corfo, junto con un apalancamiento de $57.000 millones para la hoja de ruta, de los cuales 54% correspondió a aporte privado. El dato fue valorado como una muestra de la capacidad de un programa pequeño, con un equipo acotado, para articular actores y recursos en torno a objetivos comunes de transformación sectorial.

A esto se suman sus niveles de ejecución financiera. Según lo informado en la sesión, Construye2025 ha ejecutado históricamente entre 96% y 97% de sus presupuestos, mientras que en el tercer trienio Corfo aportó más de $700 millones y el propio programa comprometió $300 millones adicionales, con una combinación de aportes pecuniarios y valorados provenientes del ecosistema sectorial.

Más allá de las cifras, en el encuentro se instaló una preocupación compartida: evitar que el término de esta etapa signifique perder la comunidad, la inercia y las capacidades construidas en estos 10 años. Por eso, junto con revisar el estado de cierre técnico y financiero, el Comité abordó las gestiones para una nueva etapa del programa, incluyendo reuniones con nuevas autoridades, trabajo sobre la futura hoja de ruta y acciones para sostener el vínculo con instituciones y actores del sector durante este período de transición.

La sesión también dejó espacio para reconocer al equipo que condujo el cierre del programa y valorar el aporte de las instituciones que han sostenido esta gobernanza. Entre ellas, se destacó el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción para ayudar a mantener la continuidad operativa en el período de “black out” entre el cierre del actual ciclo y la definición del siguiente. Asimismo, surgieron propuestas para socializar el balance de estos 10 años en universidades y otros espacios sectoriales, con el objetivo de proyectar el legado del programa hacia nuevas audiencias.

Con este último Comité Ejecutivo, Construye2025 no solo cierra una etapa administrativa. También deja instalada una red, una comunidad y una hoja de ruta que demostraron que la productividad, la sostenibilidad y la innovación en construcción pueden impulsarse desde la colaboración público-privada y académica.

La industria de la construcción en Chile atraviesa una metamorfosis estructural sin precedentes. El jueves 16 de abril, en una sesión que simboliza un cierre de ciclo, el Comité Gestor de Inclusión Laboral Femenina en la Construcción de Construye2025 presentó los resultados de un trabajo de análisis que define el futuro del sector hacia la próxima década. Asimismo, se lanzó el documento Radiografía de una Transformación: Mujeres en la Construcción, trabajado por este comité.

Radiografía del sector y urgencia demográfica

En base a este documento, se sabe que el diagnóstico actual es claro: la industria enfrenta un envejecimiento crítico de su capital humano. Mientras que en 2010 los mayores de 50 años representaban el 26,6% de la fuerza laboral, para 2024 esta cifra escaló al 34,6%. En este escenario, la integración de la mujer no es solo un imperativo ético, sino una solución estratégica ante el déficit proyectado para el año 2030.

Respecto a este punto, Manuel Álvarez, coordinador de Innovación y Transformación Digital de Construye2025, sostuvo que “las mujeres vienen a solucionar el déficit en la industria del capital humano. Traen nuevas ideas, son más organizadas y son capaces de adoptar tendencias mucho más rápido que los hombres”.

Cifras de una transformación en marcha

El documento consolidado destaca hitos estadísticos relevantes, como:

• Participación actual: La presencia femenina en el sector ha alcanzado aproximadamente un 17% a nivel nacional, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción.
• Liderazgo en certificación: Por primera vez en 2024, las mujeres lograron un mayor nivel de certificación que los hombres, marcando un hito en la adopción de nuevas capacidades.
• Juventud de la fuerza laboral: El 63% de las mujeres que trabajan hoy en construcción llevan cuatro años o menos en la industria.
• Impacto comunicacional: El uso de lenguaje inclusivo en avisos laborales puede aumentar las postulaciones femeninas hasta en un 43%.

Desafíos en la retención y el clima laboral

Uno de los puntos más discutidos durante la jornada fue la dificultad de pasar del reclutamiento a la integración efectiva en la obra. María Carolina García, representante de Maestras en Obra, expresó su inquietud sobre cómo se está gestionando la contratación y la experiencia en terreno. “Estoy muy inquieta respecto a cómo proponer un plan de inclusión de mujeres. Claramente esto es absolutamente cultural. Tenemos que saber qué es lo que de verdad sucede”, enfatizó.

Por su parte, Carolina Reyes, representante de Echeverría Izquierdo, destacó la importancia de visibilizar las acciones para guiar a las organizaciones. “Es un tremendo desafío que tenemos como industria. Qué bueno que exista este documento entregado para visibilizar iniciativas y entregar una guía a organizaciones que a lo mejor no tienen muy claro por dónde empezar”.

