Paola Valencia, encargada de la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable del Minvu.

Cruzamos una crisis global que está impactando todos los aspectos de la existencia humana sobre este planeta. La pandemia de Covid-19 no sólo está generando un lamentable récord de mortalidad a nivel mundial y el colapso de los sistemas de salud, sino que está produciendo serios efectos en otras esferas como la social, económica y medioambiental.

Claramente esto afectará los procesos de desarrollo a nivel mundial, especialmente considerando que la meta de los países ONU al 2030 era alcanzar globalmente un modelo de crecimiento sostenible para las sociedades. 

Cabe recordar que en 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, en el marco de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consideran acciones en áreas sensibles de la humanidad y el planeta, que se integran e interrelacionan, por lo que la afectación de una tiene repercusiones en las otras definitivamente.

En este nuevo escenario de crisis, más que nunca tenemos la certeza de lo imperativo que resulta ejercer una mirada sostenible del desarrollo de las sociedades, que considere las vulnerabilidades de nuestros sistemas y propenda al cuidado de la vida en todas sus formas. Entonces, los compromisos país que hemos adquirido en materia de desarrollo humano y sostenible, deben estar presentes y modelar las decisiones y acciones que se definan para avanzar desde hoy en adelante, considerando las condiciones sociales, económicas y medioambientales que tendremos que enfrentar luego de esta pandemia. En definitiva, debemos asumir esta crisis como una oportunidad para impulsar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera de avanzar en la reducción de desigualdades de todo tipo.

Uno de los ámbitos relevantes en los ODS se relaciona con la carbono neutralidad, que es un factor preponderante en las condiciones de vida de las sociedades, dado que el calentamiento global y el cambio climático están directamente relacionados con el aumento sostenido de los gases de efecto invernadero, en especial del CO2.

Chile, en el marco del Acuerdo de París, se comprometió a alcanzar el carbono neutralidad al año 2050 y llegar a un peak de emisiones de gases de efecto invernadero en 2027. Para alcanzar estas metas se considera que una de las estrategias más costo-efectivas es descarbonizar el sector de la edificación, dado que las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie del planeta, pero representan el 75% de las emisiones de carbono y consumen entre el 60 y 80% de la energía.

Por otra parte, se estima que el 36% del uso de energía primaria en el mundo, y casi el 40% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) estuvieron asociadas al sector edificación durante el 2018. De estas emisiones, un 28% proviene de la operación del edificio y un 11% del carbono incorporado de sólo tres productos de construcción: cemento, acero y aluminio.

En el caso de Chile, existe un importante vacío de información respecto de este tema, ya que sólo tenemos el dato que entrega el Balance Nacional de Energía (BNE) sobre el consumo energético del sector construcción durante la operación, del cual se desprende que el 22% de la energía total consumida se utiliza en la operación de edificaciones. Lamentablemente, no contamos con información objetiva a la fecha para la estimación de la huella de carbono del ciclo completo del sector construcción.

Sumado a lo anterior, tenemos que el sector construcción, a nivel global, es una de las industrias que mayor cantidad de recursos naturales utiliza, y Chile no escapa a esta realidad. Hace pocos días el organismo internacional Global Footprint Network, publicó que la huella ecológica del país es mayor a su biocapacidad de reserva, siendo el con mayor déficit de la región. Las categorías que presentan mayor déficit son: Terreno edificado, tierras de absorción de carbono, tierras de cultivo y tierras de pastoreo.

Es por esto que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha implementado hace varios años una agenda de construcción sustentable que tiene varios principios, entre los que destacan: Promover la reducción de impactos ambientales del sector, gestionar en forma responsable los recursos naturales, aportar con una mejor calidad de vida a las personas y construir ciudades más amigables con el medio ambiente y las personas.

Es fundamental en este trabajo levantar información sobre los impactos del sector ya que, como menciono anteriormente, hay escasez de estos datos en el país. Respondiendo a esta necesidad es que el Minvu ha creado un comité público-privado, cuyo objetivo es desarrollar e implementar una estrategia nacional para la gestión de la huella de carbono de la construcción.

El objetivo de esta mesa es acordar una planificación estratégica y metodológica durante 2020 y, a partir de 2021, comenzar con un fuerte trabajo de levantamiento de datos, creación de plataformas de difusión e implementación de calculadoras, además de implementar un sistema de monitoreo reporte y verificación de huella del sector. Todo esto debe estar articulado con los sistemas de certificación vigentes, y enlazado con instrumentos de fomento financiero que aporten incentivos a la industria y a los usuarios que utilicen productos más sustentables y de baja huella ecológica y de carbono.

Para nuestro ministerio esta tarea es crucial, pues sabemos que gestionar la huella nos va a permitir reducir impactos ambientales, hacer más eficientes los procesos y utilizar menos recursos naturales, lo que traerá, además, beneficios para el medioambiente y la productividad del sector.

Fuente: Certificación Edificio Sustentable