Hacia una industria más atractiva e inclusiva

Para lograr que el ingreso de mujeres se produzca de manera orgánica, el informe de Construye2025 propone diversos ejes de acción:

• Coerción económica e institucional: El uso de herramientas como el Sello Mujer Minvu, que otorga puntaje adicional en licitaciones a empresas con 15% de dotación femenina.
• Normativa y seguridad: La implementación de la Ley Karin para garantizar tolerancia cero al acoso y la norma NCh3262 para certificar la igualdad de género.
• Atracción temprana: La necesidad de acercarse a los colegios para mostrar que la construcción hoy es más tecnológica y ofrece mejores salarios.

El futuro de la hoja de ruta

El encuentro marca una fase de transición hacia un nuevo programa que proyectará el sector hasta el 2035. Erwin Navarrete, gerente de Construye2025, enfatizó la importancia de este pilar para los próximos años: “Vemos significativamente que el indicador de capital humano es crucial. No queremos dejarlo solo o sin continuidad. Este tema va a ser un factor clave y sobre todo crítico en los próximos años para la productividad que tanto buscamos”.

El compromiso de Construye2025 es seguir articulando estas iniciativas, asegurando que la inclusión laboral femenina sea la piedra angular del desarrollo tecnológico y la competitividad de la construcción en Chile. Como bien concluye el texto: “Al cerrar la próxima década, la integración femenina habrá sido, sin lugar a duda, el motor principal detrás de la modernización, productividad y sostenibilidad del sector de la construcción en el país”.

Construye2025 agradece el trabajo y compromiso de:

• Mujeres en Construcción – MUCC
• Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros
• Constructores
• OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción – OTIC CChC
• Ministerio de Obras Públicas – MOP
• Ella en Obra
• Echeverría Izquierdo
• Maestras en Obras
• Red Mujeres Promociona
• Corporación de Desarrollo Tecnológico – CChC
• SENCE
• Erwin Navarrete, gerente Construye2025
• Manuel Álvarez, coordinador de Innovación y Transformación digital Construye2025
• Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad Construye2025

El documento está disponible aquí: https://construye2025.cl/documentos/estudios/

Me ha tocado participar de Construye2025 en los últimos años, en mi calidad de presidente del Instituto de la Construcción, IC. Cuando llegué, no conocía el valor de este Programa y mi mayor preocupación era que nosotros teníamos la personería jurídica para representar a Construye2025 ante Corfo. Por ello, existía una responsabilidad no menor, velar por el correcto uso de los recursos, y esto de alguna manera encerraba un riesgo reputacional para el IC. De esta manera, mi primer acercamiento era un poco distante, entendiendo mi función como fiscalizadora. Sin embargo, al poco andar y al participar en el Consejo de Construye2025, entendí la importancia del programa y que de aquí nacieron diferentes iniciativas como CCI, CTEC, CIPYCS, Red de Economía Circular y muchas otras. Así, Construye2025 representa una aceleradora de cambios en el ámbito de la construcción y articula a los diferentes actores en temas como sostenibilidad y productividad.

Una vez entendido esto, de inmediato comprendí que la participación del IC debía ser mucho más activa, ir más allá de sólo un trabajo administrativo, al punto de pensar en fusionar al IC con Construye2025. Es indudable que la gobernanza del IC y de Construye2025 tienen elementos en común, por ejemplo, ambas instituciones cumplen un rol articulador entre el Estado, la academia y los gremios, algo que permite tener una posición “imparcial”.

Por otra parte, el IC ha pasado en el último tiempo por un período de cambios que incluyeron reemplazar a su director ejecutivo, y en este cambio se pensó en alguien que pudiese ser nexo entre IC y Construye2025 para amplificar los beneficios de esta alianza entre ambas instituciones. Por ello, pensamos en Marcos Brito, quien no me cabe duda tiene tatuado en lo profundo de su ser este programa. 

Quisiera agradecer especialmente a Corfo por el importante aporte no sólo económico, también su colaboración y visión para llevar adelante el programa.

Si bien en estos años se ha avanzado, queda mucho trabajo por delante, quedan múltiples temas pendientes en el ámbito de mejoras en productividad, capital humano y sostenibilidad. Hay que seguir “tirando el carro”, por lo que esperamos que estos 10 años no sean el fin de un ciclo, al contrario, el inicio de uno nuevo. En este nuevo ciclo confiamos que el Instituto seguirá siendo un aporte a Construye2025, y este programa seguirá siendo un aporte al país.

La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) se ha transformado en uno de los principales desafíos para los municipios de la Región Metropolitana. De hecho, la Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos, Msur, se creó en 2016. 

Hoy agrupa a 22 comunas,  y ha desarrollado una variedad de acciones que le permiten acercarse a su objetivo: la sustentabilidad ambiental, la gestión integral de los residuos generados en las comunas socias y su valorización, para que sus socios integren y/o fortalezcan en su gestión este ámbito de competencia municipal. 

Desde esta experiencia, ven que la disposición sigue concentrada en rellenos sanitarios y la valorización aún no logra consolidarse como una alternativa estructural. 

A ello se suman problemas persistentes como la proliferación de microbasurales, la falta de infraestructura y la necesidad de fortalecer la coordinación entre actores públicos y privados. En este contexto, el secretario ejecutivo de MSUR, Jaime Cataldo, plantea la urgencia de avanzar hacia un modelo más integrado, con incentivos claros, gobernanza territorial y mayor participación del sector construcción.

¿Cómo están enfrentando hoy los municipios la gestión de los RCD?

En la práctica, la mayoría de los municipios continúa enviando los RCD a rellenos sanitarios autorizados, aun cuando el costo de disposición suele ser mayor que otras alternativas. La disposición en lugares autorizados para escombros y la valorización sigue siendo marginal y depende de iniciativas puntuales más que de una política estructural.

Cataldo explica que, si bien existen esfuerzos para diversificar destinos, estos aún no logran consolidarse. “MSUR ha suscrito un Convenio de Colaboración con Greenrec Lepanto, promoviendo la derivación de RCD hacia esta instalación, donde además de disposición se desarrolla selección de materiales, aunque aún no constituye el destino predominante del flujo”, comenta.

A esto se suma un problema estructural en el territorio: “la formación constante de micro basurales en espacios públicos, particularmente asociados al depósito irregular de escombros y residuos domiciliarios voluminosos.

Frente a esto, el ejecutivo plantea que la respuesta debe ser integral: “resulta clave avanzar en estrategias de educación ambiental, reforzar los mecanismos de fiscalización y actualizar las ordenanzas municipales”. En sus palabras, “infraestructura, educación, ordenanza y fiscalización son fundamentales para abordar de manera más efectiva el problema”.

¿Qué aprendizajes deja la implementación de la Ley REP a nivel municipal?

Ya tenemos más de dos años y medio de implementación de la Ley Rep y creemos que estamos superando una etapa de aprendizaje en lo esencial y ahora entramos en régimen a paso firme.

Uno de los principales desafíos ha sido la trazabilidad. “MSUR y sus 33 comunas socias ya supera el millón de hogares con cobertura domiciliaria, pero aún no podemos identificar cuáles hogares sí reciclan y cuáles no”, cuenta.

Sin embargo, en el ámbito de instalaciones, el sistema muestra avances: “la trazabilidad desde nuestros 15 Centros de Acopio y Puntos Limpios, además de nuestra Planta Metropolitana, se realiza adecuadamente para su envío a plantas de valorización”.

Cataldo también destaca el rol de los recicladores de base: “han sido actores muy importantes y trabajamos en conjunto en la mayoría de los programas de reciclaje de nuestra asociación”.

¿Puede el modelo REP aplicarse a los RCD?

El incluir los RCD en la Ley REP desde ya nos parece de suma importancia, dado que los municipios serían beneficiados de manera importante para disminuir los micro basurales en sus barrios.

En ese sentido, señala que los sistemas de gestión existentes pueden aportar aprendizajes, pero advierte que deben cumplir ciertas condiciones: “es importante que tengan calle, conocimiento del modelo de negocios de la construcción, conocimiento del territorio y que tengan una visión amplia en su propósito” .

¿Existe hoy infraestructura suficiente para valorizar RCD en la Región Metropolitana?

La infraestructura de disposición de RCD en la Región Metropolitana, con permisos sanitarios, es muy limitada y está territorialmente concentrada.

Explica que actualmente “la principal instalación especializada es Greenrec Lepanto, pero solo recepcionan y separan materiales. No hay procesos de valorización propiamente tal”.

Además, existe una brecha territorial relevante: “en la zona norte no existe actualmente una oferta de recepción de este tipo, lo que obliga a trasladar residuos hacia el sur o disponerlos en rellenos sanitarios”.

Incentivos

Cataldo es claro en que se necesitan señales regulatorias y económicas: “se requieren exigencias regulatorias claras, como incorporar porcentajes de material reciclado en obras públicas y sistemas de trazabilidad obligatoria .

A esto se suman condiciones de mercado: “también son necesarios incentivos económicos y contratos estables que reduzcan el riesgo para inversionistas”, dice.

Asimismo, plantea el rol de la escala territorial: “la asociatividad municipal puede generar economías de escala y demanda suficiente para viabilizar nuevas plantas”.

En Países Bajos, por ejemplo, gran parte de las obras de infraestructura incorpora áridos reciclados provenientes de residuos de construcción. En Reino Unido, en tanto, el impuesto al envío de residuos a vertederos ha incentivado fuertemente el reciclaje de escombros. Estos casos muestran que la regulación y la generación de demanda desde el sector público pueden ser claves para desarrollar la valorización de RCD.

¿Qué oportunidades abre la colaboración con la Red ECC?

La colaboración entre MSUR y la Red de Economía Circular de la Construcción abre la oportunidad de impulsar una alianza estratégica para desarrollar un modelo de gestión de RCD con un positivo impacto en nuestros territorios.

En concreto, propone avanzar en pilotos: “se puede implementar un proyecto piloto operativo, con colaboración pública/privada, que permita articular a municipios y actores del sector para acceder a recursos y probar soluciones de manejo y valorización”.

Además, destaca el valor de la información: “el piloto permitiría generar estadísticas sobre generación de RCD, tipologías de residuos y patrones de disposición de la población, información clave para dimensionar el problema y aportar evidencia que facilite, en el futuro, su eventual incorporación en la Ley REP”.

¿Cómo puede aportar la gobernanza territorial de la Red ECC?

La gobernanza propuesta por la Red ECC puede ayudar a fortalecer el trabajo municipal al establecer lineamientos comunes para la gestión de RCD .

Hoy, explica, existe dispersión normativa: “cada municipio define de manera autónoma sus exigencias y criterios”, por lo que un marco común permitiría “armonizar estándares mínimos, protocolos y definiciones técnicas”.

Además, destaca el rol de los municipios en la trazabilidad: “pueden y deben aportar con las obligaciones de solicitar y exigir certificados de disposición de RCD a las empresas constructoras”.

Finalmente, subraya la importancia de una mirada sistémica: “un modelo de gobernanza específico de los materiales y escombros de la construcción debe insertarse en un concepto e instancia de gobernanza de Gestión de Residuos y Economía Circular de la Región Metropolitana, cuya constitución está en proceso en la actualidad”.

La reciente entrada en vigor del Decreto N°46 del Ministerio de Salud marca un punto de inflexión en la valorización de escorias de cobre como áridos artificiales en Chile. El reglamento establece condiciones para su uso, habilitando un escenario regulatorio que, por primera vez, permite proyectar una escala mayor en la incorporación de estos materiales en la construcción.

No obstante, desde la industria y el ecosistema de innovación minera, el diagnóstico es claro: la existencia de un marco normativo no garantiza por sí sola la consolidación de un mercado.

Desde la operación productiva, Pedro Venegas, del área de Gestión de Calidad y Producción de Cedric Minería, señala que el nuevo reglamento “constituye, sin dudas, un avance relevante para establecer criterios comunes en el uso de escorias como árido artificial”. Sin embargo, advierte que su implementación no será inmediata: “requerirá un proceso de adaptación gradual de los procesos productivos, no estamos del todo preparados, en materias de trazabilidad, control y certificación”.

A ello se suman desafíos operacionales propios del material. Según explica, “las escorias son más agresivas que el árido natural, lo que impacta en la vida útil de los componentes de chancado y selección”, elevando exigencias técnicas y costos de operación.

En este contexto, subraya la necesidad de articulación: “resulta clave fortalecer la coordinación entre generadores, procesadores y autoridades para asegurar una aplicación técnica y económica viable y sostenible para la industria”.

Demanda: el principal cuello de botella

Uno de los puntos más críticos identificados es la ausencia de demanda estructurada. Desde Cedric Minería, el diagnóstico es categórico: “actualmente la demanda por escorias como árido artificial aún es incipiente o nula”.

La proyección de escalabilidad, por tanto, queda supeditada a cambios en el sector construcción. “Será necesario que el sector construcción incorpore gradualmente este material en sus especificaciones técnicas y proyectos. En ese sentido, la generación de confianza técnica y normativa será clave para consolidar una demanda sostenida”.

Desde una mirada sistémica, David Sepúlveda, Líder de Gestión y Regulación Minera en la Corporación Alta Ley, coincide en que el desafío principal es de mercado: “lo que falta en adelante es la activación de mercado”. En esa línea, enfatiza que será necesario avanzar en “mandantes preferentemente públicos”, junto con la “incorporación de la escoria en bases de licitación, términos de referencia y especificaciones técnicas”.

Además, plantea que será clave “promover un sistema de acreditación para certificar el material” y generar “incentivos al uso de escorias en línea con los compromisos de  sostenibilidad de ambas industrias”.

Usos y viabilidad territorial

En cuanto a aplicaciones, la viabilidad inicial aparece condicionada por factores logísticos. “La generación de escorias suele ubicarse lejos de los principales centros de consumo”, explica Venegas, lo que limita su competitividad frente a áridos naturales.

Por ello, en el corto plazo, los usos más factibles serían de carácter local: “aquellas cercanas a su lugar de generación, mediante procesos de valorización y uso local del material”, incluyendo “caminos internos, infraestructura eléctrica, refuerzo de túneles u otras obras operacionales”.

Esta dimensión territorial refuerza la necesidad de articular oferta y demanda en torno a polos productivos específicos, más que pensar en una distribución nacional inmediata.

Barreras económicas, logísticas y técnicas

Más allá de la normativa, persisten restricciones estructurales. Entre ellas, para Pedro Venegas destacan “la distancia entre los puntos de generación de escorias y los centros de consumo, y los costos de transporte y procesamiento”.

A esto se suma la mayor abrasividad del material, que “incrementa el desgaste en equipos de chancado y selección, elevando los costos de operación y mantenimiento”, afectando su competitividad en el mercado.

Acreditación sanitaria y certeza regulatoria

El Decreto N°46 también introduce exigencias relevantes en materia sanitaria. Desde Cedric Minería, se advierte que “la acreditación de no toxicidad implica desafíos técnicos y económicos relevantes, asociados a ensayos de caracterización química, pruebas de lixiviación y validaciones de estabilidad en el tiempo”.

Estos procesos, agrega, “requieren laboratorios especializados, tiempos de análisis prolongados y costos significativos en relación con el valor de mercado del árido”.

Desde Corporación Alta Ley, en tanto, se releva una mirada complementaria. David Sepúlveda destaca que el reglamento “constituye un avance inédito del enfoque de economía circular entre las industrias minera y construcción” y que “establece una ruta administrativa clara para que la escoria de cobre quede disponible al mercado de la construcción”.

Asimismo, sostiene que existe evidencia técnica acumulada: “la matriz vítrea de la escoria le confiere una estabilidad química que se traduce en lixiviación por debajo del umbral exigido por la normativa; es decir, no es algo por demostrar, sino que es un atributo de no peligrosidad confirmado y documentado por la industria minera”.

De residuo a subproducto: una transición en curso

El avance normativo reciente configura una base robusta para esta transición. Sepúlveda destaca que hoy existen “cimientos sólidamente constituidos”, resultado de un trabajo de articulación entre minería y construcción.

Entre estos avances, releva el “estatus jurídico de la escoria de cobre como subproducto” (definido en la Ley 21.800), así como la normalización de su identidad técnica mediante normas como la NCh3894:2025 y la actualización de la NCh163:2024.

Sin embargo, la consolidación como subproducto dependerá de factores habilitantes adicionales, particularmente en el lado de la demanda y la implementación.

Escalabilidad: condiciones para un mercado real

Ambos actores coinciden en que el paso desde pilotos a mercado requiere condiciones concretas. Desde Cedric Minería, se plantea que será necesario “generar una demanda estable desde el sector construcción mediante la incorporación de estos materiales en especificaciones técnicas y proyectos de infraestructura” .

A esto se suma la necesidad de “fortalecer la trazabilidad desde el origen, asegurar condiciones logísticas viables y avanzar en mecanismos que permitan equilibrar los mayores costos asociados a su procesamiento” .

En paralelo, desde Alta Ley se enfatiza que el desafío es aprovechar la arquitectura normativa ya desplegada. “El creciente compromiso de actores clave —MOP, MINVU, productores de áridos, constructoras, mandantes— será importante para aprovechar en los próximos años la arquitectura normativa que se ha logrado desplegar”, dice David Sepúlveda.

Así, por lo pronto, el Decreto N°46 configura un habilitante clave para la economía circular en construcción y minería, y su impacto dependerá de la capacidad del ecosistema —minería, construcción y sector público— para traducir este marco en demanda efectiva, certezas técnicas y modelos de negocio viables a escala.

La Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC) avanza hacia una nueva etapa en su implementación, marcada por el paso desde la articulación institucional y el levantamiento de información hacia el desarrollo de modelos concretos de gestión, inversión y operación para la valorización de residuos de construcción y demolición (RCD).

Luego de una primera fase centrada en la conformación de una gobernanza público-privada, la identificación de actores clave y el diseño de una hoja de ruta compartida, el proyecto entra ahora en una etapa de profundización técnica y activación, orientada a habilitar condiciones reales para la economía circular en el sector construcción.

En esta segunda fase, uno de los focos principales será el desarrollo del modelo de gestión de oferta y demanda, que permitirá proyectar la generación de residuos, identificar materiales valorizables y estimar las necesidades de infraestructura para su tratamiento. Este proceso considera el levantamiento de información sobre permisos de edificación y demolición, el análisis de capacidades productivas existentes y la caracterización del mercado de materiales secundarios.

A partir de estos insumos, se avanzará en el diseño de una Red Territorial Circular para la Región Metropolitana, que integrará centros de valorización, estaciones de transferencia y puntos de acopio, articulando la oferta de residuos con la demanda del sector construcción.

En paralelo, la Red ECC impulsará el desarrollo de un modelo de inversión y operación, que incluirá el análisis de mecanismos de financiamiento, la identificación de barreras económicas y regulatorias, y la elaboración de propuestas de modelos de negocio. Como parte de este componente, se contempla el diseño de dos proyectos piloto de centros de reciclaje de RCD, que permitirán evaluar su factibilidad técnica, económica y ambiental.

Otro eje relevante será la elaboración de medidas habilitantes, orientadas a identificar orientaciones para destrabar barreras para la inversión, generar incentivos y fortalecer el marco normativo e institucional necesario para el desarrollo de la economía circular en construcción.

Junto con ello, el proyecto continuará fortaleciendo la gobernanza mediante su operación periódica, el seguimiento de compromisos y la articulación entre actores públicos y privados, consolidando un espacio de coordinación clave para el sector.

Finalmente, esta etapa incorpora un robusto componente de difusión y transferencia, que considera el desarrollo de contenidos, casos de éxito, actividades de formación, una gira tecnológica internacional y la generación de herramientas prácticas para empresas y actores del ecosistema.

Asimismo, contempla el Plan de Acción para la Innovación Circular con capacitaciones mediante webinars y talleres presenciales, que se llevarán a cabo entre abril y julio, en temáticas como ISO 59.000, herramientas de diagnósticos, modelos de negocios en economía circular, i+d, emprendimiento, financiamiento, etc.

De esta forma, la Red ECC da un paso decisivo hacia su consolidación, transitando desde el diagnóstico y la articulación hacia la implementación de soluciones concretas, con el objetivo de transformar la gestión de residuos en la construcción y habilitar un mercado circular a escala territorial.

La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en Chile enfrenta un desafío estructural que trasciende lo operativo y se instala como un problema territorial. Así lo evidencia el Diagnóstico Nacional de Sitios de Disposición Ilegal de Residuos, elaborado por Ossio, F. y Faúndez, J. (2021), basado en la investigación del laboratorio CYMA Lab, que levanta por primera vez un catastro a nivel país sobre la magnitud de este fenómeno.

El estudio, basado en información proporcionada por 317 municipios —equivalente al 91,88% del total nacional—, identifica la existencia de 3.735 sitios de disposición final ilegal de residuos a lo largo del país, lo que da cuenta de una problemática extendida y persistente.

RCD: un factor crítico en la proliferación de sitios ilegales

El origen del estudio está directamente vinculado a la alta generación de residuos de construcción y demolición. Según el documento, en Chile se generan 2.753.527 m³ de RCD al año solo por concepto de viviendas nuevas, una magnitud que permite dimensionar la presión que ejerce este flujo sobre el sistema de gestión de residuos.

De este volumen, cerca de la mitad se concentra en la Región Metropolitana, con más de 1,15 millones de m³ anuales, seguida por las regiones de Valparaíso y Biobío.

El estudio advierte que esta generación tiene impactos “a nivel ambiental, social y económico”, los que se ven agravados por la proliferación de microbasurales y vertederos ilegales.

Un problema extendido y concentrado territorialmente

Los resultados muestran que los sitios ilegales se distribuyen en todas las regiones del país, aunque con alta concentración en algunas zonas. La Región Metropolitana lidera con 931 sitios ilegales (24,93% del total nacional), seguida por Valparaíso (603) y Coquimbo (413).

En conjunto, un grupo reducido de regiones concentra una proporción significativa del problema: el 31,25% de las regiones agrupa el 72,74% de los sitios ilegales del país.

A nivel comunal, la concentración también es relevante. Un 3,15% de los municipios concentra el 31,06% de los sitios ilegales, evidenciando una fuerte desigualdad territorial en la distribución del problema.

Microbasurales: la cara más extendida del problema

Del total de sitios identificados, la gran mayoría corresponde a microbasurales. El estudio estima que 3.492 sitios (microbasurales menores a 1 hectárea) y 243 corresponden a vertederos ilegales de mayor tamaño.

Además, se observa que una proporción significativa de estos sitios carece de información detallada sobre su superficie o características, lo que refleja limitaciones en el registro y monitoreo del fenómeno.

En términos de emplazamiento, más de la mitad de los sitios —51,73%— se ubican en bienes nacionales de uso público, lo que complejiza su gestión y control desde el ámbito municipal.

Déficit de infraestructura y disposición legal

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la relación entre la existencia de sitios ilegales y la falta de infraestructura formal. En Chile, a la fecha del estudio, 7 regiones no contaban con sitios legales específicos para la disposición de RCD, lo que implica que más de un 20% de estos residuos no tenía una alternativa regulada en su territorio de origen. Desde el 2021 en adelante, las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Los Lagos sumaron sitios de disposición final autorizados. 

El documento señala que esta ausencia de infraestructura contribuye directamente a la proliferación de sitios ilegales, especialmente en regiones con alta generación de residuos.

Una problemática con impacto territorial

La magnitud del fenómeno también se refleja en su escala física. El estudio estima que los sitios ilegales ocupan una superficie total de 1.444 hectáreas a nivel nacional, equivalente al 101% de la superficie de la comuna de Providencia.

Este dato permite dimensionar el impacto territorial de la disposición ilegal de residuos, con efectos sobre el suelo, el agua y la calidad de vida de las comunidades.

El diagnóstico deja en evidencia que la gestión de RCD en Chile no solo es un desafío técnico, sino también institucional y territorial. La combinación de alta generación de residuos, falta de infraestructura y débil trazabilidad configura un escenario donde la disposición ilegal se transforma en una solución de facto, reforzando la necesidad de avanzar hacia modelos integrados de gestión y valorización a escala regional.

El documento está disponible aquí: https://www.economiacircularconstruccion.cl/biblioteca/

En los últimos años, Chile ha avanzado en el desarrollo de normas técnicas que permiten incorporar áridos reciclados y artificiales en distintas aplicaciones, desde pavimentos hasta hormigones. Estos avances son particularmente relevantes en un contexto donde la disponibilidad futura de áridos naturales comienza a ser una preocupación creciente, debido al aumento de la demanda de materiales para edificación, infraestructura, vialidad y desarrollo urbano.

Estas normas son un paso clave para valorizar los residuos de construcción y demolición (RCD), reducir la extracción de áridos naturales y abrir nuevas oportunidades para la innovación en materiales.

Este avance es particularmente relevante para el sector construcción, que enfrenta el desafío de reducir su impacto ambiental y avanzar hacia modelos productivos más circulares, donde los residuos puedan transformarse en nuevos recursos dentro de la cadena de valor.

A continuación, revisamos algunas de las principales normas que hoy están sentando las bases para este cambio.

NCh 163:2024 Áridos para morteros y hormigones

La actualización de la NCh 163:2024 marca un hito relevante para la economía circular en construcción.

Esta norma establece los requisitos para áridos utilizados en morteros y hormigones, e incorpora la posibilidad de utilizar áridos reciclados y artificiales bajo condiciones específicas de calidad y desempeño.

Su actualización permite avanzar hacia un uso más amplio de materiales provenientes del reciclaje de hormigón y otras industrias, contribuyendo a:

• reducir la extracción de áridos naturales
  
• disminuir pasivos ambientales asociados a los RCD
  
• impulsar nuevos mercados para materiales secundarios
  

Se trata de un paso importante para integrar criterios de circularidad en uno de los materiales más utilizados en la construcción.

Normas para áridos reciclados

En paralelo, se han desarrollado normas específicas para el uso de áridos reciclados en infraestructura vial, donde existe un alto potencial de valorización.

NCh 3849 Áridos reciclados en base a hormigón endurecido y materiales de construcción sin clasificar – Clasificación y requisitos

Esta norma define criterios de clasificación y requisitos técnicos para áridos reciclados provenientes de hormigón y otros materiales de construcción, facilitando su incorporación en distintas aplicaciones.

NCh 3848 Pavimentos – Áridos reciclados – Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases

Esta norma establece criterios de trazabilidad y control de calidad para el uso de áridos reciclados en capas estructurales de pavimentos. Su objetivo es asegurar que estos materiales cumplan con los estándares técnicos necesarios para su aplicación en obras.

Ambas normas contribuyen a entregar mayor confianza técnica al mercado, un aspecto clave para ampliar el uso de materiales reciclados en proyectos de infraestructura.

Normas para áridos artificiales

El desarrollo normativo también considera los llamados áridos artificiales, materiales que se obtienen a partir de subproductos industriales y que pueden reemplazar parcialmente a los áridos naturales.

NCh 3851 Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico y del proceso de minería del cobre – Clasificación y requisitos

Define los criterios técnicos para el uso de áridos artificiales provenientes de escorias industriales, permitiendo valorizar subproductos de sectores como la siderurgia y la minería.

NCh 3850 Pavimentos – Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico – Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos.

Establece los requisitos para utilizar áridos artificiales en capas de pavimento, asegurando su trazabilidad y desempeño técnico.

Estas normas amplían las posibilidades de reincorporar materiales al ciclo productivo, fortaleciendo el enfoque de economía circular en el sector construcción.

Normativa: un paso clave para habilitar mercados circulares

El desarrollo de normas técnicas es un elemento fundamental para destrabar barreras en la valorización de residuos de construcción y demolición, y de otras industrias.

Las normas permiten establecer estándares de calidad, generar confianza en el mercado y facilitar la incorporación de materias primas secundarias en nuevas obras. Al mismo tiempo, abren oportunidades para vincular al sector construcción con otras industrias, como la siderúrgica y la minería del cobre, mediante el uso de subproductos industriales —como escorias— que pueden transformarse en áridos artificiales.

En este contexto, avanzar en regulación y normativa es parte de los desafíos identificados para impulsar la economía circular en el sector construcción y fomentar el desarrollo de nuevos mercados de valorización de materiales.

Hacia una construcción más circular

El avance en normas técnicas es una señal clara de que la circularidad en construcción comienza a consolidarse en Chile. A medida que se desarrollan estándares, capacidades tecnológicas y modelos de negocio asociados al reciclaje de materiales, se abre la oportunidad de reducir residuos, disminuir la extracción de recursos naturales y fortalecer nuevas cadenas de valor circulares en el sector.

El desafío ahora es seguir impulsando su adopción en proyectos, infraestructura y políticas públicas, para avanzar hacia una construcción más eficiente, sostenible y alineada con los principios de la economía circular.

Inspirados en la experiencia europea de los Programas de Especialización Inteligente (PEI), desarrollados para asignar los recursos de innovación del programa HORIZON 2020; el año 2015, el Ministerio de Economía impulsó los Programas Estratégicos TRANSFORMA. Estos programas se implementaron a través de la Corfo, con un enfoque de triple hélice: empresa, academia y Estado, con el objetivo de que actores relevantes de diversas industrias, tanto a nivel nacional y regional, se involucren en un proceso de construcción de Hojas de Ruta de Competitividad, con el fin de abordar los desafíos de productividad y sostenibilidad que enfrentan diversos sectores de nuestra economía.

El programa Transforma Construye2025 ha cumplido ya su primera década de existencia. El sector construcción era prioritario de incorporar, considerando sus desafíos de productividad y sostenibilidad. Ambos objetivos fueron el foco estratégico de la hoja de ruta, aprobada en enero de 2016. Un indicador fundamental que se estableció para la evaluación de estos programas fue la creación de capital social, de modo de impulsar la colaboración de los actores públicos y privados en la cadena de valor de la industria y favorecer la innovación de carácter sistémica, fundamental para avanzar en los focos estratégicos. El Programa Construye2025 es un ejemplo en este sentido, su comité directivo dio origen posteriormente al Consejo Estratégico de la Construcción, que está impulsando diversas iniciativas que se han incubado en el programa. Una decisión fundamental fue instalar la responsabilidad de administrar el programa por el Instituto de la Construcción, institución en la que participa la CChC, el MOP y el Minvu.

Las iniciativas estratégicas estructurales de Construye2025 fueron el desarrollo de construcción industrializada y limpia, siguiendo la experiencia de países desarrollados ; la implementación de un plan para introducir la tecnología BIM, para promover una gestión integrada y colaborativa para gestionar las obras; el desarrollo del proyecto DOM en Línea, para darle visibilidad y trazabilidad a los permisos de obra municipal.

El Plan BIM logró el objetivo de transferir las capacidades de gestión de proyectos con BIM al ámbito empresarial, de formación universitaria y al sector público. Hoy la iniciativa sigue siendo impulsada con convicción por la CChC, como un catalizador de los procesos de transformación digital del sector.

La industrialización de la construcción avanza, el programa y Corfo realizaron inversiones iniciales relevantes para generar casos demostrativos que han tenido gran impacto. Tanto el Plan BIM como el Consejo de Construcción Industrializada (CCI) son aportes de gran importancia al desarrollo del sector. También se desarrollaron capacidades tecnológicas que se articulan efectivamente con la industria. Un ejemplo es el CTEC, que ha contribuido eficazmente a la difusión de las tecnologías. 

Se ha propuesto un nuevo programa Construye2035, una iniciativa que tiene consolidado un gobierno corporativo sólido, con una agenda de transformación profunda para el sector construcción, extendiendo la innovación al conjunto del sector para impactar en sustentabilidad y productividad de la industria.